Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y en consecuencia suspender la aplicación en el caso de los artículos 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 200, 204, 230, 232 y concs., CPCC).
I.78.040 “MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD LEY 14.798”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Carral dijeron:
I. El Intendente del Partido de Mar Chiquita interpone acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. "a", 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3, 19 inc. "a" y 22 inc. "c" y "d" de la ley 14.798 y, en consecuencia, determinar su inaplicabilidad a las relaciones de empleo entre el municipio y quienes prestan el servicio de guardavidas.
Denuncia que al reglamentar la actividad el legislador provincial se ha excedido en sus facultades, invadiendo competencias del Congreso de la Nación (cita arts. 75 inc. 12, Const. nac.) y transgrediendo, en consecuencia, lo dispuesto en el art. 1 de la Constitución de la Provincia.
Expresa que las disposiciones atacadas contradicen lo establecido por la norma nacional vigente y destaca especialmente que las municipalidades -en calidad de empleadoras- deben cumplir con las exigencias de la norma nacional por tratarse de una regulación que dispone sobre relaciones laborales.
En ese contexto, señala que los artículos cuestionados afectan "aspectos geográficos y económicos del servicio de seguridad en playas, que no fueron regulados en la ley Nacional, que además resultan de imposible cumplimiento para los Municipios con las características del Municipio de Mar Chiquita, que cuenta con una importante zona costera" y sumado al hecho de que la Provincia se ha inmiscuido en la regulación de una relación de empleo "en la cual participa de manera exclusiva el Municipio", concluye que se vulnera de manera directa la autonomía municipal (cita. arts. 192 y sigs., Const. prov.; 123, Const. nac. y jurisprudencia de este Tribunal).
Funda el planteo de inconstitucionalidad, además, en lo resuelto por este Tribunal en la causa "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (causa I. 74.030, sent. de 31-V-2021), ocasión en la que se declaró la invalidez constitucional de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, cuyo cuestionamiento es objeto de este proceso, por vulnerar los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12 y 121 de su par nacional.
Finalmente, solicita que se dicte una medida cautelar a su favor. Para esto, argumenta que se hallaría probada la verosimilitud del derecho invocado con la declaración de inconstitucionalidad que resulta de la sentencia aludida en el párrafo anterior y refuerza su posición en la doctrina que se desprende de una serie de fallos de este Tribunal. A ello añade la necesidad de disipar la incertidumbre en la cual se encuentra inmerso el municipio respecto de la norma aplicable y ante la proximidad de la temporada estival 2022-2023, circunstancias que evidenciarían el cumplimiento del requisito de peligro en la demora del código de rito.
II. El Asesor General de Gobierno Adjunto se presenta y se allana a la pretensión del Municipio accionante, en forma total e incondicionada (cfr. art. 307, CPCC).
Sostiene que en tanto el municipio demandante funda su pretensión en la doctrina sentada en la causa I. 74.030, “Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar” (sent. de 31-V-2021) y luego reiterada en la causa I. 73.986, “Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell" (resol. de 25-III-2022), es dable presumir que se aplique el mismo razonamiento en la presente.
III. En primer lugar y atento lo manifestado por el Asesor General de Gobierno, corresponde aclarar que esta Suprema Corte ha manifestado que el allanamiento -por la singular naturaleza de las cuestiones en debate, así como por los efectos de la decisión que recaiga- en esta clase de juicios, no obliga al tribunal a declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trate, pues lo contrario importaría dejar librado al arbitrio de quien se allana una facultad que le pertenece exclusivamente a esta Suprema Corte y, en ciertos casos, acordar al Poder Ejecutivo el ejercicio ilimitado del veto fuera de las oportunidades que en forma taxativa señala la Constitución (conf. "Acuerdos y Sentencias", serie 18ª, VI-453; 1957-IV-244; 1959-IV-30; 1961-IV-278; 1963-I-845; causas I. 1179, "Rosas", sent. del 27-IX-1983; I. 2104, "Calderon", sent. del 3-XI-2004; I. 2125, "Bringas de Salusso", sent. del 24-VIII-2005 e I. 2798, "Alonso", sent. del 10-X-2007; I. 68.942, "Rango", sent. del 4-IX-2013, I. 71.860, "Yaconis", sent. de 22-II-2017; I. 74.637, "Fariña", sent. de 10-IV-2019; e.o y arg. art. 307, CPCC).
En segundo término, es de interés advertir que el actor se limita a fundar el requisito impuesto por el código de rito bajo análisis en la sentencia de referencia que, conforme se señaló, declaró la inconstitucionaldiad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 y no así de los arts. 6 inc. "a", 13, 19 inc. "a" y 22 incs. "c" y "d", también cuestionados en autos y respecto de los cuales no se desarrolló consideración alguna a los fines de la tutela precautoria pretendida.
Además, entre los preceptos que aduna a su pretensión, los arts. 6 inc. "a" y 13 disponen sobre cuestiones que guardarían afinidad con la relación de trabajo en sí (requisitos de habilitación y sueldo mínimo) y los arts. 19 inc. "a" y 22 incs. "c" y "d", establecen facultades, responsabilidades y obligaciones del empleador con relación a la implementación del servicio de guardavidas (en concreto, un guardavida por cada ochenta metros o fracción de extensión en caso de playas marítimas y fluviales y lacustres, ya sean éstas naturales o artificiales, utilizadas como balnearios) y respecto de la provisión y control del uso de elementos de seguridad mínimos y obligatorios (desfibriladores automáticos DEA conforme a los protocolos de zona cardio-segura disponiéndolos de tal forma que permita su acceso en un tiempo de respuesta máximo de tres minutos de caminata y una embarcación a motor con equipo de comunicación por cada balneario o su equivalente hasta dos mil metros de costa).
Sentado ello, corresponde entonces, expedirse sobre la tutela preventiva requerida por el municipio actor.
IV. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020, e.o).
Así, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), este Tribunal ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la validez del precepto posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
En consecuencia, la verosimilitud del derecho -uno de los extremos requeridos por la ley adjetiva en los arts. 230, 232 y concordantes- inherente a la petición cautelar, debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de esta medida es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención -como se señaló- a la presunción de constitucionalidad que portan tales actos.
IV.1. En esa línea, respecto del cuestionamiento de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, resulta dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocada lo resuelto en la causa de referencia I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar" por este Tribunal, pues allí se descalificaron -por inconstitucionales- las mismas normas que aquí constituyen el planteo medular que formula la Municipalidad.
IV.2. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168 "Burgués", resol. de 30-IV-2003 y posteriores).
En esa inteligencia, los elementos de urgencia y probabilidad de consecuencias graves concurren en la litis con relación a los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 en tanto, durante el tiempo que pudiera eventualmente insumir el dictado de la sentencia definitiva y ante la invalidación constitucional antes referida, las partes implicadas no tendrán certeza sobre la norma que debería regir las relaciones de trabajo que las ligan.
Corresponde, por ende, la suspensión temporal de los efectos de las normas específicamente citadas en el párrafo precedente (art. 230 inc. 2, CPCC).
V. Ahora bien, claro está que no puede trasladarse la solución propiciada al análisis de los arts. 6 inc. "a", 13, 19 inc. "a" y 22 incs. "c" y "d", en tanto el municipio demandante se ha limitado a pretender fundar la verosimilitud exigida por el código de rito para este tipo de medidas en antecedentes jurisprudenciales que –como se indicó- no se han expedido respecto de estas normas en particular.
Tratándose, entonces, de preceptos que no constituyeron el objeto de lo resuelto por este Tribunal en los precedentes de referencia y advirtiendo –además- la ausencia de cuestiones diferenciables y/o elementos que permitan tener por configurado concretamente el agravio constitucional denunciado respecto de los arts. 6 inc. "a", 13, 19 inc. "a" y 22 incs. "c" y "d" cuestionados, en el estado actual del juicio el planteo efectuado respecto de éstas disposiciones –sencillamente- no excede del ámbito de lo meramente hipotético (doctr. causa I. 73.149, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 29-IV-2015; I. 72.454, "Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-VII-2018).
VI. Por las razones apuntadas, sin perjuicio de las posiciones manifestadas por las partes en el proceso y conforme se fundara la tutela precautoria en autos, corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 204, 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El planteo, tal como es formulado, carece de la contundencia necesaria para instituirse en pilar de la suspensión de los efectos de la ley puesta en crisis en el proceso.
Ello en tanto, aun en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.157, "Leguizamón", resol. de 18-XII-2019; I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020; I. 75.986, "Silguero", resol. de 26-II-2020; I. 76.241, "Ojeda", resol. de 23-XII-2020; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; e.o.).
II. En el presente, aun cuando se considerara probada la verosimilitud en el derecho del demandante con fundamento en lo resuelto en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ inconstitucionalidad ley 14.798", permanecería sin respaldo el recaudo de peligro en la demora; conforme al cual, la comuna debería explicar -al menos mínimamente- las razones por las cuales no podría aguardar al dictado de la sentencia de mérito sin sufrir un menoscabo de difícil o imposible reparación ulterior (conf. mi voto, causa I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022).
Los argumentos traídos a consideración del Tribunal y que sustentan el pedimento precautorio no se hacen cargo de este aspecto del planteo. Así, las exigencias impuestas por la legislación cuestionada no se presentan, de momento, como capaces de producir un daño grave e irreparable o el agravamiento significativo de la situación imperante, no obstante destacar que la magnitud del perjuicio que la normativa impugnada habría de irrogar a la Municipalidad de Mar Chiquita no se encuentra acreditada, ni se ofrece prueba tendiente a demostrarla.
En suma, la nuda invocación del antecedente jurisprudencial de referencia no resulta suficiente a los fines de tener por acreditados los extremos que el código de rito exige para el otorgamiento de este tipo medidas (conf. causas I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 22-XII-2015; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; e.o.).
Máxime a la luz de lo advertido supra en el punto V del voto plural que me antecede, al cual presto mi adhesión por ser conducente a la solución desestimatoria que aquí propicio.
III. En tales circunstancias, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y en consecuencia suspender la aplicación en el caso de los artículos 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 200, 204, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 12:53:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:18:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:09:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:58:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 12:04:07 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 28/12/2022 15:24:50 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/12/2022 15:25:06 hs. bajo el número RR-1331-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia