Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Nicolás Maximiliano Galarraga, en el equivalente en pesos a … -…- Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 15, 16 inc. e, 22, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.77.631 “MENENDEZ, SERGIO HORACIO FELIPE C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 15.008”
I. Sergio Horacio Felipe Menéndez, por intermedio de su letrado apoderado, promovió en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial una acción originaria contra la Provincia de Buenos Aires , con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley 15.008 (B.O. 16-I-2018).
Expresa que se jubiló por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires bajo la vigencia de la ley 11.761 que, en su artículo 57, disponía que los haberes de las prestaciones previsionales serían móviles y estarían sujetas a las variaciones de los haberes del personal en actividad de la entidad bancaria. Situación que -entiende- se mantuvo en lo esencial con las modificaciones introducidas por la ley 13.364.
Respecto del artículo 41 de la ley 15.008, sustenta su agravio en la alteración del régimen de movilidad por considerar que ello vulnera normas de rango constitucional y pactos internacionales con idéntica jerarquía (cita arts. 1, 10, 11, 15, 31, 39 inc. 3, 40 y 57, Const. prov. y jurisprudencia de este Tribunal), provocándole un perjuicio económico en su condición de beneficiario.
Es así que sostiene que la fórmula para el cómputo de la movilidad jubilatoria establecida por la norma en crisis es "absolutamente perjudicial para el jubilado que sufre un daño por la pérdida del poder adquisitivo..." que, en su caso, representaría una suma aproximada a los $4.800.000 como consecuencia de comparar lo que debía haber percibido de aplicarse lo dispuesto en la ley 11.761 y lo que le fue abonado conforme el régimen vigente aquí cuestionado.
Solicita una medida cautelar a los fines de que se suspenda la aplicación del artículo 41 de la ley 15.008 y que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires liquide sus haberes previsionales con arreglo a la ley 11.761, en lo que respecta al sistema de movilidad.
II. El artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial establece un plazo de treinta días para la promoción de la acción originaria de inconstitucionalidad, cuando ésta posea contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el actor, según expresa en varios pasajes del escrito que da inicio a estas actuaciones- este Tribunal -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del artículo 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, resol. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2.110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, e.o.); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366, "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio; ello es, a partir del 25 de octubre de 2017.
Corresponde, entonces, analizar la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamientos expuestos.
III.1. Conforme los términos en los que fue entablada la demanda, se evidencia un claro contenido económico que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
Así, en varios acápites del escrito bajo estudio se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo, centrado -precisamente- en la merma económica que la aplicación del artículo 41 de la ley 15.008 habría causado en el haber previsional del actor. A la vez, sin ingresar en una indagación más profunda, el hecho de que el actor estime -aproximadamente- que el detrimento que le provoca la norma es de $100.000 en su haber mensual y calcular que la suma alcanza un acumulado de $4.800.000, da cuenta del tiempo transcurrido entre el momento en que la norma entró en vigencia y la interposición de la presente acción.
III.2. En esa inteligencia, cabe determinar la tempestividad de la acción y, para ello, es menester desentrañar la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término reglado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo que, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. del 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. del 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-2018; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; I. 75.865, "Parcelas S.R.L.", resol. de 23-IX-2020; I. 75.211, "Asoc. de Bancos de Capitales Arg. (ADEBA)", resol. de 26-XI-2020; I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021 e I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 11-XI-2021; e.o.).
El artículo 59 de la ley 15.008 expresamente estableció que esta norma entraría en vigencia a partir del día de su publicación; hecho que acaeció el 16 de enero de 2018 (v. B.O.P. N° 28.196 -suplemento-). En particular, el sistema de movilidad previsional contemplado en el artículo 41 de la ley 15.008, actualizó las prestaciones respectivas a partir del mes de marzo de 2018 (cfr. causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 17-IV-2019) pudiendo afirmarse, entonces, que los beneficiarios alcanzados por sus disposiciones experimentaron el perjuicio derivado de la aplicación de tal norma a partir de ese momento.
Siendo ello así y teniendo en consideración que el actor ha obtenido el beneficio previsional bajo el amparo de la ley 11.761 y que la acción aquí promovida se inició el 30 de diciembre de 2020 (v. escrito electrónico presentado a las 9:47:59 hs.), resulta evidente que a esa fecha el plazo de treinta días previsto en el artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial había fenecido, por lo que corresponde rechazar in limine la demanda (cfr. causa B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019; I. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019; B. 76.346, "Liguori", resol. de 15-IV-2020; I. 76.332, "Bello", resol. de 29-IV-2020; B. 76.469, "Zelasqui", resol. de 27-VIII-2020; I. 75.915, "Guerrieri", resol. de 23-XI-2020; I. 76.294, "Espósito", resol. de 3-XII-2020 e I. 76.313, "Dolci", resol. de 29-XII-2020).
IV. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta el actor para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; I. 74.610, "Bolsa de cereales, oleaginosos, frutos y productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 72.191, "Sociedad Anonima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizabal", resol. de 13-II-2019; B. 76.124, "CLAMACO SA", resol. de 23-X-2019; I. 76.556, "Falcón", resol. de 23-X-2020; I. 76.578, "Dellamea", resol. de 26-XI-2020; I. 75.758, "Autoservicio La Amistad Cooperativa de Trabajo Limitada", resol. de 12-V-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Nicolás Maximiliano Galarraga, en el equivalente en pesos a … -…- Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 15, 16 inc. e, 22, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos, oportunamente archívese (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2022 13:42:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 20:23:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 01:57:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:31:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 15:50:20 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 15:50:47 hs. bajo el número RR-246-2022 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia