Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72447
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por el señor Procurador General (art. 257, CPCCN; 14, 15 16, ley 48).
Sin costas, dada la naturaleza de la cuestión (art. 68, CPCCN).
I.72.447 "PROCURADORA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 14442"
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
I. Contra la sentencia de esta Corte, obrante a fs. 231/270, que rechazara la demanda originaria de inconstitucionalidad que contra la ley 14.442 hubo de presentar su antecesora en el cargo, el señor Procurador General interpone recurso extraordinario federal, en el que aduce que el fallo en cuestión vulnera “las garantías institucionales consagradas en la Constitución Nacional, en particular, la garantía republicana emergente de los artículos 1°, 5°, 123 y concordantes de la Ley Fundamental”; que la cuestión reviste gravedad institucional y, a la par, que lo resuelto es arbitrario por presentar, según estima, “serias y graves anomalías de fundamentación, por lo que mal puede ser considerado como un verdadero acto jurisdiccional” (v. recurso obrante a fs. 273/294).
1. En lo que atañe a la primera línea argumental, que erige como “el principal agravio”, el recurrente aduce que la decisión adoptada por este Tribunal, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley que ha modificado la estructura del Ministerio Público y, según su opinión, vaciado de atribuciones al Procurador General, infringe lo dispuesto en el art. 189 de la Constitución local, alterando de ese modo el esquema institucional diseñado en ella. De ello deduce una afectación al sistema republicano y del principio de supremacía constitucional (arts. 1°, 5°, 123 y 31, respectivamente, de la C.N.), citando lo decidido por la Corte federal en Fallos 335:2360.
Estima que reconocer que el mentado artículo 189 le asigna al Procurador General sustanciales competencias de superintendencia, y, en paralelo, que una ley pueda privarle de ciertas áreas de gestión del Ministerio Público (defensa, curaduría de alineados y asesoría de incapaces), que reputa “troncales”, para situarlas en cabeza del Defensor General, sobre las cuales el Procurador sólo mantendría “facultades residuales” o un “núcleo competencial mínimo o común”, es contradictorio y priva de toda validez al pronunciamiento.
Afirma que la sentencia recurrida efectúa una interpretación del mentado precepto de la Constitución local contraria a su literalidad y al ordenamiento constitucional en su conjunto, en tanto limita la letra del texto constitucional.
También se agravia del hecho de que se invoque “la distribución o limitación de competencias eminentemente constitucionales entre dos órganos que integran el formato fundacional del Poder Judicial” de esta provincia como fundamento del “vaciamiento de las atribuciones de superintendencia de uno de ellos por medio de una norma de jerarquía legal”, que, según entiende, “pretende reescribir el art. 189 de la Const. Prov.”.
Finalmente, objeta que de la compatibilidad que pueda predicarse del texto legal objeto de este proceso con las recomendaciones, resoluciones o pronunciamientos emanados de distintos organismos internacionales de derechos humanos, o con la finalidad que informa el artículo 120 de la Constitución Nacional, en lo tocante a la autonomía de la defensa pública, pueda legitimarse el exceso en que –a su criterio- han incurrido los legisladores provinciales al sancionar la ley 14.442, estimando que esa revisión o interpretación del texto constitucional conculcaría el procedimiento particularmente previsto como mecanismo de reforma en los arts. 206 a 209 de aquella y, por ende, las atribuciones del poder constituyente.
2. Considera que la sentencia, por declarar que al Consejo de la Magistratura compete proveer lo necesario para la cobertura de los cargos creados por la ley 14.442, extralimita el objeto del pleito, en violación del principio de congruencia.
3. Por último, arguye que la negativa de este tribunal al reclamo de invalidar varios preceptos de la ley 14.442 importa un supuesto de gravedad institucional, dado el carácter y la naturaleza de la norma y porque lo resuelto trasciende el interés individual de las partes.
II. Sustanciado el recurso de conformidad con las disposiciones del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Asesor General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires sostiene que debe declararse la inadmisibilidad del recurso y, en subsidio, su improcedencia (fs. 297/310 vta.).
Sostiene la inadmisibilidad de la vía intentada, en primer lugar, en el hecho de que la cuestión federal ahora alegada en el recurso -centrada en la pretendida infracción a los arts. 1, 5 y 123 de la CN- no fue introducida -ni se corresponde con la invocada- en el planteo del caso federal efectuado en la demanda (fs. 298 y vta.)
A ello agrega que la cuestión federal alegada tampoco se configura en el caso, que consiste en una típica “materia de derecho local”, abundando en consideraciones acerca de la inaplicabilidad de los precedentes invocados en el recurso (fs. 298 vta./300)
Por otra parte, cuestiona por errónea la invocación de arbitrariedad hecha por el impugnante. En tal sentido, de un lado aduce que el fallo se encuentra ampliamente fundado escapando a esa causal de impugnación (fs. 301). De otro, niega que la sentencia, en cuanto declara que compete al Consejo de la Magistratura llamar a concurso para cubrir los cargos creados por la ley 14.442, hubiese violado el principio de congruencia. Antes bien, interpreta que el fallo dispuso lo necesario para favorecer la plena operatividad de esa norma legal (fs.301 vta./302).
Tras descartar por infundado el planteo de gravedad institucional que hace el recurrente, la demandada concluye que todo el desarrollo que aquél formula resulta una mera opinión discrepante, inhábil para ingresar a la vía federal (fs. 302 vta./303).
Finalmente, in extenso expone en subsidio la improcedencia sustancial del recurso (fs. 304/310).
III. Asiste la razón al señor Asesor General de Gobierno en cuanto destaca que la cuestión federal alegada en el recurso, relativa a la supuesta infracción a los arts. 1, 5 y 123 de la CN, no fue introducida -ni se corresponde con la invocada- en el planteo del caso federal efectuado en la demanda (fs. 298 y vta.). Ello mella la admisibilidad del remedio intentado, al menos en lo concerniente a los agravios sostenidos con base en la aludida infracción constitucional.
1. Sentado lo que antecede, cabe recordar que en arraigada doctrina la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que es ajena a su jurisdicción abordar y resolver cuestiones atinentes a la interpretación de disposiciones locales, a la compatibilidad entre normas de esa índole que ostentan diversa jerarquía, así como a la validez de los actos cumplidos por autoridades provinciales en ejercicio de sus competencias, como es aquí el pronunciamiento dictado por este Tribunal discerniendo el contenido y alcance de la ley 14.442, normativa que atañe exclusivamente a su ámbito de autonomía y pertenece por tanto a la zona de reserva de las facultades no delegadas, con arreglo a las cuales las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (doctrina de Fallos 305:112; 324:1721 y 2672, entre muchos otros).
2. Como se sabe, las atribuciones de los tribunales provinciales, el alcance de su jurisdicción y la forma en que ejercen su ministerio, son materias regladas por la Constitución y las leyes locales. Desde esa perspectiva es por vía de principio ajeno a la instancia extraordinaria federal prevista en el art. 14 de la ley 48 revisar la decisión adoptada sobre tales asuntos del exclusivo resorte local.
Si bien dicha regla admite excepciones en supuestos extremos, el examen de ellos es riguroso, de interpretación restrictiva, y debe ser llevado a cabo con suma prudencia (doctr. Fallos 312:195; 325:624, entre muchos otros).
Quien aquí recurre no logra poner en evidencia la configuración de algún supuesto de esa índole excepcional, susceptible de habilitar la vía emprendida.
3. Por otra parte es pertinente tener en cuenta que, según lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la invocación de la doctrina de la arbitrariedad no procede para corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere alegar y demostrar un grosero e inequívoco apartamiento de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido, no siendo éste el supuesto de autos (CSJN, Fallos 329:2206; 330:133).
IV. La referencia a lo resuelto por la Corte Suprema en el precedente “Sotelo”, Fallos 335:236, en modo alguno es idónea para admitir la vía federal que se procura transitar, en orden a la pretendida vulneración al principio republicano de gobierno.
1. En efecto, el caso citado versó sobre una cuestión claramente diferente a la que se suscita en la especie. En él la resolución del tribunal local, luego descalificada por la Corte federal, había invalidado la reforma constitucional que incorporaba los cargos de Defensor General y Asesor General. Lo hizo porque se habían extralimitado los alcances de las leyes que fijaron los alcances de la reforma constitucional. Y se tuvo por configurada la arbitrariedad de una sentencia que lisa y llanamente modificaba la norma involucrada. Sólo a partir de tales consideraciones, la Corte advirtió en la decisión que revisó que excedía “… el marco del derecho público local y se proyecta al ámbito de vigencia de la Constitución Nacional”, pues las provincias deben “asegurar la administración de justicia (art. 5°)”.
A diferencia de ese antecedente, en la presente causa la inadmisibilidad del cuestionamiento articulado por el recurrente deriva de que en su presentación no demuestra que haya existido extralimitación de la legislatura o en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales obradas, siendo que la sentencia recurrida se ha ceñido a interpretar que la ley 14.442, en cuanto vigoriza el servicio de la defensa oficial, es compatible con la cláusula inserta en el artículo 189 y con los artículos 161 inc. 1 y 166, todos ellos de la Constitución local.
Por lo demás, al margen de los pormenores abordados en la sentencia de la Corte Suprema, vale recordar que en el caso “Sotelo” la decisión del tribunal local que había invalidado la incorporación de la defensa pública autónoma a la Constitución provincial fue descalificada.
V.1. La pieza recursiva en tratamiento repite la idea de que el Procurador General ejerce “toda” la superintendencia sobre el Ministerio Público, como única lectura del referido 189. Pero deja enhiestos los fundamentos de la sentencia de este tribunal, sustentados en una interpretación literal, histórica y contextual del mentado dispositivo. Tampoco desvirtúa lo sostenido en el fallo acerca de la evidente consistencia entre las normas de la ley 14.442 y las recomendaciones emanadas de los diversos organismos internacionales en materia de Derechos Humanos. Estos déficits impiden admitir el recurso.
Sabido es que el requisito de fundamentación autónoma a que se refiere el art. 15 de la ley 48 impone al apelante rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian, a cuyo efecto no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia (Fallos 331: 563 y sus citas).
2. En tal orden de consideraciones, es claro que el criterio hermenéutico desarrollado en autos por este tribunal da cuenta de una interpretación plausible y armónica de las cláusulas constitucionales en juego (atrs. 161 inc. 4, 166, in fine, 189 y concs.). Frente a ello el intento de revisión pretendido por el quejoso resulta inviable, pues, se insiste, remite exclusivamente su desacuerdo con la inteligencia asignada a ciertas normas de derecho público local (conf., por todos, Fallos 341:1869). Con otras palabras, los reclamos vertidos solo reflejan la mera discrepancia con la solución otorgada al caso por este tribunal. En esa falencia impugnativa también se cifra la inadmisiblidad del remedio federal bajo examen (doctr. Fallos 303:862; 304:1316; 314:1881; 316:3026; 326:2575; 329:2539 entre muchos).
VI. La transgresión al principio de congruencia aducida por el señor Procurador tampoco es admisible, pues no demuestra que el párrafo segundo del resolutorio (fs. 270/270 vta.) escape a la litis. Antes bien, lo allí declarado por esta Suprema Corte provincial pone de relieve una consecuencia propia del rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida (el llamado a concurso por la autoridad competente de los cargos creados por la ley 14.442), lo que lleva consigo el reconocimiento en plenitud de la vigencia de la referida norma legal. En adición, el impugnante omite explicar de qué manera semejante declaración judicial pudo haber afectado sus intereses o generado menoscabo en su derecho de defensa (Fallos, 330: 4945).
VII. Por último, respecto de la gravedad institucional alegada por la impugnante no puede perderse de vista que, en caso de concurrir, solo faculta al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal (Fallos 311:120; causas Q. 75.688, "Tolosa Paz. Victoria", resol. de 22-V-2019 y sus citas), requisito que, por lo señalado, no se encuentra cumplido en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por el señor Procurador General (art. 257, CPCCN; 14, 15 16, ley 48).
Sin costas, dada la naturaleza de la cuestión (art. 68, CPCCN).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe-To
Reg. Nº 684
Fin de la sentencia