Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor en su presentación de fs. 38/77 (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
I.73.683 “CAMARA DE ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA PROVINCIA DE BS. AS. (CAPHPBA) C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.701”
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
I. La Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus representantes legales, inicia acción solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.701 por la que se crea el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (v. fs. 38/ 77 vta.).
Relata que la ley cuestionada "... ha impuesto al universo de administradores de consorcios de propiedad horizontal que hacen una actividad laboral onerosa -tengan la forma de persona física o jurídica- la obligación de registrarse, de divulgar su patrimonio tanto frente a terceros como ante la autoridad de aplicación, de realizar trámites de toda índole para continuar en el ejercicio profesional en adelante, de someterse a un régimen pseudo-disciplinario en realidad punitivo sancionatorio y abusivo; de contratar seguros de caución por eventuales responsabilidades civiles como condición para continuar en la actividad; entre otros deberes que la ley nueva pone a su cargo sin advertir que se viola en forma concreta el interés constitucionalmente receptado de trabajar en industria lícita, ejercer el comercio, la garantía de protección del patrimonio, la protección contra las acciones o normas discriminatorias, además de alterarse principios constitucionales como el de jerarquía legal y legalidad al violentar normas de rango federal dictadas en forma previa a la ley 14.071, puntualmente el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina en su normas referidas al mandato y especialmente al régimen del derecho real de propiedad horizontal y derecho real de conjuntos inmobiliarios." (fs. 45 vta./46).
Expone que "..de las normas impugnadas se advierte una tendencia manifiestamente violatoria del Sistema Federal de Gobierno, de la libertad de trabajo y de ejercer toda industria lícita, toda vez que se estigmatiza una actividad como es la de Administrador de consorcios, órgano insustituible e imprescindible para el funcionamiento del sistema de la ley 13.512." (fs. 46).
Entiende que "...el legislador local ha excedido su esfera de jurisdicción y lo normado en la materia (toda la ley 14.701) debe ser descalificado por contrariar el sistema constitucional" (fs. 47 vta.).
Expone que se trata de una cuestión de puro derecho y requiere que -como medida cautelar- se disponga la inmediata suspensión, de los efectos de la aplicación de la ley 14.701.
II. 1. Cabe recordar que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. doctr. causas I. 3024 “Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.”, resol. de 8-VII-2003; B. 67.594 “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 3-II-2004; I. 68.944 “U.P.C.N.”, resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, entre otras).
Con todo, también ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho invocado; cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implique la solución anticipada del pleito o cuando es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo cuyo amparo fueron dictados (cfr. doctr. causas I. 3521 “Bravo”, resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183 “Del Potro”, resol. de 4-V-2005, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias, gozan de una presunción de validez o constitucionalidad (doctr. causa I. 3521 cit.), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230, inc. 1° del C.P.C.C.; cfr. causa I. 71.446, cit., entre otras; C.S.J.N. Fallos 314:711) pues requerir un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. causa B. 63.590 “Saisi”, resol. de 5-III-2003, entre otras; C.S.J.N. Fallos 316:2060; 318:2375).
2. De tal manera, se impone considerar los extremos requeridos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ; arg. arts. 230, 232 y concs. C.P.C.C.) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
En la especie, la medida cautelar solicitada no merece despacho favorable en tanto no se aprecia el cumplimiento de los requisitos necesarios que avalen la petición de suspensión de los efectos de la ley 14.701.
Conforme a los lineamientos de la jurisprudencia citada en el punto que antecede, el primero de los requisitos se halla claramente ausente.
El relato efectuado en el escrito inicial no porta elementos que permitan afirmar -con el grado de verosimilitud suficiente que requiere la suspensión de una ley- que la creación del Registro de Administradores de consorcios de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires lesione el derecho de los administradores a trabajar y ejercer actividad comercial.
Tampoco se configura el requisito del peligro en la demora, dado que el accionante no invoca perjuicio efectivo alguno.
En consecuencia corresponde rechazar la medida cautelar solicitada.
Por todo ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor en su presentación de fs. 38/77 (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 667
Fin de la sentencia