Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78551
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 78.551, "Cámara de Balnearios, Restaurantes y Bares de Playa de Miramar c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 14.798", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Budiño , Mancini .
I. La Cámara de Balnearios, Restaurantes y Bares de Playa de Miramar se presenta por intermedio de su apoderado y promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, en cuanto sostiene que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional. Funda su planteo en los arts. 1, 11, 27, 39 inc. 2 y 103 de la Constitución provincial y 14, 16, 17, 18, 31, 75 incs. 12 y 22, 121 y 126 de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el señor Asesor General de Gobierno Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, quien se allana incondicionalmente a la demanda y, en consecuencia, solicita la eximición de las costas conforme lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. En oportunidad de contestar el traslado correspondiente, el apoderado de la parte actora acepta el allanamiento formulado por la parte demandada.
Oído el señor Procurador General, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la pretensión de la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Balnearios, Restaurantes y Bares de Playa de Miramar se presenta por intermedio de su apoderado y promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, en cuanto sostienen que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional (cita disposiciones de la ley nacional 27.155 y el Convenio Colectivo de Trabajo 425/05).
Manifiesta que las disposiciones cuestionadas, contravienen lo normado por los arts. 1, 11, 27, 39 inc. 2 y 103 de la Constitución provincial y 14, 16, 17, 18, 31, 75 incs. 12 y 22, 121 y 126 de la Constitución nacional.
Explica que la autoridad provincial ha avanzado sobre las relaciones laborales entre los guardavidas y los concesionarios de playas y afines, violando así disposiciones de la Constitución nacional, tratados internacionales y normas supralegales, atentando tanto contra garantías constitucionales tales como la igualdad, propiedad, libertad de trabajo, supremacía del derecho federal como así también conculcando "…la autonomía privada colectiva de las partes a través de normas estatales que afectan disposiciones convencionales en vigor y restringen hacia el futuro, cualquier negociación colectiva" (cita las leyes 20.744 y 27.155, Convenio Colectivo de Trabajo 425/05, Convenio OIT 98 y 154). Cita a su favor, distintos precedentes jurisprudenciales del Máximo Tribunal nacional y de esta Suprema Corte de Justicia.
Reseñan lo resuelto en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", en la que este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 por considerarlos violatorios de lo dispuesto en los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 126 del texto nacional.
A todo evento, plantean el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto se allana de forma real, incondicional, oportuna, total y efectiva a la pretensión articulada por la parte actora (cita art. 70, CPCC).
Funda su postura en la doctrina sentada por este Tribunal con fecha 31-V-2021 en oportunidad de dictar sentencia en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", referida en el apartado anterior. También, en la decisión interlocutoria en la causa I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Ley 14.798", en la que se hizo lugar a la medida cautelar solicitada con fundamento en aquella (resol. de 25-III-2022).
III. El señor Procurador General, conforme lo dispuesto en los arts. 307 y 687 del Código adjetivo, dictaminó que la demanda podría ser admitida y declararse la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (v. fundamentos del dictamen adjunto al trámite de fecha 19-III-2024).
IV. En primer lugar y atento lo manifestado por el señor Asesor General de Gobierno Adjunto, corresponde señalar que el allanamiento —por la singular naturaleza de las cuestiones en debate, así como por los efectos de la decisión que recaiga— en esta clase de juicios, no obliga al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trate, pues lo contrario importaría dejar librado al arbitrio de quien se allana una facultad que le pertenece exclusivamente a esta Suprema Corte y, en ciertos casos, acordar al Poder Ejecutivo el ejercicio ilimitado del veto fuera de las oportunidades que en forma taxativa señala la Constitución (conf. "Acuerdos y Sentencias", 1957-IV-244; causas I. 1.179, "Rosas", sent. de 27-IX-1983; I. 2.104, "Calderon", sent. de 3-XI-2004; I. 2.125, "Bringas de Salusso", sent. de 24-VIII-2005; I. 2.798, "Alonso", sent. de 10-X-2007; I. 68.942, "Rango", sent. de 4-IX-2013; I. 71.860, "Yaconis", sent. de 22-II-2017; I. 74.637, "Fariña", sent. de 10-IV-2019; e.o. y arg. art. 307, CPCC).
Con ese alcance corresponde a este Tribunal resolver sobre el planteo de inconstitucionalidad denunciado en autos.
V. El asunto materia de decisión reside en determinar si los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, se encuentran en pugna con los arts. 1, 11, 27, 39 inc. 2 y 103 de la Constitución provincial y 14, 16, 17, 18, 31, 75 incs. 12 y 22, 121 y 126 de la Constitución nacional. Ello en cuanto se sostiene que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno federal.
Sobre la base de los argumentos que seguidamente desarrollaré, adelanto que —en mi opinión— la demanda resulta fundada.
V.1. Las citadas normas disponen:
"ARTÍCULO 12.- Fíjase como período mínimo de prestación de servicios de temporada, el de ciento cincuenta (150) días corridos a partir del primer día de habilitación del servicio, debiendo extenderse obligatoriamente hasta su cese para todos aquellos trabajadores descriptos en el Artículo 19 inc. a y b".
"ARTÍCULO 14.- Para todo efecto de la relación laboral la función como guardavidas será equivalente [...] [a] un (1) año por cada período mínimo de prestación de servicio. La misma será remunerada.
ARTÍCULO 15.- Al personal designado en carácter de Guardavidas se le reconocerá sin perjuicio de lo dispuesto por cualquier otra normativa legal, como mínimo el derecho a percibir las siguientes retribuciones de acuerdo a lo establecido en la presente Ley: el salario básico, bonificación por presentismo, adicional por tarea riesgosa, adicional por antigüedad, compensación por descanso anual no gozado, el franco semanal no gozado, el sueldo anual complementario, los convenios colectivos y ordenanzas si es que el empleador es un Municipio.
ARTÍCULO 16.- Con la finalidad de asegurar una adecuada y permanente vigilancia y seguridad a los bañistas, los Guardavidas desempeñarán sus tareas en los horarios establecidos por cada jurisdicción, siendo la jornada laboral de seis (6) horas diarias corridas.
ARTÍCULO 17.- El franco no gozado será remunerado.
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las instalaciones relativas a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas características requieran la contratación de guardavidas, deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de los demás previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
1. Tendrán garantizada su contratación aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren sanciones que los inhabiliten para el ejercicio de la profesión de guardavidas [...] 3) Trabajo por temporada. Previo al inicio de cada temporada, correspondiente a cada ambiente acuático los empleadores procederán en forma fehaciente a citar o notificar, dentro de un período no menor a treinta (30) días corridos, a los empleados para cubrir los puestos de guardavidas ".
V.2. Conforme se ha indicado precedentemente, la cuestión sometida a tratamiento resulta análoga a las resueltas por este Tribunal en las causas I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (sent. de 31-V-2021), oportunidad en la que adherí al voto del por entonces colega, doctor Genoud e I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza- otros juicios. Cuestión de competencia" (sent. de 10-IX-2024), en la que acompañé el voto de la señora Jueza doctora Kogan.
En tales pronunciamientos esta Suprema Corte descalificó los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 por su contradicción a los textos constitucionales y es así que, las consideraciones efectuadas para arribar a esas decisiones guiarán —en lo medular— la solución de la presente controversia.
V.3. Este Tribunal tiene dicho que un modo adecuado para introducir agravios federales en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad es denunciando una infracción al art. 1 de la Constitución provincial (doctr. causas I. 1.448, "Ludueña" e I. 1.452, "Recreación Marítima", sents. de 15-IV-1997; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; e.o.). Dicha norma, en línea con lo prescripto por los arts. 121 y 126 de la Constitución nacional, atribuye a la Provincia de Buenos Aires "…el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación".
En el caso la actora ha formulado un planteo en tal sentido. Denuncia que las disposiciones en cuestión constituyen una violación flagrante de la forma federal de gobierno, la jerarquía de las normas, transgrediendo la distribución de poderes entre la Nación y las provincias y, por lo tanto, constituye un avance legislativo sobre materias que se encuentran delegadas al poder central (a tales efectos cita el art. 1 de la Const. prov. entre otras cláusulas constitucionales q hacen a la cuestión).
Verificada la admisibilidad del agravio por esta vía corresponde continuar con el pertinente análisis.
V.4.a. La actora sostiene que los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 deben ser declarados inconstitucionales, en tanto constituyen un avance de la Provincia sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional (cita arts. 1, 31, 75 incs. 12 y 22, 121 y 126, Const. nac. y 1, 11, 27, 39 inc. 2 y 103, Const. prov.).
Tal argumentación conlleva, liminarmente, a tener presente que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso "[d]ictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales"; y que en el diseño del sistema federal argentino, la norma de referencia se encuentra acompañada de otras que perfilan las relaciones y competencias que corresponden al gobierno federal y/o a los gobiernos provinciales, tales como los arts. 5, 31, 121, 123, 126 y concordantes.
En lo que al caso interesa, cobra especial relevancia lo dispuesto en el citado art. 121 que establece que "[l]as provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación" y que, en ese esquema constitucional, el art. 75 inc. 12 constituye una competencia delegada de las provincias al Poder Legislativo federal, y exclusiva de este último, con el fin de evitar contradicciones y lagunas jurídicas en materia "sustantiva".
Ahora bien, ello no impide que las provincias regulen cuestiones relativas a materias delegadas en el ejercicio de su poder de policía, siempre que se encuentren dentro del marco de acción reconocido en el texto constitucional. Equilibrio de por sí complejo y que ha sido materia de interpretación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. CSJN Fallos: 3:131; 159:326; 302:1181; 317:1195; 320:619; 327:1484; 327:3610; 330:4797; 331:1412; 331:2178; 333:2367; 337:854; e.o.). En este sentido, dicho Tribunal ha manifestado que el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados abusen en el ejercicio de aquellas, tanto si son propias como si son compartidas o concurrentes y, en esa inteligencia, los órdenes de gobierno deben encontrarse solo para ayudarse, nunca para destruirse (CSJN Fallos: 342:509 y sus citas). De conformidad con lo expuesto, sostuvo que los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (CSJN Fallos: 344:809 y sus citas; 346:1089; 346:103; e.o.).
V.4.b. En la especie, y tal como se mencionó en los precedentes I. 74.030 e I. 77.461 (ya citados), la ley local regula la actividad de guardavida: define la extensión mínima de duración de la temporada (art. 12), resuelve que para todo efecto de la relación laboral la antigüedad en tal función será equivalente a un año por cada temporada cumplida (art. 14); fija rubros que integran la retribución (art. 15); establece la jornada laboral de seis horas (art. 16) y que el franco no gozado será remunerado (art. 17); garantiza la contratación de los trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada anterior y ordena citarlos para cubrir los puestos de guardavidas (art. 18 incs. 1 y 3). Ello evidencia que, esos artículos controvertidos incursionan en aspectos de la relación sustancial del trabajo entre los guardavidas y sus empleadores.
Así, conforme se consideró en los precedentes mencionados, se advierte que el propósito de esas normas en crisis se encuentra referido a las relaciones jurídicas del campo del derecho laboral y propias del contrato de trabajo; dado que fijan la duración de la temporada, de la jornada laboral, los francos y la determinación de la remuneración (causas I. 74.030 e I. 77.461, cits.).
En consecuencia, resulta manifiesto que la materia regulada es propia del ámbito de competencia que las provincias han delegado en forma expresa en el gobierno federal y que, entonces, exclusivamente el Congreso nacional se encuentra facultado para legislar sobre el particular (art. 75 inc. 12, Const. nac.), no pudiendo los estados provinciales ejercer tal potestad (art. 126, Const. nac.) so riesgo de avasallar el principio consagrado en el art. 31 de la Carta fundamental (CSJN Fallos: 308:2569; 320:1344; 256:215; e.o.).
V.4.c. Por lo demás, en el ya mencionado precedente de esta Corte, I. 74.030, se agregó que el decreto 2.551/15 reglamentario de la ley 14.798 reconoce que algunas de sus normas abordan cuestiones propias del ámbito de competencia que las provincias han delegado en forma expresa en el gobierno federal (art. 75 inc. 12, Const. nac.) y señala que el Congreso de la Nación ha ejercido esa facultad con la sanción de la ley nacional 27.155.
En sus considerandos explica que "…varias de las materias contempladas en esta norma han sido delegadas por la Provincia en el Congreso de la Nación, que las ha ejercido mediante la sanción de la Ley Nacional N° 27.155, lo que deberá considerarse al momento de su aplicación (artículo 75 incisos 12, 19 y concordantes de la Constitución Nacional)".
V.4.d. En tales condiciones, asiste razón a la actora cuando afirma que el vicio constitucional que portan los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 es que regulan materia delegada al gobierno nacional por los arts. 75 inc. 12, 121 y 126 de la Constitución nacional.
VI. Del análisis precedente, concluyo que corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 impugnados en el proceso en tanto regulan respecto de las relaciones de trabajo, materia que las provincias han delegado al Congreso de la Nación, infringiendo de ese modo los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 126 de la Constitución nacional.
En consecuencia, los artículos de la ley 14.798 mencionados en el párrafo precedente no deberán en adelante ser aplicados a las relaciones laborales entre los representados por la Cámara actora y quienes prestan el servicio de guardavidas en el partido bonaerense de Miramar (art. 688, CPCC).
VII. En lo atinente a las costas, las mismas se imponen en el orden causado, atento que la pretensión prosperó sólo parcialmente y el allanamiento fue total (conf. arg. art. 71, CPCC).
Con ese alcance, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Torres.
En lo que concierne a la imposición en costas, advierto que. siendo que el allanamiento del señor Asesor General de Gobierno Adjunto se identifica plenamente con la demanda que tiene favorable acogida, las costas se imponen por su orden (conf. arts. 70 y 71, CPCC; v. presentación de 10-III-2023).
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Voy a acompañar, en lo principal, el acogimiento de la demanda propuesto por el doctor Torres, con el alcance y fundamentos que expusiere al votar en la causa I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", sentencia de 10-IX-2024.
II. Ante todo he de reiterar que si bien el allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno, en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad, no es preceptivo para el Tribunal —quien ha de resolver ejerciendo su propio juicio independiente (doctr. art. 307, CPCC; causa I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita", resol. de 28-XII-2022 y sus citas)—, existen en la especie otros elementos que inevitablemente refuerzan el reclamo de la parte actora, como es el reconocimiento efectuado en los considerandos del decreto 2.551/15 (reglamentario de la ley 14.798, aquí impugnada) de que varias de sus previsiones han de verse desplazadas por la vigencia de la ley nacional 27.155 de Ejercicio Profesional de los Guardavidas, por tratarse de una materia delegada a la Nación: la codificación del derecho laboral, en cuerpos unificados o separados (art. 75 inc. 12, Const. nac.). Se trata de un factor que prefigura el ejercicio del control judicial, pues se trata de admisiones esenciales sobre el principal punto de confl
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