Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 70036
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 70.036, "ADESIP y CEMURPO c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Ley 13.929/09", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
I. Los presidentes de las entidades "Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense" (ADESIP) y "Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires" (CEMURPO), con patrocinio letrado, promueven acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4 a 7, 12, 33 y 35 de la ley 13.929 de presupuesto para el ejercicio 2009, en tanto, según sostienen, no prevén los ingresos y gastos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones para las Policías de la Provincia (CRJPP) separadamente respecto del presupuesto provincial. Postulan que tales normas resultan contrarias a los arts. 3, 10, 31, 40 y 57 de la Constitución provincial y 14 bis, 17, 31 y 33 de la Constitución nacional.
En el escrito inicial solicitan también que, con carácter cautelar, se ordene al Poder Ejecutivo provincial suspender la aplicación de la normativa objetada, con retroactividad al día 1 de enero de 2009.
II. Por resolución del día 13 de mayo de 2009 el Tribunal rechazó la medida precautoria pedida (v. fs. 228/231).
III. A fs. 234/236 se presentan nuevamente las entidades ADESIP y CEMURPO y denuncian, como hecho sobreviniente a la interposición de la demanda, la publicación del decreto 3.947/08 del día 30 de diciembre de 2008 (B.O. de 20-IV-2009) que autorizó a la Tesorería General de la Provincia a emitir letras previsionales del Tesoro por mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000), para ser entregadas al IPS. Amplían demanda contra el decreto citado y el art. 6 del decreto ley 9.650/80 (texto según ley 12.150).
IV. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno plantea inicialmente la excepción de falta de legitimación activa (v. fs. 245/249). En cuanto al fondo, sostiene la validez constitucional de los preceptos impugnados y solicita el rechazo de la pretensión (v. fs. 250/258).
V. A fs. 265/271 las entidades actoras amplían la demanda. Señalan la sanción y publicación de la ley 14.062, de presupuesto para el ejercicio 2010. A fs. 274 denuncian la sanción de la ley 14.199, de presupuesto para el año 2011. Indican que aquellas normas adolecen de los mismos defectos constitucionales que la ley de presupuesto para el año 2009.
VI. Por resolución del Tribunal de fecha 14 de marzo de 2012 se rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el señor Asesor General de Gobierno (v. fs. 275/280).
VII. Con posterioridad, las entidades que promueven la demanda acompañan documentación y denuncian la sanción de las leyes 14.331, 14.393 y 14.552, de presupuesto para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Amplían nuevamente la demanda, incorporando la impugnación a aquellas leyes en el entendimiento de que mantienen las irregularidades y la incompatibilidad constitucional denunciada en su primera presentación.
Agregan que, a partir de la sanción de la ley 14.331, la repugnancia constitucional también está dada por la falta de previsión en ella de las llamadas "Contribuciones Figurativas de la Administración Central a las Instituciones de Previsión Social", antes destinadas al pago de diversos beneficios concedidos por la Provincia mediante leyes especiales (v. fs. 317/326, 332/333 y 341/356).
Se agravian puntualmente de la modificación introducida por el art. 105 de la ley 14.393 al art. 8 del decreto ley 9.650/80.
VIII. Contestados por la demandada los traslados dispuestos (v. fs. 280 vta., 334 y 357), el Tribunal resolvió admitir los hechos nuevos denunciados, por entender que tienen relación directa con el objeto de la demanda (v. fs. 331 y 374).
IX. Glosado el cuaderno de prueba y el alegato de la actora -sin que la demandada hubiera hecho uso de ese derecho- (v. fs. 557), oído el señor Procurador General (v. fs. 558/571 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Las entidades reclamantes impugnan los arts. 1, 2, 4 a 7, 12, 33 y 35 de la ley 13.929, de presupuesto para el ejercicio 2009; los preceptos de análogo tenor contenidos en las leyes 14.062, 14.199, 14.331, 14.393 y 14.552, de presupuesto para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Objetan también la falta de previsión en la ley 14.331 de las llamadas "Contribuciones Figurativas de la Administración Central a las Instituciones de Previsión Social", el art. 105 de la ley 14.393 y el art. 6 del decreto ley 9.650/80, texto según ley 12.150.
Según su opinión, aquellas normas consolidan los recursos y gastos tanto del IPS como de la CRJPP con los de la Administración Central y organismos descentralizados de la Provincia.
Argumentan que ello menoscaba y altera el concepto y rango de autonomía económica y financiera de los organismos previsionales que vienen a defender. Entienden que se lesiona, también, la autarquía administrativa establecida por el constituyente a su respecto, contrariando los arts. 3, 10, 31, 40 y 57 de la Constitución provincial y 14 bis, 17, 31 y 33 de la nacional.
Expresan que la individualización de sus respectivos presupuestos preserva a los organismos de la seguridad social de los avatares de la gestión gubernamental.
Esgrimen que el patrimonio conformado con los aportes personales y las contribuciones patronales componen un fondo solidario afectado específicamente al pago de jubilaciones y pensiones -presentes y futuras-, en resguardo de la manutención de los beneficiarios del régimen y sus familias. Añaden que tal vinculación es fundamental para conservar el equilibrio del sistema.
En su parecer, las normas impugnadas incluyen a los recursos de las entidades previsionales en el conjunto de aquellos que corresponden a la Provincia en términos generales. Afirman que, fundidos así con los medios del Tesoro provincial, solo una porción de los aportes y contribuciones previsionales se destina a las cajas respectivas.
En especial destacan que, según lo ordenado por el art. 8 del decreto ley 9.650/80, el IPS debe mantener invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez el capital que constituye su patrimonio y que en ningún caso puede disponerse de parte alguna de ellos para otros fines que los autorizados por la ley.
Luego realizan una correlación entre la forma en que se elaboraron los presupuestos anteriores al del año 2009 y cómo se confeccionaron a partir de ese ejercicio financiero. Según las impugnantes, desde allí se incorporó al presupuesto general de la Administración provincial los gastos y recursos de las instituciones de la seguridad social, haciéndolas desaparecer como categoría independiente.
Efectúan un análisis pormenorizado de las planillas complementarias anexas a la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2009. Según razonan, el IPS dispondría de un resultado financiero positivo de setecientos cuarenta y siete millones de pesos ($747.000.000). Para las actoras ese superávit podría ser consolidado con el presupuesto general provincial y que su totalidad podría ser reemplazada por la emisión de títulos por el Poder Ejecutivo.
Sostienen que, así diseñado, el sistema normativo conduce a una apropiación por parte de la Provincia de los excedentes del IPS y de la CRJPP que se ve reflejado en las planillas complementarias a la Ley de Presupuesto. Entienden que ello perjudica seriamente la autonomía, la individualidad patrimonial y la independencia que debe caracterizar a esos organismos.
En una presentación posterior impugnan el decreto 3.947/08 (B.O. de 20-IV-2009) y el art. 6 del decreto ley 9.650/80 (texto según ley 12.150) en cuanto sirvió de sustento para el dictado del decreto nombrado en primer término. Aseveran que, en tanto autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir letras previsionales del Tesoro por el monto de mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000), el decreto 3.947/08 (sancionado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 6 del dec. ley 9.650/80), cristaliza un "apoderamiento compulsivo" (fs. 235) de recursos del organismo previsional por parte del Poder Ejecutivo. Expresan que ello violenta el art. 40 de la Constitución de la Provincia pues lesiona la autonomía económica y financiera del IPS, así como la garantía de intangibilidad de su patrimonio -que sólo puede ser afectado al cumplimiento de sus fines específicos- (v. fs. 234/236).
Luego amplían nuevamente la impugnación constitucional. Denuncian la sanción de la ley 14.062 de presupuesto para el ejercicio 2010 y manifiestan dirigir el embate también en su contra (v. fs. 265/271; en especial pto. III, fs. 270 vta.); temperamento que reiteran respecto de la ley 14.199 de presupuesto para el ejercicio 2011 (B.O. de 24-XII-2010), en el entendimiento de que ella también provoca los agravios que vienen sosteniendo (v. fs. 274).
Sancionada la ley 14.331 de presupuesto para el ejercicio 2012 y publicada su planilla anexa número 16, los actores las denuncian en autos y remarcan que el art. 6 de aquel cuerpo normativo resulta inconstitucional en tanto suprime los aportes que el Poder Ejecutivo realizaba a favor del IPS y de la CRJPP bajo la denominación "Contribuciones Figurativas de la Administración Central a las Instituciones de Previsión Social" con el objeto de atender el pago de beneficios sociales otorgados por el Estado provincial por fuera de un vínculo de empleo con los respectivos beneficiarios (v. fs. 317/326).
Manifiestan que los recursos que eran transferidos por la Provincia al IPS y a la CRJPP se destinaban a la cancelación de subsidios, pensiones graciables, asignaciones familiares a bomberos voluntarios, presos políticos de la última dictadura militar, religiosas, excombatientes, víctimas del Plan Conintes, Operativo Cóndor, todos establecidos en sendas leyes especiales.
Puntualizan que, si bien tales beneficios deben ser administrados por el IPS, los recursos para hacer frente a su pago provenían del Tesoro provincial y figuraban en las partidas de "Obligaciones del Tesoro" en los ítems presupuestarios referidos a la Administración Central.
Proponen un análisis de los cuadros correspondientes al presupuesto para el ejercicio 2012 y concluyen de allí que se han desfinanciado los entes previsionales toda vez que, a diferencia de los ejercicios anteriores, no se concretó la transferencia de recursos del Tesoro provincial para atender los apuntados compromisos especiales, los que fueron satisfechos con medios propios de ambos organismos previsionales.
Refieren que una disposición semejante se mantuvo en la ley 14.393 de presupuesto para el ejercicio 2013, por lo que también producen los agravios por ellos señalados con anterioridad. Puntualmente discuten el apego a la Constitución de su art. 105 en tanto, modificando el art. 8 del decreto ley 9.650/80, eliminó la afectación especial de los fondos del IPS al pago de las jubilaciones y pensiones de los afiliados a su cargo. Sostienen que ello concreta una nueva afrenta al art. 40 de la Constitución provincial que vela por la preservación de los fondos previsionales (v. fs. 332/333).
Manifiestan que resulta impropio que una modificación de esa magnitud se realice a través de la ley de presupuesto que, por su índole particular, sólo puede contener disposiciones referentes al cálculo de recursos y gastos.
Finalmente, impugnan la ley 14.552 de presupuesto para el ejercicio 2014. Reiteran a su respecto los argumentos expuestos en sus anteriores presentaciones y reproducen el pedido de declaración de inconstitucionalidad por violación al art. 40 de la Constitución provincial (v. fs. 355/356).
II. Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno solicita su rechazo, con imposición de costas (v. fs. 250/258).
Comienza por señalar que la norma impugnada integra la ley de presupuesto de recursos y gastos del Estado provincial sancionada en la forma y con los alcances previstos en los arts. 103 inc. 2 y 144 inc. 3 de la Constitución provincial.
Explica que el presupuesto es un plan de gobierno, expresión de un programa político, económico y financiero que expone un actuar estatal futuro mediante el cálculo de recursos y la autorización de gastos. Agrega que no contiene normas sustanciales creadoras de reglas jurídicas generales o especiales y permanentes.
Sostiene que el cuestionamiento de la actora se dirige a reprochar aspectos vinculados estrictamente a la técnica legislativa empleada para aprobar el presupuesto para el ejercicio 2009.
A continuación, contesta la impugnación formulada en la demanda relativa a la afectación de la autonomía económica y financiera de los organismos previsionales. Arguye que el art. 40 de la Constitución provincial se traduce en potestades de dirección dentro del ámbito material de actuación de aquellos entes y constituye una garantía institucional de no injerencia en la administración por el Poder Ejecutivo provincial. Argumenta que tal facultad no implica un poder absoluto sobre la disposición de los fondos que les ingresan, toda vez que su operatoria y funcionamiento están debidamente garantizados por los recursos estatales (cfr. arts. 4 inc. "j" y 6, dec. ley 9.650/80, texto según decreto 600/94 y leyes modif.).
Asevera que la Provincia cuenta con facultades para afectar los fondos de los organismos previsionales y además tiene la obligación de satisfacer las prestaciones en forma regular y asumir los compromisos ante un desfinanciamiento temporario de las entidades previsionales. Expresa que así surge de lo establecido en los arts. 4 inc. "j" y 6 del decreto ley 9.650/80.
Consigna que no existe normativa constitucional o legal que impida al Estado provincial tomar los excedentes del IPS, ya sea para financiamiento provisorio o para paliar una situación de emergencia, por lo que toda transferencia de fondos a la Administración Central constituye un actuar legítimo.
Refiere que si bien la actora respalda su pretensión en los fundamentos desarrollados por esta Suprema Corte en la causa "Círculo de Jubilados y Pensionados del Banco Provincia de Buenos Aires" (B. 65.861, sent. de 10-X-2007), tales consideraciones resultan inapropiadas para resolver el presente caso pues en aquella oportunidad se tuvo en cuenta que la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires no había sido incluida en la Ley de Presupuesto y que el legislador no había insertado una disposición que obligara al Estado provincial a subsidiar su eventual déficit económico financiero. Puntualiza que, por el contrario, en el presente tal previsión sí fue realizada respecto del IPS y la CRJPP.
Arguye que el art. 6 del decreto ley 9.650/80 habilita a la Provincia a tomar el excedente de los fondos previsionales del IPS a cambio de entregarle las llamadas letras de Tesorería y que ello no transgrede ninguna cláusula constitucional.
Expresa que el sistema previsional público es de solidaridad intergeneracional toda vez que los trabajadores activos aportan para el pago de los haberes de los pasivos y en el futuro sus respectivas retribuciones serán abonadas con el aporte de otros trabajadores; pero siempre la Provincia, además de efectuar contribuciones en su calidad de empleadora, garantiza el financiamiento del sistema.
En otro orden, en cuanto a la impugnación esbozada respecto al decreto 3.947/08, afirma que es ajeno al carril de la acción prevista en el art. 161 inc. 1 de la Constitución.
Postula que la demanda debe ser rechazada, pues los actores se limitan a controvertir la organización presupuestaria y sus argumentos carecen de base constitucional, pues sólo formulan una enumeración genérica de normas constitucionales sin demostrar el modo en que los preceptos objetados llegarían a violentar los derechos y garantías allí previstos. Sostiene en ese sentido que no ha sido expuesto fundamento alguno respecto a la lesión a los arts. 3, 10 y 11 de la Constitución provincial que dicen conculcados y que tampoco han acreditado la anunciada violación los arts. 31 y 57 de la ley fundamental.
III. El señor Procurador General dictaminó en sentido contrario a la pretensión actora (v. fs. 569 vta.).
IV. De los términos en que fueron expuestas las sucesivas presentaciones y ampliaciones de demanda efectuadas por las entidades demandantes, se extrae que su objeción constitucional se estructura en los siguientes ejes argumentales:
IV.1. Las disposiciones impugnadas provocan un menoscabo intolerable a la autonomía económica y financiera de la que deben gozar el IPS y la CRJPP por imperio del art. 40 de la Constitución provincial.
Ello así pues, a su criterio, aquella manda impone que la administración de los fondos de los organismos de la seguridad social se encuentre completamente escindida de la gestión financiera del resto de la Provincia.
IV.2. Se violenta el derecho de propiedad del IPS y la CRJPP, en tanto los preceptos objetados habilitan a la Provincia a apropiarse de la totalidad de los recursos de esos organismos que excedan los valores necesarios para la cancelación de las obligaciones a su cargo.
Al fundar esa alegación sostienen que aquella autorización obstaculiza la posibilidad de dar cabal satisfacción a los objetivos fijados en las normas de creación del IPS y la CRJPP y aquellas reguladoras del sistema previsional bonaerense (ley 8.587, dec. ley 9.650/80 y ley 13.236).
Consideran que esa apropiación se patentiza concretamente a través de: a) los cambios en la ubicación de la previsión presupuestaria correspondiente a los entes previsionales a partir de ley 13.929; b) la asignación al Poder Ejecutivo provincial de la facultad de emitir las llamadas letras previsionales del Tesoro y su empleo desde el ejercicio financiero 2009; y c) la eliminación de las "Contribuciones Figurativas de la Administración Central a las Instituciones de Previsión Social" que antes se efectuaban desde la Tesorería General para la cancelación de beneficios puntuales, previstos en leyes especiales.
Postulan que todo ello desoye la afectación específica de los recursos de los entes previsionales dispuesta por el segundo párrafo del art. 8 del decreto ley 9.650/80.
Expresan que las sucesivas leyes de presupuesto y los estados contables que reflejan su ejecución, desde el ejercicio financiero 2009, son demostrativos del alegado daño al derecho de propiedad. Explican que allí queda expuesta la disminución del número que representa el coeficiente previsional (relación entre la cantidad de aportantes y beneficiarios) y la mengua del resultado económico con posibilidad de cierta eliminación de resultados superavitarios.
IV.3. Las normas que eliminaron el financiamiento con fondos provenientes de rentas generales de la Provincia de diversos beneficios previstos en sendas leyes especiales, además de violentar la autonomía económico financiera de los entes previsionales y vulnerar su derecho de propiedad, desatienden pilares básicos del sistema de seguridad social -como la solidaridad transgeneracional, la intangibilidad de los fondos previsionales y la regla de su afectación específica-.
V.1. Con relación a la pretendida afectación de la autonomía de los organismos previsionales en contravención con lo dispuesto en el art. 40 de la Constitución local, debe comenzar por recordarse que, en cuanto es pertinente destacar, aquel pr
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