Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76313
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Christian Javier Espósito, en el equivalente a … -…- Jus (arts. 1, 2 seg. párr., 15, 16 inc. "e", 22 y 44 inc. "a", ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
I.76.313 “DOLCI ROSA AMPARO Y OTRO C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY. 15.008”
Los señores jueces doctores Soria y Genoud, la señora jueza doctora Kogan y el señor juez doctor de Lázzari dijeron:
I. Rosa Amparo Dolci y Ramón Alberto Roldan promueven en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, una acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley 15.008, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2018, en particular los que establecen un nuevo régimen de movilidad de los haberes previsionales, por considerar que ello vulnera normas de rango constitucional (cfr. arts. 11, 31, 36, 39 inc. 3, 40 y 50, Const. prov.; 14, bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), provocándole un perjuicio económico en su condición de beneficiarios.
II. Ahora bien, cabe recordar que el art. 684 del Código Procesal establece un plazo de treinta días para la promoción de dicha acción, cuando ésta posea un contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentran los actores- esta Corte -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sigs.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, res. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, entre otras); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366 "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio, ello es, a partir del 25-X-2017.
Corresponde, entonces, analizar la tempestividad de la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamientos expuestos.
III. Los actores en su demanda, introducen una justificación que a su juicio desplazaría la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del código ritual, al destacar que su planteo "...integra el plexo de los derechos de la personalidad que torna de aplicación la excepción del art. 685 del CPCC" (v. fs. 39, segundo párrafo).
Sin embargo, en varios acápites del escrito bajo análisis se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo centrado, precisamente, en la merma de los haberes previsionales de los actores que la aplicación de la norma cuestionada les habría causado.
En tales condiciones, no hay dudas acerca de que el objeto de la demanda evidencia un claro contenido económico que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
IV. Ahora bien, para evaluar la tempestividad de la pretensión articulada, es menester desentrañar la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término reglado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. del 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. del 21-V-2008).
El art. 59 de la ley 15.008 expresamente estableció que esta norma entraría en vigencia a partir del día de su publicación; hecho que acaeció el 16-I-2018 (v. B.O.P. N° 28.196 -suplemento-). En particular, el sistema de movilidad previsional contemplado en el art. 41 de la ley 15.008, actualizó las prestaciones respectivas a partir del mes de marzo de 2018 (cfr. causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 17-IV-2019) pudiendo afirmarse, entonces, que los beneficiarios alcanzados por sus disposiciones experimentaron el perjuicio derivado de la aplicación de tal norma a partir de ese momento.
Siendo ello así y teniendo en cuenta que los accionantes Rosa Amparo Dolci y Ramón Alberto Roldán, obtuvieron su beneficio con fecha 1-V-2018 y 15-VII-2018, respectivamente y la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el día 4 de diciembre de 2019 (v. sello de cargo a fs. 51), es evidente que a esa fecha el plazo de treinta días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial había fenecido, por lo que corresponde rechazar in límine la demanda (Cfr. causa B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019).
V. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuentan los actores para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que reputen lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Christian Javier Espósito, en el equivalente a … -…- Jus (arts. 1, 2 seg. párr., 15, 16 inc. "e", 22 y 44 inc. "a", ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:26:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:31:56 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:05:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 14:00:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 18:15:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia