Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80554
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por el señor J. A. A. (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios de la doctora Adriana Elena Insfrán en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 22, 24 y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de la mencionada profesional frente al IVA.
I.80.554 "A., J. A. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ INCONSTITUCONALIDAD LEY 13.057"
I. El señor J. A. A., por derecho propio y con el patrocinio letrado de la doctora Adriana Elena Insfrán, promueve la presente demanda a la que denomina "acción originaria de acción autónoma de nulidad" ( sic ) con el objeto de que esta Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley 13.057, al considerar que su texto infringe el contenido de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 10, 15 y 21 de la Carta local.
II. Del escrito de inicio, cuya falta de claridad y orden dificulta la comprensión tanto del planteo formulado como del derecho invocado, se desprende que promueve la presente acción en su carácter de condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante —ambos agravados por haber sido cometidos contra una menor de dieciocho años de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente—, en el expediente "6206" en trámite ante el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.
Sostiene que la norma impugnada, en tanto establece "un plazo breve y escueto" para interponer y fundar lo que —se intuye a partir del tenor de la impugnación, aunque el actor no logre identificarlo con precisión— sería el recurso de queja previsto en el art. 433 del Código Procesal Penal, sin contemplar excepción alguna para aquellos casos de una complejidad excepcional que requerirían de pruebas que deben producirse en procesos paralelos al principal, vulneraría su derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y la "garantía de revisión amplia de la condena".
Agrega que el legislador no previó situaciones anómalas como la que describe, en las que el único modo de demostrar la inocencia del acusado es acudir a expedientes tramitados en otros fueros y jurisdicciones.
En esa línea, peticiona que se le conceda un plazo extraordinario de un año para la articulación de su defensa —en lugar de los diez días que prevé el código de forma— y que esta Suprema Corte ordene además la acumulación al proceso principal de una serie de causas conexas que menciona, entre ellas una denuncia penal por falso testimonio y estafa procesal, informaciones sumarias judiciales destinadas a acreditar sus condiciones de vida y jornada laboral, y una acción civil de daños contra los peritos que intervinieron en la investigación penal.
Denuncia, asimismo, una serie de irregularidades que habrían afectado el proceso en su totalidad: afirma que su defensor oficial no produjo las pruebas de descargo que correspondía ofrecer; que las pericias psicológicas y ambientales realizadas sobre su persona carecen de validez por haber sido practicadas mientras se encontraba bajo los efectos de medicación psiquiátrica y sin el consentimiento de su médico tratante; y que existieron connivencias entre magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal tendientes a ocultar prueba favorable a su inocencia.
III.1. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución provincial y sea controvertida por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
En el caso, si bien el demandante se esfuerza por presentar su reclamo como una impugnación de la ley 13.057 en abstracto —prescindiendo incluso de advertir que el precepto cuestionado ha perdido vigencia tras la reforma introducida por la ley 13.943—, lo cierto es que de la lectura de su demanda se desprende que el planteo no resulta independiente de las contingencias de su propia situación procesal.
En efecto, la pretensión no se agota en el examen de validez de la norma, sino que se encuentra directamente orientada a obtener la fijación de plazos excepcionales de defensa y la acumulación de diversos procesos judiciales, todo ello fundado en las vicisitudes y complejidades probatorias que —según afirma— rodearon su condena en sede penal.
Siendo así, al margen de cualquier consideración que pudiera ser hecha sobre el confronte efectuado entre el texto del art. 433 del Código Procesal Penal y las disposiciones de la Constitución provincial, se torna claro que la presente demanda de inconstitucionalidad, tal como ha sido planteada, resulta inadmisible.
En tal sentido, este Tribunal ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consistan en la validez constitucional de una norma considerada en sí misma, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con su validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998 e I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; e.o.), de manera que en la ponderación de la regularidad constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que solo constituyen una consecuencia de su aplicación y no la previsión objetiva del precepto cuestionado (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016 e I. 78.540, "Bursztyn", resol. de 22-VIII-2023, e.o.).
En definitiva, el objeto primario de la acción prevista por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial reside en la verificación de la validez de una norma considerada en sí misma, sin que ello importe que deban desatenderse por completo los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la parte interesada y que resulten ser consecuencia de su inminente o efectiva aplicación. De lo contrario, no habría "caso" ni "legitimación", requisitos estos que se infieren a partir de la situación fáctica en que se enmarca la pretensión (conf. art. 683 y sigs., CPCC; y causa I. 72.580, cit.).
III.2. Pero además, esta Corte ya ha resuelto en precedentes en los que también se impugnaban artículos del Código Procesal Penal, que planteos de esta índole deben sustanciarse por las vías previstas en el régimen procesal específico y no por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 72.580, "Florentín", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 07-IX-2016 e I. 78.540, cit.).
Lo anterior, porque el acierto o error de las decisiones adoptadas en un proceso penal no se encuentra sujeto al control de magistrados de otros fueros o instancias, sino solo al de los órganos de alzada del fuero penal previamente establecidos por el ordenamiento —incluso en casos como el presente en el que se alegan circunstancias vinculadas a la condición de vulnerabilidad, que quien acciona atribuye a su situación procesal y personal— puesto que cualquier consideración que se pueda hacer al respecto no habilita a alterar el orden de las competencias legalmente determinadas ni a ejercerlas sobre materias que desbordan las propias de cada jurisdicción (doctr. causa B. 73.724, "Calles Añasgo", resol. de 15-VII-2015).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad iniciada por el señor J. A. A.
Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuentan el actor para ocurrir por los carriles procesales idóneos a fin de cuestionar los actos aplicativos de dicha norma que repute lesivos a su esfera de derechos (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por el señor J. A. A. (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios de la doctora Adriana Elena Insfrán en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 22, 24 y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de la mencionada profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:39:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:59:39 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:16:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:19:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:57 hs. bajo el número RR-393-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia