Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 3389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda interpuesta por mayoría de fundamentos concordantes, declarando inaplicable al señor Rubén Juan Gómez el art. 15 de la ley 12.727; el decreto 1.465/02; los arts. 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836; 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002.
Se condena a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas al accionante en virtud de la aplicación de tales preceptos desde su entrada en vigencia hasta el 5 de noviembre de 2003, fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar de fs. 26/27, la que se dejará sin efecto una vez que quede firme esta sentencia.
A dicho monto deberá adicionarse el importe correspondiente a los intereses, que serán determinados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.298; doct. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta días (conf. art. 163 inc. 7, CPCC). …
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Torres, Kohan, Natiello, Mancini, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 3.389, "Gómez, Rubén Juan contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad Ley 12.727".
El señor Rubén Juan Gómez, con patrocinio letrado, promueve demanda originaria contra la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727; decreto 1.465/02; arts. 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836 y sus prórrogas, por entenderlos violatorios de los derechos y garantías contenidos en la Constitución provincial y en la Constitución nacional (v. fs. 11/19).
Al contestar la demanda el Asesor General de Gobierno (v. fs. 32/42) plantea su rechazo y sostiene la constitucionalidad de las normas atacadas.
Cumplidos los pasos procesales, oído el señor Subprocurador General (v. fs. 63/71) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727; decreto 1.465/02; arts. 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836 y sus prórrogas, sosteniendo que esas normas son violatorias de los derechos consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17 y 28 de la Constitución nacional; 10, 11 y 31 de la Constitución provincial.
Señala que se encuentra comprendido en los términos del art. 15 de la ley 12.727, del decreto 1.465/02 y sus prórrogas, en cuanto disponen una reducción de sus haberes mediante una tabla anexa la primera de las normas citadas, un tope en los haberes y la suspensión del pago del sueldo anual complementario las demás.
Pone de resalto la lesión patrimonial sufrida con base en la inconstitucionalidad de esas normas y actos emanados de la Administración en su consecuencia, recalcando que la forma en que los poderes Legislativo y Ejecutivo pretenden paliar la crisis económica-financiera excede el límite de admisibilidad.
Con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional señala que las medidas de emergencia tienen un límite en los parámetros que la Constitución impone de razonabilidad, temporaneidad e igualdad en el reparto de las cargas.
Peticiona que se condene al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a liquidar sus haberes previsionales a partir del mes de julio de 2001 sin computar la tabla de ajuste implementada por las citadas leyes de emergencia y se disponga el pago del sueldo anual complementario, con expresa imposición de costas.
Dejan planteado el caso federal.
II. Al contestar el traslado conferido, el señor Asesor General de Gobierno pone de resalto que el planteo efectuado por la parte actora omite toda consideración sobre el marco fáctico en que las normas impugnadas han sido sancionadas por el legislador en ejercicio de su competencia: la emergencia pública en lo económico, social y financiero de la Provincia de Buenos Aires, conforme fuera declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias.
Agrega que los derechos no son absolutos debiendo adecuarse a las circunstancias y al particular momento histórico, social y cultural por el que atravesara la provincia de Buenos Aires.
Recuerda la doctrina que emana de los fallos de la Corte Suprema de Justicia nacional en materia de leyes de emergencia.
Señala que la quita en las remuneraciones y la supresión del sueldo anual complementario aplicadas en forma generalizada, son medidas de carácter económico-financiero que no resultan irrazonables frente a una situación de grave crisis económica y que las medidas contenidas en los arts. 29 y 30 de la ley 12.874, encuentran asidero en el estado de emergencia y están destinadas a evitar un colapso definitivo del Estado, distribuyendo sus fondos públicos en la atención de servicios básicos, prioritarios e ineludibles.
Hace hincapié en la transitoriedad de tales quitas, concluyendo que la modificación en los márgenes de remuneración no implica una violación de lo establecido en el art. 17 de la Constitución nacional pues las disposiciones aquí impugnadas constituyen un ejercicio razonable de las facultades del Estado.
En lo atinente a la confiscatoriedad de la afectación del monto de los haberes, puntualiza que no puede concebirse a priori , como parámetro inexcusable, el 33% establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia pues, remarca, la situación de crisis extrema admite una limitación de los haberes previsionales que se traduzca en una disminución nominal que supere aquel porcentual.
III. En la vista oportunamente conferida, el señor Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia efectúa un pormenorizado análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia que considera aplicable para dar solución a los requerimientos de la parte actora.
Con su resultado, concluye que debe hacerse lugar a la demanda y, por ende, declarar la inconstitucionalidad de las normas invocadas por el actor.
IV. Examinados los antecedentes, planteada la controversia y ponderada la constancia probatoria que se agrega la que acredita que el señor Rubén Juan Gómez se encuentra en tratamiento -permanente y definitivo- por padecer la enfermedad de Parkinson de carácter progresivo, que lo incapacita en su movilización y lo obliga a ser asistido en su higiene personal; hipertensión arterial; adenoma de próstata con vejiga hipertrófica y cuadros de incontinencia (conf. certificado médico obrante a fs. 2/3, recibos de haberes fs. 4/5) y toda vez que las circunstancias del caso guardan sustancial identidad a las que fueron materia de debate y decisión en las causas I. 2.312, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas Inmobiliaria (A.E.R.I.)", sentencia de I-X-2003; B. 65.735, "P., I. S. contra Poder Ejecutivo y ots. Amparo", sentencia de 29-XII-2008; I. 2.522, "Medivid", sentencia de 21-IX-2011; I. 3.404, "Rebora", sentencia de 14-VII-2010 e I. 3.190, "Pettoruti", sentencia de 12-II-2014, entre muchas otras, considero que, para su resolución corresponde remitirse -en lo pertinente y por razones de brevedad- a los fundamentos brindados en los citados precedentes.
Así lo voto.
Costas a la vencida (art. 68 primer párr., CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Se presentan, en la especie, circunstancias que guardan sustancial analogía a las que fueran materia de debate y decisión en la causa I. 2.312, "A.E.R.I.", sentencia de 1-X-2003 y no encontrando motivos para apartarme de la solución allí propiciada, entiendo que la pretensión del accionante debe prosperar.
Tal como sostuve en la causa citada considero que la reducción de las retribuciones de los agentes estatales, activos y pasivos, dispuesta por el art. 15 de la ley 12.727, quebrantó el límite infranqueable trazado por el art. 28 de la Constitución nacional, en tanto las limitaciones deben ser razonables, es decir debe existir una adecuación de los medios al fin público perseguido.
Como es sabido, las restricciones a los derechos asegurados por la Constitución, establecidos por el Congreso en ejercicio de su poder reglamentario, que deben interpretarse con criterio amplio, no han de ser infundadas o arbitrarias; es decir, deben estar justificadas por los hechos y las circunstancias que les han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y ser proporcionadas a los fines que se procura alcanzar con ellas.
De tal forma la reglamentación a que se refiere el art. 14 de la Constitución está limitada por el art. 28 en cuanto prohíbe alterar el derecho reconocido. Al legislador no le es permitido obrar caprichosamente al punto de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener. No puede considerarse alterado un derecho por la reglamentación de su ejercicio, cuando sólo se le han impuesto condiciones razonables (CSJN Fallos 199:483; 235:445; 262:205; 263:28; 277:147).
El salario o haber previsional no puede ser considerado una simple contraprestación de naturaleza patrimonial por la fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador o por los aportes efectuados durante la prestación de servicios. Su condición alimentaria incorpora un plus axiológico, que se ve reflejado en el art. 14 bis de la Constitución nacional, así como en el art. 39 inc. 1 de la Constitución provincial. En consecuencia, no puede considerárselo desde una perspectiva meramente patrimonial o económica, sino atendiendo a que resulta el sustento del trabajador y su núcleo familiar, y por tal razón, digno de una protección prevalente.
Por otra parte, en mi criterio resulta relevante establecer la distinción entre la suspensión y la frustración de un derecho. La suspensión importa una postergación, una limitación temporal en su goce o ejercicio, mientras que la frustración significa la alteración, supresión, vulneración total o parcial de su sustancia o esencia.
En tanto la ley en cuestión no previó mecanismo alguno de reintegro, devolución o aseguramiento a favor de los agentes de las sumas descontadas, a efectos de que puedan ser percibidas en un futuro, entendí que estábamos ante una alteración frustratoria de un derecho en su sustancia o esencia.
I.2. Siendo así, la normativa de excepción aquí cuestionada resulta, si es que cabe la expresión, aún más inconstitucional si se la pretende aplicar a una situación de hecho como aquélla en la que se encuentra el accionante, quien en este caso promovió demanda, conforme causas B. 65.735, "P., I. S. c/Poder Ejecutivo y otros. s/amparo" y B. 65.072, "Rojas", sentencias de 29-XII-2008 (v. certificados médicos a fs. 2/3).
En tales condiciones, corresponde hacer lugar a la demanda y declarar inaplicable al accionante el art. 15 de la ley 12.727; el decreto 1.465/02; los arts. 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836; 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002, y en consecuencia condenar a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas al actor en virtud de la aplicación de los preceptos aludidos, desde su entrada en vigencia (24 de julio de 2001) hasta el 5 de noviembre de 2003, fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar dictada por el Tribunal (v. fs. 26/27).
I.3. En cuanto al pedido del accionante tendiente a la actualización monetaria de las sumas que correspondan liquidar a su favor, no cabe sino su rechazo.
En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que de admitirse la "actualización", "reajuste" o "indexación" de los créditos se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (conf. Ac. 68.567, sent. de 27-IV-1999), doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 88.502, "Latessa", sent. de 31-VIII-2005 y B. 64.606, "Di Benedetto", sent. de 3-IX-2008, e.o.; CSJN Fallos 333:447, "Massolo").
Sobre las sumas reconocidas se calcularán intereses, que serán determinados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.298; doct. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Las restituciones y pagos dispuestos precedentemente sólo deberán efectuarse en tanto dichas retribuciones no hubieran sido ya percibidas por el accionante.
Los importes que resulten de las liquidaciones que con tales pautas se practiquen, deberán abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (conf. art. 163 inc. 7, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Toda vez que el alcance de la solución propuesta por mis colegas preopinantes resulta concordante con el que propiciara en oportunidad de emitir opinión en la causa B. 64.621, "U.P.C.N.", sentencia de 1-X-2003, he de adherir a la misma, remitiéndome -en lo pertinente y por razones de brevedad- a los argumentos brindados en el precedente citado.
II. Tal como expresé en la causa citada, las dificultades que se padecen desde la perspectiva económica no constituyen justificación para incumplir los mandatos constitucionales. Así como la situación de crisis económica resulta indiscutible, tampoco parece discutible el óntico gravamen producido por normas que han disminuido la retribución salarial.
El derecho es una regulación permanente: permanencia que precisamente remarca su esencial ligamen con la seguridad. Ese ligamen revela su mayor valor precisamente cuando los hechos concretos desde los que surge y sobre los que rige se muestran vertiginosos.
(La seguridad no expresa solamente una exigencia práctica de justicia; sino una necesidad ontológica. Lo que ha sido fijado jurídicamente queda sustraído a las modificaciones sorpresivas. Importantes filósofos han remarcado el íntimo ligamen del derecho con la necesidad del hombre de tornar previsible su existencia. De allí también las reservas con las que, históricamente, los clásicos juzgaron las posibilidades de reforma en la legislación).
En las condiciones señaladas, la reducción salarial operada en virtud de la aplicación de las normas cuestionadas en autos resulta absolutamente unilateral y contraria a toda forma de justicia conmutativa, no pudiendo un tribunal de derecho receptarla como válida (conf. mi voto en causa B. 66.571, "Méndez", sent. de 30-IX-2014).
A la luz de una Constitución que regula establemente las relaciones entre gobernantes y gobernados, considero que frente a la colisión de las normas cuestionadas con el texto de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39 apartados 1 y 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquéllas han de ser declarados inconstitucionales.
III. Finalmente juzgo que debe ser desestimada la solicitud relativa a que el monto de condena sea sometido a mecanismos de actualización, ello en virtud de que, no obstante las modificaciones operadas recientemente en los regímenes financiero y cambiario, se ha decidido ratificar expresamente el principio nominalista consagrado en 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria.
La modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que, en ningún caso, se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, ratificándose la derogación dispuesta por su art. 10 de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Aún, cuando es de público y notorio que se ha producido una depreciación de nuestra moneda, el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el actor, además de ser contraria a las normas referenciadas en el párrafo anterior -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso (doctr. causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002 y B. 55.385, "Sosa", resol. de 6-VIII-2003).
IV. Por las razones expuestas, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727, planilla anexa y sus prórrogas; del decreto 1.465/02; de los arts. 27 de la ley 12.774; 29 y 30 de la ley 12.874, y condenar a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas al demandante en virtud de la aplicación de los preceptos aludidos, desde la entrada de su vigencia y hasta la fecha en que se hiciera efectiva la medida cautelar concedida a fs. 26/27.
Dicho importe deberá abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (art. 163 inc. 7, CPCC).
Costas a la demandada vencida (art. 68, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Un nuevo estudio de la cuestión hace que me aparte de lo votado en la causa A. 71.313, "Peñaloza" y acompañar en el sufragio al del doctor de Lázzari.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Natiello, y Mancini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se hace lugar a la demanda interpuesta por mayoría de fundamentos concordantes, declarando inaplicable al señor Rubén Juan Gómez el art. 15 de la ley 12.727; el decreto 1.465/02; los arts. 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836; 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002.
Se condena a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas al accionante en virtud de la aplicación de tales preceptos desde su entrada en vigencia hasta el 5 de noviembre de 2003, fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar de fs. 26/27, la que se dejará sin efecto una vez que quede firme esta sentencia.
A dicho monto deberá adicionarse el importe correspondiente a los intereses, que serán determinados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.298; doct. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta días (conf. art. 163 inc. 7, CPCC).
La restitución y el pago dispuestos precedentemente sólo se harán efectivos en tanto dichas retribuciones no hubieren sido ya percibidas por el accionante.
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51 in fine , dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES MARIO E. KOHAN
CARLOS ANGEL NATIELLO FERNANDO LUIS MARIA MANCINI
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia