Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75132
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar la aclaratoria articulada por la señora Graciela Ester Marquesano (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de ampliación de medida cautelar incoado por la peticionaria (art. 196; 684 y concs., CPCC).
III. Aclarar el punto IV del dispositivo de la resolución del pasado 14 de marzo en orden a que, llegado el caso, la contribución al sostenimiento del sistema previsional de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, derivada del restablecimiento cautelar de la vigencia del art. 57 de la ley 13.364 resulta un remedio de último rango, eventual y subsidiario respecto de la que pesa -de forma primaria- sobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 11 y 12, ley 15.008; 36 inc. 3° y 166, inc. 2, CPCC).
I.75.132 “ASOCIACION BANCARIA C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONSTITUCIONALIDAD LEY 15.008”
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1. Se presenta en autos la señora Graciela Ester Marquesano, patrocinada por el doctor Rubén Ángel Macchi, solicitando aclaratoria o, en su caso, una ampliación de la decisión adoptada por este Tribunal el 14-III-2023, requiriendo se acuerde una medida cautelar a favor de las personas jubiladas y pensionadas bajo el régimen de la ley 15.008, entre las que se encuentra (v. presentación electrónica de fecha 17-3-2023, 6:01:54 p.m.).
I.2. Por otra parte, el Asesor General de Gobierno Adjunto solicita aclaratoria sobre el punto IV de la parte dispositiva del mismo decisorio, con respecto a la vigencia primaria -en materia de financiamiento- de lo establecido en los arts. 11 y 12 de la ley 15.008 y en forma subsidiaria, la aplicabilidad del restablecido inc. "j" del art. 21 de la ley 13.364, a efectos de hacer factible la medida dictada (v. presentación electrónica de fecha 22-3-2023, 7:28:40 p.m.).
II.1. En su pedido, la señora Marquesano cita la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia nacional en "Halabi", que, bajo determinados recaudos, asigna a la sentencia que acoge una acción de clase efectos para todos los que padecen el mismo problema, en el marco de una causa en la que se analiza la inconstitucionalidad de una ley.
Dice que el planteo es interpuesto en tiempo y forma por considerar que la acción de clase ya está abierta por quienes son mencionados en la resolución del 14-III-2023, aunque no deja de advertir que "...es sin duda cierto e indiscutible que ningún caso y/o planteo de los accionantes mencionados por VE en la cautelar se ocupó de los jubilados y/o pensionados por la ley 15.008 ya entrada en vigencia ésta, extremo al que atribuyo que VE no haya hecho referencia a esos casos en el pronunciamiento del 14/03/2023" ( sic ).
Pone de manifiesto que, como consecuencia del fallecimiento de su esposo, en noviembre de 2020 le fue concedida la pensión, aunque negándosele la continuidad de la medida cautelar que lo beneficiara, que oportunamente fuera otorgada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata (causa "Arianzen, María Graciela y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ reconocimiento o restablecimiento de derechos").
Destaca que no ha iniciado ninguna causa judicial.
Refiere que en la resolución de 14-III-2023 no se advierte ninguna mención ni decisión sobre las personas que accedieron a beneficios previsionales bajo el régimen de la ley 15.008. Y, haciendo suyos los fundamentos que el Tribunal desplegó en la medida cautelar de aquella fecha, considera que resultan aplicables a su caso.
II.2. Por su parte, el Asesor General de Gobierno Adjunto en su presentación argumenta que, al haberse suspendido, a los efectos de la instrumentación de la medida cautelar dispuesta, la derogación del anterior régimen legal de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal del Banco Provincia (ley 13.364) y restablecido la vigencia de sus disposiciones "...en cuanto sean necesarios para garantizar la eficacia de la presente resolución", correspondería -a los fines de atender los beneficios que debe brindar la citada Caja- aplicar primariamente los recursos de financiamiento establecidos en los arts. 11 y 12 de la ley 15.008, y sólo en forma subsidiaria y llegado el caso de la imposibilidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires de afrontar dichos aportes, recurrir al inc. "j" del art. 21 de la ley 13.364 como recurso de financiamiento.
III. En esas condiciones, pasan los autos al acuerdo con el fin de resolver los remedios intentados.
La aclaratoria resulta procedente cuando se debe corregir algún error material, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido el órgano jurisdiccional sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. art. 36 inc. 3 y arg. art. 166 inc. 2, CPCC).
IV. En la especie, las solicitudes incoadas por la señora Marquesano no pueden ser acogidas.
IV.1. En la resolución de 14-III-2023 este Tribunal no contempló la situación de quienes obtuvieran la jubilación o pensión bajo la vigencia de la ley 15.008, en el entendimiento de que el colectivo conformado en los actuados se encuentra circunscripto a quienes accedieron al goce del beneficio previsional con arreglo a alguna de las normas anteriores a la ley 15.008 (v. puntos VI.1, en particular: VI.1.a., segundo párrafo y IX.1 de los considerandos, y punto I del dispositivo).
Tal circunstancia, suficientemente explicitada en el pronunciamiento de esta Corte, revela la inconsistencia de la aclaratoria propiciada (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, a contrario, CPCC), a la vez que se erige en razón suficiente para justificar la improcedencia de extender los efectos de la medida cautelar adoptada más allá de los límites subjetivos así definidos (arg. art. 163 inc. 6, CPCC). Es que, aun cuando algunas de las disposiciones de la ley 15.008 aquí puestas en crisis (v.gr., arts. 11 o 41) resultan aplicables a todos los afiliados a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, la situación jurídica de aquellos beneficiarios que obtuvieron su jubilación y/o pensión al amparo de regímenes anteriores (que, por tal razón, experimentan una alteración respecto de un determinado estatus jubilatorio "consolidado", comparativamente examinado), no se identifica con la de aquellos otros que lo hicieron a partir de la vigencia la norma cuya constitucionalidad aquí se discute.
IV.2. La suerte de la petición no mejora si, por hipótesis, se la asumiera como una solicitud de medida cautelar anticipada de una acción declarativa de inconstitucionalidad aún no deducida.
IV.2.a. A partir de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa I. 72.366, "Poy", resolución de 25-X-2017, el plazo de caducidad de treinta días previsto en el art. 684 del CPCC para la promoción de la acción originaria de inconstitucionalidad resulta de aplicación cuando se impugnan normas regulatorias de un beneficio previsional con derivaciones patrimoniales. En efecto, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra la accionante, según quedara expuesto- este Tribunal ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte -para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado-, con la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 1, Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts., CPCC).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 1.995, "Sabatini", sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 3.135, "Salvatierra", sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004 e I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010, e.o.); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
IV.2.b. Los términos en los que fuera deducido el reclamo en tratamiento evidencian un claro contenido económico que justifican la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
Por ello, siendo que de acuerdo al art. 684 del CPCC el plazo allí contemplado debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; que el art. 59 de la ley 15.008 expresamente estableció que esta norma entraría en vigencia a partir del día de su publicación -hecho que acaeciera el 16 de enero de 2018 (v. B.O.P. n° 28.196 suplemento)- y que el 24-XI-2020 el Directorio de la Caja acordó una pensión a la interesada, a partir del 2-VI-2020, que ha venido percibiendo desde entonces (ver documentación adjunta), no cabe hesitación que ha experimentado el perjuicio derivado de la aplicación de tal normativa a partir del final del año 2020.
Así las cosas, teniendo en consideración que la petición en despacho fue presentada el 17-III-2023 (v. escrito electrónico presentado a las 6:01:54 p.m.), resulta evidente que a esa fecha el plazo de treinta días para promover la pretensión había fenecido y con ello la posibilidad de residenciar el caso por ante esta Suprema Corte.
IV.3. Tampoco podría este Tribunal dictar un pronunciamiento a título cautelar a sabiendas de su incompetencia.
Reiteradamente esta Corte ha señalado "...que la potestad jurisdiccional que invisten los magistrados se encuentra circunscripta a la competencia en cada caso acordada por la Constitución y las leyes (arts. 161, 166, 172 de la Constitución Provincial); que la competencia material es de orden público e improrrogable (Libro I, Título I, arts. 1 a 6, CPCC; Libro I, Título III, arts. 15 a 34, CPP; Capítulo I, arts. 1 a 6, ley 11.653; Título I, Capítulo I, arts. 1 a 6, CPCA) y que, aun en el ámbito de las medidas cautelares, el principio es que, salvo excepcionalísimas circunstancias, deben abstenerse de actuar cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia (art. 196, CPCC). Adviértase que el desborde competencial es institucionalmente negativo: i) genera incertidumbre ante la posible existencia de plurales decisiones respecto de un caso, que se ve exacerbada si éstas resultan contradictorias; ii) consecuentemente, dificulta o inhibe la concreción de las mandas y iii) conlleva un dispendio de actividad jurisdiccional, a efectos de encauzar el déficit. De allí, la directiva del legislador estableciendo el deber del juez de inhibirse de entender en casos que no resultan de su competencia (art. 4, CPCC; conf. doctr. B. 71.130, resol. del 6-X-2010, entre otras). Cabe entonces reparar en que, por las razones expuestas en este considerando, la actuación de los órganos jurisdiccionales en evidente o manifiesta inobservancia de las pautas que rigen su competencia, eventualmente podría exponerlos al reproche de una falta grave (conf. arts. 21, ley 13.661 y 9, Acuerdo 3354 texto según Acuerdo 3515)" (doctr. causas B. 71.130, "Juzgado de Garantías", resol. de 6-X-2010; B. 71.250, "Necochea entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; C. 118.931, "González Salomón", resol. de 7-V-2014; B. 73.724, "Calles Añasgo", resol. de 15-VII-2015; e.o.).
IV.4. Finalmente, cabe poner de manifiesto que la presente decisión no clausura la posibilidad con la que cuenta la peticionaria para ocurrir por las vías que estime idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de las normas que repute lesivas de su esfera de derechos o intereses, e introducir los cuestionamientos constitucionales que aquí se formulan (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; I. 74.610, "Bolsa de cereales, oleaginosos, frutos y productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 72.191, "Sociedad Anonima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizabal", resol. de 13-II-2019; B. 76.124, "CLAMACO SA", resol. de 23-X-2019; I. 76.556, "Falcón", resol. de 23-X-2020; I. 76.578, "Dellamea", resol. de 26-XI-2020; I. 75.758, "Autoservicio La Amistad Cooperativa de Trabajo Limitada", resol. de 12-V-2021; e.o.).
IV.5. Las consideraciones que anteceden desacreditan los argumentos por los cuales la señora Marquesano solicita aclaratoria o, en su caso, una ampliación de la medida cautelar dispuesta por este Tribunal el 14-III-2023.
V. Corresponde ahora tratar el pedido de aclaratoria formulado por el Asesor General de Gobierno Adjunto.
V.1. En la resolución de 14 de marzo, esta Suprema Corte, entre otras medidas, dispuso a título cautelar "...la suspensión de los efectos del art. 57 de la ley 15.008, a los fines de restablecer la vigencia del inciso 'j' del art. 21 de la ley 13.364 [...] y de los demás preceptos de esa normativa en cuanto sean necesarios para garantizar la eficacia de la presente decisión" (punto dispositivo IV, el subrayado no corresponde al original).
Para así decidir tuvo en consideración que, a fin de sustentar las determinaciones adoptadas en cuanto al reconocimiento del derecho a la movilidad previsional, teniendo en cuenta que los recursos previstos en la legislación cuestionada para financiar el sistema pueden ser insuficientes (arts. 11 y 12, ley 15.008), correspondía suspender la cláusula derogatoria del art. 57 de dicha ley, al efecto de hacer factible, llegado el caso, la aplicabilidad del aludido inc. "j" del art. 21 de la ley 13.364 (v. punto X de los considerandos, los subrayados no corresponden al original).
V.2. Cabe recordar que los mentados artículos de la ley 15.008 establecen diversas contribuciones a cargo del Banco Provincia, a saber:
V.2.a. La contribución obligatoria del dieciséis (16) por ciento a cargo del Banco sobre las remuneraciones que integran el haber del empleado, conforme el art. 13 (art. 11 inc. "b");
V.2.b. Las utilidades del Banco, en la cantidad suficiente para solventar la atención de los beneficios que debe brindar la Caja (art. 11 inc. "j");
V.2.c. La suma que el Banco destine anualmente a la Caja de sus utilidades líquidas. El directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires queda facultado para disponer de las mismas en tanto resulte necesario para cubrir eventuales desequilibrios financieros entre ingresos y egresos por pago de prestaciones (art. 11 inc. "k");
V.2.d. La contribución adicional a la indicada en el inciso "a" ( rectius "b"), del art. 11 de la presente Ley, del siete (7) por ciento sobre las remuneraciones que integran el haber del empleado, conforme al art. 13, siempre que el resultado operativo financiero de la Caja sea deficitario (art. 12);
V.3. Como fácil se advierte, en el diseño de la ley 15.008, la responsabilidad primaria del financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires corre a cargo del Banco Provincia, encontrando por límite el alcance de sus utilidades, lo cual es concordante con la previsión del art. 50 de la Constitución provincial que determina que "La legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia".
De tal modo, la intervención de la Provincia derivada del restablecimiento de la vigencia del inc. "j" del art. 21 de la ley 13.364, a los fines del financiamiento del sistema en cuestión, resulta un recurso final, no inicial, a más de eventual y subsidiario. Esa situación fue considerada por el Tribunal, como se deriva, sin mayor esfuerzo, de las expresiones "teniendo en cuenta que los recursos previstos en la legislación cuestionada para financiar el sistema pueden ser insuficientes (arts. 11 y 12, ley 15.008)...", "...llegado el caso" y "...en cuanto sean necesarios para garantizar la eficacia de la presente decisión".
V.4. Dada la importancia de la cuestión planteada, y aun cuando -tal como se explicara- los términos de la resolución son perfectamente inteligibles, a efectos de despejar cualquier halo de incertidumbre, ha de atenderse al remedio deducido por el Asesor General de Gobierno Adjunto.
Por lo tanto corresponde precisar el punto IV del dispositivo de la resolución del pasado 14 de marzo en el sentido de que la hipotética contribución al sostenimiento del sistema previsional de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, derivada del restablecimiento de la vigencia del art. 57 de la ley 13.364, da cuenta de un instrumento final, esto es, de último rango u opción, eventual y subsidiario respecto de la responsabilidad primaria que pesa sobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 11 y 12, ley 15.008).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar la aclaratoria articulada por la señora Graciela Ester Marquesano (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de ampliación de medida cautelar incoado por la peticionaria (art. 196; 684 y concs., CPCC).
III. Aclarar el punto IV del dispositivo de la resolución del pasado 14 de marzo en orden a que, llegado el caso, la contribución al sostenimiento del sistema previsional de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, derivada del restablecimiento cautelar de la vigencia del art. 57 de la ley 13.364 resulta un remedio de último rango, eventual y subsidiario respecto de la que pesa -de forma primaria- sobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 11 y 12, ley 15.008; 36 inc. 3° y 166, inc. 2, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 17:13:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 15:58:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 19:21:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2023 09:03:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2023 12:27:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2023 13:13:35 hs. bajo el número RR-490-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia