Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79552
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 200, 204, 230, 232 y concs., CPCC). Ello, bajo su responsabilidad, por lo que deberá prestar caución juratoria por medio de una presentación electrónica (arts. 199, 232 y concs., CPCC)
I.79.552 "MUNICIPALIDAD DE PINAMAR C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD LEY 14.798 (ARTS. 6 INC. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18 INCS. 1 Y 3)"
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Budiño y e l señor Juez doctor Mancini, dijeron:
I. El apoderado del municipio de Pinamar, en su representación, se presenta e interpone acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 y, en consecuencia, determinar su inaplicabilidad a las relaciones de empleo entre el municipio y quienes prestan el servicio de guardavidas.
Manifiesta que su condición geográfica presupone el impacto directo de la norma en crisis y de allí su interés por establecer su alcance respecto de las relaciones de empleo público municipal con el personal que se desempeña como guardavidas.
Denuncia que, al reglamentar la actividad, el legislador provincial se ha excedido en sus facultades, invadiendo competencias del Congreso de la Nación (cita art. 75 inc. 12, Const. nac.) y, con ello, lo dispuesto en el art. 1 de la Constitución de la Provincia.
Sostiene que la ley nacional 27.155 -que rige la materia- autoriza a los regímenes de empleo público local a regular este tipo de relaciones, siempre y cuando no se alteren los preceptos mínimos allí consagrados y, en consecuencia, una ley provincial como la aquí atacada no se erige como un instrumento válido para regular las relaciones entre el empleador y el personal que ejerce el servicio de guardavidas.
Denuncia distintas disposiciones de la ley 14.798 que -a su entender- contradicen lo establecido por la norma nacional vigente y destaca especialmente que las municipalidades -en calidad de empleadoras- deben cumplir con las exigencias de la norma nacional por tratarse de una regulación que dispone sobre relaciones laborales.
En consecuencia, señala que la ley cuestionada avanza sobre materia delegada al gobierno nacional, conducta que impacta en los derechos que le asisten al municipio, entre ellos, participar en la elección del personal con idoneidad para desempeñarse como guardavidas a su cargo. Denuncia que esta última circunstancia afecta, además, el principio de autonomía municipal reconocido en el art. 123 de la Constitución nacional y jurisprudencia de este Tribunal relativa a empleo público (conf. art. 192 y sigs., Const. prov.).
Funda el planteo de inconstitucionalidad en lo resuelto por este Tribunal en la causa "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (causa I. 74.030, sent. 31-V-2021), ocasión en la que se declaró la invalidez constitucional de la norma cuyo cuestionamiento es objeto de este proceso, por vulnerar los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12 y 121 de su par nacional.
Finalmente, solicita que se dicte una medida cautelar a su favor. Argumenta que se hallaría probada la verosimilitud del derecho invocado con la declaración de inconstitucionalidad que resulta de la sentencia aludida y refuerza su posición en la doctrina que se desprende de una serie de fallos de este Tribunal y el allanamiento presentado por la Asesoría General de Gobierno en la causa I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza", que versa sobre la misma cuestión.
Añade la necesidad de disipar la incertidumbre en la cual se encuentra inmerso el municipio de Pinamar respecto de la norma aplicable y ante la proximidad de la temporada estival 2024-2025, circunstancias que evidenciarían el cumplimiento del requisito de peligro en la demora del código de rito.
II. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
II.2. En esa línea, respecto del cuestionamiento de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, resulta dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocada lo resuelto en la causa de referencia I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar" por este Tribunal, pues allí se descalificaron -por inconstitucionales- las mismas normas que aquí constituyen el planteo medular que formula la Municipalidad.
Aún más, se destacan pronunciamientos de este cuerpo en los que se ha expedido en casos análogos al presente y resolviendo pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022; I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita" e I. 78.413, "Municipalidad de Villa Gesell", ambas resols. de 28-XII-2022).
III. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168 "Burgués", res. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.435, "Ferreyra Dominguez Ortiz" y sus citas, resol. de 11-VII-2024; e.o.).
En esa inteligencia, los elementos de urgencia y probabilidad de consecuencias graves concurren en la litis con relación a los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 en tanto, durante el tiempo que pudiera eventualmente insumir el dictado de la sentencia definitiva y ante la invalidación constitucional antes referida, las partes implicadas no tendrán certeza sobre la norma que debería regir las relaciones de trabajo que las ligan.
Corresponde, por ende, la suspensión temporal de los efectos de las normas específicamente citadas en el párrafo precedente (art. 230 inc. 2, CPCC).
IV. Ahora bien, claro está que no puede trasladarse la solución propiciada al análisis del art. 6 inc. "a", en tanto el municipio demandante se ha limitado a pretender fundar la verosimilitud exigida por el código de rito para este tipo de medidas en un antecedente jurisprudencial que -como se indicó- no se ha expedido respecto de esa norma en particular.
Tratándose, entonces, de un precepto que no constituyó el objeto de lo resuelto por este Tribunal en el precedente señalado y advirtiendo -además- la ausencia de cuestiones diferenciables y/o elementos que permitan tener por configurado -concretamente- el agravio constitucional denunciado respecto del art. 6 inc. "a", en el estado actual del juicio el planteo efectuado para esta disposición -sencillamente- no excede del ámbito de lo meramente hipotético (doctr. causas I. 73.149, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 29-IV-2015; I. 72.454, "Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-VII-2018).
V. Por las razones apuntadas y conforme se fundara la tutela precautoria en autos, corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 204, 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El planteo, tal como es formulado, carece de la contundencia necesaria para instituirse en pilar de la suspensión de los efectos de la ley puesta en crisis en el proceso.
Ello en tanto, aun en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.157, "Leguizamón", resol. de 18-XII-2019; I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020; I. 75.986, "Silguero", resol. de 26-II-2020; I. 76.241, "Ojeda", resol. de 23-XII-2020; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; e.o.).
II. En el presente, aun cuando se considerara probada la verosimilitud en el derecho del demandante con fundamento en lo resuelto en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ inconstitucionalidad ley 14.798", permanecería sin respaldo el recaudo de peligro en la demora; conforme al cual, la comuna debería explicar -al menos mínimamente- las razones por las cuales no podría aguardar al dictado de la sentencia de mérito sin sufrir un menoscabo de difícil o imposible reparación ulterior (conf. mi voto, causa I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022).
Los argumentos traídos a consideración del Tribunal y que sustentan el pedimento precautorio no se hacen cargo de este aspecto del planteo. Así, las exigencias impuestas por la legislación cuestionada no se presentan, de momento, como capaces de producir un daño grave e irreparable o el agravamiento significativo de la situación imperante, no obstante destacar que la magnitud del perjuicio que la normativa impugnada habría de irrogar a la Municipalidad de Pinamar no se encuentra acreditada, ni se ofrece prueba tendiente a demostrarla.
En suma, la nuda invocación del antecedente jurisprudencial de referencia no resulta suficiente a los fines de tener por acreditados los extremos que el código de rito exige para el otorgamiento de este tipo medidas (conf. causas I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 22-XII-2015; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; e.o.).
Máxime a la luz de lo advertido supra en el punto IV del voto plural que me antecede, al cual presto mi adhesión por ser conducente a la solución desestimatoria que aquí propicio.
III. En tales circunstancias, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 200, 204, 230, 232 y concs., CPCC). Ello, bajo su responsabilidad, por lo que deberá prestar caución juratoria por medio de una presentación electrónica (arts. 199, 232 y concs., CPCC)
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:59:18 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:40:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 09:01:09 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:11:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:17:05 hs. bajo el número RR-668-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia