Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74030
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani.
I. La Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar, por apoderado, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, en cuanto sostienen que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional.
Sostiene que los arts. cuestionados de esa ley, contravienen lo normado por los arts. 1, 11, 27, 39 apartado 2 y 103 de la Constitución provincial; 1, 31, 75 inc. 12 y 22, 121 y 126 de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el señor Asesor Ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno, quien contesta la demanda y solicita su rechazo con imposición de costas a la parte actora.
III. Glosado el cuaderno de pruebas de la actora, vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, no habiendo hecho uso las partes de ese derecho, oído el señor Procurador General, la causa se halla en estado de dictar sentencia decidiendo la Suprema Corte plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la pretensión de la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Asociación de Concesionarios de Unidades Fiscales y Turísticas de Pinamar (Asociación de Concesionarios de Unidades Fiscales del Municipio Urbano de Pinamar, conforme estatuto, v. fs. 10/20) expresa haber cumplido con los requisitos de admisibilidad para promover la presente acción, por resultar parte interesada en la medida en que la norma impugnada menoscaba sus derechos y el de los miembros que la integran.
Manifiesta que representa a los concesionarios de unidades fiscales del municipio de Pinamar (arts. 1, inc. "a" y 2 inc. "j", de su estatuto, v. fs. 10/20) por lo que cuenta con mandato expreso de sus integrantes para defender los intereses del sector, confiriéndole legitimación suficiente.
Sostiene que la entidad posee una "doble legitimación", en su carácter de representante de los concesionarios y, además, como afectada directa por ser parte signataria del Convenio Colectivo de Trabajo 425/05, homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expte. 1.098/04, v. fs. 32/38), cuyas disposiciones convencionales preexistentes se ven alteradas por las normas controvertidas.
Plantea que los artículos puestos en crisis son inconstitucionales pues han avanzado sobre temas concernientes a las relaciones laborales entre los guardavidas y los concesionarios de playas y balnearios, conculcando los arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Añade que se violentan el derecho de propiedad, la libertad de trabajo, la igualdad y la supremacía del derecho federal.
Denuncia la sanción por el Congreso nacional de la ley 27.155, que regula la habilitación y ejercicio de la profesión de guardavidas, con la cual la ley provincial se superpone.
Afirma que la ley 14.798 -aquí cuestionada- regula el contrato de trabajo por temporada entre guardavidas y los concesionarios de playas de la Municipalidad de Pinamar. Pone de relieve que el objeto de dicha norma forma parte del derecho común y que como tal constituye materia que las provincias delegaron expresamente al gobierno federal (arts. 31, 75 inc. 12 y 126, Const. nac.).
Plantea que tales cuestiones avanzan sobre aspectos como: convocatoria, derechos de las partes, jornada y descansos, que exorbitan la competencia de la legislatura provincial, en tanto se refieren al contrato por temporada, regulado en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y que -insiste- forma parte del derecho común y resulta por ende contrario a los arts. 1, 11, 27, 39 apartado 2, 103 y concordantes de la Constitución provincial.
En sustento de su postura invoca el fallo de esta Corte sentado en la causa I. 1.448, "Ludueña" (sent. de 15-IV-1997), en el que se descalificaron los arts. 5, 6, 7, 9 -primera parte- y 10 del decreto 27/89 del Poder Ejecutivo provincial por reglamentar sobre materia delegada al Gobierno nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.) y por exceder el ámbito de la actividad de policía local (art. 121, Const. nac.).
Trae a consideración del Tribunal la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la causa L. 109.020, "Brandan", sentencia de 4-VI-2014, en la que se reiteró la invalidez de una norma local para reglamentar aspectos de una relación jurídica de derecho común.
Postula como argumento que refuerza su posición, que los artículos discutidos, en tanto establecen un régimen especial para los guardavidas y que solo beneficia a quienes desarrollan sus actividades en la Provincia de Buenos Aires, afecta la garantía de igualdad.
Luego de transcribir las normas puestas en crisis, destaca que el art. 12 de la ley 14.798 resulta arbitrario y vulnera el principio de razonabilidad (arts. 28 Const. nac. y 56 Const. prov.) pues fija un período de 150 días uniforme para toda la Provincia, ya sean playas, piletas o cualquier espacio acuático, lapso en que los guardavidas se encuentran obligados a permanecer en funciones, independientemente de que se desarrolle alguna actividad en ese ámbito.
También aduce que el precepto impugnado conculca el principio de autonomía privada colectiva inherente al derecho a celebrar convenios colectivos de trabajo reconocido por el art. 14 bis de la Constitución nacional y 39 apartado 2 de la Constitución provincial y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 98 y 154. Esto por regular aspectos del contrato de trabajo por temporada que estaban previstos en el Convenio Colectivo 425/05.
En respaldo de su posición cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia nacional.
Finalmente plantea el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor Ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas.
Si bien afirma que la ley 14.798 viene a cubrir un vacío legal, reconoce que dos meses antes de su promulgación, el Congreso nacional sancionó la ley 27.155 de "Ejercicio Profesional de Guardavidas".
En primer lugar, considera inadmisible resolver el planteo de inconstitucionalidad referido a los arts. 12 y 18 inc. 3 de la ley puesta en crisis, pues idéntica previsión se encuentra en la ley nacional. Explica que una resolución en tal sentido no produciría efecto jurídico alguno en la esfera de los derechos de la actora, habida cuenta que similares disposiciones nacionales la obligan y alcanzan de igual modo.
Señala que la actora respalda su pretensión en los fundamentos del pronunciamiento de esta Corte en la causa "Ludueña" (I. 1.448, sent. de 15-IV-1997), por la cual se declaró la invalidez constitucional de algunos artículos del decreto 27/89. Resalta que su fuerza vinculante queda relativizada pues se resolvió en el marco de una estrecha mayoría y con el voto de seis Magistrados que ya no integran el Tribunal.
Rechaza las objeciones expuestas en la demanda con relación a los arts. 12 y 16 de la ley 14.798, por los que se establece la extensión mínima de la prestación de servicios por temporada y el horario de la jornada pues, según entiende, no tienen otra finalidad que garantizar la prestación del servicio de guardavida, propia del poder de policía de la actividad.
Consigna que con ello se persigue asegurar una adecuada y permanente vigilancia y seguridad a los bañistas y resulta competencia privativa de la Provincia, conforme los arts. 39 inc. 1, segundo párrafo de la Constitución provincial; 121, 122 y 126 de la Constitución nacional.
Afirma que los impugnados arts. 14 y 15, si bien podrían caer bajo la competencia del legislador nacional (cfr. art. 75 inc. 12) en cuanto aseguran derechos determinativos de los salarios de los guardavidas, hallan sustento constitucional en el art. 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial, toda vez que el Estado nacional omitió regular tales extremos en la ley 27.155.
En punto al art. 18 incs. 1 y 3, indica que encuentra fundamento en hacer regir el principio de estabilidad en el empleo, protegiendo la relación laboral del trabajador cuya prestación es inestable.
Sostiene que el inc. 1 del art. 18 cubre el vacío dejado al respecto por la ley nacional 27.155 y que no encuentra amparo específico y suficiente en la Ley de Contrato de Trabajo.
Concluye que la ley 14.798 se limita a reglamentar cuestiones e intereses netamente locales que hacen a la seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes de la Provincia en las playas de la costa atlántica y ello en ejercicio de facultades propias en materia de poder de policía laboral local.
Solicita el rechazo de la demanda y deja planteado el caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48.
III. El señor Procurador General dictaminó en sentido favorable a la pretensión actora.
IV. Con el objeto de enmarcar el caso, corresponde señalar que los artículos de la ley 14.798 (BO de 19-XI-2015) puesta en crisis, disponen:
" ARTÍCULO 12.- Fíjase como período mínimo de prestación de servicios de temporada, el de ciento cincuenta (150) días corridos a partir del primer día de habilitación del servicio, debiendo extenderse obligatoriamente hasta su cese para todos aquellos trabajadores descriptos en el Artículo 19 inc. a y b.
ARTÍCULO 14.- Para todo efecto de la relación laboral la función como guardavidas será equivalente [...] [a] un (1) año por cada período mínimo de prestación de servicio. La misma será remunerada.
ARTÍCULO 15.- Al personal designado en carácter de Guardavidas se le reconocerá sin perjuicio de lo dispuesto por cualquier otra normativa legal, como mínimo el derecho a percibir las siguientes retribuciones de acuerdo a lo establecido en la presente Ley: el salario básico, bonificación por presentismo, adicional por tarea riesgosa, adicional por antigüedad, compensación por descanso anual no gozado, el franco semanal no gozado, el sueldo anual complementario, los convenios colectivos y ordenanzas si es que el empleador es un Municipio.
ARTÍCULO 16.- Con la finalidad de asegurar una adecuada y permanente vigilancia y seguridad a los bañistas, los Guardavidas desempeñarán sus tareas en los horarios establecidos por cada jurisdicción, siendo la jornada laboral de seis (6) horas diarias corridas.
ARTÍCULO 17.- El franco no gozado será remunerado.
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las instalaciones relativas a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas características requieran la contratación de guardavidas, deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de los demás previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
1. Tendrán garantizada su contratación aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren sanciones que los inhabiliten para el ejercicio de la profesión de guardavidas [...] 3) Trabajo por temporada. Previo al inicio de cada temporada, correspondiente a cada ambiente acuático los empleadores procederán en forma fehaciente a citar o notificar, dentro de un período no menor a treinta (30) días corridos, a los empleados para cubrir los puestos de guardavidas ".
V. Corresponde tratar, en primer término, la petición efectuada por el señor Asesor Ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno de que se declare inadmisible el planteo de inconstitucionalidad referido a los arts. 12 y 18 inc. 3 de la ley puesta en crisis.
Funda su reparo afirmando que "...carece de virtualidad todo debate en torno a la validez o invalidez constitucional de aquellas disposiciones de la ley provincial en razón que igual previsión existe en la ley nacional..." y que "...no expuso al demandar ningún agravio de naturaleza constitucional." (v. Contestación de demanda, pto. III.1.; fs. 65 vta.).
En mi criterio, la defensa opuesta resulta infundada.
Conforme lo dispone el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada" de lo cual se infiere que el objetivo de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
Esta Suprema Corte ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma general y abstracta, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado (doctr. "Acuerdos y Sentencias" 1960-VI-244; 1962-II-84; 1962-III-384; 1972-II-571; 1977-II-88; I-64 de 5-VIII-1980; I-945 de 17-XI-1981; causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata SA", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998 e I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999), de manera que en principio no resultan atendibles los agravios ajenos al contenido regulatorio de las medidas impugnadas (doctr. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994 e I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo SRL", resol. de 21-IX-2005). En tales condiciones, se ha resuelto que la demanda resulta formalmente improcedente (doctr. causas I. 2.018, "Club de Campo San Diego SA", sent. de 14-XI-2001; B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", resol. de 20-X-2004; B. 73.041, "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", resol. de 5-III-2014; B. 73.734, "C., A. V.", resol. de 12-VIII-2015 y B. 73.956, "Alfani SA", resol. de 22-XII-2015).
Añado que es indispensable precisar de qué modo la norma impugnada ha quebrantado o quebrantará las garantías constitucionales cuya tutela se procura (cfr. causa I. 1.270, "Casa Blanco", sent. de 18-IV-1989) y se ha impuesto, a la vez, que exista una relación directa entre aquélla y éstas (cfr. causas I. 1.516, "Aguas Minerales" e I. 1.517, "Lactona S.A.", sents. de 27-VI-1995). También se ha exigido que la actora "acredit[e] [...] que el ejercicio de algunos de [los] derechos constitucionales se halla afectado debido a la aplicación de la ley [...] cuya constitucionalidad se controvierte (cfr. causa I. 1.594, 'Procuración Gral. de la Suprema Corte', resol. de 09-III-1993), o demuestre de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional (cfr. causas I. 1.246, 'Ondarcuhu', sent. de 07-VI-1988; I. 1.287, 'Ilid', sent. de 28-III-1989)" (cfr. causa I. 69.624, "Stampi Sanguineti S.A.", sent. de 8-V-2019).
En ese escenario, advierto que la demanda controvierte en debida forma los preceptos puestos en crisis con los derechos y garantías de la Constitución provincial que invoca y también precisa de qué modo estos resultan quebrantados.
En definitiva, observo que la asociación actora expone en forma concreta el modo en que los artículos que se señalan de la ley 14.798, se extralimitan al regular aspectos de la relación laboral de los guardavidas e incursionan indebidamente en materia delegada por las provincias al Congreso nacional.
A diferencia de lo que se afirma en la contestación de demanda, la exposición efectuada en el escrito inicial resulta hábil para concretar un caso de índole constitucional, tal como exige el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
VI. Sentado ello y expuestas las posiciones de las partes, el asunto materia de decisión reside en determinar si los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, se encuentran en pugna con los principios y normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que se dicen conculcados.
En la demanda se invoca la afectación a la libertad de trabajo, igualdad, propiedad, también la vulneración de la libertad negocial y la autonomía colectiva inherente al derecho a celebrar convenios colectivos que garantizan los arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución nacional y 11, 27, 39 apartado 2 de la Constitución provincial. Esgrime, también, que la normativa es irrazonable.
La actora sostiene que las disposiciones de la ley impugnada ingresan en aspectos de la relación laboral entre guardavidas y concesionarios de playas derivados del contrato de trabajo, violentando la distribución de competencias legislativas entre la Nación y las provincias. Afirma que ello constituye un avance legislativo sobre materias propias de la legislación de fondo y delegadas al Gobierno federal (arts. 1, Const. prov. y 31, 75 inc. 12 y 126 Const. nac.). Trae como fundamento de su embate, lo resuelto por esta Corte al pronunciarse en la causa I. 1.448, "Ludueña" (sent. de 15-IV-1997).
Por su parte, el señor Asesor Ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno justifica la constitucionalidad de los preceptos. Afirma que la ley 14.798 se limita a reglamentar intereses netamente locales que hacen a la seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes de la Provincia y que ello constituye el ejercicio de facultades propias en materia de poder de policía laboral local.
Adelanto, sobre la base de los argumentos que seguidamente desarrollaré, que -en mi opinión- la demanda resulta fundada.
VI.1. El cuestionamiento de raíz constitucional formulado en la demanda está centrado en afirmar que las disposiciones de la norma local impugnada incursionan en materia de derecho común que es propia y exclusiva del Congreso nacional (arts. 75 inc. 12, 121 y 126, Const. nac. y 1, Const. prov.). En definitiva, plantea que la Legislatura provincial carece de facultades para legislar aspectos del contrato de trabajo por temporada, que constituyen "...materias que integran el 'código de trabajo' que solo al Congreso nacional le corresponde dictar (art. 75 inc. 12 de la C.N.)." (v. escrito de inicio, pto. IV., pág. 42, primer párrafo).
Este Tribunal tiene dicho que un modo adecuado para introducir agravios federales en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad es denunciando una infracción al art. 1 de la Constitución provincial (doctr. causas I. 1.448, "Ludueña" e I. 1.452, "Recreación Marítima", ambas sents. de 15-IV-1997; I. 1.631, "Labinca SA", sent. de 17-II-1998; I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado", sent. de 21-X-2009; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; e. o.). Dicha norma, en línea con lo prescripto por los arts. 121 y 126 de la Constitución nacional, atribuye a la Provincia de Buenos Aires "el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación".
Advierto que la actora ha formulado un argumento en tal sentido. Así, en el escrito de inicio ha denunciado que "...la ley provincial constituye un avance legislativo sobre materias que se encuentran delegadas al poder central, contraviniendo lo normado por los arts. 1, 31, 75 inc. 12 y 22, 121 y 126 de la C.N., así como los arts. 1, 11, 27, 39 ap. 2, 103 y concs. de la Const. de la Pcia. de Bs. As." (v. demanda, pto. VI., fs. 43, párrafo primero).
VI.2. En lo que al caso interesa, la ley local regula el ejercicio de la actividad de guardavida. Así, define la extensión mínima de duración de la temporada (art. 12), resuelve que para todo efecto de la relación laboral tal función será equivalente a un año por cada temporada cumplida (art. 1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.