Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa i 73783
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.783, "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) c/ Provincia de Buenos aires s/ Inconstitucionalidad ley 12.475", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Maidana.
I. Los señores Pedro Sisti, por derecho propio y en representación del Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y Sergio Exequiel Sartori, por derecho propio, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de los arts. 1 y 5 de la ley provincial 12.475.
Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal (v. fs. 40/56 vta.).
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Asesoría General de Gobierno, contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 77/85 vta.).
III. Mediante resolución de fecha 29 de marzo de 2022 esta Suprema Corte rechazó la excepción de falta de legitimación activa que había opuesto el señor Asesor General de Gobierno, mediante su presentación de fs. 69/75 vta. (v. fs. 96/103).
IV. Certificada la prueba producida en autos (v. fs. 107 y vta.), agregado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 108/110), emitido el dictamen de la Procuración General (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora solicita en autos la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley provincial 12.475, en cuanto establecen, respectivamente, que quien solicite información pública deberá acreditar un "interés legítimo" para acceder a ella, mediante una solicitud que "debe ser fundada".
Postula que la exigencia de tales recaudos desborda los parámetros fijados por la Constitución provincial vinculados al sistema republicano de gobierno, implica una violación de los derechos a la información y a la libertad de expresión y supone el incumplimiento por la demandada de su deber de difusión de la información pública (arts. 1, 2, 12, 13, 43 y 57, Const. prov.).
Pone de resalto que la cuestión reviste trascendencia pública pues, de admitirse la demanda, colaboraría a promover el mejoramiento institucional en la Provincia de Buenos Aires que, según expresa, registra una "enorme deuda" en materia de acceso a la información pública (v. fs. 41).
Dice que el derecho a la información es un derecho humano cuya característica básica reside, precisamente, en que pueda ejercerse sin necesidad de acreditar intereses especiales, ni exponer particulares razones.
En el mismo sentido, enfatiza que la exigencia de fundamentación de un requerimiento para el que no se necesita el patrocinio letrado se opone a "…la informalidad y la celeridad que deben calificar este tipo de solicitud, que el Estado debería promover y no obstaculizar si pretende poseer los rasgos mínimos de un Estado de Derecho" (fs. 49 vta.). Sostiene que la imposición de tal requisito tiene, entonces, un efecto disuasorio con respecto a la solicitud de información pública, incompatible con el alcance constitucional del derecho a su acceso, además de con los principios generales de informalidad y celeridad que rigen la materia y las razones por las que se sancionó la ley 12.475, según surge de su exposición de motivos.
Agrega que la exigencia de acreditación de un "interés legítimo" y de fundamentación para la solicitud de información pública importa la prohibición de brindar datos en supuestos en los que la propia Constitución local obliga a entregarlos, violentando así la supremacía de la que gozan las normas constitucionales. Menciona que ello también supone una violación del art. 57 de la Constitución provincial, pues adiciona restricciones respecto de los términos en que el derecho a la información es reconocido en su texto.
Afirma que el derecho a acceder a la información pública deriva del sistema republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y prov.) y que, en consecuencia, todos los ciudadanos deben gozar de él sin limitaciones de ninguna especie. Destaca que el art. 12 inc. 4 de la Constitución bonaerense prevé que los derechos a la información y a la comunicación corresponden a toda persona y respecto de toda información. Y recuerda que ello fue así reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios precedentes. Subraya asimismo que este derecho está anudado al de libertad de expresión, que con la misma amplitud se halla previsto en la Constitución local (art. 13).
Sostiene que los preceptos impugnados importan también el incumplimiento por la demandada de su deber constitucional de fomentar la difusión de los conocimientos y datos culturales mediante la implementación de sistemas adecuados de información (art. 43, Const. prov.), pues sirven de excusa para no brindar muchos de los datos a los que refiere esa manda.
Se denuncia que el señor Sisti, el día 10 de febrero de 2015, mediante diferentes presentaciones, requirió al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires información vinculada al cambio de identidad y comunicación visual del organismo y ciertos datos sobre su planta de personal allí especificados; y que en fecha 23 de mayo del mismo año su petición fue denegada con fundamento en la ausencia de acreditación de un interés legítimo en los datos solicitados, tal como exigiría el art. 1 de la ley 12.475 (v. fs. 26/29 vta.; 32/33).
Se menciona, a su vez, que el día 26 de marzo de 2015 el mismo coactor formuló otro pedido de información —esta vez, al Ministerio de Trabajo— relacionada con su personal y el cumplimiento de las pautas emergentes de la ley 14.301 (que tiene por objeto garantizar la ocupación laboral de los liberados que hubieran cumplido más de cinco años de privación de la libertad). Este requerimiento también habría sido denegado, aquí con fundamento en el incumplimiento del requisito legal referido al desarrollo de una fundamentación que respalde la solicitud (v. prueba documental agregada a fs. 30/31 vta.; 34/39 vta.).
Finalmente, se comenta que el día 20 de noviembre de 2014 el señor Sartori solicitó a la Procuración General datos relacionados con la gestión de expedientes judiciales, la cantidad y el desempeño de jueces y otros funcionarios, pedido que dice haber reiterado en fecha 5 de mayo del año siguiente tras haber sido notificado del rechazo de su petición original. Remarca que la presentación fue denegada con fundamento en "…la falta de demostración de una calidad diferente y adicional a la de ciudadano" (fs. 48 vta.).
En síntesis, por las razones apuntadas, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 12.475, con expresa imposición de costas.
II. Corrido traslado de la demanda, la Asesoría General de Gobierno la contestó y pidió su rechazo (v. fs. 77/85 vta.).
Luego de expresar su coincidencia con los actores en torno a la consagración constitucional e internacional —así como la trascendencia institucional y general— del derecho a la información, explica que ello no autoriza a considerarlo fuera de la posibilidad de ser razonablemente reglamentado por el Poder Legislativo (art. 103 inc. 13, Const. prov.).
Sostiene que la ley 12.475 fue sancionada por el órgano competente (la Legislatura), respetando el procedimiento constitucional previsto para ello. Postula que, entonces, el escrutinio requerido en la demanda exige avanzar sobre cuestiones de criterio y política legislativa que imponen una "seria limitación de juzgamiento" (fs. 81).
Agrega que la actora formula afirmaciones genéricas y dogmáticas, insuficientes para demostrar la falta de razonabilidad de los límites que los preceptos impugnados fijan al ejercicio, por todas las personas, del derecho a acceder a la información pública. Destaca, además, que tales limitaciones no resultan absolutas.
En ese mismo sentido, con cita de precedentes de este Tribunal, recuerda la necesidad de que los planteos de inconstitucionalidad articulados mediante el tipo de acción aquí entablada se hallen seria y concretamente fundados para merecer una decisión favorable. Considera que la demanda no cubre tal exigencia.
Manifiesta que la jurisprudencia citada por la parte actora admite que el derecho en cuestión sea reglamentado y aclara que los precedentes citados en la queja fueron resueltos en el contexto en que los peticionarios de la información denegada revestían algún interés especial en su obtención y habían fundado su requerimiento. Entiende que tales extremos no se registran en la especie.
Por otro lado, desarrolla las razones por las que estima que los arts. 1 y 5 de la ley 12.475 no son irrazonables. Sintéticamente, afirma que, si bien podría sostenerse que eliminar los requisitos criticados colaboraría a dar satisfacción al principio de máxima divulgación, de ello no puede extraerse que su contenido constituya una exigencia desproporcionada o que obstaculice el goce del respectivo derecho.
A ello adiciona que las normas objetadas son un instrumento para evitar el ejercicio abusivo del derecho al acceso a la información y tiende a controlar la generación de gastos y esfuerzos estatales que resulten injustificados con relación al interés general.
Añade que el recaudo del interés legítimo supone la existencia de un grado mínimo de afectación al requirente de los datos, en orden al registro de alguna relación jurídico-material que permita dar sentido a la petición. Más aún cuando su acreditación fue relativizada mediante la sanción del decreto 2.549/04, reglamentario de la ley 12.475, que no contiene previsión explícita de los extremos cuestionados.
En su parecer, tampoco resulta irrazonable que se requiera alguna fundamentación que acompañe el requerimiento pues, como ocurre con el interés legítimo, es una exigencia mínima y común a toda petición dirigida a la Administración Pública.
Concluye que la regulación objetada se ajusta a las pautas constitucionales que rigen la materia y, por tal motivo, solicita el rechazo de la demanda, con costas.
III.1. Cabe recordar, como siempre, que la admisión de planteos como los formulados por la actora constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico (doctr. causas I. 1.302, "Ventimiglia", sent. de 5-XII-1989; I. 1.314, "Sanatorio Azul S.A.", sent. de 16-VII-1991; I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 2.255, "Abedini", sent. de 18-VI-2008; I. 70.281, "Suárez", sent. de 29-VIII-2018; I. 73.162, "Bengolea", sent. de 27-VIII-2020; I. 74.308, "Stagnaro", sent. de 6-VI-2023; e.o.).
Así, la validez o aplicabilidad de las leyes sólo puede ceder ante una demostración concluyente de la discordancia sustancial de la norma impugnada con respecto al texto constitucional (CSJN Fallos: 334:1703). Por lo que, ante varias lecturas posibles, deberá priorizarse aquella que mejor armonice con las pautas constitucionales y convencionales rectoras del derecho que se alega conculcado (doctr. causa A. 70.571, "Asociación por los derechos Civiles", sent. de 29-XII-2014), de suerte que aparezca a todas luces indisputable que el último camino a transitar sea el que conduzca a la invalidación constitucional de la disposición normativa cuestionada.
III.2. El art. 1 de la ley 12.475 dispone lo siguiente: "Se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos administrativos, según las modalidades establecidas por la presente Ley".
En estos autos se pone en entredicho la constitucionalidad de ese precepto, en cuanto refiere a la constatación de un "interés legítimo" para habilitar el requerimiento de información pública en poder de la Administración.
Lo que habrá de indagarse a continuación es si el enunciado legal comporta una barrera para el solicitante que reclama que sea atendida su petición o, por el contrario, si es posible interpretarlo de un modo compatible con las normas y principios constitucionales vertebradores del derecho de acceso a la información pública.
Si fuere así, la declaración de inconstitucionalidad requerida sería evitable a través de una interpretación conforme, capaz de congeniar el texto legal con las garantías previstas en la Constitución.
III.2.a. Este Tribunal ha dicho que la referida fórmula no debe ser leída en modo limitativo, sino que ha de ser armonizada con el contenido de otros textos normativos llamados a regular las condiciones de acceso a la información pública. Se destacó que, en esa labor, revisten especial trascendencia aquellos preceptos de superior jerarquía que determinan el alcance jurídico del derecho en cuestión (doctr. causa A. 70.571, cit.).
Es útil traer a colación —igual que como se hizo al emitir la resolución de 23-II-2022 en este expediente— que la Constitución provincial, tanto en su Preámbulo como en su art. 1, establece el principio republicano de gobierno. Una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los quehaceres de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de los funcionarios como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder.
Consistente con la regla democrática condensada en los principios de igual dignidad y de participación ciudadana, a modo de criterio general toda persona ha de tener acceso a la información pública (conf. causas A. 70.571, cit. y A. 72.274, "Albaytero", sent. de 9-III-2016). Ello es sin perjuicio de que, como todo derecho pasible de reglamentación, pueda estar sujeto a razonables limitaciones y modulaciones.
III.2.b. La Constitución de la Provincia prevé en su art. 12 inc. 4 el derecho de toda persona "a la información y a la comunicación" (v. en sentido conc., arts. 1, 11 y 38), sumado a lo que —además— pudiere tener cabida entre las garantías innominadas "que nacen del principio de la soberanía popular" (art. 56).
A su vez, como "parte integrante de la República Argentina" (art. 1), la Provincia de Buenos Aires asegura a sus habitantes el goce "...de los derechos y garantías que establece la Constitución nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución" (art. 11). A propósito de ello, la Constitución federal contempla implícitamente este derecho en los enunciados generales de los arts. 1 y 33, dentro del contenidoínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria (v. arts. 38, 41 y 42).
Análoga consagración consta en los tratados internacionales dotados de jerarquía constitucional de acuerdo con el art. 75 inc. 22 de la norma fundamental. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en su art. 13 el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 19.1, refiere al derecho de investigar y recibir información; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su art. 19.2 el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y con diferente jerarquía, pero atinente a este tema, lo hace la Convención Americana contra la Corrupción, aprobada por ley 24.759 (art. III.5.; v. tb. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097, art. 10) y, en materia ambiental, el Acuerdo de Escazú aprobado por ley 27.566 (art. 5, sigs. y concs.).
III.2.c. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha intervenido en varios casos para asegurar a cualquier ciudadano la tutela del derecho de acceso a la información en poder del Estado.
Al respecto sostuvo que, en tanto se trate de datos que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión del gobierno o de los asuntos públicos y sean de incumbencia al interés de ese mismo carácter, en su accesibilidad reposan los pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (CSJN Fallos: 335:2393; 337:256; 338:1258; 339:827; 342:208; 343:1663; 344:344; e.o.).
III.2.d. Por otro lado, tal como dije en las causas A. 70.571, citada; A. 70.082, "Longarini", sentencia de 29-III-2017; A. 73.729, "Marchesín", sentencia de 22-VIII-2018 y A. 74.654, "Asociación Civil Aletheia por la Vida", sentencia de 29-V-2019, ese derecho evoluciona progresivamente.
Por sobre su formulación clásica, la adecuada publicidad de los actos importa una práctica que atañe a la "buena administración" (Baena del Alcázar, M.; "Sobre la idea europea de buena administración", Noticias CEE, n° 247-248, 2005. Tomás Mallén, B.; "El derecho fundamental a una buena administración", INAP, Madrid, 2005. Ponce Solé, J.; Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido , Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 126 y sigs.) porque coadyuva a la transparencia de la gestión pública, fortalece la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado, facilita los controles del obrar público y estimula la eficiencia y efectividad de las administraciones. La opacidad, la reserva infundada o el secreto, por el contrario, reñidos con tales principios, dan lugar a diversos tipos de disfunciones, incompatibles con un estado de derecho.
Finalmente, el valor instrumental del acceso a la información en orden a la libertad de expresión (CSJN Fallos: 330:3908; 334:109 y 337:47) y la divulgación de la cosa pública (CSJN Fallos: 339:1077 y 343:637), justifica la predicada amplitud en cuanto a su reconocimiento y consagración práctica (v. en sentido coincidente CIDH caso Claude Reyes vs. Chile , sent. de 19-IX-2006 y Corte Sup. EE.UU. New York Times Co. v. Sullivan , 376 U.S. 254 [1964]).
III.3. Ahora bien, pareciera que a la amplitud que el derecho a la información pública conceptualmente posee —y que para su efectividad requiere— vendría a oponérsele de modo irremisible el texto de la ley 12.475, al exigir, siempre, a quien peticionare, la acreditación de un "interés legítimo". Con un severo angostamiento de las posibilidades de acceso al derecho sustantivo, la fórmula legal llevaría a habilitar únicamente a las personas que demostraran la titularidad de una situación subjetiva de esa índole; esto es, aquella cualidad que, sin reunir en una persona la titularidad privativa o excluyente de un bien jurídico, como mínimo se diferencia del interés común a todo habitante en el respeto de la ley, y a lo sumo se comparte con un acotado grupo de personas, en concurrencia.
Las demás no estarían legitimadas para solicitar a los órganos estatales el acceso a la información pública.
Entonces, si el cumplimiento de esa condición legal para el acceso, valorado con el alcance señalado más arriba, fuese la única conclusión admisible a extraerse de la lectura del texto impugnado, se provocaría una (irrazonable) restricción. Que, para más, sin justificación seria, trataría de recrear la vigencia de una categoría diferente del derecho subjetivo (y también del simple interés en el cumplimiento de la juridicidad), antaño considerada esencial, básicamente a partir del seguimiento, sin mayor contextualización, de cierta doctrina italiana centrada en su ordenamiento positivo. En efecto, el interés legítimo ha gravitado y mantiene su valor en ese sistema para deslindar las contiendas de conocimiento de los tribunales administrativos regionales y el Consejo de Estado —junto con las relativas a la tutela de dere
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