Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Considerando la forma en que se ha resuelto la imposición de las costas y el vínculo de parentesco entre la letrada y su representado (cfr. constancia de fs. 5), corresponde admitir la renuncia a los honorarios formulada por la doctora Teresita Inés Bello a fs. 7 (arts. 11 de la ley 14.967 y 21 inc 2, últ. párr. de la ley 6716).
I.76.332 “BELLO JULIO SANTIAGO C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.008”
La Plata, 29 de abril de 2020.
I. Julio Santiago Bello promovió en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, una acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley 15.008, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2018, en particular los que establecen un nuevo régimen de movilidad de los haberes previsionales, por considerar que ello vulnera normas de rango constitucional (cfr. arts. 11, 31, 36, 39 inc. 3, 40 y 50, Const. prov.; 14, bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), provocándole un perjuicio económico en su condición de beneficiario.
Con carácter accesorio, solicita el pago de las diferencias de haberes calculados por la ley vigente en la oportunidad en que adquirió el beneficio.
II. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Carta provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En tal sentido y como se desprende del objeto de la demanda incoada en el presente caso y de la expresa calificación de la acción deducida por la parte actora (v. fs. 6 vta. y ss.), la materia de estas actuaciones versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria de esta Corte (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
III. Ahora bien, cabe recordar que el art. 684 del Código Procesal establece un plazo de treinta días para la promoción de dicha acción, cuando ésta posea un contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el actor, según resulta del apartado IV de su escrito inicial, obrante a fs. 8 vta.- esta Corte -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sigs.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, res. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, entre otras); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366 "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio, ello es, a partir del 25-X-2017.
Corresponde, entonces, analizar la tempestividad de la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamiento expuestos.
IV.1. El actor en su demanda, introduce una justificación que a su juicio desplazaría la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del código ritual, al destacar que su planteo "...tiene origen previsional y se orienta a la impugnación de una ley de orden institucional; todo ello bajo la recta interpretación del art. 685 del CPCC" (v. fs. 8).
Sin embargo, en varios acápites del escrito bajo análisis se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo centrado, precisamente, en la merma del haber previsional del actor que la aplicación de la norma cuestionada le habría causado.
En tales condiciones, no hay dudas acerca de que el objeto de la demanda evidencia un claro contenido económico que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
VI.2. Ahora bien, para evaluar la tempestividad de la pretensión articulada, es menester desentrañar la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término reglado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. del 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. del 21-V-2008).
El art. 59 de la ley 15.008 expresamente estableció que esta norma entraría en vigencia a partir del día de su publicación; hecho que acaeció el 16-I-2018 (v. B.O.P. N° 28.196 -suplemento-). En particular, el sistema de movilidad previsional contemplado en el art. 41 de la ley 15.008, actualizó las prestaciones respectivas a partir del mes de marzo de 2018 (cfr. causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 17-IV-2019) pudiendo afirmarse, entonces, que los beneficiarios alcanzados por sus disposiciones experimentaron el perjuicio derivado de la aplicación de tal norma a partir de ese momento.
Siendo ello así y teniendo en cuenta que la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el día 16 de diciembre de 2019 (v. sello de cargo a fs. 52), es evidente que a esa fecha el plazo de treinta días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial había fenecido, por lo que corresponde rechazar in límine la demanda (Cfr. causa B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019).
V. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta el actor para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Considerando la forma en que se ha resuelto la imposición de las costas y el vínculo de parentesco entre la letrada y su representado (cfr. constancia de fs. 5), corresponde admitir la renuncia a los honorarios formulada por la doctora Teresita Inés Bello a fs. 7 (arts. 11 de la ley 14.967 y 21 inc 2, últ. párr. de la ley 6716).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. dLa-So-Ko-To
Reg. Nº 101
Fin de la sentencia