Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Barsi S.A. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.756 “BARSI S.A. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.079”
I. La firma Barsi S.A. promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 2, 7, 8 y 10 de la ley 15.079 –Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para el año 2019 (B.O. de 11-XII-2018)-, en cuanto regulan el aspecto cuantitativo del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto Inmobiliario Complementario.
Explica que es titular de dominio de una única fracción de tierra rural que está ubicada en la localidad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, compuesta por varias partidas inmobiliarias, que se halla completamente dedicada al desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
Sostiene que los preceptos impugnados resultan contrarios a los derechos de propiedad y a trabajar y ejercer toda industria lícita, así como violentan los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad, razonabilidad y jerarquía normativa, consagrados en los arts. 1, 25, 27, 31 y 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Relata que las condiciones climáticas y meteorológicas de la zona donde está ubicado el inmueble en el que desarrolla su actividad no fueron óptimas en la década previa a la presentación de la demanda. Describe que esa circunstancia disminuyó notablemente la aptitud productiva del terreno, habiéndose reflejado en una concreta disminución de sus ingresos que, en los períodos posteriores a 2013, resultaron insuficientes para afrontar el pago del impuesto inmobiliario y el impuesto inmobiliario complementario.
Cita diversas resoluciones emitidas por autoridades del Ministerio de Asuntos Agrarios y precisa haber obtenido la emisión a su respecto de distintos certificados de desastre agropecuario, extendidos por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de aquella cartera ministerial en los años 2014 y 2015.
Postula que, en tales condiciones, los preceptos objetados conducen a un resultado confiscatorio que atenta contra el derecho de propiedad y los principios de capacidad contributiva y razonabilidad.
Por último, solicita cautelarmente una serie de medidas hasta el dictado de la sentencia de mérito; a saber: (i) que se le permita ingresar el impuesto inmobiliario con un límite en el treinta y tres por ciento de la renta real o potencial del ejercicio o que se haga conforme las pautas emergentes de la ley 14.983 -impositiva para el año 2018-; (ii) que se disponga la restitución por la demandada de las diferencias que pudieron haber sido ingresadas por la firma como consecuencia de la aplicación de la ley objetada en autos; (iii) que se ordene a la Provincia que se abstenga de iniciar cualquier reclamo administrativo o judicial, trabar medidas precautorias a su favor o instruir sumarios vinculados a las obligaciones que pudieran derivar de la liquidación del gravamen de acuerdo a las disposiciones cuya declaración de inconstitucionalidad pretende.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.1. En relación a la verosimilitud del derecho, debe tenerse en cuenta que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de medidas cautelares en materia tributaria impone una particular estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019, e.o.).
En este punto, la actora se limita a sostener que del desarrollo efectuado en el escrito de inicio "se evidencia claramente el carácter desproporcionado que alcanzará el monto del Impuesto Inmobiliario como consecuencia de la incidencia que produce la ley impugnada" (fs. 217 vta.).
Al respecto, cabe señalar que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (conf. causa I. 1183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), extremo que aún no se encuentra corroborado, pese a las alegaciones vertidas en contrario.
En consecuencia, la verosimilitud del derecho no aparece en el caso acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la claridad que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal probatorio que sólo podrá ser integrado al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 14-VIII-2010; I. 71.307, "Garibaldi", resol. de 11-VII-2012 e I. 75.141, "Banco Santander Río SA", resol. de 5-XII-2018, e.o.).
III.2. Tampoco concurre en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio precautorio solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
En esta parcela es preciso indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En virtud de tal análisis, dado que por el momento y por el estado procesal de la causa no existen elementos que permitan cotejar la repercusión de la normativa en la concreta situación económica y financiera de quien acciona, no es posible hacer lugar a la medida suspensiva ni al resto de aquellas peticionadas en el escrito de inicio (doctr. causa I. 72.233, "International Value SA", resol. de 23-IX-2015; CSJN Fallos: 319:633).
Es que, tal como quedó expuesto en el apartado precedente, el menoscabo económico que aduce padecer la actora por el cobro del impuesto no se desprende suficientemente de las constancias agregadas en la causa y, en buena medida, se encuentra sujeto a la producción de la prueba ofrecida en la demanda.
IV. Por tales razones, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018 e I. 75.353, "Gonzalez de Souza", resol. de 7-III-2019, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Barsi S.A. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:52:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:29:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 10:01:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 22:54:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2021 07:18:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 07:48:11 hs. bajo el número RR-867-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia