Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75178
I.75.178 “COLEGIO DE ABOGADOS DEPTO. JUD. DE QUILMES C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.997”
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), en cuanto dispone la adhesión al régimen nacional establecido por la ley nacional 27.348, complementaria de la Ley sobre Riegos del Trabajo.
Funda la legitimación en su carácter de entidad de derecho público no estatal y con invocación de algunas de las funciones que la ley le encomienda en orden a la defensa del ejercicio profesional de la abogacía o la protección del Estado de Derecho y las instituciones republicanas, entendiendo que esos principios jurídicos serían violados por la ley 14.997 (cfr. arts. 19 incs. 4, 9 y 10, ley 5177).
Manifiesta que la norma legal cuestionada obliga a los abogados a litigar ante Comisiones Médicas -que reputa inválidas por no observar las garantías del debido proceso-, producir prueba ante profesionales de la medicina y tener que aceptar las decisiones suscriptas por ellos -cuya imparcialidad también cuestiona-, no pudiendo presentar recursos ante las resoluciones homologatorias que, por lo tanto, pasarán a ser "cosa juzgada administrativa". Controvierte, también, aspectos referidos a la retribución profesional en esa sede administrativa, denuncia la competencia desleal que significaría el patrocinio letrado gratuito que prevé la norma y se agravia de la mayor cantidad de tareas que deberán realizar los abogados con el objeto de garantizar los derechos de sus clientes.
En ese contexto, solicita se apliquen al proceso las reglas de las acciones colectivas por encontrarse afectados los derechos de los abogados que representa.
Requiere que los efectos de la decisión que se vaya a adoptar, de resultar favorable a su pretensión, alcance a todos los integrantes de lo que entiende vendría a ser el grupo o la clase por cuyos derechos acciona. En tal sentido, tras invocar una amplísima representación a favor de toda la ciudadanía, la circunscribe a los abogados de trabajadores domiciliados en la Provincia de Buenos Aires en su condición de matriculados en el respectivo departamento judicial. Y entre ellos, también a los trabajadores abogados matriculados en el Colegio, quienes podrían padecer infortunios o enfermedades laborales.
En cuanto a los principios y garantías constitucionales que considera violentados por la ley 14.997, denuncia la infracción a la autonomía provincial en cuanto aquélla adhiere expresamente a la normativa nacional, considerando que las tareas ejercidas por las Comisiones Médicas o bien forman parte del poder de policía local -irrenunciable e indelegable- o bien importan el desempeño de funciones jurisdiccionales reservadas al Poder Judicial (cita arts. 1, 3 y 39, Const. prov. y 5, 75 inc. 12, 109, 116, 117, 121, 122, 123, Const. nac.).
Alega que al mismo tiempo se ven afectadas las garantías relativas a la tutela judicial continua y efectiva, al debido proceso, a la defensa en juicio y al acceso irrestricto a la justicia, esto último al forzar a un tránsito obligatorio por una instancia administrativa previa (cita arts. 15 y 36, Const. prov.; 18 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 8.1 y 25, CADH). En relación con lo expuesto, se agravia por el limitado marco de conocimiento de la vía recursiva prevista, al entender que en la instancia judicial sólo se revisará lo ya resuelto por las Comisiones Médicas y no se tratará de una acción plena. Finalmente, dice verse perjudicada por el efecto suspensivo asignado a los recursos, a la vez que se queja del hecho de no ser recurribles los procedimientos ante aquellas comisiones.
II. Luego solicita el dictado de una medida cautelar que suspenda la vigencia de la ley controvertida "…a fin de evitar que los abogados de los trabajadores y que los trabajadores abogados que tengan que reclamar hoy se vean perjudicados por un sistema legal ya reiteradamente declarado inconstitucional…", alegando en su última presentación que "… se violan las facultades reservadas de la Provincia, el régimen republicano de gobierno y el principio de división de poderes…".
III. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
III.1. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I 3.202, cit.; e.o.), de lo que se sigue que en este proceso incumbe al actor poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causa I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
Ha destacado también la Corte que ese carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
III.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluri individual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra III.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
III.3. Los colegios de abogados departamentales pueden acceder ante esta Corte a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en resguardo de sus propios intereses y de los que atañen a los colegiados como tales, siempre que fueren afectados -en cuanto a su ejercicio profesional concierne- por normas locales que consideren contrarias a la Constitución provincial (arts. 41 y 161 inc. 1, Const. prov.).
Ahora bien, la admisión de la legitimación para demandar de estos singulares entes públicos no estatales dista de ser genérica e ilimitada. Depende en modo relevante del contenido y alcance de las competencias que su ley de creación y funcionamiento les asigne con arreglo al principio de especialidad (arg. doctr. causa I. 73.296, "Comisión Provincial por la Memoria", resol. de 13-VIII-2014); y, desde luego, de las características del conflicto, dadas por el tenor de las normas que se impugnan, así como del tipo de agravio invocado y de la posición que frente a esas normas aquéllos exhiben (doctr. causas I. 2115, cit.; I. 2153, cit.; e.o). Por lo pronto, para controvertir por esta vía la constitucionalidad de disposiciones legales o reglamentarias el ente colegial debe justificar que, por sobre el genérico interés en el respeto de la juridicidad, la esfera de intereses inherentes al ejercicio profesional de la abogacía experimenta o puede padecer en modo cierto o inminente algún menoscabo o lesión en sus derechos.
No es tal la situación que caracteriza al caso, toda vez que la corporación profesional no ha sido afectada por la ley que cuestiona, ni lo han sido los abogados como tales. En adición aquella entidad carece de la representatividad adecuada para litigar en defensa colectiva de los intereses de trabajadores en relación de dependencia susceptibles de experimentar infortunios laborales.
IV.1. El intento de desdoblar la clase que la actora pretende representar entre "abogados de trabajadores domiciliados en la Provincia de Buenos Aires" y "abogados trabajadores matriculados en el Colegio de Abogados de Quilmes" susceptibles de contraer enfermedades o accidentes laborales, no es de recibo.
De las tres atribuciones que la impugnante extrae del art. 19 de la ley 5177, solo la contemplada en el inc. 4 podría aproximarse remotamente a lo propuesto, en tanto que allí se mienta a la función colegial de "Asistir y defender a los miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes, administrativas y/o judiciales, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión. Velar por el decoro de los matriculados y afianzar la armonía entreéstos".
La norma transcripta apunta de manera primordial a la representación de los abogados en su actuación profesional autónoma ("el libre ejercicio de la profesión"), tutelando sus intereses en tanto profesionales independientes. Mas no tiene en vista, de modo claro y puntual, la situación de abogados en relación de dependencia; enfoque consistente con otros tramos de la ley 5177, los cuales, sin perjuicio de su extensión a esta última categoría, se orientan básicamente al abogado autónomo (cfr. arts. 6 inc. 4, 41 in fine, 58 inc. 4, 60 inc. 7, 69, 116 inc. "h" y concs., ley 5177). Como fuere, aunque contemplara a ambos de igual modo tampoco esa circunstancia avalaría la legitimación invocada.
Por otra parte, no es plausible el intento de anclar el factor legitimante en la más genérica función prevista en el art. 19 inc. 9 de "Cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en la que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales". La genérica misión no puede sustraerse del contexto en el que se halla inserta, lo que exige tener presente que la posibilidad de demandar judicialmente en su virtud presupone que los intereses profesionales o aquellos relativos al "ejercicio de la abogacía" se encuentren concreta y objetivamente lesionados. Semejante extremo no se verifica para el grupo sub examine en cuanto tal (art. 19 in fine, ley cit.).
Si en razón del citado complejo normativo, o de otra norma análoga, a los colegios profesionales no les sería dable controvertir normas que afectasen los derechos de terceros consumidores o de los usuarios de servicios públicos, a pesar de que obviamente todo abogado colegiado es consumidor y usuario de tales servicios, a menos que concurriese alguna afectación a dicha entidad u otro tipo de peculiaridad que denotara al mismo tiempo un gravamen diferencial para quienes fuesen abogados, entonces tampoco parece razonable, ni tiene cabida, extender tanto la inteligencia de las reglas al extremo de habilitarle a accionar en protección de los trabajadores en relación de dependencia en cuanto tales, por más que haya una cantidad de abogados que se desempeñan en ese estado en un bufete, una empresa o un órgano o ente estatal (v. doctr. de mi voto en causa I. 68.534, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-IX-2006).
Adicionalmente, hay que ponderar que las entidades sindicales tienen primacía para deducir reclamos como el de autos en defensa de los intereses de los trabajadores. En principio no podrían ser válidamente sustituidas en un eventual proceso colectivo por una entidad que no cuenta con análoga representatividad, como el Colegio de Abogados (cfr. arts. 11, 23 y concs., ley 23.551; mi voto en causa I. 68.534, cit.). Sin ir más lejos, ante los estrados del Tribunal tramita una demanda sustancialmente idéntica a la presente, articulada por catorce asociaciones gremiales de primer y segundo grado para bregar por los intereses colectivos de quienes laboran en relación de dependencia (cfr. causa I. 75.125, "Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 14.997").
Todo ello me inclina a denegar, en función del soporte normativo en el cual se funda, legitimación al Colegio para representar esa porción de la clase propuesta integrada por abogados que fuesen trabajadores en relación de dependencia.
IV.2. A mayor abundamiento, en los términos trazados en el caso "Halabi" (Fallos: 332:111) la pretendida legitimación de los "abogados trabajadores" no explicita la disfuncionalidad que importaría requerir el acceso a la justicia por medio de una acción individual. El escrito de inicio, en efecto, no se hace cargo del motivo por el cual, respecto de la tutela del interés de un abogado en relación de dependencia accidentado o enfermo, fuere disfuncional por medio de una demanda individual (cfr. arts. 12, ley 14.967 y 20, ley 11.653).
IV.3. Sentado lo que antecede vale abordar el punto relativo a la legitimación para demandar de la parte actora por causa de la alegada afectación a los derechos relativos al ejercicio de la abogacía de los profesionales matriculados en el colegio departamental (art. 19 in fine, ley 5177).
V.1. Un primer conjunto de agravios en ese plano se focaliza en la adhesión prevista en el art. 1 de la ley 14.997, que de consuno con lo previsto en el art. 4 de la ley 27.348 asigna "...a la jurisdicción administrativa nacional … la totalidad de las competencias necesarias..." para dar cumplimiento a las previsiones de la norma complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. Para el reclamante la norma viola la autonomía provincial, incurre en una delegación indebida del poder de policía local al gobierno federal y desconoce el principio de separación de poderes en detrimento de los órganos del Poder Judicial. Se trata -como se advierte- de argumentos de neto orden institucional.
Atendiendo a los tradicionales recaudos para la configuración de un caso o controversia, de antaño el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que existan leyes contrarias a la Constitución que no afecten derechos individuales, razón por la cual éste le ha conferido a los poderes públicos personalidad para traer ante esta Corte los conflictos referidos a las atribuciones y facultades propias con que la Constitución los inviste (cfr. arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.; doctr. causa B. 66.093, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 10-X-2003). En otras palabras, son estos últimos quienes de ordinario se hallan en una posición preferencial para litigar en reclamo de la observancia de tales preceptos normativos, en tanto resultan fácilmente trazables a su esfera de intereses.
Con todo, esa clase de cuestiones, aun cuando giren en torno a preceptos de orden institucional, diversos de otros más directamente ligados a la autonomía individual (v.gr., los que contienen declaraciones o consagran derechos y garantías; cfr. causa B. 73.126, "Sarachaga", resol. de 6-IV-2016), de por sí no implican un obstáculo que inhiba el control judicial. Ya se trate de agravios atingentes al federalismo o a la división de poderes, ambos exhiben más de una sola dinámica circunscripta al mantenimiento del balance constitucional. El desconocimiento de cualquiera de ellos puede sustentar una pretensión ante esta Corte siempre y cuando la aplicación de la ley que se censura afecte o vaya a incidir adversamente en el círculo de bienes jurídicos de las personas por cuya titularidad puedan reclamar y que, para ello, guarden una adecuada conexión con la norma reputada inconstitucional (doctr. causa I. 72.507, cit.).
Pero esto no es lo que se evidencia en la demanda promovida por el Colegio. Más allá de tener presente que al tiempo de este pronunciamiento, dado lo resuelto en el precedente dictado en la causa L. 121.939, "Marchetti”, sent. de 13-V-2020 (y, entre muchas más: L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020, L. 121.755, "Ibarra”. sent. de 13-X-2020), el asunto de fondo exhibe una línea de jurisprudencia consolidada, lo cierto es que los embates de la actora no logran explicitar, siquiera mínimamente, de qué modo la ley 14.997 y su adhesión a la ley 27.348 afectan los derechos o intereses propios de sus matriculados. La línea argumental desplegada se limita a un cuestionamiento basado puramente en el interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, lo cual como se ha resuelto varias veces no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de caso o controversia apto para ser abordado judicialmente (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
V.2. Otros agravios se vinculan ya sea a los trabajadores representados por sus abogados matriculados o a la previamente analizada figura de los abogados trabajadores en relación de dependencia que pudieran sufrir un infortunio laboral. Al respecto se menciona la supuesta violación a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva; el acceso irrestricto a la justicia; la obligación del Estado provincial de remover obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; el quebrantamiento de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa; más una serie de quejas relativas
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