Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72760
I.72.760 “ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.516”
La Plata, 13 de febrero de 2019.
El pedido de levantamiento de medida cautelar solicitado a fs. 153/165, lo contestado por la actora a fs. 305/314, la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 434, lo manifestado a fs. 562/570 y a fs. 571/575; y
I. Con fecha 28-X-2015 este Tribunal, por mayoría, dispuso suspender hasta que se dicte sentencia definitiva, con carácter cautelar, los efectos de la ley 14.516, mediante la cual se excluyó del área protegida por la ley 14.888 a ciertas fracciones que formarían parte del paraje denominado "Laguna de Rocha".
En esa providencia se ordenó la citación en carácter de terceros de la Asociación Civil Racing Club y al Club Atlético Boca Juniors, por ser titulares de permisos de uso otorgados por el Estado Nacional sobre las parcelas desafectadas del área protegida por la ley 14.488 (v. fs. 132/138).
II. Con fecha 23-XI-15, Racing Club Asociación Civil, por intermedio de su apoderado, peticiona el levantamiento de la medida cautelar.
Subsidiariamente, solicita se modifique su alcance, dejándose a salvo de la suspensión cautelar el proyecto de emplazamiento y construcción de un Centro deportivo para desarrollar actividades deportivas, sociales y recreativas de interés general a cargo de su mandante.
Adjunta, como prueba documental, un Estudio de Impacto ambiental (EsIA) efectuado en noviembre de 2013 y sus conclusiones; declaración formal de "no objeción" emitida por el municipio de Esteban Echeverría; Resolución n° 553/12 emanada de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires; Acuerdo homologado en los autos "Gracia Luisa Matilde c/Club Atlético Boca Juniors y otro s/Amparo", en trámite por ante el Juzgado Federal n°2, Secretaría 5 de Morón con fecha 19-III-2015 y denuncia policial formulada por su mandante el 12-XI-15 ante el intento de ocupación ilegal del predio que le fuera cedido.
Alega que dichos instrumentos resultan de vital importancia para la causa y solicita al Tribunal que analice las circunstancias fácticas y jurídicas que de allí emanan, las que desarrolla en su presentación.
Localiza al predio asignado a su mandante en el km 23,500 de la Autopista Ricchieri, identificado catastralmente como Circunscripción IV, Parcelas 827 y parte de las parcelas 828 y 829.
Resalta que la porción cedida no se superpone con la superficie correspondiente a la Laguna de Rocha, de conformidad a lo que ilustran los informes técnicos emanados de las Resoluciones n°958/10 y 553/12, como lo que surge del plano 30-2010 confeccionado por la Autoridad del Agua y de aquel realizado por el municipio de Esteban Echeverría, por cuanto ellos no incluyen dentro del sistema lagunar a las parcelas citadas en el párrafo anterior.
Destaca que, entonces, resulta claro que la ley 14.488 excedió los límites fijados por la Resolución n°553/12 de la Autoridad del Agua al delimitar un área incluyendo parcelas que no integran el sistema de la laguna que se procura proteger. Ese error del instrumento legislativo -a su entender- torna razonable la modificación introducida por la ley 14.516.
Respecto al EsIA pondera que los especialistas que allí intervinieron estimaron la compatibilidad ambiental del proyecto a desarrollar con el medio receptor. Enfatiza también "… el predio despliega su función como área buffer entre dicha Reserva y el área antropizada, de modo que su utilización efectiva a través de actividades de baja intensidad como la propuesta (Centro Deportivo), minimiza los riesgos de un uso incompatible con dicha función, tales como asentamientos informales o barrios de viviendas e incluso intrusiones/asentamientos ilegales" (fs. 155 vta., últ. pár.).
Estima que de allí se deprende la conveniencia de una gestión integral respecto a la utilización de los terrenos otorgados a su mandante y la zona protegida, de manera que las actividades a desarrollar sean compatibles entre sí y favorezcan a su preservación.
Cita el convenio homologado en los autos "Gracia, Luisa Matilde c/Club Atlético Boca Juniors y ot. s/Amparo", a fin de poner en evidencia que su mandante asumió debido compromiso con la gestión ambiental, responsabilizándose y dando cumplimiento a una serie de obligaciones que allí fueron estipuladas respecto a la zona donde se asienta.
Agrega además que la demora en la utilización y puesta en marcha del Proyecto de Centro deportivo afecta el derecho de propiedad del Club, a lo que añade, con base en la denuncia policial que adjunta, que el predio corre riesgo de intrusiones ilegales.
Expone que el proyecto de Centro deportivo que Racing Club pretende llevar a cabo no afecta la finalidad inspiradora de la ley 10.907, sino que es compatible con ella, en tanto habrá de permitir el desarrollo de actividades orientadas a favorecer la calidad de vida de los seres humanos.
Por último y a modo de corolario, expresa que la actividad recreativa a desarrollar resulta plenamente compatible con la finalidad protectora establecida en el art. 1 de la ley 14.516 al declarar la zona como "Reserva Natural Integral y Mixta" junto con el objetivo de preservación y protección establecido por la ley 10.907 y las dictadas bajo su amparo, 14.488 y 14.516.
III. A su turno, la actora solicita que se desestime el pedido de levantamiento y/o sustitución de la medida cautelar.
Dice que el objeto de autos recae sobre la limitación del alcance geográfico de la zona de reserva dispuesto por la ley 14.516, que excluye de protección a las parcelas 827, 828, 829, 831 y 832 de la Circunscripción VI y en base a ello, califica de improcedente el debate en este ámbito de las obras proyectadas por la Asociación Civil Racing Club, que particularmente se agravia sobre la protección cautelar que recae sobre aquellas individualizadas como 827, 828 y 829.
Alega que los antecedentes presentados por la contraria no configuran una evaluación de impacto ambiental (EIA) y resta valor a la declaración formulada por la autoridad municipal; a la que desconoce competencia para dictar actos de esta especie.
Considera que la "no objeción técnica" emitida por el municipio no cumple los presupuestos legales (arts. 10 y ss de la ley 11.723; 22, 23, 24 y concs. de la ley 26.331 y 11 y 12 de la ley 25.675). Entiende, por ello, que la obra que procura llevar adelante Racing Club carece de una regular aprobación por la autoridad competente.
A su vez, critica los fundamentos expresados por la institución deportiva en torno a la deficiencia de la ley 14.488, señalando que no está demostrado en autos el desacierto de la delimitación geográfica. Expone que la inclusión de determinadas parcelas más allá de las mencionadas en la Resolución de la Autoridad del Agua 553/12 obedecieron a fines ambientales.
Advierte que la ley 14.488 no restringió la protección a la zona comprendida en la citada Resolución 553/12, sino que incluyó las parcelas 830, el remanente de la 831, 832 y las márgenes de los arroyos Ortega, Rossi y El Triángulo desde la calle La Horqueta hacia su desembocadura en el sistema Lagunar de Rocha. A su entender, la finalidad del dictado de la ley 14.516 fue excluir de la zona de reserva de las parcelas sobre las que los clubes citados poseen permisos precarios.
En cuanto respecta a la invocación que la entidad hace de lo resuelto en la causa "Gracia", pone de resalto que el objeto de ese proceso consistía en la paralización de las obras desarrolladas por los clubes Boca y Racing, motivado en la carencia de EIA previo. Por ello, en la oportunidad en que se dio cumplimiento con tal formalidad, sumado a la sanción de la ley 14.516 que desafectaba de la zona de reserva los predios cedidos a los clubes deportivos, el magistrado interviniente autorizó la realización de las obras en cuestión, disponiendo el levantamiento de la medida cautelar. Entiende que en este juicio se debate la razonabilidad de la ley 14.516, no así la actividad desplegada por los clubes citados como terceros en las parcelas otorgadas precariamente por el Estado Nacional.
Descarta como un factor a ponderar el riesgo de ocupación del predio ya que la prevención y el resguardo de la zona deben ser ejercidos a través del poder de policía.
Por estos fundamentos, solicita se rechace el pedido de levantamiento o modificación de la medida dispuesta oportunamente en autos.
IV. En este estado y previo a resolver, el Tribunal mediante resolución de fecha 15-XI-2016, dispuso, en carácter de medida para mejor proveer: a) el pedido de remisión de los antecedentes que dieran origen a la resolución 553/12 de la Autoridad del Agua, por medio de la cual se fijaron los límites de la denominada "Laguna de Rocha"; b) la realización de un informe por la Asesoría Pericial, en el que se analicen las cuestiones técnicas sometidas a decisión de este Tribunal; específicamente vinculadas al impacto del emprendimiento en cuestión en la zona afectada, referido a los recursos suelo, hídricos subterráneos y superficiales y aire. A su vez debía expedirse sobre el EsIA presentado por Racing Club y la compatibilidad del programa a desarrollar por dicha entidad con el régimen de la ley 10.907; proponiendo aquellas acciones complementarias de mitigación de impactos que resulten necesarias e informando acerca de toda otra circunstancia que se considere relevante (arts. 28 de la Constitución de la Provincia; 36 inc. 2° del CPCC).
V. De todo ello se confirió vista a las partes, quienes formularon sus consideraciones ratificando en sustancia las posturas ya expuestas en el litigio (v. fs. 562/570; 571/575).
VI. De las actuaciones remitidas y producidas en virtud de lo ordenado surgen acreditadas una serie de circunstancias relevantes a los fines de decidir la cuestión.
VI.1. El expediente n° 2436-15307/2009 alc. 1 y 2, de la Autoridad del Agua, agregado por cuerda a los presentes, resulta lo siguiente:
VI.1.a. Por intermedio de la Resolución n° 958 del 25-XI-2010, se procedió a la determinación y fijación de la Línea de Ribera de la laguna de Rocha de conformidad con el tercer párrafo del artículo 18 de la ley 12.257, celebrándose y aprobándose el Acta de Demarcación de Línea de Ribera para la Delimitación del Sistema Lagunar de Rocha y Área de Expansión de Bañados, en los predios designados como: Circunscripción VI, Parcelas 783ª, 815aw, 829, 831, 831ª, 832, 833, 849b; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 4; Circunscripción VI, Sección K, Fracción VI del Partido de Esteban Echeverría (030) (fs. 69/70 del expte. adm.).
VI.1.b. Posteriormente, el 24-VIII-2012, a través de la Resolución n° 553, se dejó sin efecto la Resolución 958 y se aprobó la Delimitación del Sistema Lagunar de Rocha y Área de Expansión de Bañados, en los predios designados como: Circunscripción VI, Parcelas 783ª, 815aw, 829, 831, 831ª, 832, 833, 849b; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 4; Circunscripción VI, Sección K, Fracción VI del Partido de Esteban Echeverría (030) (fs. 81/82 del expte. Adm.).
A su vez, en su art. 3° se estableció que el Departamento Límites y Restricciones al Dominio debía incorporar en el Libro de Registro (o base de datos) habilitado al efecto, la mensura efectuada con la correspondiente nomenclatura catastral y todo otro dato que se considere de interés, para identificar la delimitación realizada, como así proceder al archivo del plano de mensura correspondiente.
VI.1.c. De esa manera, quedaron establecidas por la autoridad competente de la Administración provincial las bases técnicas sobre las cuales procedía desplegar la protección del sistema lagunar, a través de la demarcación de su área y confines, así como la fijación de las parcelas comprendidas.
VI.2. De lo dictaminado por la Asesoría Pericial acerca de la evaluación del EsIA confeccionado por el tercero interviniente, se colige que:
VI.2.a. En relación al recurso suelo: la operación de las maquinarias como las que habría que emplear para llevar adelante el complejo deportivo genera impactos negativos en el terreno, como también afecta el recurso aire. También es susceptible de alterar la escorrentía superficial por la modificación de la topografía debido al desmonte y las construcciones, como aumento de la erosión del suelo como consecuencia de la alteración de la dinámica hídrica superficial. A la vez de generar un cambio en la pendiente y escurrimiento de las aguas, con la consecuente necesidad de construcción de alcantarillas y canales a efectos de su escurrimiento.
Por ello, para prevenir o mitigar efectos negativos, entre las principales medidas presentadas en el EsIA se recomiendan: la "gestión y preservación de excedentes, recomposición de perfiles del suelo, elección del lugar de la obra a fin de disminuir los impactos, remoción en el caso de derrames con hidrocarburos y compuestos contaminantes, reforestación y medidas tendientes a evitar la erosión del suelo" (fs. 550 vta.).
Los expertos aconsejan, además, la construcción de canales y alcantarillas a fin de favorecer el escurrimiento del agua y estiman que la movilización de las tierras no debería exceder lo estipulado en el proyecto.
También consideran necesario ejercer monitoreo de las tareas descriptas en el EsIA, a fin de proteger las áreas arboladas fuera del área del desarrollo, limitándose su extensión a la zona proyectada.
VI.2.b. Recursos hídricos subterráneos y superficiales: se menciona el riesgo de contaminación de las aguas así como la afectación de los niveles acuíferos.
Destaca que el proyecto menciona la ejecución de pozos sépticos y señala en tal sentido que debe considerarse que tal situación genera una disposición de aguas grises y negras con afectación directa del suelo y de la calidad del acuífero.
Remarca las medidas preventivas sugeridas por la entidad, entre las que señalan acciones para evitar la descarga de efluentes y derrame de sustancias tanto sobre los recursos hídricos como sobre el suelo, la correcta localización y explotación de pozos en base a estudios hidrológicos y el cumplimiento de las normas que regulan la descarga de efluentes.
Se indica que los efluentes generados por el tratamiento de aguas grises y negras deberán efectuarse conforme limitación y autorización a la ley provincial 5965, decreto 2009/90, Capítulo I, Resolución 336/03 y Resolución 389/98, Anexo II AGOSBA. A su vez, que los residuos sólidos, denominados lodos, generados por el uso de la planta compacta de tratamientos, deben encuadrarse dentro de la Resolución 97/2001 (B.O. 28-XI-01), Anexo A "Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos".
Por último, la explotación de los acuíferos a través de pozos deberá adecuarse a los requisitos del Banco Único de Datos de Usuarios de los Recursos Hídricos (BUDURH), Resolución 660/2011 ADA a fin de que se realice un uso sustentable de los mismos.
VI.2.c. Recurso aire: la utilización de vehículos y maquinaria pesada genera ruidos, vibraciones y combustión, que además de modificar la calidad del aire produce cambios en el comportamiento de las aves.
El EsIA propone realizar la verificación técnica vehicular (VTV) como también un mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos generadores de ruidos y vibraciones; la utilización de elementos de protección contra el ruido para todo el personal afectado a la obra, en cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental (PGA); así como de equipos de percusión en horarios diurnos como también la minimización de operación simultánea de equipos. En lo que hace al material particulado, se plantea la necesidad de colocar barreras de retención de polvo sobre el perímetro del predio, junto con el regado de superficies desnudas del suelo, acompañado de una reforestación que evite su erosión. Y en lo referido a la emisión de gases y vapores, se propone asegurar un adecuado mantenimiento de maquinarias y equipos con motores de combustión interna y fomentar el uso de escapes verticales en dichas maquinarias.
Ante ello los peritos sostienen, en razón del carácter temporal de estos impactos, a producirse durante el plazo de ejecución de la obra, la necesidad de establecer un monitoreo y mitigación de los efectos nocivos de las actividades previstas.
VI.2.d. Como corolario, los especialistas intervinientes en el dictamen, la Licenciada en Biología Débora Irma Miguel y el Perito Bioquímico, Pedro M. Brignoles destacan que las medidas propuestas en el EsIA sometido a consideración, resultan "apropiadas (las mínimas requeridas) para mitigar los impactos negativos identificados" (fs. 551 vta, ult. Pár.).
A su vez, estiman necesario resaltar que todas aquellas acciones vinculadas con el período operativo de las canchas, principalmente, aquellos que hacen a su mantenimiento, entre los que citan el uso de agroquímicos, en caso de una potencial mala gestión podrían afectar el suelo y el recurso hídrico (en el aspecto superficial como en el subterráneo), por lo que sugieren implementar un plan de gestión ambiental aplicado a su uso responsable, como la identificación de todas las medidas utilizadas.
Resaltan la importancia de que el proceso de atenuación de los impactos ambientales comience en las primeras fases de preparación del proyecto del centro deportivo, como también que las medidas puedan incorporarse a su diseño.
Agregan también que la evaluación no puede ser exclusivamente técnica, es decir, llevada a cabo por especialistas externos, sino que debe incluir además de sus beneficiarios a otras poblaciones afectadas, al tiempo que destacan la necesidad control estatal del proyecto y de su adecuación al plan de obra presentado. Ello, juntamente con la verificación del cumplimiento de las diversas medidas propuestas para prevenir o mitigar los impactos producidos.
VII. Las medidas para mejor proveer tienen por objeto incorporar al proceso elementos útiles para averiguar, esclarecer o valorar con más precisión, los hechos relevantes de la controversia, por lo que cabe desestimar las objeciones formuladas por la actora a su producción en la causa (doctr. arts. 36 inc. 2°, CPCC; 46, ley 12.008 y causa B. 49.529, "Hercam", sent. de 10-X-2007).
VII.1. En función de lo actuado a partir de la determinación dispuesta a fs. 434, y específicamente del dictamen efectuado por la Asesoría Pericial a fs. 550/552, este Tribunal encuentra abastecida de sustento a la pretensión del tercero requirente, en cuanto peticiona el cambio de la situación cautelar, tal cual fuera oportunamente establecida en estos autos. Con todo, dada la índole del asunto en litigio, y los puntos desarrollados por los peritos, es dable supeditar, en un grado razonable, los efectos del acogimiento de aquella solicitud al cumplimiento de una serie de cargas en cabeza de la entidad requirente.
VII.2. En el contexto indicado, la documentación aportada por la Autoridad del Agua y lo dictaminado por los peritos intervinientes de la Asesoría Pericial de este Departamento Judicial (v. fs. 550/552), incorporan al proceso una información que, prima facie valorada, hace ceder la apariencia de la presunta violación al principio de no regresividad en que se fundó la medida cautelar, estructurada con base en el mandato constitucional precautorio que rige la materia. Conforme tales elementos, de los que se desprende que la nueva delimitación efectuada por la ley 14.516 encontraría sustento en actos administrativos que no han sido impugnados, y supuesta la observancia de los específicos recaudos exigidos en el informe pericial referido, se disipa el escenario de afectación que sustento la decisión cautelar, habilitando la modificación de su alcance (arts. 202, 203 y cctes., CPCC).
VII.3. Ahora bien, en vista de la índole de los bienes en juego, resulta necesario dejar establecido que el cese de la medida de suspensión de los efectos de la ley 14.516, ha de operar en plenitud una vez que el tercero requirente haya elabor
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