Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75125
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 75.125, "Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 14.997", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño .
I. Los representantes de las asociaciones sindicales que a continuación se enumeran: la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Provincia de Buenos Aires, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) Provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Obreros Curtidores (SOC), la Federación de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Capital Federal (ATE - Capital Federal), el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID), la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Lanús (ADUNLA), la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), promueven demanda contra la Provincia de Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, y solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.997 que adhirió a la ley nacional 27.348 —complementaria de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo—, pues consideran que vulnera cláusulas constitucionales provinciales y afecta gravemente los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos de quienes son representados por los sindicatos que promueven la demanda.
Solicitan se aplique a la presente acción el trámite correspondiente de los procesos colectivos —acción de clase— de conformidad con lo dispuesto en los arts. 43 de la Constitución nacional; 20 de la Constitución provincial y 7 de la ley 13.928 modificado por la ley 14.192.
Asimismo, solicitan que, con carácter cautelar, se ordene la suspensión de la vigencia de la ley 14.997 a fin de evitar que los trabajadores que tengan que reclamar se vean perjudicados por dicho sistema legal.
Por último, pretenden que la cuestión se declare como de puro derecho y formulan reserva de caso federal.
II. A fs. 104 se presenta la señora Mónica Fernanda Macha, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, adhiere a todos y cada uno de los términos de la acción colectiva y originaria de inconstitucionalidad presentada en autos por los sindicatos que integran el Espacio Inter Sindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores y Trabajadoras, haciendo propios los planteos expuestos en la demanda.
III. A fs. 109/141 se presenta el señor Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se opone a la medida cautelar solicitada por la parte actora, plantea la inadmisibilidad de la demanda, refuta que el caso pueda encuadrarse en el régimen de los procesos colectivos y, finalmente, pide que se rechace la demanda con costas.
IV. A fs. 143/185 se presenta, en el marco del art. 90 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial, el Estado nacional, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, exigiendo su intervención como parte procesal. Plantea la incompetencia de este Tribunal y articula la correspondiente declinatoria conforme lo previsto en el art. 7 y siguientes del Código de rito.
Manifiesta que en el caso de autos concurre gravedad institucional y, subsidiariamente, contesta la demanda, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.
V. Mediante resolución de fecha 4 de julio de 2018, esta Corte denegó el pedido formulado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para ser tenida como parte demandada en autos (v. fs. 187/189).
VI. Contra esta última resolución, el apoderado del Estado nacional interpuso lo que denomina "recurso de revocatoria in extremis " que fue rechazado por inadmisible mediante resolución de este Tribunal de fecha 1 de agosto de 2018 (v. fs. 195).
VII. Contra dicho rechazo fue interpuesto recurso extraordinario federal (v. fs. 198/211) —cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 216/224—, y concedido por este Tribunal a fs. 240/241, para —finalmente— ser declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 25 de febrero de 2021.
VIII. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigencia de la ley 15.057 (B.O.P. de 27-XI-2018) esta Suprema Corte confirió traslado a las partes para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes. En tal cometido, la parte actora con similares argumentos a los expuestos en la demanda, reclamó la declaración de la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (v. fs. 227 y 231/238).
IX. Agregada la prueba documental acompañada, glosado el alegato producido por la parte actora (v. fs. 283/293), declarado perdido a la demandada el derecho que tenía de alegar (v. fs. 294), oído el señor Procurador General (v. fs. 296/314) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Asesor General de Gobierno al presentarse en autos plantea la inadmisibilidad de la demanda tras señalar que, si bien se cuestiona la constitucionalidad de la ley 14.997, la impugnación se circunscribe al contenido de las disposiciones de la ley nacional 27.348 modificatoria y complementaria de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.
Alega que, de acuerdo a la doctrina de este Tribunal, la acción contemplada en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial está prevista solo para cuestionar normas de jerarquía infraconstitucional, provenientes de autoridades públicas provinciales o locales, por violación de disposiciones de la Constitución de la Provincia y que, en este caso, se observa un defecto esencial en el objeto de la acción que determina que esta resulte inadmisible.
Niega que dicho déficit pueda sortearse con el argumento de que la ley 14.997 importa una delegación de atribuciones constitucionales de la Provincia a favor del Gobierno federal.
I.2. En el apartado IV bajo el título "La cuestión de la legitimación - los pretendidos efectos de la acción colectiva" el señor Asesor General de Gobierno pone de resalto que los actores pretenden que se apliquen a su demanda regulaciones de una acción colectiva y refiere que "…una cosa es lo atinente a la legitimación para actuar, por la cual se presentan las asociaciones sindicales que interponen la acción" y que "…otra distinta es la pretensión de darle carácter 'colectivo' y de acción de clase al proceso".
Señala que los demandantes manifiestan integrar el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores y que dicho Espacio no cuenta con personería propia.
Expresa que el Espacio común o intersindical, tal como admiten los propios actores, no resulta una asociación reconocida por el art. 43 de la Constitución nacional y que, por lo tanto, ante la aptitud procesal que poseen los sindicatos que han accionado, la demanda solo ha de alcanzar a los trabajadores que invocan representar y, en consecuencia, los efectos de la sentencia a dictarse deben beneficiar solo a dichos representados sin que quepa extender efecto alguno erga omnes .
II. La parte actora no contestó el traslado conferido y, atento lo expuesto en las presentaciones de fs. 273/279 y 283/293, corresponde hacer mérito de lo expresado en la demanda —ratificada a fs. 231 al contestar el traslado conferido en razón de la vigencia de la ley 15.057— respecto a las cuestiones y circunstancias en las que se sustentan las objeciones a la admisibilidad de la demanda formuladas por la Provincia de Buenos Aires.
II.1. En cuanto al alcance de la impugnación constitucional, individualiza las disposiciones de la ley 27.348 a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997 y puntualiza los preceptos de la Constitución provincial que considera vulnerados en cada caso. También, en el marco del art. 1 de la Constitución local, apunta los preceptos de la Constitución nacional que entendió violados por las normas impugnadas.
II.2. Por otra parte, con relación a la legitimación de las asociaciones sindicales que promueven la demanda, declara que todas integran el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, al tiempo que admite que esa agrupación no cuenta con personería jurídica propia.
Agrega que la legitimación activa de las organizaciones sindicales actoras surge del ámbito de la actuación sindical, personal y territorial de cada una de ellas, como entidades con personería gremial o simple inscripción reconocida por la autoridad de aplicación, sus estatutos y mandatos vigentes. Apunta que una de las atribuciones de estas entidades consiste en defender ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (art. 23 inc. "z", ley 23.551).
Acota que todas las organizaciones actoras tienen un objetivo común: propiciar el análisis y discusión de la problemática de la salud laboral de los trabajadores en nuestro país, fomentando herramientas de participación activa de los trabajadores y asociaciones sindicales, para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Además, agrega que la legitimación de la actuación sindical fue ampliada con la reforma de las constituciones nacional (art. 43) y provincial (art. 20 inc. 2).
Señala que, en este caso, los sindicatos presentantes actúan en defensa de los derechos subjetivos lesionados y en tutela de los intereses colectivos de las organizaciones gremiales y de los trabajadores que representan.
III.1. La objeción a la admisibilidad de la demanda planteada por la Provincia con fundamento en que la impugnación se dirige a cuestionar una norma nacional, la ley 27.348, no es de recibo.
Los actores denuncian la inconstitucionalidad de la ley 14.997, a través de la cual la Provincia de Buenos Aires adhirió a la ley 27.348 modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Dicha adhesión implicó la incorporación de las normas federales a la categoría de ley local. De tal modo, es evidente que el cuestionamiento recae sobre el régimen jurídico bonaerense, es decir, sobre las previsiones que el Poder Legislativo provincial integró a través de la sanción de la ley 14.997, y quienes promueven la demanda alegan que resultarían ser contrarias a determinados preceptos constitucionales de la Carta local que individualizan.
Corresponde, entonces, desestimar el argumento ensayado por la demandada en orden a que los actores, a través de la presente acción, pretenden que se declare la inconstitucionalidad de normas nacionales.
III.2. En lo que respecta al análisis efectuado por el señor Asesor General de Gobierno en torno a la invocada legitimación activa, como así también a la personería acreditada y lo expresado en torno a los alcances que —según indica— pretenden los actores otorgar a la sentencia, comienzo por recordar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.), situación que acontece en la especie.
Y es doctrina constante que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (cfr. doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "González Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad se controvierte (cfr. doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.464, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-1993; I. 3.202, cit.; e.o.), y en este proceso los demandantes han puesto de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre el círculo de intereses de quienes representan tutelados por el ordenamiento (cfr. doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979 e I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
En tal sentido, coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, en cuanto a que "…los sindicatos actores poseen legitimación activa suficiente a efectos de representar a los trabajadores que integran sus respectivas asociaciones —por ser éste el elemento que da aptitud o viabilidad para su accionar y, por ende la legitimación activa procesal que denuncian para acceder por demanda originaria—, ante la eventual lesión constitucional invocada que incide en el círculo de bienes jurídicos por cuya titularidad o representatividad reclaman y ejercen conforme a la normativa antes señalada".
Pues, en efecto, los aquí actores resultan ser asociaciones sindicales con personería gremial que, conforme lo dispuesto en los arts. 31 inc. "a" y 34 de la ley 23.551, poseen como derecho, la defensa y representación, ante el Estado y los empleadores, de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (doctr. causa A. 72.903, "Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-V-2023).
Los estatutos de las organizaciones actoras —acompañados a estos autos— debidamente aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, contemplan la representación y defensa de sus afiliados en asuntos de su interés y en su condición de trabajadores. Así, el Estatuto de la CTA expresa, entre sus objetivos y fines, "…representar y defender los intereses de todos aquellos comprendidos en su ámbito subjetivo de actuación, tendiendo a remover los obstáculos que, de cualquier forma impidan o dificulten la realización plena de los mismos" (art. 3 inc. "a"). Igual previsión contiene el Estatuto de SUTEBA incorporado a esta causa (v. art. 1 inc. "a", segundo párr.). Por su parte, el correspondiente a la Federación Gráfica Bonaerense contempla como uno de sus objetivos "…defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses de profesionales" (art. 5 inc. "h"). El Estatuto del Sindicato Argentino de Docentes Privados prevé como una de sus atribuciones la de organizar y realizar la defensa de los intereses profesionales de sus afiliados y asumir y ejercer la defensa y representación de los afiliados en forma individual y colectiva (art. 3 incs. "b" y "c"). Y en términos semejantes se observa que las mismas atribuciones han sido otorgadas al resto de las asociaciones sindicales demandantes (v. arts. 1 y 4 inc. "a", Estatuto del Sindicato de Obreros Curtidores; 1 y 2, Estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro; 3 inc. 1, Asociación de Trabajadores del Estado Capital; 4 inc. 1 apdo. "B", Estatuto del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos —SATTDAID—; 1 inc. "f", Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Lanús —ADUNLA—; 9 inc.. "k", Federación de Docentes de las Universidades —FEDUN—; 5 inc. "i", Federación de Docentes Universitarios —CONADU—; 48, Unión de Trabajadores de la Educación —UTE— y 2 apdo. 2, Asociación del Personal Aeronáutico —APA—).
Es así que, al resultar reconocida la legitimación de las asociaciones sindicales que promueven la demanda, estimo innecesario profundizar sobre el ya mencionado espacio común que ellas integran, tras advertirse que no fue este quien accionó.
IV. Finalmente, en cuanto a la presentación efectuada por la diputada nacional Mónica Fernanda Macha, invocando sencillamente tal carácter y adhiriendo —sin más— a los términos de la demanda, no habiéndose pronunciado previamente este Tribunal y aun cuando no hubiese mediado expresa oposición de la demandada, corresponde desconocer su legitimación para accionar en el caso (CSJN Fallos: 313:863; 317:335; 322:528; 323:1432; 324:2381; 333:1023; 339:1223 y 345:191; arg. doctr. causa I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017).
V. Por las consideraciones desarrolladas, juzgo que la demanda resulta admisible, por lo que corresponde en la segunda cuestión ingresar al análisis del planteo sustancial que contiene, donde también —oportunamente y para el caso de corresponder— se resolverá sobre el alcance de los efectos del pronunciamiento que se dicte, atento lo peticionado en el escrito inicial.
Voto por la afirmativa .
Costas a la demandada, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores afirman que la ley provincial 14.997, a través de la cual la Provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 27.348 —Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo (LCRT)— vulnera los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos por causas laborales. Sostienen que tiene como único objetivo reducir la litigiosidad y maximizar los márgenes de ganancia de las compañías aseguradoras de riesgos del trabajo.
Postulan que la constitucionalidad de la ley 14.997 debe ser analizada de acuerdo al bloque de legalidad que incluye los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional en el art. 75 inc. 22, complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Agregan que las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes, recomendaciones, estudios y demás opiniones constitutivas de la doctrina de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo y, en general, las opiniones y decisiones adoptadas por los organismos internacionales de fiscalización y aplicación de los tratados, pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional y supralegal sirven de guía para su interpretación y aplicación por los tribunales argentinos.
Entienden que con la ley 14.997 se vulneró la autonomía provincial al adherir a una ley nacional con irregularidades en el procedimiento de su sanción. Consideran que, con la norma local, la Provincia cedió jurisdicción propia que integra sus poderes reservados y "no delegados".
Citan doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y expresan que el poder de policía de las provincias es irrenunciable y su delegación es extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo o de las legislaturas provinciales. Además, manifiestan que la reforma constitucional d
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