Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75198
I.75.198 “GEORGIEFF NORA MABEL C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.008”
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora Nora Mabel Georgieff, jubilada de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 15.008 (B.O. de 16-I-2018) por considerarlos violatorios de los arts. 11, 31, 36 inc. 6, 39, 40 y 50 de la Constitución provincial, sus similares del texto nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a este último (art. 75 inc. 22).
Entre los preceptos reputados lesivos de tales derechos, dirige su embate contra el art. 41 de la ley 15.008 al considerar que éste altera el régimen de movilidad para quienes se hallaban gozando de un beneficio previsional al momento de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Explica que resulta beneficiaria de una jubilación que ha sido discernida bajo un régimen anterior, por lo que el monto de la prestación está alcanzado por el sistema de movilidad correspondiente a la ley 13.364 y su modificatoria 13.873.
Puntualiza que la actualización del haber que percibe estuvo regida -hasta el momento de vigencia de la ley impugnada- por los incrementos salariales producidos en el sueldo correspondiente al cargo sobre la base del cual se determina; es decir, aquellos previstos para el personal en actividad y calculados en forma proporcional para su beneficio.
En contraposición a ello, explica que el art. 41 de la ley 15.008 establece -incluso para quienes se encontraran gozando de un beneficio a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva norma- que los haberes se "actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley N° 26.417, y sus modificatorias, que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma".
Se agravia especialmente por la aplicación inmediata de la ley nueva a quienes ya se encuentran percibiendo algún beneficio previsional -como ocurre en su caso-, toda vez que estiman que el estatus jubilatorio que se obtiene bajo el amparo de la ley vigente a la fecha del cese constituye un derecho adquirido que al incorporarse al patrimonio de los beneficiarios no puede perderse o suprimirse sin agravio al derecho de propiedad consagrado en los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y 17 de la Constitución nacional.
Puntualmente sostiene que el régimen de movilidad que trae la ley 15.008 se desentiende por completo de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocerle a la prestación jubilatoria, por medio de la cual esta última guarda siempre una proporción razonable con el sueldo del activo.
Manifiesta que el resultado final de la aplicación del art. 41 de la ley 15.008 le provoca un grave perjuicio patrimonial al privarla de los importes que deberían percibir en más si su prestación continuara rigiéndose por el incremento salarial que le corresponda proporcionalmente al personal activo de su misma categoría salarial.
Requiere, en consecuencia, que se suspenda cautelarmente la aplicación del art. 41 de la norma impugnada teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del derecho en juego, todo ello con el fin de que se restablezca el goce del beneficio previsional en los términos de la ley 13.364.
Corresponde, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante.
II. Esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, debido a la presunción de constitucionalidad o de validez de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; e.o).
Por excepción ha acogido solicitudes suspensivas de normas locales, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino, en rigor, acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causas I. 71.446, cit.; B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.).
Así lo ha resuelto cuando de la apreciación de las circunstancias existentes se advierte que la impugnación de la disposición reputada lesiva posee una precisa y fundada apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas), porque demuestra prima facie la transgresión constitucional, acredita en igual modo que el cumplimiento o los efectos de la norma controvertida han de generar un gravamen irreparable al derecho invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o.).
De tal manera, se impone considerar con ese criterio los extremos requeridos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ; arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
Adelanto que, en las particulares condiciones del caso, los elementos que habilitan la protección requerida se encuentran actualmente configurados.
III.1. Se trata de una jubilada que ha obtenido su beneficio bajo un régimen anterior. Si bien no invoca una edad avanzada, trae a consideración del Tribunal la particular circunstancia de tener a cargo una hija discapacitada, hecho que en el extraordinario contexto del caso resulta dirimente para el despacho favorable de la medida cautelar.
En tales condiciones, no es preciso reunir elementos de juicio adicionales para tener por configurado un cuadro de vulnerabilidad que no puede ser relegado del examen de procedencia de la petición, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (entre otros, in re "García", Fallos: 342:411; v. también: art. 9, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos, 45ª Asamblea General de la OEA, 15 de junio de 2015; ley 27.360, arts. 3, ap. 1; 4 incs. "c" y "d" y 17).
Ese estado de situación debe sopesarse a la hora de juzgar las consecuencias de cambios normativos de tanta importancia práctica como es la variación en el mecanismo de la movilidad jubilatoria. Vale señalar, según se ha recordado en el considerando 21 del citado precedente "García", que en esta materia la jurisprudencia de la Corte federal es particularmente sensible al resguardo de los derechos del sector pasivo, precisamente por tratarse de un grupo vulnerable, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (art. 75, inc. 23, Const. nac.; Fallos: 328:566; 328:1602; 329:3089; 332:1914; 337:1564; 341:1924, e.o.).
III.2. A esto cabe añadir que en la especie no se advierten razones de peso que permitan revertir la influencia de la aplicación de los señalados criterios de interpretación en el contexto de un caso que reviste particularidades como las señaladas y las que resultan del desarrollo que sigue.
Por el contrario, recientemente, el Poder Ejecutivo de la provincia, al cabo de un acuerdo o entendimiento arribado con la Asociación Bancaria (entidad gremial que ha promovido, en esta sede originaria, un proceso colectivo contra la ley 15.008), presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley (v. Mensaje 3985, expte. PE 10/21-22, de fecha 12 de julio pasado) que procura modificar -en cuanto aquí interesa- los puntos principalmente controvertidos en esta causa y los regula en un modo que armoniza con lo sustancial del reclamo de la parte actora. La postura reflejada en la iniciativa gubernamental desanda y revierte el sentido de los argumentos que han nutrido la defensa de la demandada al sistema de movilidad de la citada ley. De esta iniciativa legislativa da cuenta la presentación conjunta (como hecho nuevo) formulada en el expediente I. 75.132, de trámite originario ante este Tribunal, por el Asesor ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno y el apoderado de la aludida asociación. En ella ambas partes anotician del envío a la referida Cámara de la Legislatura del proyecto de ley derogatorio de la ley 15.008 (v. escrito de fecha 14-VII-2021 a las 2:10:10 p.m., causa I. 75.132).
III.3. Los elementos de hecho y de contexto actual que caracterizan el presente asunto, permiten encuadrar o calibrar mejor el examen de procedencia de los requisitos de peligro en la demora y apariencia de buen derecho, necesarios para expedir favorablemente el despacho precautorio.
IV.1. Al tratar un pedido similar en la causa I. 75.111, "Macchi" (resolución de 17 de abril de 2019), la mayoría del Tribunal otorgó la tutela preventiva requerida por quien alegaba que la ley 15.008 afectaba sus derechos constitucionales y de carácter alimentario, toda vez que el sistema de movilidad que instaura se desvincula de los incrementos correspondientes al cargo determinativo del haber, así como de la evolución de la remuneración del activo, lo cual revelaba -según se entendió- la ausencia de una relación proporcionada entre la prestación de retiro y aquella que le habría correspondido al reclamante de seguir en actividad; aspecto que es esencial para arribar a una retribución justa (arts. 39, inc. 1, Const. prov.; 14 bis, Const. nac.).
El voto de minoría no discrepó radicalmente con aquella postura prevalente. Pero puso el acento en la falta de configuración del peligro en la demora, dado que el análisis cuantitativo comparado entre los dos regímenes de movilidad comprometidos no permitía concluir, al menos en aquel momento, que el regulado por la norma cuestionada provocara un consistente perjuicio o una clara afectación al principio de progresividad (art. 39, inc. 3, Const. prov.). Sin expresar un parecer definitivo en derredor de la corrección jurídica de los presupuestos estructurantes del régimen de la ley 15.008 (particularmente en su art. 41), ni sobre la solución por ella establecida, tampoco descuidó la referencia a las aristas problemáticas que podrían derivarse de la -por entonces- nueva normativa, en tanto para definir la movilidad prescinde de la curva de los incrementos en los sueldos del personal en actividad del Banco y, por cierto, también, de la evolución de la cuantía del haber correspondiente al cargo base con arreglo al cual fuera otorgada la prestación previsional. Por ello dejó abierta la posibilidad de volver sobre la cuestión, de verificarse una diferencia significativa en menos respecto de lo que hubiese correspondido conforme a la ley 13.364 (v. pto. IV, causa cit.).
IV.2. Eje principal de la controversia, el art. 41 de la ley 15.008 es, en efecto, el centro de los agravios formulados por la demandante y la clave a desentrañar en esta fase cautelar del proceso. El precepto remite al mecanismo previsto en la legislación vigente en el orden nacional para la actualización de los haberes y lo hace prescribiendo lo siguiente: "…Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, y sus modificatorias, que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma. El régimen de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley".
Al tiempo de su sanción por la Legislatura local, la aplicación del art. 41 conducía al empleo de una fórmula mixta, ajustable trimestralmente, compuesta por dos elementos (conf. art. 1, ley 27.426, modif. art. 32, ley 24.241 -texto según ley 26.417-): i] el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC en una proporción de un 70%; y, ii] la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), en el restante 30%.
V. Los hechos del caso, algunos acontecimientos sobrevinientes al antecedente "Macchi", así como los principios y normas aplicables, imponen acoger los planteos subjetivos que aquí se formulan.
V.1. Tiempo después de decidir en vía cautelar el mencionado expediente "Macchi" (v. pto. IV.1 supra ), al pronunciarse en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), esta Suprema Corte desestimó el cuestionamiento a la ley 14.997 (objetada, entre otros motivos, porque -se decía- consagraba una delegación inconstitucional, y no una simple adhesión a las reglas del Título I de la ley 27.348, complementaria de la Ley de Riegos del Trabajo).
Junto con el acompañamiento al criterio interpretativo de la mayoría, tuve allí ocasión de argumentar brevemente acerca de las condiciones exigibles para la validez de una adhesión o remisión a una disposición legislativa proveniente de otra jurisdicción, partiendo obviamente de la base de la inaplicabilidad directa de dicha medida. Se distinguió ese supuesto (en el que el legislador local declara aplicable una determinada normativa emanada de la autoridad nacional), de aquel otro en el que, sobrepasando los confines del reenvío o la incorporación de precisas reglas de aquel origen extra provincial, en los hechos se enajena, trasfiere o delega la atribución legislativa misma, lo que contraría la autonomía de la provincia (arg. arts. 5, 121, 122, 125 in fine y concs., Const. nac.; 1, 3, 45 y concs., Const. prov.).
Así, la ley provincial es válida cuando decide integrar "al ámbito local un esquema normativo dado, vale decir, previamente establecido en su contenido y alcance", en tanto expresa la conformidad a un producto legislativo determinado. Deja de serlo, en cambio, si promueve "una habilitación genérica o abierta" a otro poder -en el caso el Congreso de la Nación- cuyas reglas, las vigentes al tiempo de dicha habilitación y las que las reformaren, son establecidas a su mero parecer y con efectos obligatorios para la esfera local. Ello equivale a una suerte de "endoso ex ante favorable a la aplicabilidad en el ámbito provincial de cualquier clase de norma, actual o futura, de cualquier reforma al régimen [legal] que llegare a sancionar" el parlamento nacional, que desoye los mandatos e interdicciones contenidos en los ya citados arts. 3, primer y segundo párrafos, y 45 de la Constitución. Por tal motivo, de producirse cambios en la normativa nacional, no alcanzados o previstos por la ley local de reenvío, adhesión o incorporación, para sortear la infracción constitucional en principio sería menester que la Provincia, si pretendiese tornarlos válidamente operativos en ese ámbito, dictara una nueva norma al respecto (v. mi voto en causa L. 121.939, cit.). Cabe señalar que en la referida causa "Marchetti" no se había configurado un supuesto de aplicación de normas nacionales lesivas posteriores a la adhesión por la Legislatura local.
V.2. En lo que atañe a la movilidad de jubilaciones y pensiones, el art. 41 de la ley 15.008 exhibe una fisonomía particular. Según se ha visto, consagra una amplia remisión al régimen instituido por "la Ley Nacional 26.417, y sus modificatorias , que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público" (art. cit., énfasis añadido).
Pues bien, interpretado en su literalidad el precepto parece no limitarse a incorporar al derecho local un esquema determinado de actualización previsional (establecido de manera previa, con delimitación de contenido y alcance) sino, a la par, brinda de antemano esa autorización en relación con los que lo reemplazaren. Entonces instituye una permisión indeterminada, que no prefija límite material o temporal alguno; una franquicia en blanco a favor de cualquier dispositivo ulterior sobre el punto emanado de otra autoridad. A los jubilados o pensionados pertenecientes al sector pasivo bajo el régimen de la Caja del Banco Provincia les sería aplicable toda nueva regla que el Estado Nacional dictare en relación con la movilidad de los haberes de beneficiarios de la ANSeS.
V.3. Controvertido por la parte actora, ese diseño legislativo con reenvío al fin y al cabo genérico, indeterminado y maleable por un poder ajeno a la Provincia, no encuentra en principio justificación plausible en un ámbito que compromete derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, es menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad (arts. 14 bis, Const. nac.; 39 inc. 3, Const. prov.).
Por cierto, mientras la fórmula a la cual remitía la ley 15.008 fue coincidente con la que tuvo en miras la Legislatura bonaerense al sancionarla (el IPC-RIPTE), los riesgos que escondía la técnica legislativa observada no tomaron cuerpo. Pero, en rigor, no sólo permitió (por vía de la incorporación al texto del art. 41 de la ley del enunciado "y sus modificatorias") una delegación absoluta hacia las normas dictadas y a implantarse en el orden nacional, sino, además, como se pondrá de resalto a continuación, esa transferencia produjo nuevas alteraciones que en principio lucen regresivas y exhiben, respecto de la aquí reclamante, resultados prima facie lesivos.
V.4. Luego de tres años de haber regido la fórmula combinada instaurada por la ley 27.426 (el IPC-RIPTE) que había cambiado la de la ley 26.417, la ley de emergencia 27.541 (B.O. de 23-XII-2019) abrió la puerta para su modificación. Denunciada en la audiencia convocada el 1° de diciembre de 2020 en la causa colectiva I. 75.132, esta última ley suspendió por 180 días la fórmula referida y encomendó al Poder Ejecutivo Nacional la fijación de los criterios de corrección que pudiesen corresponder en forma trimestral (art. 55).
No terminó todo allí. Al cabo de ese lapso, el presidente de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia 542/20 prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2020 la interrupción en la aplicación del IPC-RIPTE y conservando para sí la consecuente fijación del esquema de actualización por acto ejecutivo.
Se sucedieron algunos aumentos dispuestos sin sujeción estricta a pautas predeterminadas, con regularidad trimestral, combinando montos fijos y sumas porcentuales (v. decretos 163/20, 495/20, 692/20 y 899/20). De acuerdo a los hallazgos efectuados por los órganos de la justicia federal, esta serie derivó en un atraso promedio de alrededor del 10% en comparación con el régimen suspendido (v. Cám. Fed. Apel. Bahía Blanca, causa FBB 12922/2016/CA1, "Martínez, Eduardo Rubén c/ ANSeS s/ Reajustes varios", sent. de 8-VI-2021, pto. 8.5).
Y la cadena de modificaciones prosiguió. La ley 27.609 (B.O. de 4-I-2021) modificó la ley 24.241 (conf. art. 32, con sus modificaciones por las leyes 26.417 y 27.426) y fijó un criterio distinto para el cálculo. Ahora, con fuente en una otrora modalidad regulatoria, combina los índices de evolución de los salarios de empleo registrado y no registrado que mide el INDEC y de la recaudación de la ANSeS, por partes iguales (conf. decreto 104/21).
Todo ello, a su vez, fue asimilado por la Caja del Banco y trasvasado en mérito a una interpretación amplia del art. 41 de la ley 15.008 al sistema local que administra, resultando de aplicación en el ámbito previsional local en desmedro de los beneficiarios del sistema.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.