Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75125
I.75.125 “CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA (CTA) Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 14.997”
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
I. Contra la resolución de este Tribunal de instancia única que no hizo lugar al pedido de intervención como parte demandada y, por consecuencia, al planteo de incompetencia introducido en el mismo escrito por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Estado Nacional interpone recurso extraordinario federal fundado en la causal de gravedad institucional, la que entiende se configura al habérsele negado la posibilidad de intervenir como parte demandada en un asunto de trascendental importancia en el que se pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley federal. Entiende que la decisión cuestionada viola el principio de igualdad ante la ley, la garantía de la defensa en juicio y el artículo 116 de la Constitución Nacional. Considera que en el caso existe una cuestión federal simple y directa y, por tanto, el remedio extraordinario debe ser concedido.
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la parte actora lo contestó y la demandada guardó silencio.
III. Liminarmente cabe señalar que si bien las cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho local, no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal, en el presente los argumentos expuestos por el recurrente objetando la decisión de esta Corte que no admitió la intervención como parte demandada de un órgano nacional -la Superintendencia de Riesgos del Trabajo-, se muestran -prima facie- hábiles e idóneos para dar sustento a su pretensión de que sean considerados por la vía extraordinaria, teniendo en cuenta que los tópicos suscitan cuestión federal y que guardan relación directa e inmediata con la materia objeto del pleito (arts. 14 y 15, ley 48).
En efecto, atento a las especiales circunstancias del presente litigio, se advierte que los agravios referidos a la denunciada gravedad institucional y en la presunta afectación de las garantías constitucionales de igualdad, defensa en juicio y debido proceso, como así también al establecimiento de la competencia federal y, en particular, la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuentan -en principio- con fundamentos suficientes para tener por acreditada la condición de la habilitación de la mentada instancia federal.
En esas condiciones, y en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, encontrándose cumplidos los demás recaudos formales, es que corresponde conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Conceder por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional (arts. 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, previa formación de incidente, remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
DISIDENCIA :
I. Contra la resolución de este Tribunal de instancia única que no hizo lugar al pedido de intervención como parte demandada y, por consecuencia, al planteo de incompetencia introducido en el mismo escrito por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Estado Nacional interpone recurso extraordinario federal fundado en la causal de gravedad institucional, la que entiende se configura al habérsele negado la posibilidad de intervenir como parte demandada en un asunto de trascendental importancia en el que se pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley federal. Entiende que la decisión cuestionada viola el principio de igualdad ante la ley, la garantía de la defensa en juicio y el artículo 116 de la Constitución Nacional. Considera que en el caso existe una cuestión federal simple y directa y, por tanto, el remedio extraordinario debe ser concedido.
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la parte actora lo contestó y la demandada guardó silencio.
III.1. En cuanto a la concesión del remedio federal intentado, cabe destacar que lo resuelto en la resolución impugnada se relaciona con la interpretación del derecho local, constituyendo así un asunto de apreciación exclusiva y propia de este Tribunal y, por lo tanto, ajeno a la instancia extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 310:750, 311:1337 y 1556, 312:1458, 315:2689, 316:238, 317:1684, 318:862, 319:3395, 322:1426, entre otros).
En tal sentido, aun cuando en autos se ponga en duda la validez constitucional de la ley 27.348, no puede perderse de vista que lo anterior es canalizado a través de la adhesión que hiciere la Legislatura bonaerense a dicha norma, a través de la sanción de la ley 14.997.
III.2. De conformidad con inveterada doctrina de este cuerpo, el objeto normal de la acción originaria de inconstitucionalidad (cfr. art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC) es la obtención de una declaración judicial de inconstitucionalidad de normas provinciales o municipales, por considerarlas contrarias a derechos o principios consagrados en la Constitución de la Provincia (doctr. causas I. 1197, "León", sent. de 14-III-1989; I. 1617, "El Libertador SRL", sent. de 16-VII-1996; I. 2098, "Sencar", resol. de 24-VI-1997; I. 2401, "Ginestet", resol. de 7-V-2002 e I. 1992, "Aguas Argentinas", sent. de 7-III-2005, entre otras). Ello significa que las normas que pueden constituir el objeto de la pretensión declarativa de inconstitucionalidad son aquellas dictadas por aplicación directa o indirecta de la Constitución provincial; esto es, las que se encuentran en un rango inferior -inmediato o mediato- a ella, pues sólo así puede suscitarse el conflicto normativo que la Corte está llamada a resolver de acuerdo con el art. 161 inc. 1 del texto fundamental.
Esa indicación precisa a la "ley, decreto, ordenanza o reglamento", además de otras connotaciones, importa la expresión de diversas clases de determinaciones jurídicas que tienen en común, entre otros rasgos, el de constituir reglas de derecho de jerarquía infraconstitucional, provenientes de autoridades públicas provinciales o locales. Es este dato esencial el que posibilita el conocimiento y decisión "acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad", es decir, de la conformidad o infracción de las normas subordinadas, inferiores, respecto de aquellas con las que entran en conflicto (doctr. causas B. 58.835, "Curieses", resol. de 3-II-1998; I. 2098, "Sencar", resol. de 24-VI-1997; I. 2401, "Ginestet", resol. de 7-V-2002; I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria", sent. de 2-III-2011; I. 68.403, "Aramburu", resol. de 5-X-2011; B. 71.847, "Reciclar SA", resol. de 27-VI-2012; B. 71.959, "Turchi", resol. de 4-VII-2012 y B. 73.095, "Axat Della Croce", res. de 20-XI-2014, entre otras).
III.3. De lo anterior se colige que lo que haya de ventilarse en el actual proceso originario, dadas sus singularidades, solo podrá abarcar el confronte de validez constitucional del artículo único de la ley 14.997 o, eventualmente, de los contenidos de la ley 27.348 a los cuales esa norma se adhirió, pero solo en la medida de su incorporación como derecho público local. Mas no sería posible conocer en esta instancia y dada la postura del caso acerca de un embate directo a la norma federal capaz de -a la postre- configurar una cuestión federal simple, razón por la cual corresponde concluir que los agravios de la apelante son infundados a los fines de justificar la concesión del remedio extraordinario.
IV. Por lo demás, la gravedad institucional que se alega implicada en la especie, en el supuesto de concurrir, solo faculta al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal (CSJN, Fallos: 311:120; cfr. causa B. 51.812 "Empresa Argentina de Constructora Públicas", resol. del 21-VI-2006), requisito que, en virtud de lo señalado, no se encuentra cumplido en el caso. Adicionalmente, la mera invocación de garantías constitucionales no abastece tal cometido, careciendo por sí de idoneidad para habilitar el acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (cfr. causas A. 72.618, "Bahlche", resol. de 2-VII-2014; Q. 74.325, "Ría Blanca S.A.", resol. de 7-XII-2016; A. 74.238, "Aulicio", resol. de 29-III-2017).
En tales condiciones, y en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, corresponde denegar el recurso intentado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación a fs. 198/211 (art. 257, CPCCN).
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
SECRETARIO
Fdo.: Pe-Ne-So-Ge-dLa
Reg. Nº 691
Fin de la sentencia