Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75111
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, rechazar por inadmisible el planteo deducido por la Caja citada como tercero en su presentación de fs. 82/90 vta. (arts. 238 y 198, CPCC; cfr. causa I. 75.125 Central de Trabajadores Argentinos, resol. de 1-VIII-2018).
I.75.111 "MACCHI RUBEN ANGEL C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.008"
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, dijeron:
I. La Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires plantea un recurso de revocatoria –que denomina “ in extremis ”- contra la resolución de este Tribunal dictada el 17-IV-2019 por medio de la cual le ordenó cautelarmente - y a los efectos de calcular la movilidad del beneficio previsional del actor- la suspensión de la aplicación del art. 41 de la ley 15.008.
Alega que la decisión interlocutoria referida contiene “ errores graves de juzgamiento en cuestiones esenciales que hace que el resultado arribado aparezca notoriamente injusto ”, siendo la vía intentada la única posible para remediar tales defectos por no ser la resolución recurrida susceptible de apelación.
Puntualmente se refiere al hecho de que el señor Macchi obtuvo su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y, en consecuencia, su haber inicial fue calculado de acuerdo al “… 82% del ‘promedio de lo percibido los últimos 10 años’ ” y no conforme al “ 82% asociado directamente a una categoría escalafonaria determinada, por ende nunca movilizó su prestación previsional con los incrementos que hubiere tenido un activo en un cargo determinado, como afirmó el actor …” (v. fs. 84 vta.).
Por otra parte, señala que "… no existen elementos que permitan considerar que la jubilación del actor Macchi se vio reducida por aplicación del art. 41 de la ley 15.008 en contraposición de lo que hubiera movilizado de aplicarse los índices dela ley 13.364 …" (v. fs. 86).
Niega que se hubiera configurado el peligro en la demora requerido para la obtención de la protección cautelar, al afirmar que " la prestación previsional del afiliado es de $ 61.356 a la fecha del presente responde, encontrándose dentro de los parámetros de haber promedio de los jubilados del Bapro, por lo que la naturaleza alimentaria del beneficio, es evidente que no se encuentra amenazada, ni mucho menos comprometida " (v. fs. 86 vta.).
Abunda con argumentos relativos a la necesariedad de una reforma como la de la ley 15.008 para dar sustentabilidad al sistema previsional en cuestión. Remarca que el índice de movilidad de la norma impugnada " registra la evolución de la inflación y la variación de las remuneraciones, en el primer caso, el ajuste por la inflación es la forma más directa de preservar el poder adquisitivo, en el segundo caso, al incluir la remuneración de los trabajadores estables del país incorpora -con la correspondiente ponderación- la variación de las remuneraciones de los trabajadores estables de la Provincia de Buenos Aires ", todo lo cual descartaría uno de los fundamentos de la resolución impugnada en cuanto allí se afirma que tales índices de actualización se determinan en base a condiciones ajenas a las relativas al cargo en relación con el cual se hicieron los aportes y se obtuvo el beneficio (v. fs. 87/90).
Justifica la vía escogida en la trascendencia y magnitud del perjuicio causado a la Caja "teniendo en cuenta el universo de actores ante la SCBA por el mismo concepto" (v. fs. 83).
Solicita, en consecuencia, se deje sin efecto la medida cautelar dictada en autos.
II. El actor repele la impugnación intentada. Para así hacerlo niega que exista un quiebre lógico en la resolución recurrida y que ésta se sustente sobre bases erradas.
Sostiene que los datos por él suministrados en los escritos presentados acerca de la determinación de su jubilación son fieles a la realidad y que las modificaciones experimentadas desde entonces no alteran el hecho que demuestra una diferencia abismal entre sus haberes y los que percibe actualmente quien se desempeña en el cargo determinativo de su haber.
Realiza una serie de consideraciones a partir de datos que califica de público conocimiento acerca de la evolución de los salarios de los empleados bancarios, la inflación registrada durante el año 2018 y el resultado de la aplicación de los índices de movilidad a los que remite el art. 41 de la ley 15.008. Así concluye que la " diferencia entre lo percibido por los jubilados y lo que percibirán los agentes del Banco es de 33,2% ..." y que a ello hay que sumar el adicional de $12.500 que se les abonará a los activos bancarios, en dos cuotas, durante el año en curso.
Pone de relieve que la denominada "revocatoria in extremis " es un remedio excepcional para subsanar errores materiales. Afirma que solo podrían por su intermedio salvarse yerros esenciales, groseros, evidentes -que generen un agravio trascendente para una o varias partes- en muy puntuales circunstancias en las que, además, no procediera el recurso de aclaratoria.
Desde esa perspectiva, remarca que no se cumplen ninguna de las condiciones necesarias para la admisibilidad de la impugnación deducida, motivo por el que solicita su rechazo.
III. La decisión que resuelve conceder una medida cautelar no es una providencia simple susceptible de ser impugnada, por regla, por vía de un recurso de reposición (arts. 238 y 198, CPCC).
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo deducido por la Caja citada como tercero en su presentación de fs. 82/90 vta. por su manifiesta inadmisibilidad (cfr. causa I. 75.125 Central de Trabajadores Argentinos, resol. de 1-VIII-2018).
El señor Juez doctor de Lázzari, dijo:
Si bien la decisión que concede una medida cautelar no es una providencia simple susceptible de ser cuestionada por vía de un recurso de reposición (art. 238, CPCC), entiendo que la imposibilidad de atacar por otro medio impugnativo una resolución interlocutoria que ha sido dictada por este Tribunal en ejercicio de su competencia originaria, justifica -en principio- la admisibilidad del planteo que persigue enmendar un error esencial inadvertido (cfr. art. 198, CPCC y mi voto en causa C. 93.231 "Orellano", resol. de 23-III-2010).
No obstante, las circunstancias excepcionales invocadas por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires no se verifican en el caso, motivo por el cual la impugnación deducida resulta improcedente (cfr. causa I. 72.669 "Picorelli", resol. de 23-XII-2014).
En efecto. La entidad previsional denuncia que la resolución en cuestión porta un error de magnitud tal que solo puede ser subsanado por este carril. Concretamente apunta que no se ha tenido en cuenta que el actor se jubiló bajo la vigencia de la ley 11.761 y que "… nunca movilizó su prestación previsional con los incrementos que hubiere tenido un activo en un cargo determinado ", por lo que no habría un quiebre en el principio de proporcionalidad al aplicar la nueva ley jubilatoria, en tanto la anterior, tampoco lo respetaba (v. fs. 84 vta).
No le asiste razón a la recurrente. La norma conforme a la cual se otorgó el beneficio previsional al señor Macchi establecía que el haber inicial se fijaba de acuerdo a un promedio de las remuneraciones percibidas por el afiliado correspondientes a los cargos, con aportes, desempeñados durante los diez últimos años previos al cese (art. 54, ley 11.761 aplicado al actor según sus manifestaciones y documental por él acompañada a fs. 1, 7 vta., 16 y el informe producido por la Caja jubilatoria a fs. 18). Por su parte, la movilidad del haber bajo el régimen de la ley 13.364 (texto según ley 13.874) -anterior a la modificación introducida por la ley 15.008 aquí controvertida- se determinaba por aplicación de un porcentaje sobre esa base (v. escritos de fs. 18, 26/57, 99).
Sin abrir juicio sobre la corrección del cálculo efectuado de ese modo -que no es del caso establecer-, lo cierto es que tanto el método de determinación de la prestación inicial cuanto el régimen de actualización de ésta, normativamente concebidos, respetan la relación proporcional respecto de las remuneraciones correspondientes a los cargos efectivamente ejercidos durante el último período activo y en base a los cuales se efectuaron los aportes previsionales.
En consecuencia, no existe un presupuesto erróneo en el decisorio puesto en crisis al considerar prima facie consistente el argumento del actor según el cual alega que el art. 41 de la ley 15.008, al actualizar la prestación por medio de coeficientes establecidos por variables ajenas al sueldo de referencia -índice de precios al consumidor (IPC) y remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)-, provoca la pérdida del carácter sustitutivo del haber y, con ello, la apariencia de buen derecho de la pretensión constitucional aquí deducida.
La reparación del perjuicio que la medida cautelar decretada en autos procura resguardar, ha sido discernida con arreglo a tales directivas. De ahí que la resolución cuestionada ordene –con relación al actor- la suspensión de la norma impugnada y, en su lugar, hasta tanto se dicte sentencia, la aplicación del sistema de movilidad “…de acuerdo a lo previsto por el art. 57 de la ley 13.364 [texto según ley 13.873]” (v. fs. 76 vta.), retrotrayendo al método de cálculo vigente con anterioridad a la sanción de la ley 15.008.
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo deducido por la Caja citada como tercero en su presentación de fs. 82/90 vta. (arts. 238 y 198, CPCC; cfr. causa C. 93.231 "Orellano", resol. de 23-III-2010).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, rechazar por inadmisible el planteo deducido por la Caja citada como tercero en su presentación de fs. 82/90 vta. (arts. 238 y 198, CPCC; cfr. causa I. 75.125 Central de Trabajadores Argentinos, resol. de 1-VIII-2018).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe-dLa
Reg. Nº 444
Fin de la sentencia