Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 3423
I.3423 “RAMOS IRMA DORA CONTRA PROVINCIA DE BS. AS. S/INCONSTITUCIONALIDAD LEY 12727”
I. Por resolución de fecha 20 de marzo de 2019 esta Suprema Corte resolvió regular provisoriamente los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Ricardo Abel Planes, en la suma de pesos … -$...- y los de la doctora María Florencia Otharán -patrocinante de la señora Mariel Betina Guas, heredera testamentaria del doctor Planes- en la suma de pesos … -$...-.
II. Mediante escritos electrónicos de fecha 21 de abril de 2020, la señora Guas y la doctora Otharán presentan un nuevo cálculo liquidatorio respecto de los intereses correspondientes al período de mora incurrida en el pago de los honorarios regulados en autos, aplicando la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 18 de octubre de 2019 al 17 de abril del 2020.
III. Al contestar el traslado que se le confiriera, la Asesoría General de Gobierno justifica la demora en la acreditación del pago de los honorarios en las dificultades técnicas que la irrupción del COVID-19 y el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas ocasionaron en el Instituto de Previsión Social. Por otro lado, impugna la liquidación de actualización de intereses realizada por las peticionarias, aduciendo que la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires vulnera lo dispuesto en el art. 10 de la ley 23.928 (de convertibilidad) -texto según ley 25.561-.
Agrega que, para el hipotético caso que este Tribunal considere que le asiste razón a la actora sobre la procedencia de los intereses, resuelva la cuestión con base en la doctrina legal que inició este Superior Tribunal a partir del caso "Yabra" (causa B. 47.817 bis sent. de fecha 27/02/1996) y replicó -entre otras- en el fallo “Isla” (causa A. 71.170, sent. de fecha 10/06/2015).
IV. Conferido el traslado del planteo de la demandada, las letradas reiteran los argumentos que respaldan la responsabilidad en el incumplimiento del plazo legal para el pago de sus honorarios por parte de la demandada. En lo que refiere a la tasa de interés aplicable al período de mora, defiende la utilización de la tasa legal "activa" prevista en el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904/77 e impugna la aplicación de la legislación de emergencia sustentada por la demandada, por haber perdido vigencia desde el 1 de enero de 2018.
Por último, solicita que por las tareas profesionales desarrolladas con posterioridad a la sentencia, se regulen los honorarios de la doctora María Florencia Otharán en el mínimo legal de siete (7) Jus establecido en el art. 22 de la ley 14.967.
V. En orden a decidir, corresponde en principio hacer lugar al planteo interpuesto por las ejecutantes tendiente al reconocimiento de los intereses moratorios devengados a raíz de la falta de pago en término de sus honorarios profesionales bajo responsabilidad de la demandada.
Conforme lo establece el art. 54 del decreto ley 8904/77, los honorarios regulados judicialmente deben abonarse dentro de los diez días de haberse notificado el auto regulatorio. Teniendo en consideración que la cédula intimatoria fue notificada a la demandada el 30-IX-2019, se desprende que la misma incurrió en mora el 9-X-2019, extendiéndose hasta el 2-VII-2020, fecha en la que dio en pago la suma de $20.284 depositada en autos, correspondiente a los honorarios de los profesionales.
Tal como se ha pronunciado este órgano en casos análogos al presente, es sabido que el curso de los intereses cesa cuando se realiza el pago. Tal requisito, en este caso, se cumplimenta con el depósito judicial y dación en pago, es decir, cuando el acreedor ha debido tomar legalmente conocimiento de que fue realizado y se encontró en condiciones de extraerlo (arts. 865 y ss. del Cód. Civil y Comercial; doctr. causas B. 58.389 bis, "Ditinis", resol. de 29-X-2014; B. 57.566, "Catelen", resol. de 15-XI-2016 y B. 67.503, "Gonzalez", resol. de 17-X-2018, entre otras).
En relación a la tasa de interés aplicable, este Tribunal -por mayoría- entiende que la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904/77 constituye un mecanismo encubierto de actualización de deudas, por lo que debe considerarse derogada por las normas que prohíben los mecanismos de actualización monetaria.
En efecto, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la Asesoría, según el cual la tasa utilizada por las reclamantes contraría la doctrina legal emergente de la causa A. 71.170, "Isla", sentencia de 10-VI-2015, por cuanto ha manifestado este Superior Tribunal -por mayoría- en las causas "Arriaga" (C. 107.702, sent. de 15-VII-2015, en lo que respecta a la decisión de fondo) y "Cabrera" (C. 119.176, sent. de 15-VI-2016), que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), lo que motiva el progreso del cuestionamiento traído por la demandada (conf. causas C. 120.159, "Garay", resol. de 21-XII-2016; C. 120.182, "Kociancich", resol. de 5-IV-2017 y C. 122.322, "Wagner", resol. de 3-V-2018; C. 122.973, "Musotto", resol. de 19-XII-2018 y C. 121.360, "Fuentes Benítez", sent. de 14-VIII-2020).
Conforme lo expuesto y por razones de celeridad y economía procesal, este Tribunal resuelve realizar de oficio la liquidación de los intereses moratorios adeudados a los letrados intervinientes mediante el sistema de "Cálculo de intereses en línea" de esta Suprema Corte de Justicia, aplicando al efecto la "tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así, corresponde aprobar el cálculo de intereses que por el periodo comprensivo desde el 9-X-2019 al 2-VII-2020, actualizado al 5-XI-2020, asciende en relación al doctor Ricardo Abel Planes a un total de pesos trece mil seiscientos treinta y uno con 55/00 -$13.631,55- y a la doctora María Florencia Otharán a la suma de pesos tres mil novecientos noventa y uno con 22/00 -$3.991,22-. Asimismo, por las tareas profesionales desarrolladas por la Dra. María Florencia Otharán con posterioridad a la sentencia, se regulan sus honorarios en la suma de ... (...) jus (art. 28 in fine , ley 14.967).
En relación a dichas sumas se les deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16 ley 6.716, t.o. dec. 4.711/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los profesionales nombrados frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2021 14:58:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2021 21:12:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2021 09:06:10 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 11:28:06 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 11:51:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS DE SUPREMA CORTE el 23/12/2021 13:10:11 hs. bajo el número RH-124-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia