Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
I.74.037 "ASOCIACION CIVIL CAMARA DE NATATORIOS Y AFINES CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 14.798"
La Plata, 16 de octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y Pettigiani dijeron:
I. La Asociación Civil "Cámara de Natatorios y Afines" promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con relación a la ley 14.798, al considerar que ésta infringe los arts. 1, 10, 11, 15, 25, 27, 31, 35, 56 y 57 del texto fundamental.
II. En primer lugar, afirma que las disposiciones de la ley impugnada incursionan en aspectos esenciales de las relaciones jurídicas individuales derivadas del contrato de trabajo, materia propia y exclusiva del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.), vulnerando así lo dispuesto en el art. 1 y las garantías consagradas en el art. 27 de la Constitución local. Al respecto, invoca precedentes de este Tribunal en donde se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 5, 6, 7, 9 primera parte y 10 del decreto 27/89 emitido por el Poder Ejecutivo provincial, entendiendo que se trata de una normativa de similar contenido a la aquí cuestionada.
Asimismo, sostiene que la ley objetada sería irrazonable, en la inteligencia de que no diferencia, de un lado, entre las distintas situaciones en las que podrían encontrarse quienes explotan natatorios según su tamaño, el uso que se les da y la magnitud del emprendimiento en las que se encuentran y, del otro, entreéstos y el resto de los ambientes acuáticos que quedan englobados dentro del ámbito de aplicación del art. 2. Así, pone como ejemplo la obligatoriedad de proveer ciertos elementos de seguridad en cabeza de todos los empleadores de guardavidas, aduciendo el absurdo en el que se encontrarían algunos natatorios al tener que suministrar piezas como bloqueador solar, un malacate con trescientos metros de soga náutica, un mástil, una casilla y un mangrullo, entre otros (art. 22 incs. "a" apt. 4 y "b" apt. 1, 2, 4 y 10), considerando que tales exigencias deberían referirse exclusivamente a otros espacios acuáticos como los balnearios costeros.
En otro orden, entiende que la inconstitucionalidad de la ley impugnada debe considerarse "in totum", como complejo normativo íntegro, al subvertir el derecho a la libertad y el llamado "principio de subsidiariedad" mediante el establecimiento de un sistema que considera sectorial y sindical.
Finalmente, plantea que en el caso el Poder Legislativo se ha arrogado facultades propias del Poder Ejecutivo al emitir una norma excesivamente reglamentaria, que aborda cuestiones relacionadas con su ejecución y aplicación. En este sentido, señala que, en el caso, es el propio legislador quien crea la Autoridad de Aplicación y le otorga facultades indeterminadas (art. 30), lo que atentaría contra el principio de vinculación positiva al que debe someterse el ente administrativo.
En este esquema, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos de la ley 14.798, hasta tanto se dicte sentencia. Al respecto, añade que la vigencia del precepto en pugna genera una carga económica imposible de solventar para una gran cantidad de los establecimientos natatorios que la parte actora representa (v. fs. 52 vta.).
III. A fs. 69, como consecuencia de la posterior publicación del decreto 2551/15 reglamentario de la ley bajo análisis, se le confirió un plazo de cinco días a la parte actora para que formule las alegaciones que considere pertinentes. No obstante, insiste con los agravios planteados, argumentando que en la reglamentación se replica las objeciones formuladas.
IV. Este Tribunal ha resuelto con reiteración que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1° del CPCC; cfr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. causa B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (cfr. doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (conf. I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
V.1. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso preventivo consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia a dictarse y, por tanto, la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende -como se dijo- de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, con las particularidades ya señaladas en el terreno de la inconstitucionalidad de las normas que pueden ser impugnadas por vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida cautelar solicitada, no surgen acreditados.
En efecto, si bien acierta la parte actora en que la normativa cuestionada, como resultado de la deficiente redacción dada al art. 19 inc. "c", impone ciertas condiciones sin hacer las distinciones necesarias para el universo de situaciones que quedan englobadas dentro de su extenso ámbito de aplicación (art. 2), toda vez que aun cuando formula un distingo entre piletas cuya superficie sea de más o menos de trescientos metros cuadrados, impone que el servicio de guardavidas sea prestado por la misma cantidad mínima de agentes, no es posible entrever las consecuencias irreversiblemente dañosas como derivación de su aplicación a la accionante.
Ello, tal como lo resolvió esta Suprema Corte al decidir sobre el pedido de suspensión de la ley 14.798 formulado por parte de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (I. 73.999, resol. de 4-IX-2019), a la luz de las disposiciones del decreto 2551/15, que en su art. 19 establece que "...cuando se trate de natatorios o ámbitos acuáticos de hasta trescientos (300) metros cuadrados la Autoridad de Aplicación estará facultada para permitir la implementación del servicio de un (1) guardavidas por cada cien (100) personas o fracción, siempre que se encuentre garantizado el buen funcionamiento del servicio de seguridad y el resguardo de las vidas humanas dadas las características del ambiente acuático".
Lo anterior, adviértase también, no importa un agravamiento de la situación de hecho y de derecho existentes, pues el decreto 27/89 que regía la actividad en cuestión previo a la sanción de la ley 14.798 contiene, en lo que aquí interesa, una disposición similar a la transcripta (art. 11 inc. "b").
V.2. Asimismo, en relación a los requisitos impuestos en el art. 22 -de cuya exigencia también se agravia la accionante-, la solución no difiere. Ello, toda vez que el inc. "b" claramente no resulta aplicable a los natatorios sino a los puestos de guardavidas indicados en el art. 19 inc. "e", que remite a los balnearios señalados en los incisos "a" y "b" de dicho artículo, aspecto que no alcanzaría a los establecimientos que la accionante agrupa. En cuanto a los restantes elementos requeridos, no lucen en esta etapa liminar del juicio como una exigencia irrazonable, máxime para quienes desarrollan una explotación y prestan un servicio que involucra una actividad de riesgo, como es el caso de quienes conforman la entidad actora.
V.3. En cuanto al agravio vinculado con la imposibilidad o dificultoso cumplimiento de los requerimientos legales a los que se enfrentarían los natatorios y que los expondría a eventuales sanciones o incluso a su quiebra, en esta instancia se carece de elementos que permitan cotejar la repercusión de la normativa en la concreta situación económica y financiera de cada establecimiento por el cual se acciona. Tanto es así, que es la propia actora quien ofrece en su demanda prueba al efecto de determinar un eventual daño patrimonial que torne económicamente inviable la actividad (v. fs. 60/61 y 66 vta.).
VI. Por tales razones, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas precautorias y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde denegar la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil "Cámara de Natatorios y Afines" en el punto VII de su demanda (conf. arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC y doctr. causa I. 73.999, "Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata" cit.).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Asociación Civil "Cámara de Natatorios y Afines" promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con relación a la ley 14.798, al considerar que ésta infringe los arts. 1, 10, 11, 15, 25, 27, 31, 35, 56 y 57 del texto fundamental.
Señala, en sustancia, que las disposiciones impugnadas incursionan en aspectos esenciales de las relaciones jurídicas individuales derivadas del contrato de trabajo, materia propia y exclusiva del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.), vulnerando los arts. 1 y 27 de la Carta local.
Entiende que la inconstitucionalidad del precepto impugnado debe considerarse "in totum", como complejo normativo íntegro, al subvertir el derecho a la libertad y el llamado "principio de subsidiariedad" mediante el establecimiento de un sistema que estima sectorial y sindical.
Alega que el dispositivo censurado no diferencia situaciones distintas en las que podrían encontrarse quienes explotan natatorios según su tamaño, el uso que se les da y la magnitud de sus emprendimientos. Así, considera que las exigencias de contar con ciertos instrumentos y materiales deberían referirse exclusivamente a otros espacios acuáticos como los balnearios costeros.
Finalmente, postula que el Poder Legislativo se ha arrogado facultades propias del Poder Ejecutivo al sancionar una norma excesivamente reglamentaria, que abarca cuestiones respecto a su ejecución y aplicación. Al respecto, manifiesta que es el mismo legislador quien crea la Autoridad de Aplicación, delegándole una suma indeterminada de facultades (art. 30).
II. 1. El art. 19 inc. c de la Ley 14.789 determina que es facultad y responsabilidad del empleador la implementación de los servicios de Guardavidas, para una correcta atención de los sectores de influencia, la cual no podrá ser inferior a dos (2) expertos por cada cien (100) personas o fracción en caso de natatorios o ámbitos acuáticos de hasta tres cientos (300) metros cuadrados y dos (2) de ellos cada cien (100) personas o fracción en caso de natatorios o ámbitos acuáticos de más de tres cientos (300) metros cuadrados.
II.2. Una discreto análisis hermenéutico del artículo reseñado, deja al desnudo que la obligación que impone el art. 19 inc. "c" de contratar dos guardavidas por cada cien personas o fracción, de seguido considerada como cantidad mínima e indispensable (art. 19 inc. "d"), aparece desprovista de la precisión necesaria en un contexto sumamente amplio y variado como el aprehendido por la ley, dentro del cual naturalmente se encuentran ciertos natatorios que no pueden ser asimilados, sin más, a los establecimientos genéricos allí enumerados.
II.3. El decreto 2551/15 reglamentó el dispositivo en tratamiento apuntando que cuando se trate de natatorios o ámbitos acuáticos de hasta tres cientos (300) metros cuadrados la Autoridad de Aplicación estaría facultada para permitir la implementación del servicio de un (1) guardavidas por cada cien (100) personas o fracción, siempre que se encuentre garantizado el buen funcionamiento del servicio de seguridad.
II.4. La apuntada deficiencia que revela el concepto legal, no es superada en el citado texto reglamentario.
En efecto el rango diferencial creado entre los espacios acuáticos de hasta trescientos metros, combinado con la presencia de cada 100 personas o fracción, determina un universo de situaciones suficientemente amplio que impide su asimilación e identificación con categórico normativo. Con un giro inverso, el precepto en tratamiento asimila espacios acuáticos a toda superficie menor a trescientos metros cuadrados y que cuenten con cien personas, aunque en sus dimensiones y concurrencias resultasen sensiblemente inferiores.
II.5. Este Tribunal ha predicado que el principio o garantía de igualdad ante la ley impone un trato igual a quienes se hallan en iguales circunstancias y, por tanto, se ha dicho que no es un principio absoluto. El legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios ("Acuerdos y Sentencias", 1986-II-323; 1988-II-330; 1988-IV-786, entre muchas otras).
II.6. Los elementos destacados hasta aquí, en función de los defectos normativos apuntados, valorados en el estrecho marco de conocimiento que resulta de la naturaleza de este estadio del proceso, me llevan a concluir que es preciso acceder a la requisitoria actoral.
II.7. Siendo así corresponde decretar la suspensión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, de los efectos del art. 19 inc. "c" de la ley 14.798 (arts. 230, 232 y concs., CPCC), lo que importa que la autoridad de aplicación no podrá exigir el cumplimiento de esa norma a los titulares de establecimientos natatorios nucleados en la entidad actora.
Dada la naturaleza de la cuestión involucrada, debe dejarse establecido que respecto al servicio de guardavidas en los natatorios nucleados en la entidad actora, mientras dure la suspensión dispuesta en el párrafo anterior, regirá lo establecido en el art. 11, proemio e inciso "b", del decreto 27/89.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Pe-Ge
Reg. Nº 508
Fin de la sentencia