Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73783
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el señor Asesor General de Gobierno (arts. 161, inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
I.73.783 “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD (CEPIS) C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 12.475”
I. Los señores Pedro Sisti, por derecho propio y en su carácter de presidente del Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y Sergio Exequiel Sartori, por derecho propio, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de los arts. 1 y 5 de la ley 12.475. Aclaran que entablan la acción en el contexto del Programa de Clínicas Jurídicas -Área de Acceso a la Información Pública- de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (v. fs. 40/56 vta.).
La parte actora sostiene que las normas cuestionadas, en tanto disponen que quien solicite información pública deberá acreditar un interés legítimo en obtenerla y fundamentar consecuentemente su requerimiento, desconoce las bases del sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución provincial, implican una violación a los derechos a la información y a la libertad de expresión y suponen el incumplimiento del deber de difusión de la información pública en cabeza de la demandada (arts. 1, 2, 12, 13, 43 y 57, Const. prov.).
Destaca que la cuestión planteada reviste trascendencia pública pues, de resultar exitosa, colaborará a promover el mejoramiento institucional en la provincia de Buenos Aires que, según expresa, registra una "enorme deuda" en materia de acceso a la información pública (v. fs. 41).
Arguye que el derecho a la información es un derecho humano cuya característica básica reside, precisamente, en que él pueda ejercerse sin necesidad de acreditar intereses especiales ni exponer particulares razones.
En la demanda se manifiesta que el CEPIS goza de legitimación activa toda vez que, de acuerdo a los términos de su estatuto fundacional, se trata de una asociación que tiene por objeto la defensa de derechos de incidencia colectiva como los debatidos en este caso. Allí se destaca, también, que la acción es promovida con una intención preventiva, tomando en consideración los efectos generales que tienen las normas objetadas sobre las personas que pretenden acceder a la información pública en la provincia.
Respecto de los señores Sisti y Sartori, se expone que la denegatoria de cierta información que requirieron a distintos entes públicos configura una lesión a sus derechos constitucionales a la información y a la libre expresión. Con relación al segundo, se dice que éste había solicitado los datos invocando la doble calidad de ciudadano bonaerense y pasante del Programa de Clínicas Jurídicas de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata.
Finalmente, la parte actora ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta el señor Asesor General de Gobierno y opone excepción de falta de legitimación activa (v. 69/75 vta.).
Cita precedentes de este Tribunal y expone que su defensa debe ser admitida pues, en el caso, ninguno de los coactores tiene una atribución o potestad para actuar, ni sufre algún menoscabo o lesión de derechos o garantías constitucionales que, por sobre el genérico interés en el respeto de la juridicidad, justifique el inicio de la acción que intentan.
Sostiene que el estatuto del CEPIS no lo inviste de la facultad para incoar procesos judiciales o intervenir en ellos. Manifiesta que "su eventual esfera de actuación en causas jurisdiccionales no se vincula con competencias materiales expresas o razonablemente implícitas en defensa de la legalidad por la legalidad misma; por lo que, a falta de norma adecuada para el objeto pretendido, no puede reconocérsele legitimación activa pues ello excedería el ámbito de actuación" (v. fs. 72 vta.).
Expone que la condición de habitantes de la provincia o la participación en el Programa de Clínicas Jurídicas solo los vincula remotamente con el objeto de la pretensión, la que luce indiferenciada de la posición que podría alegar cualquier vecino en salvaguarda de la legalidad o la buena marcha de los cometidos estatales.
Por lo demás, denuncia que el referido programa no es una persona con capacidad para obligarse, de modo tal que carece de personalidad para estar en juicio. Menos aún, para habilitar a uno de sus participantes como su representante.
Contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 77/85 vta.).
III. Sustanciada la defensa previa opuesta por la demandada, la parte actora insiste en que el CEPIS y los señores Sisti y Sartori gozan de legitimación para iniciar estas actuaciones (v. fs. 87/91).
IV. Corresponde en esta etapa abordar y decidir la excepción articulada por el señor Asesor General de Gobierno.
IV.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I 3.202, cit.; e.o.). De ello se sigue que en este proceso incumbe al actor poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; e.o.).
Ha destacado también esta Corte que el carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
IV.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; 30 y concs., ley 25.675 y 35 y concs., ley 11.723; 52 y concs., ley 24.240 y 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra , pto. IV.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
IV.3.a. Para decidir respecto de la legitimación del CEPIS para instar la presente acción, cabe reconocer que las asociaciones como la aquí actora pueden presentarse en esta sede judicial a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en resguardo de los intereses que procuran proteger, siempre que éstos fueran afectados -en cuanto a sus incumbencias concierne- por normas locales que consideren contrarias a la Constitución provincial (arg. arts. 38 in fine , 41 y 161 inc. 1, Const. prov.).
La admisión de la legitimación para demandar de este tipo de entidades, sin embargo, dista de ser genérica e ilimitada. Depende en modo relevante del contenido y alcance de las finalidades asignadas por sus instrumentos de creación (conf. doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015); y, desde luego, de las características del conflicto, dadas por el tenor de las normas que se impugnen, así como por el tipo de agravio invocado y la posición que frente a esas normas exhiba quien resulte demandante (doctr. causas I. 2.115; I. 2.153, cits.; e.o).
Según el estatuto del CEPIS, se trata de una asociación constituida, entre otras finalidades, con el objeto de "Promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en las Constituciones Nacional y Provincial, como así también en los tratados de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina" (art. 1, inc. "a"); "Facilitar y promover el desarrollo comunitario en todo el territorio de la República Argentina en beneficio de todos los habitantes, buscando lograr la igualdad real de oportunidades para todas las personas mediante la educación y la información" (art. 1, inc. "b"); y "Aportar a la comunicación social de la comunidad argentina y desarrollar todo tipo de tareas comunitarias que aporten a la convivencia social, al desarrollo de información local y general de interés para la comunidad y que propendan a la transformación social a través de la difusión de la información en todas sus formas (art. 1, inc. "d"). A la vez, allí se lee que podrá ejercer la "representación administrativa y/o judicial de los asociados y de cualquier persona que lo requiera en defensa de sus legítimos derechos e intereses que estuvieran relacionados con sus objetivos" (art. 1, inc. 8).
En las presentes actuaciones se cuestiona la constitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 12.475, en tanto exigen la fundada acreditación de un interés cualificado para habilitar el requerimiento de información pública en poder de la Provincia, asunto que exhibe un vínculo directo con las finalidades para las cuales fue creada la asociación actora conforme a las transcripciones efectuadas en el párrafo anterior. Es evidente, entonces, que de resultar exitosa la demanda, las exigencias previstas para el acceso a la información pública se verían relajadas, facilitando de esa forma el cumplimiento de sus cometidos estatutarios.
Por otro lado, de las constancias de la causa se desprende que, efectivamente, distintas dependencias de la Administración Pública provincial han denegado el suministro de información que les fuere requerido por el secretario de la entidad (v. fs. 2 y vta.), alegando la inexistencia de un interés legítimo debidamente fundado, tal como ello está previsto en los preceptos cuya constitucionalidad se controvierte en este proceso (v. en particular fs. 32/33 y fs. 61/64 vta.).
IV.3.b. Con respecto a los señores Sisti y Sartori, debe tenerse presente que los elementos agregados al expediente dan cuenta de que han formulado -por sí- peticiones de información a los ministerios de Infraestructura (v. fs. 26/29 vta.), Trabajo (v. fs. 30/31 vta.) y Salud, así como ante la Procuración General de esta Suprema Corte (v. fs. 22 y 24), las que fueron en todos los casos denegadas (v. fs. 32/39 vta.; 25 y vta. y 61/64 vta.).
Al mismo tiempo, tal como se advirtió respecto del CEPIS, la declaración de inconstitucionalidad requerida importaría para ambos la inexigibilidad de los recaudos ya indicados con el consecuente levantamiento de las limitaciones que se denuncian como incompatibles con el pleno goce del derecho de acceder a la información pública.
IV.3.c. Todo esto permite concluir, al menos en esta instancia preliminar del trámite judicial, que existe una afectación cierta al derecho invocado en la demanda. También conduce a descartar que los planteos allí formulados sean meramente conjeturales o hipotéticos (cfr. doctr. causas B. 67.594; I. 75.772, cits.; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; cits.), por lo cual en autos hay materia sobre la cual pronunciarse útilmente.
V. El reconocimiento de la legitimación activa de los demandantes se ve apoyado, además, por la naturaleza del derecho en juego.
Tal como ha destacado esta Corte en otras oportunidades (causas A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", sent. de 29-XII-2014; A. 72.274, "Albaytero", sent. de 9-III-2016; A. 73.314, "Galinelli", sent. de 21-VI-2018; e.o.), el derecho al acceso a la información pública tiene estrecha relación con el principio republicano de gobierno consagrado en la Constitución nacional y en la Constitución provincial (art. 1 de ambos textos), una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado.
La Constitución nacional lo prevé implícitamente en los enunciados generales de los arts. 1 y 33, como contenidoínsito en la libertad de expresión y en algunas áreas en las que la información es peculiarmente necesaria (conf. arts. 1, 14, 33, 38, 41 y 42). Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 (v. art. 13, CADH; art. 19.1, DUDH; art. 19.2, PIDCP; e.o.).
Asimismo, la Constitución provincial contempla en el art. 12 inc. 4 el derecho de toda persona a la información y a la comunicación (v. también arts. 1, 11 y 38).
Este tribunal ha puesto de resalto también que la relevancia del derecho al acceso a la información se ve robustecida por su valor instrumental, justificándose así su amplio reconocimiento y consagración práctica (v. en particular causa A. 70.571, cit.).
Por ende, sin abrir juicio acerca de sus méritos, la índole de la cuestión debatida en el caso exige el abordaje flexible y amplio de la aptitud legitimante que se adopta, lo que permita garantizar un adecuado acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.).
VI. Finalmente cabe precisar que si bien es correcta la aseveración que formula la demandada en cuanto sostiene que el programa de clínicas jurídicas no es una persona con facultades para presentarse en juicio (arts. 141, 148 y concs., Cód. Civ. y Com.), no es menos cierto que del escrito de demanda no surge que se pretenda la participación de ese programa como tal en el proceso.
Por el contrario, de sus términos se extrae que los señores Sisti y Sartori –que se presentaron por derecho propio y, en el primer caso, también como apoderado del CEPIS (v. fs. 40)-, sólo expresan la intención de destacar que impulsan la acción en "el contexto del Programa" que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata (v. fs. cit.).
A ello ha de sumarse que las consideraciones formuladas a fs. 47/48 en torno a la calidad de pasante del programa que reviste el señor Sartori, deben entenderse como un esfuerzo argumental dirigido a demostrar la inminente lesión a su círculo de intereses y justificar la viabilidad del tipo de acción intentada. En efecto, allí se enuncia que las normas objetadas importan un peligro para el ejercicio de su "derecho a ejercer la libertad de investigación y de requerir y solicitar información pública (…) que, por la frecuencia y sistematicidad con la que se realiza, se ve amenazado por la posibilidad cierta de que se aplique la ley 12.475" (fs. 47 y vta.).
En tales condiciones, toda vez que ninguno de los coactores se presenta invocando la calidad de representante del Programa de Clínicas Jurídicas, ni de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o de la universidad en la que ese proyecto tiene su desarrollo, los planteos esgrimidos por la demandada a este respecto deben ser rechazados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el señor Asesor General de Gobierno (arts. 161, inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 12:25:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:20:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:04:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:22:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 12:57:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 16:00:03 hs. bajo el número RR-166-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia