Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75227 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el planteo de incumplimiento de la medida cautelar denunciado por la coactora María Virginia Cebey en la presentación electrónica de fecha 28-4-2022, 1:32:57 p.m.
Con costas (art. 68, CPCC).
I.75.227 bis “CEBEY MARÍA VIRGINIA EN AUTOS: CEBEY MARIA VIRGINIA Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.008”
I. La coactora María Virginia Cebey, por medio de su apoderado, denuncia el incumplimiento parcial de la medida cautelar dictada a su favor (v. presentación electrónica de fecha 28-IV-2022, 1:32:57 p.m.).
A fin de acreditar tal reproche, adjunta en formato PDF una planilla que refleja el escalafón de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el detalle de los ingresos correspondientes a cada categoría para el año 2021 y acompaña el recibo de haberes del mes de octubre de ese mismo año, abonado el 3 de noviembre. Con base en lo percibido en ese mes, sostiene la existencia de "diferencias sustanciales" en el cálculo de la movilidad jubilatoria.
Refiriéndose concretamente al mes de octubre de 2021, señala que de acuerdo a los datos que surgen de esa planilla, el sueldo que se abona al personal que se desempeña en el mismo cargo y función que el que ella ocupara, percibe la suma de $375.894,17.-.
Reproduce la parte dispositiva de la resolución de este Tribunal del día 28-X-2021 y argumenta que la Caja citada como tercero cumplió parcialmente con la tutela precautoria ordenada.
Destaca, siempre haciendo referencia a ese mes del año 2021, que percibió la suma de $259.335,19.-, cuando la Caja citada como tercero debió liquidar su prestación en un 82% del monto pagado al activo, según lo dispone el art. 40 de la ley 5.678. Manifiesta que la cifra a la que llega al efectuar tal operación, para el mes de octubre de 2021, asciende a la suma de $375.894,17. En virtud de ello, solicita se declare el incumplimiento parcial de la medida cautelar dispuesta en autos y se ordene el pago de las diferencias a su favor que surgen de la cuenta que efectúa y que alcanza a $116.558,98. Ello con intereses hasta su efectivo pago.
II. Seguidamente, en oportunidad de contestar el traslado conferido, la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, requiere la denegación del pedido formulado por la coactora, con costas (v. presentación electrónica de fecha 16-V-2022, 10:52:19 a.m.).
Expresa que el cómputo rendido para cumplir con la medida precautoria ordenada en autos fue confeccionado de modo correcto y ajustándose a las pautas allí fijadas. Aduce que la obligación de satisfacer la orden dispuesta por el Tribunal surte efectos desde la fecha de la notificación y no retroactivamente.
A continuación, detalla la evolución de los aumentos que se han ido abonando a la demandante desde aquella fecha y hasta el mes de abril 2022.
Por otra parte, señala el error que comete la reclamante al tomar como base para el cálculo de la prestación el monto denominado "Total Haberes con Aporte". Afirma que las diferencias que surgen de la cuenta efectuada de tal modo, no resulta ajustada a lo ordenado por el Tribunal, pues incluye incorrectamente dos conceptos que, mientras los empleados activos los perciben mensualmente (códigos 1043: asignación incentivada y código 1053: aguinaldo s/incentivado), a los jubilados y pensionados se les liquidan de manera semestral (código 1270: retribución especial semestral).
Asimismo aduce que el cálculo realizado incluye además el adicional por título, cuando a la señora Cebey no le corresponde su percepción.
Por último, expresa que la actora comete un error cuando liquida sus haberes conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 5.678. Afirma que ella cesó con fecha 4-XII-2007, bajo la vigencia de la ley 11.761 y su haber inicial debe calcularse en un 82% del promedio de los últimos 10 años y no del modo en que pretende.
En suma, los puntos objetados explicarían, a su criterio, la diferencia en los montos denunciados.
III. Con fecha 9-VI-2022 se intimó a la Caja citada como tercero para que acompañe la resolución por la que se otorgó el beneficio previsional a la coactora y todos los recibos de haberes abonados desde que se dio cumplimiento a la medida cautelar ordenada en autos; manda que se llevó a cabo con la presentación de fecha 16-VI-2022.
IV. Pasan los autos al acuerdo con el fin de resolver la denuncia de incumplimiento parcial de la medida cautelar formulado por la parte actora y resistido por la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe señalar que la resolución en cuestión ordenó que: "...hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires suspenda, con relación a la señora María Virginia Cebey, la aplicación de lo dispuesto en los arts. 39 y 41 de la ley 15.008. Ello implica que a partir de la notificación de esta resolución, la Caja citada como tercero deberá aplicar, para la determinación del haber inicial correspondiente al beneficio del que es titular la reclamante, la ley vigente a la fecha de producirse el hecho que lo generó y, a los efectos de la movilidad de la prestación previsional, las disposiciones de la ley 13.364 -texto según ley 13.873-..." (v. resol. de 28-X-2021).
V.1. La señora Cebey plantea, como modo de acreditar el incumplimiento de la medida precautoria ordenada, que en el mes de octubre de 2021 percibió la suma de $259.335,19 cuando, tomando como parámetro el art. 40 de la ley 5.678, su haber debe calcularse en el 82% del monto pagado al activo, lo que determina un importe de $375.894,17.
Asimismo solicita que "...se lleve a cabo la liquidación de la movilidad de acuerdo a la equivalencia entre el importe bruto del haber del activo en la última categoría que poseía el pasivo al tiempo de jubilarse y lo efectivamente abonado por la medida cautelar... retroactivamente al mes de enero de 2018." (v. pto. 7.2., de la presentación electrónica de fecha 28-IV-2022, 1:32:57 p.m).
V.2. Por conducto de la denuncia de incumplimiento intentada se pretende, en rigor, que el Tribunal revise la decisión adoptada y la modifique, asignando un contenido y efecto diferente a la protección cautelar concedida.
V.2.a. Como primera cuestión esencial para esclarecer la diferencia entre los montos efectivamente percibidos y aquellos pretendidos por la coactora, resulta el hecho de que la prestación previsional de la señora Cebey se rige por la ley 11.761 vigente a la fecha de producirse el hecho que la generó y no de acuerdo a la ley 5.678 (v. documentación adjunta al trámite de fecha 16-VI-2022).
Bajo tales premisas, corresponde desestimar el planteo efectuado con relación a la aplicación del art. 40 de la ley 5.678, en tanto la orden cautelar se refiere a que la determinación del haber inicial de la actora debe respetar la ley vigente al momento de haber obtenido el beneficio que, en su caso, es la ley 11.761.
De acuerdo a ello, el haber inicial debe ser el resultado de la aplicación del 82% al promedio de los últimos diez años de las remuneraciones percibidas por la actora y no según el método de cálculo establecido en el art. 40 de la ley 5.678 (cfr. causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 18-IX-2019).
V.2.b. Tampoco resulta atendible el pedido de la señora Cebey de que se le paguen las diferencias a su favor y que, según afirma, surgirían de su recibo de haberes del mes de octubre de 2021 en tanto considera que la corrección del cálculo de la movilidad debió retrotraerse al mes de enero de 2018 (v. Petición, pto. 7.2, presentación del 28-IV-2022, 1:32.57 p.m.).
Conferir el efecto pretendido desnaturalizaría la finalidad propia de la medida cautelar que no es resolver anticipadamente el pleito sino asegurar, desde su otorgamiento, el objeto del proceso. Así, la orden de extender la tutela desde la notificación de la resolución de esta Suprema Corte hasta tanto se dicte sentencia, constituye la consecuencia natural de admitirse una medida cautelar que tiene por objeto suspender los efectos de una norma reputada inconstitucional.
De acuerdo a ello y tal como lo ha dicho esta Suprema Corte frente a similares planteos, decidir con relación a las consecuencias pasadas de la aplicación de los preceptos objetados en la demanda, excedería el marco propio de estas actuaciones incidentales. A la vez, tal como fue planteada la petición, su abordaje por el Tribunal en esta instancia importaría un avance prematuro sobre el fondo de la cuestión traída a conocimiento, asunto que debe ser dirimido en la sentencia de mérito (arg. causas I. 75.207 bis, "Sánchez", resol. de 22-X-2021; I. 75.209 bis, "Butafogo", resol. de 28-X-2021 e I. 75.167 bis, "Fernández", resol. de 3-II-2022).
V.2.c. Por iguales razones, quedan desvirtuados los pretendidos incumplimientos señalados por la actora a partir de la lectura del recibo correspondiente al mes de octubre de 2021.
Las constancias del proceso acreditan que la notificación de la resolución cautelar a la Caja ocurrió el 10-XI-2021. A partir de dicho momento se hizo efectiva la manda ordenada, por lo que el primer incremento se abonó, a mes vencido, con los haberes de noviembre de 2021 (v. documentación adjunta como PDF al oficio de fecha 16-VI-2022).
El recibo que refiere la señora Cebey en su escrito electrónico no refleja la decisión protectoria, toda vez que la suspensión ordenada por el Tribunal a esa fecha aún no había sido comunicada a la Caja citada como tercero; hecho que en el caso ocurrió el día 10-XI-2021.
VI. Las consideraciones que anteceden, desacreditan los argumentos por los cuales la parte actora pretende demostrar el incumplimiento de la medida cautelar dictada en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el planteo de incumplimiento de la medida cautelar denunciado por la coactora María Virginia Cebey en la presentación electrónica de fecha 28-4-2022, 1:32:57 p.m.
Con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2022 14:13:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 15:52:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:56:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2022 23:22:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 09:44:24 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 09:50:47 hs. bajo el número RR-879-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia