Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79552
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa I. 79.552, "Municipalidad de Pinamar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 14.798 (arts. 6 inc.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18 inc. 1 y 3)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Mancini .
I. El por entonces Intendente de la Municipalidad de Pinamar, por intermedio del abogado apoderado del municipio, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, en cuanto sostiene que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional, además de afectar el principio de autonomía municipal.
Manifiesta que las disposiciones cuestionadas, contravienen lo normado por los arts. 1 y 192 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el señor Asesor General de Gobierno Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, quien se allana incondicionalmente a la demanda y, en consecuencia, solicita la eximición de las costas conforme lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Oído el señor Procurador General, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la pretensión de la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El por entonces Intendente del municipio de Pinamar, por intermedio del abogado apoderado del municipio, relata que los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 cuestionados, tienen un impacto directo en la jurisdicción del municipio dado el emplazamiento costero de este, incidiendo en la regulación de las relaciones de empleo público municipal con el personal que se desempeñe como guardavidas.
Sustenta la peticionada declaración de inconstitucionalidad de dichas normas, en el —según alega— exceso que ha cometido el legislador bonaerense al momento de reglamentar la actividad o servicio de guardavidas en su ámbito, que sobrepasa el de la actividad de policía local. En consecuencia, manifiesta que se infringe lo dispuesto en los arts. 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional y 1 de su par provincial.
Explica que la ley 27.155 regula el ejercicio profesional de guardavidas para todo el territorio nacional y deja a disposición de los gobiernos provinciales o municipales aquellos aspectos expresamente autorizados a ser complementados, es decir, mientras no alteren los preceptos mínimos consagrados en aquella (cita art. 2, ley 27.155). Así, resalta que la ley 14.798 en crisis "no se erige como instrumento válido para regular las relaciones entre el empleador y el personal que ejerce el servicio de guardavidas".
Respecto de las normas cuestionadas manifiesta, con relación al art. 6 inc. "a", que supedita la "calidad de 'guardavidas'" al cumplimiento exclusivo de los programas provinciales, en clara oposición con lo prescripto en la ley 27.155, en tanto prevén la intervención de las autoridades nacionales y dispone sobre la contratación, previsión social, seguridad y el Registro Nacional Público de Guardavidas, entre otras cuestiones que hacen al ejercicio de la actividad. Refiere que, como consecuencia de ello, al municipio no le es posible discernir quienes son las personas que se encuentran habilitadas para su ejercicio.
Por otra parte, argumenta que los arts. 18 inc. 3 y 14 cuestionados no se oponen a lo establecido en la ley nacional pero que, sin embargo, como se legislaron cuestiones relativas a las condiciones laborales, no deben tolerarse —tampoco— este tipo de cláusulas a la luz del esquema constitucional de atribución de competencias (cita art. 75 inc. 12).
Agrega que, en una situación similar se encontrarían los arts. 13, 15 y 17, que regulan sobre el sueldo mínimo, retribuciones en general y el franco no gozado. Señala que, si bien tales aspectos pueden ser objeto de un reconocimiento explícito en el marco de las regulaciones de empleo público y de las negociaciones colectivas, acarrean la misma consecuencia apuntada en el párrafo anterior, en particular, respecto de las atribuciones que la norma nacional confiere a los municipios (cita art. 2 inc."b", ley 27.155).
Denuncia, además, que los arts. 12 y 18 inc. 1 de la ley 14.798 resultan directamente "irreconciliables" con los principios constitucionales en juego. El primero de ellos refiere al aspecto temporal de la relación laboral y prescribe la extensión del período de prestación de servicio, en contradicción con la norma nacional que regula el período de "temporada" (cita art. 16, ley 27.155). En esa línea sostiene que es una intromisión indebida por parte de la Provincia toda vez que se trata de una materia que exclusivamente puede ser regulada por el Congreso nacional y que, en su caso concreto, "expande sus efectos en la organización económico-presupuestaria del Municipio".
El art. 18 inc. 1 es cuestionado en tanto expone que soslaya el recaudo de ingreso consagrado en la norma nacional —concurso público, art. 10 inc. "a" de la ley 27.155— al establecer que tendrán garantizada la contratación aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren sanciones que los inhabiliten para ejercer la actividad. Expresa, entonces, que el municipio no tiene incidencia alguna en lo que atañe a la elección de su personal y, en definitiva, en la organización del servicio.
Manifiesta que el análisis propuesto determina que la Provincia de Buenos Aires ha incurrido en un exceso ostensible al inmiscuirse en la regulación de una relación de empleo en la que participa de manera exclusiva el municipio y, en consecuencia, afecta el principio de autonomía municipal (cita art. 123, Const. nac.) y el régimen de empleo público consagrado en la Constitución local (cita jurisprudencia del Tribunal y el art. 192, Const. prov.).
Reseña lo resuelto en las causas I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" e I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza- otros juicios. Cuestión de competencia" (sent. de 10-IX-2024), en las que este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 por considerarlos violatorios de lo dispuesto en los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 126 del texto nacional.
A todo evento, plantea el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto se allana de forma real, incondicional, oportuna, total y efectiva a la pretensión articulada por la parte actora. En consecuencia, solicita el beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Funda su postura en la doctrina sentada por este Tribunal con fecha 31 de mayo de 2021 en oportunidad de dictar sentencia en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", referida en el apartado anterior. También, en la decisión interlocutoria en la que se hizo lugar a la medida cautelar solicitada con fundamento en aquella en la causa I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Ley 14.798" (resol. de 25-III-2022).
III. Finalmente, corresponde señalar que se encuentra vigente la medida cautelar solicitada y concedida parcialmente a la parte actora, mediante la cual se suspendió la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 200, 204, 230, 232 y concs., CPCC; resol. de 28-VIII-2024).
IV. El señor Procurador General, conforme lo dispuesto en los arts. 307 y 687 del Código adjetivo, dictaminó que la demanda podría ser admitida en forma parcial y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (v. fundamentos del dictamen adjunto al trámite de fecha 13-II-2025).
V. En primer lugar y atento lo manifestado por el señor Asesor General de Gobierno Adjunto, corresponde señalar que el allanamiento —por la singular naturaleza de las cuestiones en debate, así como por los efectos de la decisión que recaiga— en esta clase de juicios, no obliga al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trate, pues lo contrario importaría dejar librado al arbitrio de quien se allana una facultad que le pertenece exclusivamente a esta Suprema Corte y, en ciertos casos, acordar al Poder Ejecutivo el ejercicio ilimitado del veto fuera de las oportunidades que en forma taxativa señala la Constitución (conf. "Acuerdos y Sentencias", 1957-IV-244; causas I. 1.179, "Rosas", sent. de 27-IX-1983; I. 2.104, "Calderon", sent. de 3-XI-2004; I. 2.125, "Bringas de Salusso", sent. de 24-VIII-2005; I. 2.798, "Alonso", sent. de 10-X-2007; I. 68.942, "Rango", sent. de 4-IX-2013; I. 71.860, "Yaconis", sent. de 22-II-2017; I. 74.637, "Fariña", sent. de 10-IV-2019; e.o. y arg. art. 307, CPCC).
Con ese alcance corresponde a este Tribunal resolver sobre el planteo de inconstitucionalidad denunciado en autos.
VI. El asunto materia de decisión reside en determinar si los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, se encuentran en pugna con los arts. 1 y 192 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional, en cuanto la parte actora sostiene que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno federal. En ese contexto, se alega que se ve afectada la autonomía municipal en tanto las disposiciones de la ley impugnada ingresan en aspectos de la relación laboral, entre los guardavidas y el municipio, que se rigen por la norma nacional 27.155.
Sobre la base de los argumentos que seguidamente desarrollaré, adelanto que —en mi opinión— la demanda resulta fundada respecto de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (B. O. de 19-XI-2015).
VI.1. Las citadas normas disponen:
"ARTÍCULO 12.- Fíjase como período mínimo de prestación de servicios de temporada, el de ciento cincuenta (150) días corridos a partir del primer día de habilitación del servicio, debiendo extenderse obligatoriamente hasta su cese para todos aquellos trabajadores descriptos en el Artículo 19 inc. a y b. "
"ARTÍCULO 14.- Para todo efecto de la relación laboral la función como guardavidas será equivalente [...] [a] un (1) año por cada período mínimo de prestación de servicio. La misma será remunerada.
ARTÍCULO 15.- Al personal designado en carácter de Guardavidas se le reconocerá sin perjuicio de lo dispuesto por cualquier otra normativa legal, como mínimo el derecho a percibir las siguientes retribuciones de acuerdo a lo establecido en la presente Ley: el salario básico, bonificación por presentismo, adicional por tarea riesgosa, adicional por antigüedad, compensación por descanso anual no gozado, el franco semanal no gozado, el sueldo anual complementario, los convenios colectivos y ordenanzas si es que el empleador es un Municipio.
ARTÍCULO 16.- Con la finalidad de asegurar una adecuada y permanente vigilancia y seguridad a los bañistas, los Guardavidas desempeñarán sus tareas en los horarios establecidos por cada jurisdicción, siendo la jornada laboral de seis (6) horas diarias corridas.
ARTÍCULO 17.- El franco no gozado será remunerado.
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las instalaciones relativas a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas características requieran la contratación de guardavidas, deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de los demás previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
1. Tendrán garantizada su contratación aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren sanciones que los inhabiliten para el ejercicio de la profesión de guardavidas [...] 3) Trabajo por temporada. Previo al inicio de cada temporada, correspondiente a cada ambiente acuático los empleadores procederán en forma fehaciente a citar o notificar, dentro de un período no menor a treinta (30) días corridos, a los empleados para cubrir los puestos de guardavidas ".
VI.2. Conforme se ha indicado precedentemente, la cuestión sometida a tratamiento resulta -en parte- análoga a las resueltas por este Tribunal en las causas I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (sent. de 31-V-2021) oportunidad en la que adherí al voto del por entonces colega, doctor Genoud e I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza- otros juicios. Cuestión de competencia" (sent. de 10-IX-2024), en la que acompañé el voto de la señora Jueza doctora Kogan.
En tales pronunciamientos esta Suprema Corte descalificó los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 por su contradicción con los textos constitucionales y es así que, las consideraciones efectuadas para arribar a esas decisiones guiarán —en lo medular— la solución de la presente controversia.
VI.3. Este Tribunal tiene dicho que un modo adecuado para introducir agravios federales en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad es denunciando una infracción al art. 1 de la Constitución provincial (doctr. causas I. 1.448, "Ludueña" e I. 1.452, "Recreación Marítima", sents. de 15-IV-1997; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; e.o.). Dicha norma, en línea con lo prescripto por los arts. 121 y 126 de la Constitución nacional, atribuye a la Provincia de Buenos Aires "el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación".
En el caso la actora ha formulado un planteo en tal sentido, Denuncia que "la invasión que se ha producido con la sanción de la Ley N°14.798 de competencias que residen, de manera primaria, en el Congreso (conf. Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), las cuales han quedado de manifiesto con la aparición de la Ley N°27.155", advirtiendo en consecuencia "una manifiesta y profusa transgresión al Art. 1º de la CPBA" (apdo. VII, pto. 1, de la presentación electrónica de fecha 29-VII-2024).
Verificada la admisibilidad del agravio por esta vía corresponde continuar con el pertinente análisis.
VI.4.a. La actora sostiene que los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 deben ser declarados inconstitucionales, en tanto constituyen un avance de la Provincia sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional (cita arts. 1 y 192, Const. prov. y 75 inc. 12, 121 y 123, Const. nac.).
Tal argumentación conlleva, liminarmente, a tener presente que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso "[d]ictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales"; y que en el diseño del sistema federal argentino, la norma de referencia se encuentra acompañada de otras que perfilan las relaciones y competencias que corresponden al gobierno federal y/o a los gobiernos provinciales, tales como los arts. 5, 31, 121, 123, 126 y concordantes.
En lo que al caso interesa, cobra especial relevancia lo dispuesto en el citado art. 121 que establece que "[l]as provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación" y que, en ese esquema constitucional, el art. 75 inc. 12 constituye una competencia delegada de las provincias al Poder Legislativo federal, y exclusiva de este último, con el fin de evitar contradicciones y lagunas jurídicas en materia "sustantiva".
Ahora bien, ello no impide que las provincias, regulen cuestiones relativas a materias delegadas en el ejercicio de su poder de policía, siempre que se encuentren dentro del marco de acción reconocido en el texto constitucional. Equilibrio de por sí complejo y que ha sido materia de interpretación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. CSJN Fallos: 3:131; 159:326; 302:1181; 317:1195; 320:619; 327:1484; 327:3610; 330:4797; 331:1412; 331:2178; 333:2367; 337:854; e.o.). En este sentido, dicho Tribunal ha manifestado que el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados abusen en el ejercicio de aquellas, tanto si son propias como si son compartidas o concurrentes y, en esa inteligencia, los órdenes de gobierno deben encontrarse solo para ayudarse, nunca para destruirse (Fallos: 342:509 y sus citas). De conformidad con lo expuesto, sostuvo que los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (CSJN Fallos: 344:809 y sus citas; 346:1089; 346:103; e.o.).
VI.4.b. En la especie, y tal como se mencionó en los precedentes I. 74.030 e I. 77.461 (ya citados), la ley local regula la actividad de guardavida: define la extensión mínima de duración de la temporada (art. 12), resuelve que para todo efecto de la relación laboral tal función será equivalente a un año de antigüedad por cada temporada cumplida (art. 14); fija rubros que integran la retribución (art. 15); establece la jornada laboral de seis horas (art. 16) y que el franco no gozado será remunerado (art. 17); garantiza la contratación de los trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada anterior y ordena citarlos para cubrir los puestos de guardavidas (art. 18 incs. 1 y 3). Ello evidencia que esos artículos controvertidos incursionan en aspectos de la relación sustancial del trabajo entre los guardavidas y sus empleadores.
Así, conforme se consideró en las causas mencionadas, se advierte que el propósito de esas normas en crisis se encuentra referido a las relaciones jurídicas del campo del derecho laboral y propias del contrato de trabajo; dado que fijan la duración de la temporada, de la jornada laboral, los francos y la determinación de la remuneración (causas I. 74.030 e I. 77.461, cits.).
En consecuencia, resulta manifiesto que la materia regulada es propia del ámbito de competencia que las provincias han delegado en forma expresa en el gobierno federal y que, entonces, exclusivamente el Congreso nacional se encuentra facultado para legislar sobre el particular (art. 75 inc. 12, Const. nac.), no pudiendo los estados provinciales ejercer tal potestad (art. 126, Const. nac.) so riesgo de avasallar el principio consagrado en el art. 31 de la Carta fundamental (Fallos: 308:2569; 320:1344; 256:215; e.o.).
VI.4.c. Por lo demás, en el ya mencionado precedente de esta Corte, I. 74.030, se agregó que el decreto 2.551/15 reglamentario de la ley 14.798 reconoce que algunas de sus
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