Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75217
I.75.217 “BASSI MARINA NATALIA Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.997”
El señor Juez doctor Soria, dijo:
I. Marina Natalia Bassi, Gustavo Aníbal Mariani, Agustina Pilar Cuerda, Mariano Lovelli, Carolina Belén Espinosa, Víctor Eduardo Hortel, Alejandro Javier Rusconi, Ana Carina Stieben, Emiliano David Leyton, Juan Francisco Díaz y Roberto Emir Daoud, promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), en cuanto dispone la adhesión al régimen nacional establecido por la ley nacional 27.348, complementaria de la Ley sobre Riegos del Trabajo.
Fundan la legitimación en su carácter de abogados matriculados en la Provincia de Buenos Aires. Así se presentan como "personas afectadas en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional" y también "representando a los profesionales abogados matriculados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires en defensa de los intereses individuales homogéneos" que, consideran, se encuentran comprometidos a partir de la vigencia de la norma impugnada (v. fs. 1 vta./2).
Manifiestan que la ley 14.997 afecta la garantía de la tutela judicial continua y efectiva (citan el art. 15 Const. prov.) como también el principio de división de poderes (se apoyan en el art. 166 y sgtes., Const. prov.) al obligar a los profesionales del derecho a litigar ante Comisiones Médicas -que reputan inválidas por no observar las garantías del debido proceso-, producir prueba ante profesionales de la medicina y tener que aceptar las decisiones suscriptas por ellos -cuya imparcialidad también cuestionan-, no pudiendo presentar recursos ante las resoluciones homologatorias que, por lo tanto, pasarán a ser "cosa juzgada administrativa". Controvierten, también, aspectos referidos a la retribución profesional en esa sede administrativa, denuncian la competencia desleal que significaría el patrocinio letrado gratuito que prevé la norma y se agravian de la mayor cantidad de tareas que deberán realizar los abogados con el objeto de garantizar los derechos de sus clientes (v. fs. 3/4).
En ese contexto, solicitan que se apliquen al proceso las reglas de las acciones colectivas por encontrarse afectados los derechos de los abogados que dicen representar, ello conforme lo establecido por los arts. 43 de la Constitución nacional, 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 7 de la ley 13.928, con las reformas introducidas por la ley 14.192.
En consecuencia, requieren que los efectos de la decisión que se vaya a adoptar, de resultar favorable a su pretensión, alcance a todos los integrantes de lo que entienden vendría a ser el grupo o la clase por cuyos derechos accionan por revestir la condición de parte interesada (v. fs. 2 y 8 vta.).
En cuanto a los principios y garantías constitucionales que consideran violentados por la ley 14.997, denuncian la infracción a la autonomía provincial en cuanto aquélla adhiere expresamente a la normativa nacional, considerando que las tareas ejercidas por las Comisiones Médicas o bien forman parte del poder de policía local -irrenunciable e indelegable- o bien importan el desempeño de funciones jurisdiccionales reservadas al Poder Judicial (citan los arts. 1, 3 y 39, Const. prov. y 5, 75 inc. 12, 109, 116, 117, 121, 122, 123, Const. nac.).
Alegan que, al mismo tiempo, se ven afectadas las garantías relativas a la tutela judicial continua y efectiva, al debido proceso, a la defensa en juicio y al acceso irrestricto a la justicia, esto último al forzar a un tránsito obligatorio por una instancia administrativa previa (cita arts. 15 y 36, Const. prov.; 18 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 8.1 y 25, CADH). En relación con lo expuesto, se agravian por el limitado marco de conocimiento de la vía recursiva prevista, al entender que en la instancia judicial sólo se revisará lo ya resuelto por las Comisiones Médicas y no se tratará de una acción plena. Finalmente, dicen verse perjudicados por el efecto suspensivo asignado a los recursos, a la vez que se quejan del hecho de no ser recurribles los procedimientos ante aquellas comisiones (v. fs. 12/31).
II. Luego solicitan el dictado de una medida cautelar que suspenda la vigencia de la ley 14.997 "…a fin de evitar que los abogados de los trabajadores y que los trabajadores abogados que tengan que reclamar hoy se vean perjudicados por un sistema legal ya reiteradamente declarado inconstitucional…" (fs. 63); como también "…por razones de estricta justicia y para que no haya diferencias entre los abogados de los trabajadores y entre los trabajadores abogados, derivados de la fecha en que hayan sufrido el daño que portan…" (fs. 63 vta.).
III. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
III.1. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I 3.202, cit.; e.o.), de lo que se sigue que en este proceso incumbe a quien acciona poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causa I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
Ha destacado también la Corte que ese carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
III.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluri individual (conf. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra III.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
III.3. No hay duda de que los abogados pueden acceder ante esta Corte a través de la acción originaria de inconstitucionalidad y presentarse como tales en resguardo de sus intereses, siempre que fuera afectado el ejercicio profesional por la vigencia o la aplicación de la norma cuya constitucionalidad cuestionan. En tal sentido, recientemente este Tribunal se expidió -con motivo de la petición de un abogado agraviado por una ley local- acerca de la inconstitucionalidad de la norma que prevé una limitación irrazonable del ejercicio de la abogacía para aquellos profesionales que también fueran matriculados para el desempeño de las ciencias económicas (causa I. 73.106, "Nápoli", sent. de 8-VI-2020). Y de igual modo ha resuelto en casos anteriores pretensiones que involucraron la validez constitucional de preceptos normativos que incidían en forma adversa en el ejercicio de la actividad profesional de los abogados peticionantes (conf. causas I. 2036, "Nieto Blanc", sent. de 27-X-1998; I. 74.052, "Bergaglio", resol. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", resol. de 13-VII-2016; I. 70.281, "Suárez", sent. de 29-VIII-2018; I. 75.440, "Mancebo", resol. de 26-XII-2018; I. 75.454, "Suppa", resol. de 29-V-2019; 75.716, "Diéguez", resol. de 12-VI-2019; e.o.)
De modo que, para controvertir por esta vía la constitucionalidad de disposiciones normativas, quien se presente invocando la calidad de abogado afectado, debe justificar que, por sobre el genérico interés en el respeto de la juridicidad, experimenta o puede padecer en modo cierto o inminente algún menoscabo o lesión en sus derechos o intereses inherentes al ejercicio profesional. Sin embargo, quienes acuden a este proceso no invisten la condición de parte interesada en los términos antes señalados.
IV. En el último período este Tribunal ha resuelto las causas I. 75.129, I. 75.178, I. 75.219, I. 75.218, I. 75.195 e I. 75.189 promovidas por los colegios de abogados de los departamentos judiciales de Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, Zárate-Campana y La Matanza, respectivamente, de casi idéntico contenido que la presente.
Un simple cotejo de los escritos de demanda presentados en aquellas causas y en ésta permite constatar la similitud en el planteo y en su modo de formularlo. Por tal razón, los fundamentos expuestos en las resoluciones de fecha 12 de febrero de 2021 dictadas en aquellos antecedentes guiarán -en lo pertinente- el desarrollo que sigue.
IV.1. Un primer conjunto de agravios se focaliza en la adhesión prevista en el art. 1 de la ley 14.997 que, de consuno con lo previsto en el art. 4 de la ley 27.348 asigna "…a la jurisdicción administrativa nacional… la totalidad de las competencias necesarias…" para dar cumplimiento a las previsiones de la norma complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. Para los reclamantes la norma viola la autonomía provincial (v. fs. 12/13), incurre en una delegación indebida del poder de policía local al gobierno federal y desconoce el principio de separación de poderes en detrimento de los órganos del Poder Judicial (v. fs. 13/15 vta.). Se trata -como se advierte- de argumentos de neto orden institucional.
Atendiendo a los tradicionales recaudos para la configuración de un caso o controversia, de antaño el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que existan leyes contrarias a la Constitución que no afecten derechos individuales, razón por la cual éste le ha conferido a los poderes públicos personalidad para traer ante esta Corte los conflictos o choques de las atribuciones y facultades propias con que la Constitución los inviste (conf. arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.; doctr. causa B. 66.093, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 10-X-2003). En otras palabras, son estos últimos quienes de ordinario se hallan en una posición preferencial para litigar en reclamo de la observancia de tales preceptos normativos, en tanto resultan fácilmente trazables a su esfera de intereses.
Con todo, las cuestiones referidas, aun cuando giren en torno a preceptos de orden institucional distintos a aquellos más directamente ligados a la autonomía individual (v.gr., los que contienen declaraciones o consagran derechos y garantías; conf. causa B. 73.126, "Sarachaga", resol. de 6-IV-2016), de por sí no implican un obstáculo que inhiba el control judicial. Ya se trate de agravios atingentes al federalismo o a la división de poderes, ambos exhiben más de una sola dinámica circunscripta al mantenimiento del balance constitucional. El desconocimiento de cualquiera de ellos puede sustentar una pretensión ante esta Corte siempre y cuando la aplicación de la ley que se censura afecte o vaya a incidir adversamente en el círculo de bienes jurídicos por cuya titularidad pueda reclamar el actor y guarde una adecuada conexión con la norma reputada inconstitucional (doctr. causa I. 72.507, cit.).
Pero esto no es lo que se evidencia en la demanda promovida por los abogados demandantes. Más allá de tener presente que al tiempo de este pronunciamiento, dado lo resuelto en el precedente dictado en la causa L. 121.939, "Marchetti", sentencia de 13-V-2020 (y, entre muchas más: L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020, L. 121.755, "Ibarra", sent. de 13-X-2020; e.o.), el asunto de fondo exhibe una línea de jurisprudencia consolidada, lo cierto es que los embates de los accionantes no logran explicitar, siquiera mínimamente, de qué modo la ley 14.997 y su adhesión a la ley 27.348 afectan sus derechos o intereses en el ejercicio profesional en tanto abogados matriculados en la provincia de Buenos Aires (art. 27 Const. prov.; ley 5.177).
La línea argumental desplegada se limita a un cuestionamiento basado puramente en el interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, lo cual -como se ha resuelto varias veces- no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de caso o controversia apto para ser abordado judicialmente (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
IV.2. Otros agravios se vinculan ya sea a los trabajadores representados por los abogados matriculados o a la figura de los abogados trabajadores en relación de dependencia que pudieran sufrir un infortunio laboral. Al respecto se menciona la protección a los derechos laborales y de la seguridad social que reconocen los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial (v. fs. 9); la supuesta violación a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva (v. fs. 16); el acceso irrestricto a la justicia (v. fs. 17); la obligación del Estado provincial de remover obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (v. fs. 19); el quebrantamiento de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 19 vta.); más una serie de quejas relativas al diseño procedimental y recursivo de la ley 27.348 (v. fs. 11 vta./31).
Como sea, lo cierto es que todo litigante de ordinario debe invocar la afectación de derechos o intereses que le son propios, sin posibilidad de basar su reclamo enteramente en los derechos o intereses de terceros capaces de enarbolarlos en juicio por su cuenta (doctr. causa I. 74.547, "Municipalidad de Castelli", resol. de 11-X-2017). La legitimación vicaria podría llegar a justificarse, llegado al extremo, si fuese disfuncional para las personas cuyos derechos se invocan impetrar su reclamo. Pero tanto aquí como en los demás casos análogos ya resueltos, cabe descartar esa hipótesis de excepción.
Adicionalmente, hay que ponderar que las entidades sindicales tienen primacía para deducir reclamos como el de autos en defensa de los intereses de los trabajadores. En principio no podrían ser válidamente sustituidas en un eventual proceso colectivo por un grupo de personas que no cuenta con semejante representatividad, como lo son los abogados que aquí accionan. Sin ir más lejos, ante los estrados del Tribunal tramita una demanda originaria de inconstitucionalidad sustancialmente idéntica a la presente, articulada por catorce asociaciones gremiales de primer y segundo grado para bregar por los intereses colectivos de quienes laboran en relación de dependencia (conf. causa I. 75.125, "Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 14.997").
Por lo tanto, dado que los planteos aludidos remiten a la repercusión de la norma en la esfera de intereses de los trabajadores antes que en la de los abogados matriculados que aquí accionan, ellos tampoco habilitan la legitimación pretendida.
IV.3. Por último y con mucha menos carga argumentativa que las alegaciones anteriormente analizadas, los profesionales accionantes atacan aspectos del marco normativo objetado por los posibles efectos lesivos que habrían de soportar los abogados matriculados a raíz de su vigencia; tales como el aumento de tareas que tendrán que realizar al haberse establecido una nueva instancia administrativa previa y obligatoria; los atingentes a la ausencia de normas arancelarias específicas con el riesgo de que su labor profesional no sea retribuida; y también el perjuicio que pudiera suscitarse ante la denunciada "competencia desleal" que implicaría el patrocinio letrado gratuito que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo instrumentaría a favor de los trabajadores, entre los más salientes (v. fs. 3 y 4).
En el caso, semejantes reparos no alcanzan para brindar sostén a la legitimación pretendida. Para que ella tenga lugar, la parte debe demostrar la existencia de un interés en el resultado del juicio, lo que implica que los agravios la afecten de forma suficientemente directa o sustancial; esto es, que posean cierta concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso. El agravio no puede ser meramente conjetural o hipotético (doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1961-V-264; 1963-II-937; 1985-I-668; causas B. 65.394, "Aristi", resol. de 28-IX-2005; I. 2340, "Aguas Argentinas SA", sent. de 5-III-2008; B. 62.428, "Constandinoff", sent. de 26-VIII-2009; I. 2285, "YPF SA", sent. de 20-III-2013; B. 67.026, "Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación", sent. de 21-II-2018; B. 66.852, "Bartel", sent. de 10-VII-2019; e.o.). Frente a ello, es evidente que los inconvenientes deslizados sumariamente a fs. 3 y 4, dado lo contingente y eventual de su acaecimiento, no permiten sustentar una pretensión en los términos del art. 161 inc. 1 del texto fundamental.
IV.4. De lo hasta aquí expuesto se sigue, además, que si los abogados qu
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