Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por inadmisible, el incidente de ejecución de sentencia promovido por el Consejo Profesional de Agrimensura (arts. 166 inc. 7, 497 y concs., CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
I.73.005 “COLEGIO INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.471”
I. Con fecha 26 de mayo de 2021, esta Suprema Corte rechazó la acción originaria de inconstitucionalidad interpuesta, en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la ingeniera Palmira Adriana Russo y el ingeniero Omar Eduardo Farías contra la ley 14.471, que sustituye el art. 4 de la ley 10.321 y dispone que para el desempeño de las actividades enunciadas en el art. 3 de la misma norma se deberá contar, entre otros, con título de ingeniero Agrimensor.
II. En lo que aquí concierne, el 4 de mayo de 2022 se presenta el apoderado del Consejo Profesional de Agrimensura citado como tercero y promueve incidente de ejecución de sentencia.
Alega que del pronunciamiento definitivo recaído en autos se desprende que los ingenieros agrimensores deben –por imposición legislativa- matricularse en el mencionado Consejo y que los coactores Russo y Farías deben inscribirse en el Consejo, salvo que decidiesen registrarse en el Colegio creado por la ley 15.105.
En virtud de ello, relata que intimó por carta documento, de un lado, al Colegio de Ingenieros provincial para que proceda a transferirle –con toda la documentación original correspondiente- a todos los matriculados con título de ingeniero Agrimensor, Agrimensores y/o con otros títulos profesionales con incumbencia exclusiva en agrimensura y, de otro, a la señora Russo y al señor Farías para que regularizaran su situación matricular, incorporándose de manera definitiva al Consejo.
Asimismo, persigue el cobro de una indemnización por parte de los tres codemandantes por los perjuicios presuntamente sufridos, que comprende el daño emergente conformado por las matriculas profesionales no percibidas y el lucro cesante por los importes recaudados por el Colegio de Ingenieros en función de cualquier tasa de servicio cobrada a los profesionales que resulten alcanzados por el fallo dictado en la presente causa, especialmente por “tasa de visado” y que resultara de la compulsa contable pericial que pretende se practique en los registros de ese Colegio.
III. Corrido el pertinente traslado, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires se opone a la procedencia de la ejecución intentada y solicita el rechazo de lo peticionado.
En primer término, arguye que el objeto de la demanda incoada residía, únicamente, en el examen de la validez constitucional de la ley 14.471. En atención a esto, sostiene que el señor Asesor General de Gobierno –en su carácter de legitimado pasivo- no requirió la acumulación de una pretensión de condena en caso de que la inconstitucionalidad pretendida no prosperara, ni menos aún, algún tipo de resarcimiento o multa por el incumplimiento de la sentencia decretada. Así pues, afirma que el pronunciamiento recaído en autos deviene meramente declarativo al dejar incólume la vigencia de la norma atacada; por este motivo, al no crear, modificar ni extinguir ninguna situación jurídica, no es ejecutable.
En esta línea, alega que la actuación del Consejo Profesional de Agrimensura se encuentra limitada por la capacidad procesal de la parte a la cual coadyuva o adhiere y que, en consecuencia, lo ahora reclamado excede el marco de discusión de este proceso.
Por último, considera que el Consejo invierte la carga probatoria y omite acreditar que tanto el Colegio como los coactores Russo y Farías efectivamente incumplen la manda legal. En efecto, asegura que la norma no obliga al Colegio de Ingenieros a efectuar ninguna transferencia de matriculados ni de documentación o información alguna a otra institución.
IV.1. Cabe recordar que con fecha 12 de marzo de 2014 se dispuso la citación del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, para que en el término perentorio de quince días tomara la intervención que pudiera corresponderle.
Ello, por cuanto se estimó que de las constancias de autos, surgía que el resultado del pleito podría tener relación con intereses propios de dicho ente. Por lo que, tal emplazamiento se efectuó en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sobre el particular, es dable señalar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, la cual tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (cfr. causa I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014).
IV.2. Es en este contexto que el Consejo Profesional promueve el presente incidente y adiciona a su pretensión ejecutoria una indemnizatoria.
En consecuencia, reclama: a) que la señora Russo y el señor Farías se inscriban en la matrícula del Consejo, a los fines de quedar habilitados legalmente para ejercer la agrimensura, bajo apercibimiento de imponer una multa civil y astreintes hasta que se culminen los respectivos trámites; b) que el Colegio abone las matrículas no percibidas por el tercero –determinando la cantidad de matriculados y los años comprendidos en cada caso contrastándolo con los valores de matrícula por “ejercicio profesional” y “cuota de matriculación” vigente en cada año-; c) que el Colegio pague los montos percibidos por las tasas de servicios cobradas, especialmente por “tasa de visado”; y d) los intereses por el usufructo del capital liquidable; más costas.
Tal como resulta de los referidos términos, y como lo manifiesta la parte actora, el planteo articulado por el Consejo Profesional de Agrimensura desborda los límites del ámbito controversial trabado en la especie.
IV.3. Al respecto, es útil mencionar que este Tribunal ha sostenido que, en determinadas circunstancias, resulta posible que juntamente con la acción declarativa de inconstitucionalidad de una norma se acumule un reclamo de condena (causa I. 2114, "Alvarez Magliano", sent. de 22-XII-2008, e.o.). Ello, siempre que la pretensión accesoria de condena sea una consecuencia ineludible e inescindible de la declaración de inconstitucionalidad intentada, siendo una el antecedente necesario de la otra (doctr. art. 685, primera parte, CPCC, causas I. 1165, "García Solidario", sent. del 22-IV-1986; I. 2075, “Ubaldini de Barbieri”, sent. 8-III-2000, e.o.).
Sin embargo, lo peticionado por el Consejo en esta instancia deviene improcedente.
Por un lado, es menester puntualizar que el planteo ha sido esgrimido luego de dictada la sentencia de mérito, por lo que el asunto propuesto no ha sido materia de debate con anterioridad a ese momento.
Esto sella la suerte adversa del requerimiento efectuado, toda vez que, de hacer lugar a lo solicitado, se vulnerarían principios procesales cardinales como la congruencia y la seguridad jurídica, en tanto el pronunciamiento decisorio ha pasado en autoridad de cosa juzgada (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causas C. 102.297, "Bilotte", sent. de 1-IX-2010; C. 106.338, "S., R. H.", sent. de 14-IX-2011; C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018; C. 121.901, "Barboni de Stella", sent. de 14-XI-2018 y B. 55.816 bis, “Cañete”, resol. de 20-IV-2021; e.o.).
La congruencia procesal refiere a la correspondencia entre la pretensión jurídica planteada (integrada por el contenido de la disputa, y la identidad de personas, objeto y causa) y lo resuelto. Su sentido es que el pleito sea conducido en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, de manera que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el objeto de la contienda y no ocurra un quebrantamiento de ella (conf. doctr. causa C. 119.405, "Viviendas 18 de Julio II Etapa”, sent. de 11-VIII-2020).
En este punto, no es ocioso mencionar que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia sólo pueden corresponder al cumplimiento de lo ya decidido y firme. Por este motivo, no procede introducir cuestiones que no han sido invocadas y tratadas en el juicio de conocimiento que le antecede.
IV.4. Por otro lado, tampoco puede perderse de vista la esfera de actuación admitida y otorgada en este litigio al sujeto que ahora articula el reclamo indemnizatorio.
En autos, el Consejo Profesional de Agrimensura comparece en carácter de tercero y su rol debe ser encuadrado, de acuerdo a lo previsto en el inciso 1º del art. 90 del código ritual, en la hipótesis de una intervención coadyuvante o adhesiva simple respecto del señor Asesor General de Gobierno, titular de la representación en juicio de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de legitimada pasiva de la acción originaria de inconstitucionalidad impetrada (conf. art. 686 inc. 1, CPCC). Y esto resulta particularmente relevante a la hora de dilucidar el andamiaje de la cuestión planteada.
En efecto, el art. 91 –primer párrafo- de dicho cuerpo normativo prevé que, en estos casos, "la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta”. Del precepto se desprende que la participación del Consejo se encuentra condicionada por la actividad procesal que pueda desplegar, en el marco de esta demanda originaria, el señor Asesor de Gobierno.
Siguiendo esa línea de razonamiento, luce evidente que la pretensión indemnizatoria tardíamente incoada, no podría ser válidamente esgrimida por el representante de la Provincia, quien carece manifiestamente de legitimación para articularla por sí, por lo que –en todos los casos- resultaría extraña al objeto de este juicio (conf. causa I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021).
V. A la luz de lo expuesto, el incidente de ejecución de sentencia instado por el tercero coadyuvante es inadmisible (arg. arts. 166 inc. 7, 497 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, por inadmisible, el incidente de ejecución de sentencia promovido por el Consejo Profesional de Agrimensura (arts. 166 inc. 7, 497 y concs., CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:57:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:26:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2022 08:49:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:39:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 08:11:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 08:15:43 hs. bajo el número RR-730-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia