Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74210
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la empresa Bolsatodo S.R.L (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
I.74.210 “BOLSATODO S.R.L. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONST. LEY 14.808”
La Plata, 21 de noviembre de 2018.
I. La empresa Bolsatodo S.R.L por medio de su representante legal, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del CPCC, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.808, relativa al ejercicio fiscal 2016.
Ello, en razón de entender que "…genera un sistema discriminatorio de alícuotas creando aduanas interiores y violando expresamente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Constitución Nacional" (v. fs. 6).
En sustento de su pretensión, explica que Bolsatodo S.R.L es una empresa que se dedica a la venta por mayor y menor de papeles, envases y otros productos, teniendo márgenes de comercialización escasos en virtud del tipo de mercadería y sus precios de venta.
Señala que durante el año 2015 facturó lo mismo que en el período 2014 y "… sólo producto de la inflación artificialmente se aumentó el monto de facturación que no significa un aumento del monto de ventas" (v. fs. 6 vta.).
Explica que a causa de ese incremento resultó alcanzado por la alícuota del 5% para el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, a diferencia de aquellos contribuyentes que, por no superar los $52.000.000 del total de los ingresos, recibieron un tratamiento más beneficioso con una alícuota del 3,5%.
Adicionalmente, puntualiza que la norma impugnada también prevé este último temperamento para aquellas empresas que iniciaron sus actividades en el ejercicio fiscal por entonces en curso y que durante los dos primeros meses no superaran los $6.500.000 de ingresos, todo lo cual genera, a su criterio, una discriminación entre las empresas ya establecidas en el territorio provincial y aquellas que se instalan por primera vez, al obligar a las primeras a pagar impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme una alícuota mayor. Argumenta que la Provincia no tiene facultades para activar sistemas de promoción industrial a través de la baja de impuestos coparticipables (v. fs. 7 vta.).
Sostiene, además, que las alícuotas diferenciales previstas en la norma impugnada hacen inviable el convenio multilateral, violan los principios de tributación (cita al respecto doct. CSJN en causa "Bayer S.S. c/ Santa Fe, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad"; arts. 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 75, inv. 13 de la Const. nac.), de igualdad en tanto sostiene que "…no se trata de un tributo genérico sino determinado para un escaso grupo de personas" (invocando el art. 16 de la Const. nac.) y resultan confiscatorias a los ingresos de su representada (apelando a la protección de los arts. 14 y 17 de la Const. nac. Y 57 de la Const. prov.). Esto último, en virtud de no considerar su capacidad contributiva, ya que no tuvo más ganancias sino una mayor facturación, producto de la inflación, circunstancia que no es demostrativa de una mayor riqueza.
Resalta que, si bien las obligaciones tributarias nacen de la letra de la ley, en este caso no se tiene en cuenta ningún parámetro objetivo más que el "…voluntarismo inútil de fijar una tasa que es a todas luces inconstitucional al crear un impuesto que no está en ningún sistema tributario" (v. fs. 10).
Bajo ese esquema solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos del precepto que la agravia.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. 1. Del relato efectuado en el escrito inicial se desprende que la naturaleza de la norma cuestionada y los términos en los que se encuentra desarrollada su impugnación gozan de un contenido eminentemente patrimonial, lo cual naturalmente impone la aplicabilidad de la regla prevista en el art. 684 del código que rige en la especie, que establece que la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 1861 "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 69.175 "Distribuidora REL SRL", res. de 13-IV-2011; I. 70.883 "D'Argenio", res. de 19-V-2010; I. 74.191 "Antivari SA", res. de 10-VIII-2016 e I 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", res. de 27-VI-2018, entre muchas).
2. Es necesario, entonces, evaluar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para determinar la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse " desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor "; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591 "González", sent. de 20-X-1998, I. 2148 "Mule", sent. de 21-V-2008 e I. 3231 "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015). De tal forma, se ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, al establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y quedando con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde ese momento (causa I. 1854 "Lamano", res. de 11-X-1995; I. 2148 e I 74.610, cits.).
II. 2. Siendo ello así, la afectación de derechos -en este caso- se identifica con la fecha de publicación de la norma, pues es a partir de entonces que la demandante estuvo en condiciones de tomar conocimiento, tanto de la vigencia como del contenido del precepto controvertido y, de ese modo, estimar las consecuencias perjudiciales que la aplicación de una alícuota diferencial le podían generar.
Sin perjuicio de ello, resulta de interés advertir que no escapa al análisis de este Tribunal que el precepto en crisis que establece alícuotas diferenciales y, por lo tanto, el agravio que motiva el inicio de esta acción, no es exclusiva de la ley 14.808. Por el contrario, los términos con los que fuera redactado el controvertido art. 23 son idénticos a aquellos utilizados en las normas vigentes en los anteriores ejercicios fiscales, variando en cada caso la suma prevista para la aplicación de cada alícuota (vg. arts.23, leyes 14.808, 14.653, 14.553, 14.394 y arts. 22 y 22 bis, ley 14.333 –t.o ley 14.357-).
Es así que, con independencia de la consistencia del planteo traído por la actora, es claro que el agravio está estrictamente vinculado al modo en que ha sido aplicado el Código Fiscal a partir de la vigencia de la ley 14.808, toda vez que el monto de los ingresos de la empresa actora durante el ejercicio implicado le obliga a pagar una alícuota mayor de la que venía abonando hasta el dictado de la norma.
Por fuera de las observaciones que podrían formularse respecto del momento exacto a partir del cual se habría configurado el perjuicio que resulta del establecimiento normativo de alícuotas diferenciales (doctr. causas I. 1.591 "González", sent. de 20-X-1998, I. 2.148 "Mule", sent. de 21-V-2008 e I. 3.231 "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015), aun tomando el inicio desde la fecha posible más cercana, la demanda es extemporánea.
En efecto, la ley 14.808 establece que sus disposiciones comenzarán a regir "… a partir del 1° de enero del año 2016 inclusive" (art. 106). No obstante, la norma fue publicada en el Boletín Oficial del 22 de enero del referido año (B.O 27707, Suplemento), siendo el 1-II-2016 el primer día hábil a partir del cual debe computarse el plazo referido.
En consecuencia, la demanda articulada con fecha 20-V-2016 (v. cargo de fs. 18 y, a mayor abundamiento, tercer párrafo del escrito de la actora a fs. 30) fue presentada una vez que dicho término había transcurrido con holgura.
III. En virtud de lo expresado y dada su evidente extemporaneidad, corresponde rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 23 de la ley 14.808. Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuenta el actor para instar los restantes caminos procesales en defensa de los derechos constitucionales que dice tener conculcados (doctr. causas "Rolfo, Mateo y otros c/ Municipalidad de San Pedro", sent. del 7-III-1967, "Jurisprudencia Argentina", 1967-VI-511, reiterada recientemente en I. 2219, "Serrano González", sent. del 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. del 10-III-2010).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la empresa Bolsatodo S.R.L (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 586
Fin de la sentencia