Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2329
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar las excepciones de prescripción de la ejecución de sentencia deducidas con fecha 3 de octubre de 2025 por el Asesor General de Gobierno Adjunto y por la representante del señor Fiscal de Estado (art. 504 inc. 2, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Correr traslado al Asesor General de Gobierno Adjunto y a la Fiscalía de Estado, por el plazo de cinco (5) días, que se computarán desde que sea notificada esta decisión, de lo solicitado por Manuel Alejandro Olego, Fanny Lucy Zangari de Olego y Fabricio Ariel Olego en el punto “2” de la presentación electrónica del día 20 de octubre de 2025 (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 150, CPCC).
I.2329 "OLEGO MANUEL SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 12.727"
I. Con fecha 11 de septiembre de 2025 se presentan los herederos del señor Manuel Olego, denuncian su fallecimiento y solicitan que se ordene practicar la liquidación de las diferencias reconocidas al causante en la sentencia recaída en este proceso.
II.1. Corrido el pertinente traslado, el 3 de octubre de 2025, el Asesor General de Gobierno opone excepción de prescripción de la ejecutoria, en los términos del art. 504 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al respecto, sostiene que en virtud del momento en que fue dictado el fallo -esto es, el 16 de diciembre de 2003- y que se llevaron a cabo los últimos actos procesales que determinaron su firmeza, resulta aplicable el plazo de diez (10) años contemplado en el art. 4.023 del derogado Código Civil para ejercer tempestivamente la actio iudicati , el que se debe computar a partir de que aquel quede ejecutoriado.
En este sentido, entiende que el dies a quo se sitúa en el 11 de junio de 2007, cuando se denegó la concesión de los recursos extraordinarios federales interpuestos por las partes, rechazos que fueron consentidos toda vez que no se registra ninguna actuación útil desde la constancia de libramiento de las cédulas respectivas del día 4 de septiembre de aquel año.
Resalta que el actor no realizó acto alguno tendiente al cobro del crédito y que han transcurrido dieciocho años desde aquel entonces hasta la petición formulada por lo herederos, quienes -además- expresamente han reconocido la firmeza del decisorio.
Por último, arguye que la actividad procesal del interesado constituye una de las pautas jurisprudencialmente reconocidas para controlar la razonabilidad de la duración de un proceso y que no puede considerarse como impulso procesal de la ejecución el desarchivo de las actuaciones solicitado por la doctora Carolina Gabriela Pérez el 25 de noviembre de 2024, dado que no ha sido suscripto por los requirentes ni ratificado en tiempo oportuno.
II.2. Aquel día, la apoderada del Fiscal de Estado también se opone al progreso de lo requerido, invocando el mismo impedimento temporal.
En su postulación, destaca que “la propia actora reconoce la firmeza del fallo -aunque la cédula de notificación del auto que denegó los recursos extraordinarios federales interpuestos por las partes no se encuentre devuelta en el expediente-, por ende, el inicio del cómputo del plazo prescriptivo debe centrarse en la fecha del auto de denegatoria de los embates federales, esto es el 11/06/2007”.
Coincide en que rige el plazo decenal y que, por lo tanto, es evidente que la acción para ejecutar el pronunciamiento se halla prescripta.
III. Con fecha 20 de octubre 2025, los herederos contestan los planteos obstativos deducidos.
Allí, manifiestan que “ambos organismos fundamentan su oposición, a partir de señalar que la sentencia -cuya ejecución peticionamos- adquirió firmeza en el momento en que se cursaron las cédulas, por las cuales se pretendió notificar a las partes de la denegatoria a los recursos extraordinarios interpuestos”. No obstante, explican que ese acto de comunicación no tuvo lugar y que -tal como se expone en el proveído del 24 de septiembre de 2025- no existe constancia en el expediente ni en el sistema informático Augusta de que se haya cumplido con la aludida notificación.
En línea con ello, alegan que recién el 25 de noviembre de 2024 tomaron conocimiento del estado de las actuaciones, tras requerir que se ordene su desarchivo. También explican que el señor Olego falleció el 13 de enero de 2009 y que solo después de que se dictara, en el mes de mayo de 2016, la declaratoria de herederos pudieron articular por sí pretensiones como la esgrimida en autos.
Por lo tanto, no solo entienden que las objeciones deben desestimarse, sino que -dado el tiempo transcurrido- consideran que resulta aplicable al caso la doctrina del precedente C. 124.096 "Barrios” (sent. de 17-IV-2024) y así lo peticionan.
IV. Un pormenorizado análisis de las constancias de autos permite reparar en la siguiente secuencia de actos que resultan relevantes para dilucidar el planteo articulado en esta instancia: el 16 de diciembre de 2003 se dictó la sentencia de mérito que ahora se busca ejecutar, la que fue notificada al Asesor General de Gobierno, a la Fiscalía de Estado y a la parte actora los días 4, 5 y 13 de febrero de 2004, respectivamente.
Contra dicha decisión, los mencionados sujetos interpusieron -con fechas 16 y 18 de febrero y 1° de marzo de 2004, en el orden dado- sendos recursos extraordinarios, los que fueron denegados mediante resolución del 4 de junio de 2007. Asimismo, el día 4 de septiembre de aquel año se asentó que se libraron tres cédulas, las que -sin embargo- no lucen agregadas.
De la lectura del expediente y de la información registrada en el sistema Augusta, se desprende que a partir de entonces ninguna de las partes instó el trámite de las actuaciones hasta el 25 de noviembre de 2024, fecha en la que la abogada Carolina Gabriela Pérez solicita el desarchivo de la causa para su prosecución.
Continuando con el análisis de los presentes obrados, se observa que recién el 11 de septiembre de 2025 comparecen los herederos del causante y manifiestan su intención de dar inicio a la etapa de ejecución del fallo. Luego, el día 16 del mismo mes y año acompañan la documentación faltante que acredita el carácter invocado.
IV.1. En este escenario, el 3 de octubre de 2025 el Asesor General de Gobierno Adjunto y la representante del Fiscal de Estado introducen las oposiciones que ahora se examinan. Ambos coinciden en que el plazo de prescripción es el de diez (10) años contemplado en el art. 4.023 del anterior Código Civil; empero, mientras el primero de los mencionados considera que el término debe computarse desde el 4 de septiembre de 2007 -tomando como hito el libramiento de las cédulas de notificación del rechazo de los recursos extraordinarios interpuestos-, la segunda lo sitúa directamente en el día 11 de junio de 2007 -fecha en la que se denegó la concesión de los referidos remedios-, puesto que las aludidas cédulas “no se encuentran devueltas en el expediente”.
Los peticionantes resisten esto, arguyendo que toda vez que la sentencia de mérito fue oportunamente recurrida por las partes, esta “no podía adquirir carácter ejecutorio, sino desde el momento en que quedara firme tal denegatoria”. En consonancia con ello, expresan que “tal firmeza solo puede entenderse configurada, con posterioridad al resolutorio que tuvo lugar el 11/06/2007 -por el cual se rechazaron los respectivos recursos extraordinarios- cuando éste fuera notificado y consentido en forma tácita o expresa por las partes” y afirman que tal comunicación nunca aconteció.
En este sentido, alegan que ese defecto no puede serles imputable y que fue a partir del pedido formulado el 25 de noviembre de 2024 que tuvieron acceso a los actuados. Además, indican que el señor Olego falleció el 13 de enero de 2009 y que “solo después del dictado de la declaratoria de herederos -producida en mayo de 2016- quedamos en condiciones de ejercer los derechos que por la presente nos hallamos peticionado”.
Por consiguiente, manifiestan que “la falta de notificación, sumada a la muerte del actor y la imposibilidad de tomar conocimiento de las actuaciones, explican y justifican la falta de presentaciones útiles en ese plazo”.
IV.2. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ha precisado que la actio iudicati se conforma cuando la acción deducida en juicio determina una sentencia de condena, surgiendo de ese pronunciamiento firme una nueva pretensión a la cual el ordenamiento imputa un término de prescripción particular, diferenciado del que hubiere correspondido a la acción originariamente entablada (causas A 73.702, sent. de 16-XII-2020 y A. 73.015, sent. de 16-XII-2020; e.o.).
A la par, se ha señalado que el derecho del vencedor de un juicio a obtener la ejecución del decisorio, adquiere sus atributos -entre ellos, el plazo prescriptivo- desde que aquella quedó ejecutoriada. En cuanto a su temporalidad, se ha dicho que en estos asuntos resulta aplicable el término decenal previsto en el art. 4.023 del derogado Código Civil, o bien, el quinquenal establecido en el art. 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, según corresponda de acuerdo a las pautas fijadas en los arts. 7 y 2.537 para el cómputo de los plazos que se hallaban corriendo al momento de la entrada en vigencia del actual código (doctr. causa A. 79.131, "Vogel”, sent. 14-X-2025).
IV.3. Así las cosas, para resolver la excepción planteada se debe dilucidar, en primer término, cuándo es que adquirió firmeza el fallo que se intenta ejecutar.
Esto por cuanto, como se ha resaltado, existe una clara discrepancia en relación al momento a partir del cual debe computarse el término de prescripción, ante la ausencia de constancias en el expediente que acrediten el diligenciamiento de las cédulas libradas el 4 de septiembre de 2007, que comunicaban el rechazo de la concesión de los recursos extraordinarios federales interpuestos.
Esta última circunstancia -que, como también se ha apuntado, es reconocida por todos los interesados- cobra una especial relevancia a la hora de examinar la procedencia de la objeción deducida, en tanto impide establecer con precisión el dies a quo de la prescripción. De allí que, aunque es cierto que ha transcurrido un largo lapso de tiempo sin que ninguno de los interesados instara el proceso, también lo es que al no ser posible fijar con exactitud la fecha en la que las partes tomaron conocimiento fehaciente de la ejecutoriedad de la sentencia recaída en autos, mal puede declararse extinguida la acción.
En este sentido, no puede soslayarse que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y, en consecuencia, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho, criterio que acentúa su importancia cuando se trata de establecer la posibilidad real que pudo asistir a una persona de emprender una acción útil en defensa de sus derechos (conf. doctr. causas Ac. 75.702, "Mehres", sent. de 25-X-2000; Ac. 79.932, "Nieto", sent. de 3-X-2001; Ac. 79.698, "Nova Cosméticas", sent. de 23-IV-2003; L. 78.855, "Cebrymsky", sent. de 18-IV-2007 y A. 74.071, "Cacho”, sent. de 24-IV-2019).
IV.4. Aduna a la solución arribada la reciente toma de conocimiento del fallecimiento del actor el día 13 de enero de 2009. Esto por cuanto, esta clase de sucesos incide de forma directa en el modo en que habrá de desenvolverse el trámite del juicio (art. 46, CPCC).
Así pues, su tardía denuncia en las actuaciones no constituye un impedimento infranqueable para su consideración; por el contrario, en ocasiones, incluso permite evaluar adecuadamente la tempestividad de las peticiones enderezadas por quienes revisten la calidad de herederos de quien en vida fuera parte de un litigio y su intención proseguirlo (doctr. causa C. 118.141 "Frigorífico Mellino SA”, resol. de 31-X-2025).
En la especie, este factor -enlazado con lo desarrollado en el punto que antecede- desalienta adoptar una postura extintiva de los derechos invocados y coadyuva a asumir una mirada más flexible y ponderativa de las singulares características del devenir de esta contienda.
IV.5. Una última apreciación merece ser efectuada, vinculada al desarrollo predominante de la causa en formato papel.
Sabido es que, superadas varias fases preliminares del proceso de digitalización del expediente judicial, con fecha 1 de noviembre de 2021 (ver Ac. 4.023 y Res. SCBA 1.221 de 20 de agosto de 2021), ha entrado en vigencia el nuevo "Reglamento para las presentaciones y las notificaciones electrónicas" (Anexo I del Ac. 4.013, texto según Ac. 4.039), de aplicación obligatoria a todos los litigios alcanzados por las normas sobre notificaciones, comunicaciones y presentaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, o en los que este se aplique supletoriamente (art. 1, Ac. 4.013).
Teniendo esto en miras, se ha constatado a través de la Mesa de Entrada Virtual (MEV) que, por una clara cuestión temporal, no se encuentran disponibles para su lectura actos procesales de relevancia, incluyendo la propia sentencia definitiva. De ahí que, el argumento esbozado por los sucesores en torno a la posibilidad de compulsar debidamente los obrados adquiere mayor peso.
V. Por las razones expuestas y frente a las particularidades que rodean al caso, las excepciones de prescripción de la ejecutoria opuestas por el Asesor General de Gobierno Adjunto y por la representante de Fiscalía de Estado deben ser desestimadas (arts. 504 inc. 2 y 506, CPCC).
VI. Despejado lo anterior, se advierte que no se ha sustanciado el planteo introducido por los sucesores al contestar las oposiciones deducidas, relativo a la aplicación de la doctrina emanada de la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 18-IV-2024) al presente.
En consecuencia, previo a expedirse sobre su admisibilidad, se deberá correr traslado del pedido a la contraria, por el término de cinco (5) días de notificada esta decisión (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 150, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar las excepciones de prescripción de la ejecución de sentencia deducidas con fecha 3 de octubre de 2025 por el Asesor General de Gobierno Adjunto y por la representante del señor Fiscal de Estado (art. 504 inc. 2, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Correr traslado al Asesor General de Gobierno Adjunto y a la Fiscalía de Estado, por el plazo de cinco (5) días, que se computarán desde que sea notificada esta decisión, de lo solicitado por Manuel Alejandro Olego, Fanny Lucy Zangari de Olego y Fabricio Ariel Olego en el punto “2” de la presentación electrónica del día 20 de octubre de 2025 (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 150, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2025 10:37:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2025 14:30:18 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 09/12/2025 12:28:34 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2025 14:19:18 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2025 17:49:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/12/2025 17:54:40 hs. bajo el número RR-976-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia