Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73986
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell c/ Provincia de Bs. As. s/ inconstitucionalidad ley 14.798", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Maidana.
I. La Cámara de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del Municipio Urbano de Villa Gesell se presenta por intermedio de su apoderado y promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 2 y 19 inc. "f" de la ley 14.798, pues sostiene que tales normas desbordan la competencia de la legislatura provincial y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno nacional, además de afectar el principio de autonomía municipal.
Manifiesta que las disposiciones cuestionadas contravienen lo normado por los arts. 1, 190 y 192 de la Constitución provincial y 75 inc. 12 y 123 de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de ley, el por entonces señor Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se presenta, contesta la demanda y solicita su rechazo con imposición de costas a la parte actora (v. fs. 49/55).
Asimismo, deduce excepción de falta de legitimación respecto de la cual se decidió diferir su tratamiento para el momento de dictar sentencia definitiva (v. escrito de fs. 45/48 y resol. de fecha 5-IV-2017).
III. Finalmente, se señala que se encuentra vigente la medida cautelar solicitada por la actora (v. escritos de fecha 1-VI-2021 y 23-X-2021 y resol. de 25-III-2022).
Oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la pretensión de la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del Municipio Urbano de Villa Gesell se presenta por intermedio de su apoderado y relata que los arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 2 y 19 inc. "f" de la ley 14.798, tienen un impacto negativo y directo en los derechos e intereses de los concesionarios de playa que representa, incidiendo en la regulación de las relaciones de empleo con el personal que se desempeña como guardavidas y afectando el principio constitucional de autonomía municipal.
Peticiona la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas, sosteniendo que el legislador bonaerense ha cometido un exceso al momento de reglamentar la actividad o servicio de guardavidas, que sobrepasa el de la actividad de policía local. Manifiesta que se infringe lo dispuesto en los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional y 1 de su par provincial.
Respecto de lo controvertido refiere que los arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 2, reglan la relación de trabajo que vincula al concesionario de playa —empleador— y el guardavidas —trabajador—; y que "[n]o solo se regulan cuestiones esenciales del contrato de trabajo entre privados -derechos y obligaciones, sueldo, ítems remuneratorios, jornada laboral, duración de temporada y su cómputo a los fines indemnizatorios, forma de citación para asumir tareas-, facultades que [...] han sido delegadas por las Provincias al Estado Nacional, sino que directamente interfiere con este último al inmiscuirse en cuestiones que expresamente han sido reguladas por el Congreso nacional en sendas normas (ver 7, 8, 16 de la ley 27.155; 62 a 89, 103 y ss., 196, 245 de la ley 20.744 y 11.544)". Cita doctrina y jurisprudencia en torno a los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional y 1 de la provincial.
Con relación al objetado art. 19 inc. "f" denuncia que la Provincia invade la esfera de autonomía de la Municipalidad de Villa Gesell y violenta lo dispuesto en los arts. 123 del texto constitucional nacional y 190 y 192 incs. 4 y 6 de su par provincial, al imponer al concesionario de playa contratar como mínimo dos guardavidas en la ribera marítima, materia que entiende debe ser exclusivamente regulada por la comuna.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno se presentó, planteó como de previo y especial pronunciamiento la excepción de falta de legitimación activa, solicitando el rechazo de la demanda (v. fs. 45/48). Defensa cuyo tratamiento esta Corte dispuso para el momento de dictar sentencia definitiva (v. resol. de 5-IV-2017; fs. 69/70).
Por otra parte, la comuna emplazada contestó la demanda (v. fs. 49/55).
Solicitó que se rechace por improcedente el planteo de inconstitucionalidad deducido (v. fs. 45/55).
A tales fines argumentó, respecto de los arts. 7 incs. "a" y "b", 8, 12 y 18 inc. 2 de la ley 14.798, que se asemejan con las disposiciones de la ley 27.155 nacional y, por lo tanto, se correlacionan. Sostuvo que, en consecuencia, carecía de virtualidad el debate sobre la validez o invalidez constitucional de aquellas disposiciones.
Asimismo, al analizar cada una de las normas impugnadas destacó, en particular, que los arts. 12 y 16 fijan la extensión mínima de la prestación de servicios y no se contraponen con lo establecido en la ley nacional; los arts. 13, 14, 15 y 17 "si bien regulan aspectos que podrían caer bajo la competencia del legislador nacional (cfr. 75 inciso 12)", entendió que encuentran sustento en los incs. 1 y 3 del art. 39 de la Constitución provincial, toda vez que en la ley nacional se omitió tratar esos aspectos; un análisis similar realizó respecto de los incs. 1 y 2 del art. 18 cuestionado y, finalmente, manifestó que el art. 19 inc. "f" (servicio mínimo de dos guardavidas) resulta razonable en consideración a los valores protegidos (vida y seguridad) en pos del bien común socialmente tutelado, sin que resultara contradictorio a las disposiciones nacionales (art. 11, ley 27.155).
En conclusión, afirmó que la ley 14.798 no hace más que reglamentar las cuestiones e intereses netamente locales que hacen a la seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes, en uso de facultades propias de la Provincia en materia de poder de policía laboral local, funciones no delegadas en el Congreso de la Nación (cita arts. 75 inc. 12, 121, 122 y 126, Const. nac. y 39 incs. 1 y 3, Const. prov.).
III. Corresponde observar que, en el caso, si bien se rechazaron en dos oportunidades las medidas precautorias pretendidas por la parte actora (v. resols. de fecha 22-XII-2015 y 5-IV-2017 a fs. 34/37 y 69/70, respectivamente), con posterioridad, y en consonancia con los fundamentos expuestos en la sentencia dictada en autos "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", se hizo lugar a la cautelar pretendida (v. presentación electrónica de fecha 1-VI-2021; resol. de 25-III-2022 y causa I. 74.030, sent. de 31-V-2021).
IV. Además, el señor Procurador General, conforme lo dispuesto en los arts. 307 y 687 del Código adjetivo, dictaminó que la demanda podría ser admitida en forma parcial y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 inc. 1 de la ley 14.798 (v. fundamentos del dictamen adjunto al trámite de fecha 8-V-2024).
V. Sentado ello corresponde decidir, en primer lugar, respecto de la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el señor Asesor General de Gobierno, la cual fuera diferida para su tratamiento en esta ocasión (v. resol. de fecha 5-IV-2017), la que adelanto, corresponde ser desestimada.
V.1. El representante de la demandada alegó que, si bien la actora efectuó planteos de naturaleza constitucional y propios del marco de análisis de la vía procesal escogida, no había expuesto agravios que ameritaran reconocerle el carácter de parte interesada (cita jurisprudencia de este Tribunal; v. fs. 45/48).
V.2. Recuerdo que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.) y que en reiterada jurisprudencia, esta Suprema Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido concordante causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I. 3.202, cit.; e.o.).
De ello se sigue que incumbe a quien demanda poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; e.o.), pues el carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, ya que la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
V.3. En lo que respecta al caso particular, para instar la presente acción, cabe reconocer que las asociaciones como la aquí actora pueden presentarse en esta sede judicial a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en resguardo de los intereses que procuran proteger, siempre que estos fueran afectados —en cuanto a sus incumbencias concierne— por normas locales que consideren contrarias a la Constitución provincial (arg. arts. 38 in fine , 41 y 161 inc. 1, Const. prov.).
Así, la admisión de la legitimación para demandar de este tipo de entidades depende en modo relevante del contenido y alcance de las finalidades asignadas por sus instrumentos de creación (conf. doctr. causas I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015 e I. 73.783, "Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)", resol. de 23-II-2022); y, desde luego, de las características del conflicto, dadas por el tenor de las normas que se impugnen, así como por el tipo de agravio invocado y la posición que frente a esas normas exhiba quien resulte demandante (doctr. causas I. 2.115; I. 2.153, cits.; e.o).
En este supuesto, se advierte que según el estatuto de la Cámara de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del Municipio Urbano de Villa Gesell, la actora resulta ser una asociación de carácter civil constituida, entre otras finalidades, con el objeto de "[e]jercer la representación de los Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del Municipio Urbano de Villa Gesell en general y velar por sus intereses" (art. 1 inc. "a"); "[a]sesorar a sus socios, sobre el conocimiento de los decretos, ordenanzas y disposiciones que se relacionen con las Concesiones de Playa, creando los elementos necesarios que correspondan a tal fin" (art. 1 inc. "d"); "[r]ealizar toda otra gestión no especificada en los incisos precedentes, que tienda a la consecuencia de los fines generales de la Asociación" (art. 1 inc. "i"; copia simple del acta constitutiva a fs. 12/21).
Es así que la cámara actora cuestiona la constitucionalidad de los arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 2 y 19 inc. "f" de la ley 14.798, en tanto denuncia que esas normas inciden en la regulación de las relaciones de empleo con el personal que se desempeña como guardavidas y expone agravios que exhiben un vínculo directo con las finalidades para las cuales fue creada la asociación actora conforme a las transcripciones efectuadas en el párrafo anterior. Los concesionarios que representa la actora son parte sustancial, en su calidad de empleadores, en la relación laboral que denuncian afectada por las disposiciones controvertidas.
De lo hasta aquí expuesto resulta evidente, entonces, que de resultar exitosa la demanda, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos en cuestión determinará las relaciones de empleo de los representados por la actora con los trabajadores guardavidas y de esa forma cumplirá de sus cometidos estatutarios.
En conclusión, propicio rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
VI. Acto seguido, corresponde determinar si los arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 2 de la ley 14.798 se encuentran en pugna con los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Ello, en cuanto sostiene la actora que tales normas desbordan la competencia de la legislatura local y constituyen un avance sobre materias de derecho común que fueron delegadas al gobierno federal.
VI.1. En primer término y más allá de las alegaciones efectuadas por el señor Asesor General de Gobierno en estos actuados, he de señalar que, tal como se mencionara en el punto III del presente, esta Corte tuvo oportunidad de dictar sentencias en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (sent. de 31-V-2021), como también en las causas I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza - otros juicios. Cuestión de competencia" (sent. de 10-IX-2024); I. 78.413, "Municipalidad de Villa Gesell c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 14.798" (sent. de 23-III-2025); I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad ley 14.798" e I. 78.551, "Cámara de Balnearios Bar Restaurantes de Playa de Miramar c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 14.798" (sents. de 13-V-2025); pronunciamientos en que se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, por considerarlos violatorios de lo dispuesto en los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 126 del texto nacional.
Asimismo, observo que en estos últimos supuestos, al correrse el correspondiente traslado de la demanda, la Asesoría General de Gobierno procedió a allanarse a las pretensiones articuladas, con sustento en la doctrina sentada por este Tribunal en la causa I. 74.030, ya citada, y haciendo referencia a las medidas cautelares que han sido dictadas (v.gr.: causas I. 77.461; I. 78.413; I. 78.040 e I. 78.551, cits.).
Es así que, teniendo en consideración los antecedentes señalados en la materia y sobre la base de los argumentos que seguidamente desarrollaré, adelanto que —en mi opinión— la demanda deducida en estos actuados resulta fundada respecto de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 inc. 1 de la ley 14.798 (B.O. de 19-XI-2015).
VI.2. Las citadas normas disponen:
"ARTÍCULO 12.- Fíjase como período mínimo de prestación de servicios de temporada, el de ciento cincuenta (150) días corridos a partir del primer día de habilitación del servicio, debiendo extenderse obligatoriamente hasta su cese para todos aquellos trabajadores descriptos en el Artículo 19 inc. a y b.
ARTÍCULO 14.- Para todo efecto de la relación laboral la función como guardavidas será equivalente [...] [a] un (1) año por cada período mínimo de prestación de servicio. La misma será remunerada.
ARTÍCULO 15.- Al personal designado en carácter de Guardavidas se le reconocerá sin perjuicio de lo dispuesto por cualquier otra normativa legal, como mínimo el derecho a percibir las siguientes retribuciones de acuerdo a lo establecido en la presente Ley: el salario básico, bonificación por presentismo, adicional por tarea riesgosa, adicional por antigüedad, compensación por descanso anual no gozado, el franco semanal no gozado, el sueldo anual complementario, los convenios colectivos y ordenanzas si es que el empleador es un Municipio.
ARTÍCULO 16.- Con la finalidad de asegurar una adecuada y permanente vigilancia y seguridad a los bañistas, los Guardavidas desempeñarán sus tareas en los horarios establecidos por cada jurisdicción, siendo la jornada laboral de seis (6) horas diarias corridas.
ARTÍCULO 17.- El franco no gozado será remunerado.
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las instalaciones relativas a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas características requieran la contratación de guardavidas, deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de los demás previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
1. Tendrán garantizada su contratación aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren sanciones que los inhabiliten para el ejercicio de la profesión de guardavidas [...]".
VI.3. Por lo expuesto, advierto que la cuestión resulta —en parte— análoga a lo resuelto por esta Corte en las causas I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (sent. de 31-V-2021); I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza - otros juicios. Cuestión de competencia" (sent. de 10-IX-2024); I. 78.413, "Municipalidad de Villa Gesell c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 14.798" (sent. de 23-III-2025); I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita c/ Provincia de Buenos Aires s/inconstitucionalidad ley 14.798" e I. 78.551, "Cámara de Balnearios Bar Restaurantes de Playa de Miramar c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 14.798" (sents. de 13-V-2025), pronunciamientos —estos últimos— que ratifican la postura adoptada en su precedente y descalifican —por mayoría— los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 por su contradicción con los textos constitucionales.
Es así que las consideraciones efectuadas para arribar a esas decisiones guiarán —en lo medular— la solución de la presente controversia.
VI.4. Recuerdo que esta Corte tiene dicho que un modo adecuado para introducir agravios federales en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad es denunciando una infracción al art. 1 de la Constitución provincial (doctr. causas I. 1.448, "Ludueña" e I. 1.452, "Recreación Marítima", sents. de 15-IV-1997; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; e.o.). Esa norma, en línea con lo prescripto por los arts. 121 y 126 de la Constitución n
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