Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75706
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires a fs. 96 vta. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.706 "CONSEJO PROFESIONAL DE LA QUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 15.105"
La Plata, 28 de agosto de 2019.
I. El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires promovió la presente acción originaria con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 55, 56, 57, 58 y 61 de la ley 15.105 (B.O. del 4-I-2019), por la cual la Legislatura creó el Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Quien acciona sostiene que dichos preceptos vulneran "derechos adquiridos" a la propiedad y violan el principio de igualdad ante la ley, además de denunciar un vicio en el procedimiento de sanción de la norma impugnada (cfr. arts. 10, 11, 31, 106 y 107, Const. prov.).
II. 1. Se agravia ya que en el Capítulo XII, arts. 55 a 57, la legislación dispone la transferencia de los profesionales por ella alcanzados que estén matriculados en otros colegios -incluido el consejo actor-, al Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo que se crea. Afirma que a la fecha cuenta con un total de 3543 matriculados, de los cuales 2225 son licenciados o técnicos en seguridad e higiene que pasarán a formar parte del nuevo colegio. En términos porcentuales, resalta que ello implicará la privación de más del 62% de su actual matrícula.
II.2. Al margen de lo anterior -que estima lesivo de sus "derechos adquiridos" en virtud de la ley 7020 y dice representar una "expropiación" carente de interés público-, el Consejo reputa que el arreglo normativo atenta contra el principio constitucional de igualdad. Ello, dado que según el art. 58 del plexo atacado aquellos profesionales de la higiene y la seguridad actualmente enrolados en el Colegio de Técnicos provincial podrán optar por mantenerse en este último o pasarse al flamante colegio, mientras que tal opción no está disponible para los que forman parte de la corporación actora. Estas personas, de acuerdo al texto del art. 55, son transferidos automáticamente y por imperio legal supeditado a las condiciones que establezca un futuro reglamento interno.
II.3. En otro orden de ideas, el Consejo denuncia una irregularidad en el trámite parlamentario que derivó en la sanción de la ley 15.105. Aduce la "superposición" de un proyecto legislativo sobre otro cuando el seguimiento del procedimiento de insistencia fijado en el art. 106 de la Constitución provincial se habría tornado engorroso o de imposible concreción. En este sentido, explica que existió un "proyecto de ley genuino" con el número D-1453/16-17 que tomó estado parlamentario el 19 de mayo de 2016 y resultó aprobado sobre tablas por la Cámara de Diputados el 18 de mayo de 2017. Esta media sanción habría pasado a la Cámara de Senadores, la cual incorporó los artículos impugnados en autos que prevén la transferencia de los profesionales actualmente matriculados en el Consejo Profesional de Química, al Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Sin embargo, explica que tras serle devuelto a la cámara iniciadora, esta última, a través de su Comisión de Asociaciones Profesionales, Federaciones y Colegios Profesionales, rechazó los cambios.
La parte actora manifiesta que en ese estado no se siguió lo previsto en el art. 106 del texto fundamental: esto es, que el pleno de la cámara iniciadora se expida acerca de las modificaciones incorporadas por la cámara revisora para que, de mediar rechazo, la segunda deba insistir con dos terceras partes de sus miembros el proyecto modificado. En su lugar, se habría iniciado un nuevo expediente con el número D-4629/18-19 en la Cámara de Diputados, cuyo texto sería virtualmente idéntico al proyecto que quedó inconcluso, pero con la inclusión de los arts. 55 a 58 que anteriormente habían sido rechazados por la mentada comisión. Y así, éste habría emergido en "tiempo récord" como ley 15.105 con la aprobación de una mayoría simple en ambas cámaras.
El Consejo entiende que de no haberse actuado de esa forma, la falta de aceptación de las modificaciones incorporadas en el Senado hubiese mantenido el texto primigenio de Diputados que no preveía la transferencia de matriculados, salvo desde ya que la cámara alta hubiese insistido con una mayoría agravada. Argumenta que el pragmatismo del Poder Legislativo se tradujo en una violación constitucional, al soslayarse el mecanismo previsto para la sanción de las leyes y, con ello, trastocado las mayorías necesarias para su aprobación.
Por lo demás, afirma que tampoco el art. 107 de la Constitución autorizaría a la Legislatura a proceder como lo hizo. Esta norma prevé que un proyecto totalmente rechazado no podrá repetirse en las sesiones anuales, lo cual alternativamente podría llevar a concluir que un proyecto "parcialmente rechazado" puede efectivamente ser vuelto a tratar durante ese período. La actora insiste con que, precisamente, el art. 106 es el que recoge esa concreta situación y, como pone de relieve, el procedimiento allí fijado habría sido omitido.
A fs. 96 vta. se requirió el dictado de una medida cautelar suspensiva de los artículos controvertidos.
III. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", resol. de 24-V-2016, entre otras). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
IV.1. En punto a la verosimilitud del derecho invocado, cabe adelantar que el planteo no logra demostrar su concurrencia.
IV.1.a. El Consejo Profesional de Química esgrime sus agravios relativos a la supuesta vulneración de derechos adquiridos a conservar la actual matrícula y la alegada violación al principio de igualdad fundado en la contemplación de una situación especial para el Colegio de Técnicos.
Tales argumentos, en la medida en que versan sobre aspectos tradicionalmente confiados a la legislatura en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para regular las profesiones liberales -lo que incluye la potestad de organizarlas y clasificarlas-, prima facie no exhiben un agravio de tal tenor que permita tener por verificada en esta etapa preliminar la apariencia de buen derecho invocada (arg. arts. 41 y 42, Const. prov. y doctr. causa A. 73.939, "Farmacity SA", sent. de 22-VI-2016 y sus citas).
IV.1.b. No altera dicha conclusión la denunciada irregularidad en el trámite parlamentario; pues la ley 15.105 que aquí se impugna luce a primera vista regular.
Los defectos que se aducen se fundan en la transgresión a las disposiciones del art. 106 de la Constitución. Empero, la secuencia verificada respecto del trámite legislativo D-4629/18-19, que concluyó con la sanación y promulgación de la ley 15.105, no exhibe una infracción manifiesta al procedimiento constitucional en tanto, en el marco del art. 105, ambas Cámaras la aprobaron de acuerdo a previsiones reglamentarias, conformando la voluntad legislativa.
Con este punto de partida, la interdicción que propone la accionante, con base en el art. 106 y en referencia al proyecto de ley D-1453/16-17, respondería prima facie a una interpretación personal que no surge del texto expreso del mandato constitucional.
IV.2. En cuanto al recaudo del peligro en la demora, esta Corte tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de los preceptos cuestionados si al cabo del proceso fuesen declarados inconstitucionales, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos preceptos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas).
Teniendo en cuenta lo anterior —y más allá de la falta de acreditación del primer extremo requerido por la ley adjetiva— en la especie no se advierten razones de urgencia que ameriten el dictado de una medida cautelar. Ello, dado que el plexo impugnado, en su art. 55, supedita la transferencia de matriculados al dictado de un reglamento interno por parte del nuevo colegio que se crea, todo lo cual no habría acontecido aún (arg. art. 230 inc. 2, CPCC).
V. Por todo lo expuesto, dado que no se encuentra justificado el otorgamiento de una medida precautoria con el alcance solicitado, corresponde denegar el pedido formulado por la parte actora a fs. 96 vta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires a fs. 96 vta. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ko-Pe-To
Reg. Nº 409
Fin de la sentencia