Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2855
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la excepción de prescripción de la ejecución de sentencia (art. 504 inc. 2, CPCC).
II. Rechazar la solicitud de cómputo de intereses a la liquidación a practicarse.
III. Intimar a la demandada a que informe el haber neto actual de la categoría que ocupaba el señor Héctor Carlos Monza.
Asimismo, y en base a dicho monto, practique la liquidación correspondiente según lo dispuesto precedentemente (v. punto IV.5.). Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
IV. Hacer lugar a la impugnación de la parte actora con relación al rubro aguinaldo por los períodos 2001, 2002 y 2003 primer período, a cuyo fin intímase a la demanda a que informe si los mismos fueron abonados indicando monto y fecha de pago, caso contrario proceda a su cómputo en la nueva liquidación a practicarse.
I.2855 "ALDECOA MARIA E Y OTRO CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 12874"
I. Este Tribunal dictó una resolución aclaratoria por la que suplió la omisión en la que incurrió en cuanto a que el señor Héctor Carlos Monza es coactor en autos y por tanto lo alcanza el pronunciamiento de fecha 6-XI-2013, por el cual se hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando inaplicable el art. 15 de la ley 12.727, su planilla anexa, las prórrogas dispuestas en su consecuencia y los arts. 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002; se condenó a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas a la parte actora en virtud de la aplicación de tales preceptos desde su entrada en vigencia hasta el 31-XII-2003 y se ordenó practicar liquidación fijando el plazo de 60 días para su cumplimiento (ver resol. de fecha 5-VII-2017).
Por resolución de fecha 1-VIII-2018, y ante el pedido de nueva aclaratoria el Tribunal resaltó que, si bien la sentencia data del 6 de noviembre de 2013 es recién el 5 de julio de 2017 que sus términos alcanzaron al señor Monza, fecha en la que ambos pronunciamientos se registraron relacionados; y en cuanto al comienzo de la obligación de cumplimiento de la sentencia, éste corre a partir de la notificación a la contraria del último pronunciamiento (v. cédula fs. 151, notificado el 4 de agosto de 2017). Por último, reiteró el rechazo a la petición de condena al pago de intereses.
II. En etapa de ejecución de sentencia el Asesor General de Gobierno adjuntó liquidación practicada por el IPS (v. presentación de fecha 11-II-2020) de la que se corrió traslado a la contraria.
Con fecha 26-XI-2024 se presentaron los herederos del señor Héctor Carlos Monza denunciando su fallecimiento, impugnando la liquidación y solicitando actualización de liquidación y nuevo reclamo de pago de intereses.
El señor Asesor dedujo excepción de prescripción de la ejecutoria con fundamento en el art. 504 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial y contestó el traslado sobre la impugnación de liquidación (v. presentación de fecha 10-XII-2024).
Finalmente, los actores contestaron el traslado conferido respecto de la excepción planteada (v. presentación de fecha 23-XII-2024).
III. En primer término corresponde abordar el planteo de excepción de prescripción de la ejecutoria (art. 504 inc. 2, CPCC).
De las presentaciones incoadas se advierte que, a la impugnación de liquidación planteada por la parte actora, le es opuesta por el señor Asesor General de Gobierno la defensa de prescripción de la ejecutoria, alegando que el trámite de ejecución de la sentencia a los fines de hacer efectivo el pago del monto ordenado a liquidar en la sentencia de fecha 5 de julio de 2017 ha perdido virtualidad, a raíz de haberse cumplido el plazo de prescripción que fija el art. 2560 del Código Civil y Comercial, sin que la parte actora hubiere practicado actos del impulso de la ejecución.
Cuestiona la validez de la presentación de fecha 18-VII-2019, por carecer de firma de la parte actora.
Agrega que aún otorgándole efectos interruptivos de la prescripción al escrito de fecha 18 de julio de 2019, la ejecución se encuentra prescripta por cuanto desde aquella fecha hasta la presentación del 26 de noviembre de 2024, en que se impugnó la liquidación presentada por su parte, el plazo de prescripción se encontraba excedido.
III.1. En tal sentido, un pormenorizado análisis de las constancias de autos permite reparar en que luego de la sentencia de fecha 5-VII-2017, la letrada patrocinante del señor Monza dio inicio a la etapa de ejecución de sentencia con la presentación de fecha 18-VII-2019 "Denuncia domicilio electrónico. Solicita intimación", que lleva su sola firma.
La presentación se proveyó teniendo por constituido el domicilio electrónico e intimando al Asesor General de Gobierno para que practique liquidación, quien dio cumplimiento sin objetar en dicha oportunidad la validez del escrito, dando así continuidad al proceso.
Cabe advertir que la parte actora desarrolló actos de impulso procesal en procura del cobro de las sumas reconocidas en la sentencia, toda vez que con fecha 26-XI-2024 los herederos del señor Monza se presentaron e impugnaron la liquidación, solicitaron actualización y nuevo reclamo de pago de intereses.
Dado que entre la fecha de la liquidación presentada por la demandada (11-II-2020) y el nuevo acto de impuso procesal (26-XI-2024), no transcurrió el plazo establecido por el art. art. 2560 del Código Civil y Comercial, no cabe más que rechazar la solicitud de prescripción de la ejecutoria.
IV. En segundo término, y a fin de analizar los planteos con relación al cumplimiento de la sentencia se detallan las presentaciones y manifestaciones de las partes:
IV.1. La parte demandada presentó liquidación practicada por el IPS en la que realizó el cálculo de las diferencias salariales, y el monto para el período comprendido entre el mes de julio de 2001 y julio de 2003, arrojó la suma de pesos veintinueve mil quinientos cincuenta con cuarenta y nueve centavos -$ 29.550,49-, al cual le aplicó intereses desde julio de 2001 al 13-XI-2019 (v. 11-II-2020).
IV.2. La parte actora al impugnarla planteó la fuerte pérdida de valor de la moneda y solicitó que el capital de condena sea re expresado a valores actuales. Para ello invocó la reciente doctrina de este Tribunal en la causa C. 124.096, "Barrios", sent. de 17-IV-2024. Ofreció tres propuestas de actualización, con independencia de cualquier agregado de intereses que pudiere o no corresponder.
Asimismo, reiteró la solicitud de adicionar intereses a la liquidación invocando la aplicación automática de los mismos por parte del Estado en su ámbito administrativo para las deudas de haberes que se producen por culpa del Estado con sus agentes en la relación de empleo público, citando el decreto ley 4.239/89.
Expresó que concuerda con el proyecto de liquidación elaborado por el IPS en cuanto a los meses en que se retuvieron las sumas a reintegrar, como así también con los montos originarios señalados en la columna "Diferencias" mensuales, incluso con el monto de descuento de aporte de IOMA, pero impugna el rubro "Aguinaldo" que figura en cero, solicitando que el IPS ratifique o rectifique si se abonaron los medio aguinaldos durante los años 2001, 2002 y 2003 primer período. Para el supuesto que se hayan abonado o reintegrado con posterioridad solicitó que el IPS indique cual fue el monto de cada reembolso o pago, caso contrario liquide el monto correspondiente.
Por último, solicitó la aplicación de intereses moratorios por el incumplimiento en término de la sentencia (v. presentaciones de 26-XI-2024 y 23-XII-2024).
IV.3. Al contestar el traslado, la parte demanda se opuso a la actualización monetaria sosteniendo que los pronunciamientos oportunamente notificados a las partes no fueron impugnados por el carril extraordinario federal, con lo cual alcanzaron firmeza. Agregó que la prohibición de actualización monetaria es derecho vigente -art. 7 de la ley 13.928- y que el actor no planteó la inconstitucionalidad de esta normativa de orden público al deducir la acción de inconstitucionalidad, como así tampoco en la etapa de ejecución al pretender la actualización de los montos de condena.
En cuanto a la petición de adición de intereses a los rubros de condena, si bien reconoció que el IPS al practicar el cálculo incurrió en un error involuntario al computarlos apartándose de la sentencia, sostuvo que los mismos no corresponden toda vez que la sentencia se encuentra firme y no los incluía.
Por último, admitió el pago de los intereses moratorios desde la fecha en que debió darse cumplimiento a la sentencia y hasta su efectivo pago (v. presentación de 10-XII-2024).
IV.4. Que conforme se señalara en el punto I de la presente, la sentencia firme condenó a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas a la parte actora en virtud de la aplicación del art. 15 de la ley 12.727, su planilla anexa, las prórrogas dispuestas en su consecuencia y los arts. 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002, desde su entrada en vigencia hasta el 31-XII-2003.
Al practicar liquidación la demandada realizó el cálculo de las sumas retenidas entre el período julio de 2001 y julio de 2003, arrojando el monto de pesos 29.550,49 por capital y pesos 69.996,52 por capital e intereses computados al 13-XI-2019.
En lo que respecta a la solicitud de la parte actora de aplicación de intereses al capital de condena, y sin perjuicio de su cómputo en la liquidación presentada por la parte demandada, cabe advertir que los mismos no fueron impuestos en la sentencia de autos.
Asimismo, se hace saber que las solicitudes del señor Monza posteriores a la sentencia, con relación a la incorporación de su cómputo a la liquidación ya fue resuelta en dos oportunidades, con fecha 5-VII-2017 y 1-VIII-2018, a cuyos fundamentos cabe remitirse.
Por las razones expuestas, corresponde no hacer lugar a la solicitud de cómputo de intereses.
IV.5. Asimismo, el actor observa el cálculo en traslado, destacando la fuerte pérdida del valor de la moneda, por lo que solicita que el capital sea actualizado.
Dado lo irrisorio del monto al que se arriba -$ 29.550,49-, tomando como base del cómputo la totalidad de las sumas retenidas a la parte actora en virtud de la aplicación de los preceptos de las leyes de emergencia declarados inaplicables, desde su entrada en vigencia hasta el 31-XII-2003, resulta evidente que la pauta de cómputo de las sumas retenidas a valor histórico resulta inidónea.
Por ello, corresponde a esta Corte en uso de los lineamientos objetivos y razonables que el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial le encomienda establecer, por las particularidades del caso y con carácter excepcional, una solución que salvaguarde el crédito ante la grave distorsión producida por el devenir inflacionario (conf. doctr. causa B. 56.601, "Corvo", resol. de 23-XI-2023).
A esos fines, este Tribunal actuando la potestad atribuida por el citado art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, entiende que a los efectos de calcular la restitución de las sumas debidas al actor, deberá tomarse como base de cálculo para el pago, el haber neto actual.
IV.6. En cuanto a la impugnación de la liquidación sobre el rubro "Aguinaldo" por no encontrarse computados los correspondientes a los períodos 2001, 2002 y 2003 primer período, dado que los mismos se encuentran comprendidos en el período computado en la sentencia, corresponde que la parte demanda informe si fueron abonados indicando monto y fecha de pago, caso contrario proceda a su cómputo en la nueva liquidación a practicarse.
IV.7. A la solicitud de la parte actora respecto de intereses moratorios cabe señalar que la parte demandada los consintió. Al no encontrarse controvertido su pago corresponde diferir su cómputo para el momento procesal oportuno, previa solicitud de parte interesada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la excepción de prescripción de la ejecución de sentencia (art. 504 inc. 2, CPCC).
II. Rechazar la solicitud de cómputo de intereses a la liquidación a practicarse.
III. Intimar a la demandada a que informe el haber neto actual de la categoría que ocupaba el señor Héctor Carlos Monza.
Asimismo, y en base a dicho monto, practique la liquidación correspondiente según lo dispuesto precedentemente (v. punto IV.5.). Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
IV. Hacer lugar a la impugnación de la parte actora con relación al rubro aguinaldo por los períodos 2001, 2002 y 2003 primer período, a cuyo fin intímase a la demanda a que informe si los mismos fueron abonados indicando monto y fecha de pago, caso contrario proceda a su cómputo en la nueva liquidación a practicarse.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2025 15:52:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:04:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:19:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2025 12:02:27 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2025 17:13:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/09/2025 17:15:40 hs. bajo el número RR-570-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia