Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la concesión de los recursos extraordinarios federales articulados por la actora a fs. 597/632 y a fs. 638/664 (art. 257, CPCCN), con costas al recurrente (art. 68, CPCCN).
I.72.760 “ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.516”
I. Que contra las resoluciones interlocutorias de este Tribunal de instancia única dictadas el 13-II-2019 y el 10—IV—2019, la parte actora interpuso sendos recursos extraordinarios federales a fs. 597/632 y a fs. 638/664, respectivamente, fundados en la violación de derechos constitucionales, causales de arbitrariedad y gravedad institucional.
I.1. Por la primera de las decisiones cuestionadas, esta Corte resolvió, con fundamento en lo dispuesto en los arts. 202 y 203 del CPCC, hacer lugar al pedido de modificación de la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Racing Club -quien interviene en el proceso en calidad de tercero-, previa elaboración, por parte de la mencionada entidad, de un proyecto ejecutivo de Centro Deportivo, el que a su vez debe ser aprobado por las autoridades locales y provinciales en el marco de sus respectivas competencias. Se dejó establecido que el proyecto en cuestión debía ser sometido a evaluación de impacto ambiental por ante el OPDS, en los términos del ap. 10 del Anexo II de la ley 11.723 y art. 44, incs. 1°, 3° y 6° de la ley 14.989; contar con previo informe del Comité de Gestión de la Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha (conf. art. 2 de la ley 14.488 y Dec. 808/2016, B.O. 14-IX-2016) y prever el monitoreo técnico ambiental de cada una de las fases previstas para su desarrollo, a efectuarse, a costo del Club, por un organismo técnico en materia ambiental de reconocido prestigio perteneciente a alguna universidad pública (conf. art. 4, ley 25.675).
I.2. La resolución del 10 de abril de 2019 no hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la parte actora contra la decisión reseñada anteriormente, por considerar que se había decidido modificar la medida cautelar suspensiva de los efectos de la ley impugnada sin que se atendieran las aclaraciones que solicitara al perito interviniente, con lo cual se habría vulnerado su derecho de defensa y en el hecho de que se procedió de tal manera sin que se convocara a una audiencia pública antes de resolver el asunto, aun cuando ello fue requerido en al menos dos ocasiones.
En ambas presentaciones, la actora argumenta que se trata de sentencias equiparables a definitivas, porque le ocasionan un gravamen irreparable que sólo puede remediarse a través del remedio federal, dejándolas sin efecto.
En la primera de ellas aducen que el levantamiento de la medida cautelar permitiría que mientras este proceso se desarrolle, cualquier persona a la que se le haya brindado el uso y goce de los terrenos sobre los que operaba pueda desarrollar proyectos que –como el que afirma ya comenzó a construir Racing Club- afecten irremediablemente un entorno que presta servicios ambientales fundamentales, como los humedales amparados por la ley 14.488, produciendo en la práctica su deterioro irremediable, como así también el de los suelos, flora y fauna de Laguna de Rocha.
Sostienen que los condicionamientos impuestos para la realización de las obras no obstan a esa conclusión, en tanto el proyecto presentado y las obras consecuentes serán evaluados como si la reserva no fuese tal, por lo que existe el riesgo de que la OPDS analice su viabilidad considerando que se trata de terrenos no sometidos a las restricciones que la ley 14.488.
Concluyen en que la condición establecida para que se torne efectivo el levantamiento de la medida cautelar, no atenúa el gravamen irreparable que producirá la reinstalación de la plena operatividad de la ley 14.516.
En el recurso dirigido a cuestionar el rechazo del planteo de nulidad esbozan sobre el punto los mismos argumentos, a los que añaden que, al ser rechazado, se han agotado las posibilidades impugnativas existentes para dejar sin efecto una decisión que dispuso levantar la suspensión de los efectos de una ley ambientalmente regresiva.
II.1. Conforme ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48 la decisión que pone fin al pleito, impide su continuación o causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior y la invocación de cláusulas constitucionales no excusa la falta de aquel requisito cuando los agravios pueden encontrar remedio en las mismas instancias, o por vía de intervención de la Corte al dictarse la sentencia final de la causa (Fallos: 327:370).
Ha señalado también, que el requisito de sentencia definitiva no puede suplirse con la invocación de garantías de orden constitucional supuestamente violadas, ni con la pretendida existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:144; 330:1076).
En particular, ha decidido que Las resoluciones referentes a medidas cautelares, ya sea que las acuerden, denieguen, levanten o modifiquen son, como principio, ajenas a la apelación del art. 14 de la ley 48 ya que aquéllas no revisten, por lo común, el carácter de sentencias definitivas y versan sobre aspectos meramente procesales y de hecho de la causa (Fallos: 256:150; 250:427, 473, 757; 271:96, 319; 305:1847; 313:116: 322:2056; 323:2709; 326:25, entre otros).
II.2. En el caso, las resoluciones impugnadas por vía del recurso extraordinario federal en tratamiento, claramente no revisten la condición de sentencia definitiva a los fines previstos en la Ley 48.
La primera de ellas, no sólo porque fue adoptada en el marco de una incidencia cautelar, sino porque, además, expresamente condiciona lo resuelto a una serie de recaudos cuyo cumplimiento y acreditación en el proceso deben concretarse para que resulte operativa.
Lo propio cabe señalar con relación a la resolución que rechazó la nulidad planteada, en tanto fue dictada en el marco de la incidencia cautelar decidida en la sentencia interlocutoria reputada nula.
Tal como ha decidido esta Suprema Corte, el planteo de cuestiones federales como las que, seriamente, han sido expuestas en los recursos bajo análisis, no conduce inexorablemente a dejar de lado el recaudo de definitividad antes apuntado, pues estos requisitos del recurso extraordinario federal son autónomos y la presencia del primero no suple la ausencia del último (arts. 14 ley 48; 3 incs. a y b de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, Ac. CSJN 4/2007; doctr. causa P 110.073, "M. ,J. A. s/Recurso de casación", resol. del 23-II-2011).
II.3. Siendo así, corresponde denegar la concesión de los recursos extraordinarios federales deducidos a fs. 597/632 y a fs. 638/664 por la parte actora, con costas (art. 68 y 257, CPCCN).
Denegar la concesión de los recursos extraordinarios federales articulados por la actora a fs. 597/632 y a fs. 638/664 (art. 257, CPCCN), con costas al recurrente (art. 68, CPCCN).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/10/2020 14:57:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 12:41:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 12:58:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2020 13:01:29 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 13:26:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 19:48:49 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia