Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2329
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al pedido de la parte actora de que se modifique el dispositivo de condena de la sentencia de autos y de que se practique la liquidación del crédito reconocido con aplicación del criterio establecido por la esta Suprema Corte de Justicia en la causa C. 124.096, “Barrios” sent. del 17-IV-2024 y rechazar su solicitud de que se efectúe el cálculo mediante la utilización del mecanismo fijado en el del art. 61 del Decreto Ley 9650/80.
I.2329 "OLEGO MANUEL SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 12.727"
I. Este Tribunal, en fecha 10-XII-2025, determinó la continuidad del proceso de ejecución de la sentencia dictada en autos el 16-XII-2003. Asimismo, difirió el planteo de la parte actora respecto de la modificación del mecanismo de cálculo de las diferencias en los haberes previsionales del señor Olego (pto. VI).
Sustanciada la incidencia, corresponde decidir acerca de su viabilidad.
II. La parte actora solicita que, al momento de practicarse la liquidación del crédito reconocido, se aplique el criterio establecido por esta Suprema Corte de Justicia en la causa C. 124.096, “Barrios” sent. del 17-IV-2024, en tanto contempla la distorsión inflacionaria provocada en las obligaciones de valor cuantificadas en dinero, especialmente cuando existe un amplio período de tiempo entre el hecho generador y el efectivo pago.
Entiende que, por tratarse de una deuda previsional sujeta a una sentencia del año 2003, la prohibición de actualización monetaria del art. 7 de la Ley 23.928, resulta inconstitucional, por cuanto le priva del derecho a percibir un crédito en condiciones reales y justas.
Ante ello, solicita la declaración de inconstitucionalidad sobreviniente de dicho artículo y que se proceda a actualizar el capital conforme los lineamientos del precedente citado.
En subsidio, requiere como pauta de liquidación el criterio establecido en el art. 61 del Decreto Ley 9650/80, en la medida que dispone que el capital adeudado debe calcularse tomando como base la remuneración vigente del cargo que dio origen al haber previsional.
En ese sentido, considera que el descuento aplicado al causante representaba el 13% de su haber, que deberá calcularse sobre el haber actualizado que le habría correspondido percibir actualmente, más una tasa de interés del 6% anual sobre las sumas debidas.
III. El Asesor General rechaza la pretensión y considera que el pedido es extemporáneo.
Recuerda que la sentencia de diciembre de 2003 resolvió la cuestión de fondo y dispuso la restitución de los haberes previsionales con la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días. Además, se rechazó expresamente el reintegro de los montos descontados con anterioridad a esa fecha.
Señala que acceder al método de cálculo propuesto por la actora implicaría modificar una sentencia firme y consentida, lo cual agravia el principio de preclusión procesal y la seguridad jurídica.
Añade que no puede aplicarse automáticamente, que su implementación exige ciertos requisitos como la buena fe, la equidad, la equivalencia de las prestaciones. la prohibición del enriquecimiento sin causa, y que el propio fallo exige que haya congruencia entre la petición y lo resuelto, y no reabrir lo ya definido judicialmente.
Concluye que los hechos, la inactividad procesal, la firmeza de la sentencia de 2003 y la falta de justificación legal impiden la aplicación de la doctrina sentada en la causa “Barrios”.
III. La representante del señor Fiscal de Estado insiste en que el pedido es extemporáneo, ya que la sentencia del año 2003 se encuentra firme y consentida, agregando que las pautas establecidas para calcular las diferencias de haberes también quedaron consolidadas.
Afirma que cualquier intento de alterarlas vulnerara los principios de cosa juzgada, congruencia y defensa en juicio, dado que la actora tuvo la oportunidad procesal de impugnar tales pautas en su momento, y al no hacerlo, operó la preclusión procesal que impide reabrir etapas ya concluidas.
Manifiesta que el pedido apunta a revalorizar el crédito reconocido alegando inactividad ajena, cuando en realidad fue la propia parte actora quien dejó de impulsar el cobro de su acreencia durante años.
Dice que el planteo de la actora es general, no acredita de qué modo la norma impugnada viola en su caso concreto los derechos constitucionales invocados, ni aporta una argumentación robusta al respecto, por lo que tampoco demuestra una afectación concreta al derecho de propiedad o a la garantía de defensa en juicio.
Añade que el conflicto de autos trató sobre diferencias de haberes previsionales, supuesto completamente distinto al que se decidiera en la tan mentada causa “Barrios”.
En cuanto al pedido subsidiario de aplicar el artículo 61 del Decreto Ley 9650/80 sostiene que también es improcedente e inaplicable, pues el dispositivo refiere a deudas por cargos deudores.
IV. El debate puede circunscribirse a la solicitud actoral de practicar la liquidación bajo los lineamientos del precedente C. 124.096 “Barrios” cit., declarando la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 en tanto prohíbe la indexación de deudas dinerarias y alternativamente, la utilización del criterio fijado en el art. 61 del Dec. Ley 9650/80, calculando la deuda sobre la base de la remuneración actual del cargo que originó el haber, con adición de una tasa de interés del 6% anual.
A ello se han opuesto argumentos de extemporaneidad y de ausencia de mecanismo de actualización por inflación en la sentencia de autos, como también que un cambio en las pautas de ejecución implicaría violar los principios de cosa juzgada, preclusión procesal y seguridad jurídica, además de que la actora no justificó adecuadamente su prolongada inactividad.
Asimismo, que la doctrina de C. 124.096, “Barrios” cit. no es aplicable al presente caso, por tratarse de una deuda previsional y no de una obligación resarcitoria extracontractual, como lo era en aquel precedente.
Otro tanto respecto de la pertinencia de aplicar al caso el Dec. Ley 9650/80, dado que los artículos invocados se refieren a cargos deudores y no contemplan actualización alguna para créditos a favor del beneficiario previsional.
En definitiva, la incidencia se limita a determinar si resulta jurídicamente viable y constitucionalmente exigible, a más de veinte años del dictado de la sentencia firme, aplicar un mecanismo de actualización distinto al originalmente previsto, sea a través de la doctrina de C. 124.096, “Barrios” cit. o del régimen establecido por el Decreto Ley 9650/80, considerando las particularidades del caso, la naturaleza del crédito y el impacto de la inflación sobre el derecho de propiedad de los beneficiarios.
V. Es dable recordar que la liquidación que se practique en cumplimiento de la sentencia debe presentarse de manera clara, precisa y detallada, permitiendo al tribunal y a la contraparte comprender exactamente cómo se arriba al resultado final, discriminando rubro por rubro, e identificando específicamente el capital, los intereses correspondientes a cada período o etapa, y cualquier otro concepto que integre el cálculo. Es decir una demostración detallada, instruida y documentada de las operaciones realizadas (arg. art. 859 CCC).
VI. En autos, no se ha efectuado aún la liquidación del crédito ordenada en la sentencia que dirimió la contienda y reconoció en favor del actor las diferencias previsionales, fijando las pautas para su cálculo.
El agravio esgrimido por la parte actora, vinculado al presunto deterioro patrimonial derivado de la falta de actualización del monto reconocido, en estas condiciones se exhibe como anticipatorio, dado que se apoya sobre una hipótesis futura o eventual que no ha sido materializada.
He de allí que, hasta tanto no se practique la liquidación conforme a lo dispuesto en el fallo, no se encuentra determinado el monto concreto de la acreencia, ni tampoco se ha verificado si las pautas allí previstas resultan, en los hechos, insuficientes para preservar la integridad del derecho reconocido.
De este modo, no puede evaluarse la existencia de un perjuicio real y concreto y los cuestionamientos efectuados en torno a la actualización del crédito con la aplicación de las pautas señaladas en autos C. 124.096, “Barrios” cit. sólo podrían adquirir relevancia jurídica una vez determinada y objetada la liquidación y siempre que se verifique un resultado irrazonable o contrario a garantías constitucionales.
VII. Iguales consideraciones tocan formular respecto de las alegaciones relativas a la aplicación del art. 61 del Decreto Ley 9650/80.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar al pedido de la parte actora de que se modifique el dispositivo de condena de la sentencia de autos y de que se practique la liquidación del crédito reconocido con aplicación del criterio establecido por la esta Suprema Corte de Justicia en la causa C. 124.096, “Barrios” sent. del 17-IV-2024 y rechazar su solicitud de que se efectúe el cálculo mediante la utilización del mecanismo fijado en el del art. 61 del Decreto Ley 9650/80.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2026 11:10:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:57:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 14:39:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2026 12:45:20 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2026 17:14:32 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2026 17:32:55 hs. bajo el número RR-151-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia