Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.166 “ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.018”
La Plata, 26 de diciembre de 2018.
I. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia, a través de su apoderada, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la ley 15.018 (B.O 26-I-18), que establece las condiciones de accesibilidad al uso para personas con movilidad reducida que utilizan sillas de rueda en hoteles, hospedajes, albergues o alojamientos turísticos.
Ello, en tanto alega que la norma cuestionada vulnera los artículos 11, 27 y 31 de la Constitución provincial y 14, 16, 17 y 28 de la Constitución nacional. Señala que se advierten contradicciones entre el texto de la norma y sus fundamentos y así también, con normas vigentes en materia de accesibilidad de personas con discapacidad motora (cita Resolución 23/14 de la Secretaría de Turismo de la Nación y en la ley 22.431 y su decreto reglamentario 914/97), adoptando una solución simplista de la cuestión al desconocer los costos y problemas estructurales de las remodelaciones que deberán realizar los establecimientos a los fines de cumplir con la norma cuestionada y "pone al ciudadano en la disyuntiva de obedecer una norma u otra" (v. fs. 148 vta.).
Señala que las imposiciones que prescribe la ley 15.018 resultan irrazonables y vulneran el derecho de propiedad al obligar a realizar importantes reformas que implicarán de manera necesaria resignar la cantidad de habitaciones disponibles para adaptarlas a las disposiciones de aquella y, con ello, la disminución de su rentabilidad (arts. 17 y 28 de la Const. nac. y 31 de la Const. prov.)
Alega, asimismo, que la norma cuestionada desconoce y obvia la cadena de accesibilidad imprescindible al no contemplar las condiciones de los pasillos, ascensores, espacios comunes, de los establecimientos e, incluso, características urbanísticas de la ciudad de Mar del Plata, que impiden - más allá de las previsiones de la ley 15.018- a los usuarios de sillas de ruedas llegar a las habitaciones y baños, al mismo tiempo que destaca la escasa demanda de este tipo de habitaciones que, en la actualidad, se logra satisfacer con las existentes y aquellas que se agregarán en los establecimientos a construirse (manifiesta que de 60.000 plazas que tiene la ciudad, se pretenden crear 3.000 para plazas adaptadas).
Refiere que la cuestionada norma impone un plazo irrazonable a los efectos de su cumplimiento, como así también, condiciones más gravosas en la provincia de Buenos Aires para ejercer la misma actividad comercial (hotelera) respecto del resto de los establecimientos del país (cita ley 22.431 y decreto reglamentario 914/97), afectando su derecho de igualdad
Finalmente, solicita se dicte medida cautelar a fin de que se suspenda la aplicación de la ley 15.018 respecto de los establecimientos hoteleros que se enumeran en un listado a fs. 139/145 "… y todos aquellos que en el futuro se asocien a la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA" (v. fs. 155).
Sentado ello y en la etapa del proceso en la que se encuentra la causa, es preciso pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria solicitada.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1 CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
II.2. Sobre la base de tales parámetros, siendo de interés relevante al presente caso, debe señalarse que el texto constitucional pone en cabeza de la provincia promover "… la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales", reconociendo - a tal fin- el derecho social de protección a las personas discapacitadas en tanto dispone aquéllas tienen derecho a "… la protección integral del Estado. La provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales, tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados" (art. 36 inc. 5, Const. prov.).
Incluso, a los fines del presente análisis, no abunda el hecho de señalar que la referida intención tuitiva del constituyente en relación a las personas con capacidades restringidas, se encontraba contemplada - con anterioridad a la reforma constitucional de 1994- en la ley 10.592 (A.D.L.A., XLVII-D, pág. 4921), mediante la cual se instituyó el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas, sustituyendo al dec. ley 9767/1981 que fue la primera norma sancionada en la Provincia de Buenos Aires que contempló de modo integral la cuestión (v. B. 62.599, "R., L. N", sent. de 5-IV-2006). Así el art. 1 contempla que el Estado provincial "… brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral" (segundo párrafo).
Misma tesitura se contempla en el artículo 75 de la Constitución nacional en tanto dispone que corresponde al Congreso "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad..." (inc. 23).
Los términos de la ley cuestionada, analizados a la luz de las normas antes referidas, disipan la apariencia de buen derecho que debe apreciarse en el marco provisional propio del despacho cautelar. Es decir, en esta etapa del proceso y de los términos de la demanda no concurren elementos suficientes que evidencien una extralimitación inconstitucional por parte del Estado provincial en uso de sus facultades legislativas.
Asimismo, nótese que el desarrollo elaborado a los fines de demostrar la ilegitimidad con la que estaría afectada la norma impugnada remite a agravios ligados a normas infraconstitucionales (Resolución 23/14 de la Secretaría de Turismo de la Nación, Decreto reglamentario 914/97 de la ley 22.431) y, conforme la tradicional doctrina de esta Corte, no corresponde prima facie aducir como exclusivos o principales motivos de impugnación meras infracciones a normas de rango legal o reglamentario en el marco de impugnación reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial (conf. causas I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-XII-1994 y sus citas; I. 1.597, "Wetzel", sent. de 28-III-1995; I. 2.039, "Siemens S.A.", sent. de 11-V-1999; I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales Necochea", sent. de 13-XII-2000; I. 68.174, "Filón", res. de 18-IV-2007; I. 2.213 "El Popular", sent. de 24-XI-2010, I. 75.101, "Russoniello", res. de 6-VI-2018; entre otras), pues el objeto del proceso reside, precisamente, en verificar la adecuación constitucional de aquellas normas ("leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos", en la terminología del art. 161 inc. 1 de la Const. pcial.).
Finalmente, los cuestionamientos relativos a la razonabilidad de la norma impugnada, ligados a la vulneración del derecho de propiedad y su imposibilidad de hecho, desde este punto de vista y por el momento, no resultan acreditados con la nitidez que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772 "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", res. de 14-VIII-2010 e I. 71.307, "Garibaldi", res. de 11-VII-2012, entre otras).
Siendo ello así, no existen elementos suficientes, por el momento, que habiliten el otorgamiento de una medida de este tipo en el marco de la acción contemplada en los artículos 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 745
Fin de la sentencia