Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el incidente de nulidad de fs. 592/595 y hacer parcialmente lugar al pedido de aclaración de fs. 595 y vta., dejándose establecido que el organismo técnico en materia ambiental a cargo del monitoreo de las distintas fases de desarrollo del predio deportivo de Racing Club Asociación Civil podrá ser una universidad pública nacional con asiento en territorio bonaerense (arts. 171, 173 y 166 inc. 2, CPCC). Sin costas, atento a la ausencia de contradicción (art. 68, seg. párr., CPCC).
I.72.760 "ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.516"
La Plata, 10 de abril de 2019.
I. La parte actora promovió incidente de nulidad y pedido de aclaratoria contra la resolución del Tribunal de fs. 577/584, por la cual se resolvió modificar la medida cautelar previamente decretada a fs. 132/138 y levantar la suspensión de los efectos de la ley 14.516, supeditado a que el proyecto ejecutivo de centro deportivo de Racing Club Asociación Civil cumpla previamente con los recaudos detallados a fs. 583 vta./584.
Sus agravios radican en que no se atendieron las aclaraciones que solicitase a fs. 562/570 en relación al dictamen elaborado por la Asesoría Pericial agregado a fs. 550/552, con lo cual se habría vulnerado su derecho de defensa, no obstante haberse dado en el marco de una medida para mejor proveer. También, en que esta Corte no convocó a audiencia pública previo a resolver el asunto, aun cuando ello fue requerido en al menos dos ocasiones.
En punto a la aclaratoria, se pide que se especifique con mayor precisión el tipo de universidad pública que deberá llevar adelante el monitoreo técnico ambiental para cada una de las fases de desarrollo del predio deportivo. Asimismo, que se haga constar que el estudio de impacto ambiental (EIA) se debe hacer tomando como marco de referencia la ley 14.488 -que considera a las parcelas en cuestión parte de una reserva natural- y no la ley 14.516 que las excluyó de dicha protección y cuyos efectos siguen suspendidos hasta tanto el tercero cumpla con los requisitos fijados por este cuerpo a fs. 583 vta./584.
II.1. Esta Suprema Corte ha señalado que las medidas para mejor proveer constituyen facultades atribuidas por la ley al tribunal (cfr. art. 36 inc. 2, CPCC; doctr. causas B. 53.567, "Videla", resol. de 28-IV-98; B. 67.404, "Urrutty", resol. de 26-IV-2006 y A. 75.161, "Musabah", resol. de 17-X-2018), de lo que se deduce que tales diligencias quedan libradas a la iniciativa y prudente arbitrio de los jueces, sin perjuicio del deber de respetar con ello el derecho de defensa de las partes. Extremo que en la especie se abasteció de manera suficiente -en relación a la incidentista- con la notificación cursada a fs. 488/489 y el traslado conferido a fs. 554, cuya contestación fue agregada a fs. 562/570.
Aun cuando las garantías del debido proceso puedan, en ciertos supuestos, requerir de un mayor grado de control y participación en la producción de la medida de instrucción requerida oficiosamente, en ningún momento debe perderse de vista la etapa del trámite en la que fue dispuesta la de autos: esto es, en el marco de una instancia cautelar caracterizada por su provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad (arg. arts. 195, 198, 202 y concs., CPCC).
II.2. Teniendo esto último en cuenta, es evidente que en las condiciones reseñadas el planteo de nulidad sobre la base de una posible lesión al derecho de defensa no puede ser de recibo. No sólo porque en el caso las partes han sido oídas (v. fs. 479/486; 499/507; 562/570; 571/575); sino porque, pese a sus alegaciones, es a este cuerpo a quien corresponde analizar la conveniencia de disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla teniendo especialmente en cuenta las circunstancias del caso y la naturaleza e importancia del derecho que se intenta proteger (art. 204, CPCC).
Es dentro de ese marco adjetivo que se ha dictado el auto aquí impugnado, decisión cuya ejecutoriedad ha sido condicionada al cumplimiento de una serie de mandatos con el objeto de resguardar los derechos e intereses en juego.
II.3. Por lo demás, el hecho de que no se hubiese dado una nueva intervención a los peritos con motivo de las objeciones formuladas por la actora al informe de fs. 550/552, no acarrea la nulidad del interlocutorio cuestionado, toda vez que tal diligencia resulta potestativa para el juzgador (art. 473, CPCC).
En la especie, el contenido probatorio del dictamen pericial bastó para disponer la modificación de la providencia cautelar bajo específicas condiciones (art. 474, CPCC), sin que para ello fuera menester reunir un mayor caudal de información propio de una etapa posterior del juicio o, si se quiere, prudencialmente necesario para levantar de modo incondicionado un despacho precautorio como el aquí decretado.
II.2. Tampoco es atendible la queja relacionada a la falta de celebración de una audiencia pública previo a resolver acerca de la modificación de la medida cautelar.
Tratándose, como regla, de un resorte discrecional y exclusivo del órgano judicial y no habiéndose apuntado a ningún régimen procesal ni norma sustantiva sectorial que mande a su celebración, corresponde desestimar sin más el planteo de nulidad fundado en esta circunstancia (art. 169, CPCC).
III.3. Consecuentemente, se rechaza el incidente de nulidad intentado por la asociación accionante a fs. 592/595 (art. 173, CPCC). Sin costas, atento a la ausencia de contradicción (art. 68, seg. párr., CPCC).
IV.1. En lo que atañe al pedido de aclaratoria acerca de la expresión "alguna universidad pública de la Provincia" tal como ella fuere empleada a fs. 584, se hace saber que el organismo técnico con funciones de monitoreo al que allí se alude puede ser una universidad pública nacional con asiento en territorio bonaerense (art. 166 inc. 2, CPCC).
Ahora bien, no obstante ser el tercero quien ha de cargar con la obligación de presentar ante el Tribunal un cuerpo de expertos de reconocido prestigio en materia ambiental -y eventualmente costearlo-, téngase presente para dicha oportunidad lo manifestado respecto del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) dependiente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
IV.2. En lo restante, siendo suficientemente claro lo decidido en el considerando VII.3., primer párrafo y puntos i] y ii] del segundo párrafo, corresponde desestimar la aclaración solicitada (art. 166 inc. 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el incidente de nulidad de fs. 592/595 y hacer parcialmente lugar al pedido de aclaración de fs. 595 y vta., dejándose establecido que el organismo técnico en materia ambiental a cargo del monitoreo de las distintas fases de desarrollo del predio deportivo de Racing Club Asociación Civil podrá ser una universidad pública nacional con asiento en territorio bonaerense (arts. 171, 173 y 166 inc. 2, CPCC). Sin costas, atento a la ausencia de contradicción (art. 68, seg. párr., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-dLa-So-Ko
Reg. Nº 120
Fin de la sentencia