Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la solicitud formulada por el Defensor del Pueblo con fecha 25 de marzo de 2021 para intervenir en autos (conf. arts. 36 inc. 1, 90, 91, 93 y 687, CPCC).
I.73.795 “FALCO JUAN C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.714”
I. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires comparece espontáneamente y solicita que se admita su intervención en la presente causa, en los términos del art. 55 de la Constitución local.
En su presentación, alega representar a los habitantes del barrio “Uspallata”, ubicado en la localidad de Beccar en el Partido de San Isidro, cuyos inmuebles fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación mediante la ley 14.714. Al respecto, afirma que la norma impugnada en autos no solo es constitucionalmente válida, sino que también constituye una herramienta útil que permite avanzar con las políticas de urbanización tendientes a consolidar la situación dominial de quienes residen en la zona desde hace ya muchos años.
Menciona que el derecho a una vivienda digna se encuentra consagrado en el art. 14 bis de la Constitución nacional, el art. 36 inc. 7 de la Carta provincial y en diversos tratados internacionales que cita. Asimismo, señala que el uso y goce de la propiedad no es absoluto y que puede estar subordinado al interés social.
Luego, expone que la experiencia reciente demuestra que entre las distintas alternativas de intervención que adopta el Estado para garantizar el derecho humano de las personas que residen en asentamientos informales, las más frecuentes consisten en la negociación con los titulares de los predios en conflicto para proceder a su compra directa, a la relocalización de la población o bien, como ocurre en la especie, a la sanción de leyes de expropiación. En este sentido, arguye que “en el éxito de culminación de estos procesos se cifran las expectativas de miles de familias de acceder por primera vez a una vivienda digna, haciéndose efectivos sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a tener un proyecto de vida”.
Finalmente, recuerda que el día 26 de noviembre de 2019 se remitieron copias del expediente administrativo N° 22.800-5973/14, que daban cuenta de las gestiones llevadas a cabo por el organismo a su cargo en torno a la problemática habitacional planteada en este proceso, al tiempo que destaca la necesidad de brindad certeza jurídica a los vecinos del área a fin de avanzar con el proyecto de urbanización que se procura concretar.
II. Atento el avanzado estado procesal de las actuaciones, la petición articulada por el Defensor del Pueblo debe ser desestimada.
II.1. Sobre el particular, es dable señalar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, la cual tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (conf. causas I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014; I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021 e I. 73.005, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 12-VII-2022).
Bajo tales premisas, deviene aconsejable aclarar que, en dichos supuestos, el rol de aquel que comparece en carácter de tercero se encuadra, de acuerdo a lo previsto en el inc. 1º del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial, en la hipótesis de una intervención coadyuvante o adhesiva simple respecto de la parte principal a quien asiste, que, en este caso, es el señor Asesor General de Gobierno como titular de la representación en juicio de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de legitimada pasiva de la acción originaria de inconstitucionalidad impetrada (conf. art. 686 inc. 1, CPCC).
Lo expuesto resulta determinante a la hora de dilucidar el andamiaje de la cuestión planteada, en tanto el art. 91 –primer párrafo- de dicho cuerpo normativo establece que "la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta”. Y en lo que al caso concierne, siguiendo esa línea de razonamiento, el art. 93 del ordenamiento ritual dispone que “en ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso”.
II.2. Así las cosas, es necesario recordar que con fecha 27 de diciembre de 2019 se agregaron a los obrados principales los correspondientes cuadernos de prueba y se pusieron los autos para alegar, habiendo ejercido este derecho solo la parte actora el día 19 de febrero de 2020. Precluida dicha etapa, se continuó con el trámite del pleito de conformidad con lo normado en el artículo 687 del código de rito.
De esta manera, se observa que en el momento en que el Defensor del Pueblo formuló su postulación –esto es, el día 25 de marzo de 2021- la causa se encontraba concluida para definitiva y se había corrido la pertinente vista al señor Procurador General (v. proveído de fecha 14-VIII-2020), quien emitió su dictamen el día 29 de septiembre de 2022.
II.3. De lo dicho se desprende que, independientemente de la concreta viabilidad de la intervención procesal pretendida, la presentación bajo análisis no ha sido deducida en tiempo oportuno, en tanto que las partes ya han ejercido sus derechos en juicio -lo que, por un lado, importó la defensa de la ley expropiatoria que aquí viene a avalar- y se ha producido el dictamen del Ministerio Público, restando únicamente avanzar con el llamamiento de autos para sentencia (conf. arts. 481 y 482, CPCC).
Así pues, la admisión de la intervención del Defensor del Pueblo del modo en que ha sido articulada retrogradaría el litigio a una instancia procesal consumada, en franca oposición con lo establecido en el art. 93 citado supra . Para más, el propósito perseguido por el propio requirente en su presentación desalienta hacer lugar a lo solicitado, en tanto procura alcanzar una pronta resolución de la contienda.
III. A la luz de lo expuesto, corresponde desestimar la petición realizada por el Defensor del Pueblo el día 25 de marzo de 2021 para intervenir en esta controversia (conf. arts. 36 inc. 1, 90, 91, 93 y 687, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la solicitud formulada por el Defensor del Pueblo con fecha 25 de marzo de 2021 para intervenir en autos (conf. arts. 36 inc. 1, 90, 91, 93 y 687, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 17:27:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:02:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2023 10:49:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 20:59:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2023 08:28:31 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/06/2023 08:32:25 hs. bajo el número RR-562-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia