Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73795
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.795, "Falco, Juan contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 14.714", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
I. El señor Juan Falco, mediante apoderado, promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de la ley 14.714 por la cual se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación una serie de terrenos ubicados en el partido de San Isidro, uno de los cuales es de su titularidad, al considerar que su contenido infringe los arts. 10, 11, 15, 31 y 57 de la carta local.
II. Explica que el texto de la norma cuestionada es idéntico al de la ley 11.959, la cual fue declarada inconstitucional por este Tribunal en los autos I. 2.107, "O'Connor, Alberto Marcos y otro s/ inconstitucionalidad ley 11.959", fallada el 18 de febrero de 2009. Y que, por lo tanto, se estaría afectando el principio de cosa juzgada, su derecho a la propiedad y la garantía del debido proceso.
En este sentido, recuerda que el 10 de junio de 1997 se sancionó la ley 11.959 mediante la cual se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que conforman el barrio "Uspallata" situados en la localidad de Beccar, partido de San Isidro, con el objeto de adjudicarlas en propiedad —a título oneroso y por venta directa— a un grupo de aproximadamente 150 personas que supuestamente se encontraban ocupando los terrenos, con el cargo de construir una vivienda propia.
En lo que aquí interesa, pone de resalto que la sentencia antes señalada revocó los efectos de esa norma tras haberse acreditado que las parcelas a expropiar se hallaban desocupadas casi en su totalidad y que el espacio donde efectivamente se habían construido dieciséis viviendas precarias correspondía a la vía pública y había sido invadido con posterioridad al dictado de la aludida legislación.
Agrega que, además, el fallo le impuso a la Provincia de Buenos Aires la obligación de atender la situación de las personas que ocupaban las tierras en cuestión, en cuanto pudieran verse afectadas por el cumplimiento de lo allí decido, pero que esta, en lugar de acatar tal manda, se limitó a dictar --más de seis años después— una nueva ley igual a la anteriormente declarada inconstitucional.
Señala que ante tal inacción por parte de la Provincia, la Municipalidad de San Isidro tomó contacto con los propietarios de cada una de las parcelas objeto de expropiación con el propósito de comprar esas tierras y planificar la reubicación de las familias que ocupaban el predio, lo que derivó en la sanción de la ordenanza 8.806/15 titulada "Plan de Realojamiento Habitacional Barrio Uspallata" y promulgada por decreto 12/15 de 6 de enero de 2015, con lo que —a su criterio — la situación de los integrantes de esos hogares estaba ya resuelta por la comuna.
Adiciona que mientras se realizaban los trámites respectivos para firmar las escrituras traslativas de dominio de cada una de las parcelas, la Legislatura bonaerense sancionó repentinamente la ley 14.174 aquí atacada, declarando nuevamente de utilidad pública y sujetos a expropiación los mismos inmuebles otrora expropiados por la ley 11.959 declarada inconstitucional por esta Corte, de la cual —dice— copió palabra por palabra, salvo la titularidad registral de dos parcelas que cambiaron de dueño durante el tiempo transcurrido entre la aprobación de ambas normas.
Sostiene también que los fundamentos de la nueva ley contradicen abiertamente lo resuelto en los autos "O'Connor" cuando se afirma que "los actuales poseedores de estas tierras se encuentran viviendo allí desde hace más de veinticinco años", ya que en el referido proceso se determinó que las parcelas objeto de ambos procesos estaban totalmente desocupadas al momento de dictarse la sentencia en el año 2009 y que, con posterioridad al dictado de la norma, muy pocos de ellos fueron invadidos por intrusos apoyados por "punteros políticos".
Afianza su argumento en torno a la violación de la cosa juzgada, al considerar que existe una sentencia judicial firme contra la que no cabe medio de impugnación alguno que permita modificarla, y que ello se traduciría en una imposibilidad de dictar una ley posterior que tenga el mismo objeto que la ya declarada inválida por este Tribunal.
En ese orden de ideas, añade que existen entre ambos expedientes identidad de personas —mismos demandante y demandado—, identidad jurídica —declaración de inconstitucionalidad de la expropiación de las mismas parcelas— e identidad de hecho material —al tratarse de una nueva ley idéntica a la anterior— y que el instituto de la cosa juzgada vela por impedir que la judicatura se vea expuesta a posiciones contradictorias si se sometiera a decisión dos veces la misma pretensión.
Siendo todo eso así, considera que en la causa "O'Connor" ya quedó al descubierto la distorsionada apreciación de los hechos en que el legislador se basó anteriormente para fundar la expropiación de los lotes objeto de controversia, circunstancia fáctica que, a su criterio, se estaría reeditando en el presente proceso y, por lo tanto, ameritaría una idéntica respuesta de parte de este órgano judicial.
III. Mediante resolución de 14 de junio de 2017 se rechazó la medida cautelar requerida por la parte actora tendiente a que se suspendan los efectos de la ley 14.714 hasta el momento del dictado de la sentencia, al considerar este Tribunal que carecía de los elementos necesarios para comprobar si, efectivamente, existía analogía con las circunstancias de hecho en la que sustentó la decisión en el precedente "O'Connor", fundamentalmente en lo relativo al estado de ocupación de las parcelas sujetas a expropiación.
A la par, se decidió citar a juicio a la Municipalidad de San Isidro, teniendo en cuenta que lo que aquí se resuelva podría afectar a sus intereses.
IV. Corrido el traslado de la demanda, el 19 de diciembre de 2017 se presentó el señor Asesor General de Gobierno y se opuso a la admisibilidad de la pretensión.
En primer lugar, afirma que ella resulta formalmente improcedente. Esto mismo, puesto que por imperio del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Suprema Corte solo tiene competencia para conocer sobre la constitucionalidad de leyes si la impugnación versa sobre la norma considerada en abstracto, sin que pueda discutirse en este tipo de procesos la afectación concreta de derechos y que, en el caso, se estaría cuestionando la aplicación que de la ley 14.714 se hizo al señor Falco.
Luego, sostiene que el actor no acredita afectación de interés económico alguno, toda vez que el valor que estaría dispuesto a aceptar por parte de la Municipalidad de San Isidro por la venta de su inmueble no debería ser distinto del que podría resultar si el bien fuese definitivamente expropiado por la Provincia de Buenos Aires, por lo que el actor no podría acreditar ningún interés legítimo lesionado por la norma que impugna. Máxime, teniendo en cuenta que el agravio central de la demanda es la violación a su derecho de propiedad.
Añade que la parte actora carece de legitimación para impugnar la ley 14.714 en su integridad, en tanto acreditó ser titular dominial de solamente uno de los nueve inmuebles sujetos a expropiación, sin pretender la representación de los demás propietarios alcanzados por la norma.
Con relación a la alegada vulneración al principio de la cosa juzgada, manifiesta que lo pretendido en esta litis no es similar a lo ya abordado en los autos "O'Connor". Justamente, al tratarse la ley 14.714 de una norma distinta a la ley 11.959, lo que acarrearía un distinto objeto procesal entre ambos expedientes.
Para el caso, añade que la ley 11.959 fue declarada inconstitucional en la causa I. 2.107 porque se comprobó allí que no existió causa de utilidad pública previo a su dictado, pero que en el presente proceso no hay ninguna prueba en ese aspecto, careciendo entonces de relevancia que se trate de los mismos demandados y de las mismas parcelas expropiadas, puesto que existieron hechos posteriores justificantes de la utilidad pública que motivaron la sanción de la ley 14.714.
En esa inteligencia, explica que hubo concretas circunstancias fácticas consideradas por el legislador como fundamentos de esta nueva expropiación, como el hecho de que "los actuales poseedores de estas tierras se encuentran viviendo allí desde hace más de 25 años", que "la necesidad de implementar planes urbanísticos... requiere en todos los casos previa regularización dominial de los terrenos", que antes la cantidad de familias que ocupaban el predio eran 15 y hoy son 38 y que "eliminar la precariedad jurídica que genera una situación de inestabilidad y vulnerabilidades en sus actuales ocupantes permitirá mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos".
Aduce que lo anterior se encontraría probado con lo que surge del expediente D-2679/13-14 acompañado en su contestación, ya que de allí se desprendería que al requerirse opinión a la Municipalidad de San Isidro en los términos del art. 4 de la ley 5.708, la comuna informó que se encontraba desarrollando un plan de radicación de los ocupantes del bien con el fin de que estos accedieran a una vivienda propia, pero que este no se estaba ejecutando aún. Y que no consistía en la adquisición de un inmueble para cada grupo familiar, sino en un simple subsidio económico totalmente insuficiente a los fines requeridos y supeditado a la condición de que los ocupantes se radicaran en otros municipios y o provincias, lo que —a su juicio— reflejaría, en verdad, la celebración de un instrumento de negocio inmobiliario entre la Municipalidad y los titulares registrales y no un plan de reorganización urbana. Especialmente, teniendo en cuenta que, de las familias que viven allí, todas, menos una, expresaron su voluntad de permanecer habitando en ese barrio, ya que realizan sus actividades básicas diarias en ese mismo lugar (como ir al colegio o a trabajar).
Por todos esos motivos, concluye que la ley 14.714 está apoyada en una aplicación razonable de las potestades constitucionales que tiene la Legislatura y que con su sanción no se afectó el derecho de propiedad de los actores, ya que la consecución del bien común y el favorecimiento de intereses públicos serían tangibles a poco de comprobar que la norma permite el acceso a inmuebles para la construcción de viviendas familiares a un enorme grupo de personas de bajos recursos.
V. El 15 de febrero de 2018 se presenta el apoderado de la Municipalidad de San Isidro y contesta la citación ordenada.
Allí, explica que ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11.959 efectuada por esta Corte en los autos "O'Connor", la comuna sancionó la ordenanza 8.806/15 con el fin de generar una solución habitacional para las personas que se encontraban ocupando los terrenos dentro del denominado barrio "Uspallata", reubicando a cada una de las familias en otro predio e incorporando todas las parcelas del predio al ejido urbano de la ciudad de Beccar.
Indica, además, que se iniciaron los primeros avances al respecto —mediante la reserva de compra a cada uno de los propietarios de los inmuebles donde se encuentra el asentamiento—, pero que la Provincia sancionó intempestivamente la ley 14.714 declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación esas tierras, por lo que se tornó inviable el referido plan habitacional y se vio obligada a abandonar la iniciativa.
Finalmente, afirma que la solución por ella prevista era superadora del mecanismo de la ley expropiatoria y que si se hubiera continuado ya se encontraría resuelto el problema de las familias allí instaladas.
VI. El 29 de septiembre de 2022 dictaminó el señor Procurador General, aconsejando hacer lugar a la demanda interpuesta y que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.714.
VII. A través de la resolución de 6 de junio de 2023 se resolvió rechazar una presentación espontánea del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, por la que le solicitó a esta Corte que admitiera su intervención en la causa.
VIII. Por proveído de 29 de mayo de 2024 se ordenó librar oficio al señor Fiscal de Estado para que informara si se inició el juicio expropiatorio de los inmuebles a los que se refiere la ley 14.714. Ello, teniendo en cuenta que el propio art. 14 de la norma estableció el plazo de cinco años para considerar la expropiación abandonada, el cual fue luego prorrogado por 180 días desde la entrada en vigencia de la ley 15.290, sancionada el 30 de junio de 2021.
IX. El 1 de octubre de 2024 se recibió la respuesta de la Fiscalía de Estado, en la que precisa que "con respecto a las leyes 14.714 y 15.290, no se registra ningún antecedente judicial".
Agregada la prueba documental y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª ) ¿Corresponde declarar abstracta la controversia?
En caso negativo:
2ª ) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Teniendo en cuenta los términos en que cada una de las partes han expuesto su posición, el asunto constitucional que debe resolver esta Corte exige, previamente, establecer los efectos que la falta de inicio del juicio expropiatorio de los inmuebles identificados en la ley 14.714 podría tener sobre la pretensión deducida por el actor.
Ello, puesto que —como es sabido— los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal solo mientras se mantenga un real interés de quien promueve la demanda (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 73.059, "Liminal S.A.", sent. de 20-III-2019; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Aunque la causa de una demanda haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la alteración de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; I. 2.361, "Rodríguez", cit.; A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C.", sent. de 23-II-2021; B. 65.684, "Albezan", sent. de 3-II-2022, e.o.).
I.2. De los términos en los que fue deducida la pretensión se desprende que su único objeto es la obtención de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.714, en cuanto declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación una serie de terrenos ubicados en el partido de San Isidro, con el peculiar argumento de que su contenido sería idéntico al de la ley 11.959, la cual fue invalidada por este Tribunal en los autos I. 2.107, "O'Connor, Alberto Marcos y otro s/ inconstitucionalidad ley 11.959", fallada el 18 de febrero de 2009 y, entonces, se trataría de una ley violatoria de la cosa juzgada.
Sin embargo, advierto que la propia norma que aquí se cuestiona estableció en su art. 13 un plazo de cinco años para considerar abandonada la expropiación respecto a los inmuebles allí consignados, exceptuándola de los alcances del art. 47 de la Ley General de Expropiaciones N° 5.708, que dispone que: "Se considerará abandonada la expropiación, salvo disposición expresa de la ley especial, si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos (2) años de sancionada la ley que los autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados...".
También he de remarcar que, una vez vencido el plazo allí indicado, la Legislatura sancionó la ley 15.290 a través de la cual lo prorrogó por única vez por el término de 180 días desde su entrada en vigencia, la que ocurrió el 23 de julio de 2021.
Siendo así y considerando que a la fecha en que se recibió la respuesta del señor Fiscal de Estado (v. oficio de 1-X-2024) todavía no había sido iniciado el correspondiente juicio de expropiación de los inmuebles objeto declarados de utilidad pública y sujetos a ese mecanismo por la ley aquí impugnada, debe concluirse que la expropiación ordenada por la ley 14.714 se encuentra actualmente abandonada en los términos del art. 47 de la ley 5.708, habiéndose vencido holgadamente el plazo fijado para concretarla.
I.3. Lo expuesto es revelador de que cualquier pronunciamiento sobre la constitucionalidad de su contenido resultaría a estas alturas inoficioso, en tanto que, si el mencionado proceso no es promovido dentro de los plazos legales, la declaración de utilidad pública por voluntad del legislador se vuelve inexistente y, por lo tanto, los bienes que aquella afectaba dejan de ser expropiables. Al fenecer, va de suyo que ellos ya no pueden ser desapoderados o, en otras palabras, operado el abandono la potestad de expropiar en el caso concreto caduca (conf. Villegas Basavilbaso, Benjamín; Derecho Administrativo , Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1956, tomo VI, págs. 446/447 y Marienhoff, Miguel Santiago; Tratado de Derecho Administrativo , 6ta. Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Tomo IV, págs. 362/363).
Con lo cual, es evidente que el interés del demandante en la invalidación de la ley 14.714 ha desaparecido, pues aun con la prórroga dispuesta en la ley 15.290 y sin abrir juicio acerca de esta última, aquella ha perdido la posibilidad de producir los efectos para los cuales fue sancionada y que dieron lugar a esta queja.
Mal podría procurarse, entonces, intentar componer un conflicto inexistente, pues el resultado sería un pronunciamiento meramente teórico, insustancial e inoficioso y, por ello, impropio de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic SA", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken IPE S.A." e I. 1.526, "Copetro S.A.", resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causas I. 1.279, "García y Cía. SA", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX-1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso SAPA", resol. de 19-VIII-1997; e.o.).
I.4. Confirma lo anterior la circunstancia de que al pedido de condena declarativa de inconstitucionalidad no haya sido acumulada alguna otra pretensión de naturaleza accesoria que pudiera —por vía del dictado de esta sentencia— compeler a la demandada a —por ejemplo— reparar daños, subsistiendo de esa manera materia sobre la cual pronunciarse útilmente. Como nada de esto ha ocurrido, lo que habré de proponer se impone.
I.5. Por todas esas razones, corresponde declarar extinguida la controversia, al haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (conf. arts. 163 inc. 6, 164 y 688, CPCC).
II. En cuanto a las costas, si bien se ha dicho que corresponde imponerlas en el orden causado cuando la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.636, "Colegio Internacional Sek Argentina SA", resol. de 21-VI-1995; I. 1.870, "Pérez Demarchi", sent. de 31-V-2000; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 2.264, "Figueroa Alcorta", sent. de 28-XII-
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