Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76127
Lo que resolvió el tribunal
I. Denegar la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. 99/100 vta. (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
II. Inscribir el presente proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3.660)
I.76.127 "ROMERO MAURO JULIAN Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 15.143"
La Plata, 12 de febrero de 2020.
I. Mauro Julián Romero, Eduardo Raúl Pico, David Benítez Barrionuevo, Miriam Andrea Bustos, Rubén Roberto Melnesiuc, Mabel Teresa Corriente, Cristian Sebastián Ferreyra, Julio César Suarez, Silvio José Rosa, Walter Daniel Gómez, Daniel Horacio Bausada, Leonardo Miguel Álvarez, Carlos Norberto Monuera, Claudia Beatriz Mauti, Orlando Gabriel Claus, Silvina Soledad Salcedo, Mario Guillermo Hernández López, Noelia Silvana Pérez, Laura Gabriela Menconi, Juan Pablo Leoz, Miguel Ángel Lavaggi, Pablo Andrés Basualdo, Gabriel Ernesto Amestoy, Sergio Gabriel Cabral, Roberto Marcelo Silva, María Invernati, Gustavo Jorge Brito, Gustavo Javier Berterreche, Mauricio Darío Matus, Augusto César Valerio, Oscar Alfredo Marziali, Patricia Ethel Madoi, Juan Vicente Grassi, Marta Inés Sokolski, Lucas Martin Franco, Maximiliano Guerrero, Mara Sanchez, vecinos de la localidad de Mar del Plata y Luis Orlando Maximiliano Brandan, vecino del municipio de Mar Chiquita, con el patrocinio letrado de los doctores Rubén Oscar Encinas y Diego Hernán Pérez, promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la ley 15.143.
Relatan que la norma cuestionada incorpora al art. 37 inc. "c", el subinciso 9 y modifica los art. 48, 48 quater y quinquies de la ley 13.927, violando derechos constitucionales, en especial lo establecido en el art. 106 de la Constitución provincial.
Afirman que se trata de un proceso colectivo iniciado por vecinos de la Provincia de Buenos Aires y usuarios de motocicletas en el que denuncian que se encuentran vulnerados derechos individuales homogéneos y "… que los ciudadanos de la provincia (sean los directamente representados por esta parte, sea por el carácter colectivo de la acción intentada) ven afectada en forma concreta e inminente su situación particular, pues todo aquel que se encuentre circulando en motocicleta sería sujeto de aplicación de dicha normativa inconstitucional". En este sentido, solicita el efecto erga omnes de la sentencia en tanto manifiestan que la clase se encuentra integrada por todos los ciudadanos domiciliados en la Provincia (v. fs. 92 vta./93 y 96 vta.).
Alegan que la ley 15.143 presenta un vicio insanable en su procedimiento de formación, ya que viola el art. 106 de la Constitución provincial y la forma republicana de gobierno (art. 1, Const. prov.). Denuncian que "… el proyecto primigenio no incluía al Conductor de motocicleta como sujeto que debería portar obligatoriamente Chaleco Reflectante y Casco con numeración de dominio colocada en el mismo, dicha modificación fue incorporada por la cámara revisora, quien no devolvió el proyecto a la Cámara iniciadora del mismo, sino que lo elevó al poder ejecutivo a los efectos de su promulgación" (v. fs. 95). En consecuencia entienden que, al haberse modificado el proyecto original por la Cámara revisora, debería haber vuelto a la de origen a los efectos de aprobar o desechar dichas modificaciones (v. fs. 97).
Manifiestan que la norma en crisis quebranta el principio de progresividad toda vez que la normativa previa a la modificación introducida por aquella, no establecía la utilización de material reflectante ni inscripciones dominiales en el casco del conductor de la motocicleta y del acompañante, al mismo tiempo que señalan que el proyecto se presentó como una solución a los "motochorros", estigmatizando a todos los usuarios de motocicletas (v. fs. 94 vta.).
Señalan, además, que la ley 15.143 resulta irrazonable en tanto la utilización de un chaleco reflectante y el número de dominio en el casco, no busca tutelar la seguridad vial, sino que tiene un fin recaudatorio (v. fs. 97 vta.).
Finalmente, requieren que como medida cautelar se suspendan los efectos de la ley 15.143 que modifica los arts. 37 inc. "c" subinciso 9, 48, 48 quater y quinquies de la ley 13.927 y se ordene a la Provincia a que se abstenga de dictar cualquier tipo de acto que se dirija a que se cumplan los artículos citados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos (v. fs. 100 vta.).
II.1. La Constitución de la Provincia establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
II.1.a. El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; y Fallos: 310:2342, consid. 7; 311:2580, consid. 3; y 326:3007, consid. 7 y 8; e.o) cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doct. causa I. 2274, "Fernandez", sent. de 27-6-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-12-2012).
Desde luego, como en el presente, cuando se halla comprometida la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN, Fallos 326:3007; 331:1364;333:1023; 339:1223; e.o).
II.1.b. En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", resol. de 14-IX-1998; e.o), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; e.o).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979 e I. 1.601, "Orruma", resol. de 16-VI-1994). Ello obsta, por regla general, a la utilización de la pretensión originaria de inconstitucionalidad como medio para hacer valer una "acción popular", en el sentido que pueda ser articulada por "cualquiera del pueblo" (doctr. causas I. 1.601, cit.; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995 e I. 2.153, cit.).
II.1.c. Sentado ello, en la especie, los actores alegan que "…como vecinos y ciudadanos de esta provincia [son] afectados en forma directa por la situación planteada y [tienen] no sólo el derecho, sino el deber cívico de hacer cesar la situación", destacando que las resoluciones que se adopten en la causa deben tener efecto erga omnes en tanto la clase afectada se encuentra integrada por todos los ciudadanos de la provincia (v. fs. 93 y 96 vta.).
Ahora bien, conforme lo señalado en los apartados anteriores, sin perjuicio de la pretendida invocación genérica por parte de los actores y por la forma en que se encuentra expuesta la pretensión, lo cierto es que los denunciados efectos negativos de la norma provincial en crisis vulneran los derechos de los usuarios de motocicletas que transitan en la provincia de Buenos Aires, debiendo entonces- circunscribir el colectivo afectado a estos últimos y reconocer la representación del grupo en cabeza de los actores.
III. Resuelto lo anterior, corresponde abordar el pedido de tutela cautelar.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit.; e.o), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (causas I. 3.521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar, fumus boni iuris y periculum in mora , resultando necesario que se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004 e I 74.037, "Asociación Civil Cámara de Natatorios y Afines", resol. de 16-X-2019).
III.1. En punto a la verosimilitud del derecho invocado, cabe adelantar que el planteo no logra demostrar su concurrencia.
III.1.a. Los actores esgrimen que en tanto siga vigente la ley 15.143 se estaría aplicando una norma con un defecto "gravísimo" en su formación, lesionando tanto el sistema Republicano de gobierno y el principio de razonabilidad en virtud de los fines que pretende tutelar (v. fs. 99 vta.).
Respecto del agravio relativo a la denunciada irregularidad en el trámite parlamentario, los defectos que se aducen se fundan en la transgresión a las disposiciones del art. 106 de la Constitución. Empero, la secuencia verificada respecto del trámite legislativo D-986/18-19, que concluyó con la sanción y promulgación de la ley 15.143, no exhibe una infracción manifiesta al procedimiento constitucional, en tanto no se verifica de manera evidente que la Cámara revisora (en el caso, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires) haya introducido la modificación al proyecto primigenio que denuncian los actores, que "… no incluía al Conductor de la motocicleta como sujeto que debería portar obligatoriamente Chaleco Reflectante y Casco con numeración de dominio colocada en el mismo" (v. fs. 95).
Por el contrario, de las constancias incorporadas al momento en la causa, las Comisiones de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos y de Seguridad de la Cámara de Senadores aconsejan la aprobación del proyecto enviado por la Cámara de Diputados "sin modificaciones por mayoría" (v. fs. 20/32). Circunstancia que no implica el reenvío del proyecto de ley a la Cámara de origen como lo explican los actores conforme lo dispuesto en el art. 106 de la Const. prov. (v. fs. 95).
Con relación al planteo de afectación del principio de razonabilidad, en tanto entienden que la circunstancia de que el conductor y acompañante de una motocicleta deban llevar chaleco reflectante nada tiene que ver con el fin de la norma, esto es, la seguridad vial, resulta de interés señalar que este Tribunal ha intervenido en las causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina (ASUMA)", I. 70.162, "Otonello" (ambas sent. 11-IV-2018) e I. 73.149, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina" (resol. de 29-IV-2015). Sin perjuicio de haberse debatido en aquellos casos la valides constitucional de normas distintas a la aquí cuestionada (art. 48 t.o ley 13.927 y arts. 8 del decreto 220/14 y resolución 224/14, respectivamente), cierto es que se discutió si las normas que exigen a los conductores y acompañantes de motocicletas el uso de chalecos reflectantes eran o no constitucionales, de modo tal que lo allí resuelto impide, por el momento, tener por acreditada la verosimilitud del derecho.
IV. En cuanto al recaudo del peligro en la demora, esta Corte tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de los preceptos cuestionados si al cabo del proceso fuesen declarados inconstitucionales, como y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos preceptos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas; I. 76.157, "Leguizamón", resol. de 18-XII-2019; e.o.).
En el caso, los actores manifiestan que de continuar aplicando la norma se vería lesionada la integridad patrimonial de los "supuestos infractores" de aquella ya que la ley 14.547 prevé el secuestro del rodado e incluso su donación en caso de que no se retire el mismo en el plazo de 60 días y, asimismo, denuncian que "…algunas estaciones de servicio de la Ciudad de La Plata si no concurren con dichos chalecos y numeración de dominio colocado en casco no les están cargando combustible".
Teniendo en cuenta lo anterior y más allá de la falta de acreditación del primer extremo requerido por la ley adjetiva- no se advierte en la especie una situación de peligro cierto o inminente que imponga la urgente adopción de una medida de naturaleza excepcional como la que aquí se solicita, más allá de las afirmaciones vertidas sobre circunstancias hipotéticas (doctr. causas B. 68.484, "Urban Trend S.A.", resol. de 14-VI-2006; I. 68.451, "Frigomonte S.A.", resol. de 4-X-2006).
V. Por todo lo expuesto, dado que no se encuentra justificado el otorgamiento de una medida precautoria con el alcance solicitado, corresponde denegar el pedido formulado por la parte actora a fs. 99/100 vta. (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs. del CPCC).
Finalmente, atento la naturaleza de la presente controversia, corresponde ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Denegar la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. 99/100 vta. (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
II. Inscribir el presente proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3.660)
Regístrese, inscríbase y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 12
Fin de la sentencia