Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74643
I.74.643 "ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.888"
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
I. La Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en relación a los artículos 8, 43 incs. 2, 9 y 11; 44, 46 y Anexo de la ley 14.888 (publicada en el B.O. del 18-I-2017), extendiendo su pretensión a cualquier otra norma que importe aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, OTBN) o que implique delegación en el Poder Ejecutivo de atribuciones referidas a la determinación de los bosques nativos y de sus categorías de protección, incluyendo la de definir a "escala predial" el mapa contenido en el Anexo I de la ley (conf. art. 8, ley 14.888).
A dicha pretensión, acumula la anulatoria de toda forma de reglamentación o ejercicio futuro de las atribuciones autorizadas por las normas atacadas.
En subsidio, solicita la declaración de inconstitucionalidad del OTBN en lo referido a la categorización del bosque ribereño Quilmes-Avellaneda.
II. Relata que en el marco de la ley nacional 26.331 de "Presupuestos mínimos de protección ambiental de los Bosques Nativos" (B.O. 26-12-2007) se confirió a cada provincia la tarea de realizar el ordenamiento territorial respectivo, estableciéndose en el art. 4 el doble objetivo que tal reglamentación debía procurar. Por un lado, identificación de las zonas donde existen bosques nativos susceptibles de protección ambiental y por otro, asignación de categorías clasificatorias: Cat. I (rojo): alto valor de conservación; Cat. II (amarillo) mediano valor de conservación y Cat. III (verde) bajo valor de conservación (art. 9 ley cit.).
Destaca que dicha norma introdujo en su art. 7 una cláusula protectoria que impide todo tipo de desmonte o aprovechamiento de los bosques, hasta que cada jurisdicción dictara su propio OTBN. Tal imposición determinó la sanción en la provincia de Buenos Aires de la ley 14.888, normativa que en el presente se cuestiona, cuya finalidad está destinada a zonificar territorialmente el área de los bosques nativos existentes en la provincia de Buenos Aires, estableciendo diferentes categorías de conservación.
Considera que con tal legislación la provincia no ha cumplido el mandato de preservar sus recursos naturales ni brinda a través de ella adecuada información ambiental. Expresa asimismo que se ha aprobado un mapa (Anexo 1) que no permite identificar claramente las zonas protegidas ni sus categorías, utilizando criterios lesivos al derecho al medio ambiente sano y al deber de protección establecido en el art. 28 de la C.P.
Resalta que dicha circunstancia se pone en evidencia al utilizar como parámetro para establecer las distintas categorías de bosques a las ordenanzas de zonificación aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial conforme el decreto ley 8912/77 y no al criterio de sustentabilidad establecido por la ley 26.331.
Destaca que los estándares utilizados resultan ajenos al principio de protección y colaboran a la realización de mega emprendimientos inmobiliarios, tal como el que se pretende desarrollar en la zona del bosque ribereño Quilmes - Avellaneda.
Se agravia de la delegación de la responsabilidad y elaboración del ordenamiento territorial que realiza la normativa a la que califica de indebida, en cuanto se trata de atribuciones reglamentarias propias entre las que cabe incluir la de identificar y categorizar los bosques nativos. Considera, en tal sentido, que no se trata de una atribución reglamentaria ni de ejecución comprendida en los términos del artículo 144 inc. 2° de la Constitución local, sino que conforma una delegación contraria a lo normado por el a artículo 45 del citado cuerpo normativo.
Con ello, fundamenta la necesidad de interponer la presente acudiendo a la vía judicial a efectos de evitar un daño ambiental irreparable.
En síntesis, expone que la ley cuestionada carece de una determinación eficaz a modo de señalar concretamente cuáles son los bosques nativos a proteger, identificándolos y categorizándolos debidamente, circunstancia que patentiza las carencias que surgen del mapa publicado en el Boletín Oficial en cuanto a la escala cartográfica utilizada y su publicación en blanco y negro sin otra aparente identificación, cuando las categorías se diferencian por colores (rojo, amarillo y verde) en relación al grado de protección asignado a cada una de ellas.
Centra su reclamo en la calificación otorgada a la zona del bosque ribereño Quilmes-Avellaneda.
Expone que tal sector fue declarado como zona de reserva natural por la Municipalidad de Quilmes a través de la ordenanza 9508 y que, a efectos de favorecer el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, como el próximo a desarrollarse -llamado "Nueva Costa del Plata"- se le otorgó calificación como categoría III (verde).
Agrega que las obras a realizar se encuentran suspendidas debido a una causa en trámite ante la Justicia Federal de La Plata, dictada en el marco de la causa "Asociación 18 de Octubre c/Inversiones Urbanas Nuevo Milenio" (v. ap. iii, fs. 25 vta.).
Resalta que debido a la calificación otorgada a las zonas donde se hallan los bosques se habilita el avance de la construcción, produciéndose una degradación ambiental irreversible.
III. En función de todo ello, solicita se decrete, en carácter de medida cautelar: la suspensión de los efectos de los artículos 8, 43 incisos 2, 9 y 11; 44, 46 y Anexo 1 de la ley 14.888, así como cualquier otra norma que importe la aprobación y reglamentación del ordenamiento territorial y categorización de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires y a su vez, se ordene al Poder Ejecutivo, al OPDS o a la autoridad de aplicación que corresponda en los términos de lo normado por el art. 42 de la ley bajo análisis, se abstengan de ejercer las atribuciones contempladas en los artículos impugnados, particularmente de: 1) definir a escala predial el ordenamiento territorial de bosques nativos (art. 8 ley 14.888); 2) otorgar permisos y/o autorizaciones para desarrollar actividades en la áreas comprendidas en el territorio demarcado por ley 14.888; 3) reglamentar lo concerniente al soporte cartográfico aprobado por la ley atacada y 4) remitir el ordenamiento aprobado a la autoridad de aplicación nacional de la ley de presupuestos mínimos, 26.331.
Sostiene que en el caso se encuentra probada en debida forma la verosimilitud del derecho y que en la materia debatida la presunción de legitimidad de las leyes cede frente a la vigencia de principios especiales (v.gr. el principio precautorio), que impone al Estado la adopción de medidas urgentes a fin de evitar la degradación del medio ambiente.
Refuerza sus argumentos expresando que la ley 14.888 define de modo impreciso el OTBN; que, a su vez, la escala del mapa utilizado no identifica debidamente las zonas ni determina la categorización que corresponde a cada una de ellas; que en su artículo 8 se encubre una delegación de funciones no autorizada por la Constitución local, además de utilizar criterios inconstitucionales de categorización al subordinar la clasificación al dictado de ordenanzas municipales.
Considera abastecido el requisito del peligro en la demora por cuanto la ejecutoriedad de la norma impugnada podría ocasionar un grave menoscabo al medio ambiente y resalta en tal sentido, la finalidad tuitiva de los principios preventivo y precautorio imperantes en materia ambiental.
IV. En este estado y previo a resolver, el Tribunal, mediante resolución de fecha 7-II-2018, dispuso, como medida para mejor proveer: a) requerir las actuaciones tramitadas y resueltas por el OPDS con motivo de la sanción de la ley 14.888; b) recabar del Poder Ejecutivo la remisión de documental respaldatoria de la determinación del mapa al que alude el Anexo I; c) solicitar a ambas cámaras de la Legislatura provincial constancias de los trámites parlamentarios que precedieran a la sanción de la norma y d) copias de la causa n°43100007/20013, "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre c/Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA y ot. s/daños y perjuicios" y del incidente de medida cautelar, en trámite por ante el Juzgado Federal N°4, Secretaría 12 de La Plata.
En función de lo informado en cumplimiento de la medida, en el marco de la causa en trámite por ante el mencionado juzgado, con fecha 20-IV-2018, se rechazó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.888 y se ordenó, con carácter previo al levantamiento de la medida cautelar de no innovar consistente en "la inmediata suspensión del desmonte y obras relativas al proyecto denominado 'Nueva Costa del Plata', que provocaría la alteración del Bosque Ribereño Quilmes-Avellaneda y sus humedales" (resol. de fecha 17-XII-2013), la realización de un Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto, que deberá aprobarse por la autoridad de aplicación tanto provincial como nacional. A su turno, la Cámara del fuero, con fecha 3-X-2018, revocó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la norma y confirmó la realización del estudio de impacto ambiental (http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=368284).
Asimismo, de los expedientes administrativos n° 2145-17376/11 —agregado por cuerda— se desprende que, previo a la sanción de la normativa impugnada, se han llevado a cabo dos audiencias públicas, de las que dan cuenta los expedientes N° 2145-9404/11 Alc. 0 y N° 2145-42768/14 Alc. 0 y 1, en cumplimiento de lo normado por el artículo 6 de la ley 13.569 (v. fs. 108/109 expte. adm. cit.).
Cabe agregar que mediante la presentación efectuada con fecha 13-XI-2018, el accionante expresa que el OPDS, en cumplimiento de lo dispuesto por el magistrado a cargo del Juzgado Federal mencionado, en el marco de la causa citada, ha dado curso al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario "Nueva Costa del Plata", mediante la convocatoria a participación ciudadana respecto del estudio confeccionado por la empresa que desarrollará el emprendimiento (v. fs. 148).
V. La pretensión principal articulada —esto es, el planteo de inconstitucionalidad de la ley 14.888— prima facie valorada, no exhibe obstáculos que mellen su aptitud para ser propuesta por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad (arg. arts. 15 y 161 inc. 1°, Const. prov.; 330, 336, 683 y conc., CPCC; 32, ley 25.675; doctr. causas I. 1490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000; B. 64.464, "Dougherty", sent. de 31-III-2004 y sus citas; I. 3505, "Conciencia Ciudadana", resol. de 24-XI-2004; I. 68.174, "Filón", resol. de 18-IV-2007 e I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.). Ello sin perjuicio de lo que corresponda decidir, en la etapa procesal oportuna, en torno a las demás pretensiones articuladas en este proceso.
En este marco cabe pues pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria requerida por el demandante.
V.1. El Tribunal ha resuelto con reiteración que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. del 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. del 4-V-2016 y sus citas).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
V.2.a. El alcance de la medida preventiva solicitada por la actora consiste en la suspensión de los efectos de la ley que regula el ordenamiento territorial de los bosques nativos en toda provincia, específicamente en lo que se refiere a las atribuciones que confiere a las autoridades públicas para la definición en escala predial y el otorgamiento de permisos para desarrollar actividades sobre las zonas demarcadas. Pues bien, la apariencia de buen derecho aducida para el otorgamiento de una medida cautelar de este calibre no se configura. Veamos.
V.2.a. El primer agravio esgrimido se refiere al déficit de identificación de las áreas protegidas, en tanto el método utilizado para determinar la categoría aplicable no permite establecer de modo fehaciente su concreta ubicación. Es que si bien se establece una diferenciación legal a través de diversos colores (rojo-verde-amarillo) según la intensidad de la protección, para la accionante el mapa aprobado como Anexo 1 de la ley, en su publicación en el Boletín Oficial, se exhibe en blanco y negro y sin cumplir la escala mínima de 1:250.000.
Inicialmente, este cuestionamiento no está dirigido al contenido normativo de la primera parte del art. 8 de la ley 14.888 —que establece “[l]a categorización representada en la cartografía que forma parte de la presente ley y que consta como Anexo 1, presenta una escala mínima de 1: 250.000.”— sino a la modalidad empleada para la publicación de la norma; circunstancia que de por sí conspira contra la configuración de la apariencia de buen derecho que se invoca.
Pero, además, aun cuando el mapa del Anexo 1 haya sido publicado en blanco y negro con las limitaciones físicas propias del medio de difusión oficial, no puede soslayarse que la página web de la autoridad de aplicación de la ley (OPDS) permite consultar las zonas protegidas con identificación precisa de sus categorías, diferenciadas a color ( http://sata.opds.gba.gov.ar/otbn/# habilitando la opción OTBN en el mapa interactivo).
De modo tal que, más allá de no constituir un agravio dirigido a la disposición legal en sí misma (arg. art. 161 inc. 1, Const. prov.), las falencias alegadas en torno al acceso a la información tampoco se vislumbran con potencialidad suficiente para generar un agravio a los deberes que impone el art. 28 de la Constitución provincial.
V.2.b. La actora también afirma que el art. 8 de la ley 14.888 encubre una delegación inconstitucional de la función legislativa, contraria a los artículos 45 y 103 inc. 13 de la Constitución; ello, al permitir a la autoridad de aplicación la determinación del ordenamiento de bosques nativos “a escala predial”.
El entramado normativo de la ley 14.888 — prima facie valorado— instrumenta en el art. 8 una atribución de competencias que tiene como marco una previa definición legal acerca de la identificación de los bosques protegidos en el territorio de la Provincia, así como la determinación de los niveles de protección y las actividades habilitadas en cada uno de ellos (cfr. arts. 7, 9, 10, 11, 12, 13, ley 14.888).
V.2.c.i. La accionante afirma que algunos de los criterios utilizados para la categorización de los bosques nativos de la Provincia desconocen la importancia que la zona posee y subordinan su conservación a la existencia de ordenanzas municipales de uso de suelo que permiten el desarrollo de emprendimientos urbanos, como sucede, según refiere, en el caso del Bosque Ribereño Quilmes-Avellaneda (v. fs. 45 bis/vta.).
El desarrollo del agravio señalado se circunscribe a lo manifestado a fs. 30/44vta., respecto del bosque ribereño Quilmes-Avellaneda. No hay elemento adicional agregado a la causa que, de momento, permita afirmar que los criterios utilizados para la categorización de los demás bosques protegidos en la Provincia (Delta, Talares de Barranca, Talares del Este, Caldenal y Monte; los que ni siquiera son mencionados en la demanda) resulten inconsistentes, irrazonables o contrarios al art. 28 de la Constitución.
Ello impide acoger el planteo suspensivo analizado con el alcance que pretende la actora.
V.2.c.ii. Con todo, tampoco lo expresado en referencia al bosque ribereño alcanza, en esta instancia larval, a constituir el fumus necesario para el otorgamiento de la medida cautelar.
El agravio esta fincado en el valor que se otorga a la ordenanza 9348 de la Municipalidad de Quilmes y a las vicisitudes relativas a si habría sido, o no, derogada por posteriores ordenanzas modificatorias del ordenamiento comunal de uso de suelo. De todo lo cual se pretende extraer una “progresión regresiva de la propuesta de categorización” (v. fs. 35 vta.).
En tanto la argumentación se refiere al hecho de la vigencia de ordenanzas municipales que no son objeto de este proceso, no determina en principio la verosimilitud del derecho que se invoca respecto del cuestionamiento a la constitucionalidad de la ley 14.888 (cfr. art. 161, inc. 1, Cons. Prov.).
Luego, la mera alegación de que se habría incurrido en una regresividad normativa no alcanza para conceder la cautelar, ni siquiera desde el amplio enfoque que impone en esta materia el principio precautorio.
V.3. En cuanto al recaudo del peligro en la demora, esta Corte tiene dicho que, en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas; I. 75.358, "Wallmart", resol. de 26-IX-2018).
V.3.a. La demandante considera abastecido tal recaudo. Refiere genéricamente a los desmontes que, merced a este ordenamiento territorial, podrían producirse sobre los bosques de la Provincia. En particular, se extiende acerca del daño que produciría la pronta construcción del complejo a desarrollarse en la costa ribereña Quilmes-Avellaneda denominado "Nueva Costa del Plata", dentro de la zona protegida, alegando que se trata de una inminente afectación y agravamiento de las condiciones ambientales del área que debe resguardarse.
V.3.b. Ahora bien, a la luz de lo que resulta de la medida para mejor proveer dispuesta por este Tribunal con fecha 7-II-2018 (v. pto. IV), por ante el Juzgado Federal N°4 Secretaría 12 de La Plata se inició la causa N°43100007/2013, caratulada "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de octubre c/Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA (INURBAN) s/Daños y Perjuicios", actualmente en trámite ante el Juzga
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