Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77485
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la readecuación de la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Costas por su orden, dada la falta de contradicción (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Héctor Daniel Sánchez, en el equivalente a … -…- Jus (arts. 1, 2 seg. párr., 15, 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
I.77.485 “ZACARIAS, JORGE ELIAS Y OTROS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 15.208”
I. Jorge Elías Zacarías y Adriana De Caria, en su carácter de "Vecinos Autoconvocados de Quilmes", se presentan a los fines de adecuar su pretensión a la acción originaria de inconstitucionalidad prevista en los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, a partir de lo decidido por este Tribunal mediante resolución de fecha 10-XII-2021 (v. escrito electrónico de fecha 29-XII-2021).
Argumentan que comparecen "en defensa de [su] ciudad en general y la ribera de Quilmes, en particular, a fin de evitar la construcción de un Complejo Carcelario, legitimados como dice la doctrina 'cuando lo anhelado sea la cesación del daño ambiental'" ( sic , con cita del art. 30 inc. 3, ley 25.675).
Manifiestan que la ley 15.208 vulnera los arts. 41 y 43 de la Constitución nacional y 28 de la provincial en cuanto no existen estudios de impacto ambiental respecto de la localización de las unidades penitenciarias y alcaldías que serán construidas "dentro de un barrio popular y vinculadas al centro quilmeño, con daños profundos en los servicios de cloacas, electricidad, agua, seguridad, salud, en las futuras inundaciones que sufrirán las personas que habitan los terrenos contiguos, por los trabajos de elevación de la cárcel". Refieren además un potencial peligro ambiental al tratarse de terrenos por los que pasa el poliducto de YPF Dock-Sud-Ensenada, puntualizando que son parte integrante de bañados y humedales "no aptos para construir sobre ellos, ni aconsejables su uso por constituir zona natural frágil a preservarse naturalmente" (v. pto. 4 del escrito postulatorio).
Especifican que se trata de una pretensión de tipo preventiva "a fin de evitar el daño, inicial de afectación, de amenaza, de peligro, de inminencia, de probabilidad, en la que el perjuicio aún no se ha materializado" pero que de "avalarse la construcción de un Complejo Carcelario en la Ribera costera de Quilmes, producirá alteraciones irreparables en la salud de la población, en especial, para el área suburbana, constituyendo un factor de riesgo para la preservación del entorno natural".
Bajo idénticos argumentos que los expuestos en su primera presentación, solicitan medida cautelar con el objeto de evitar la obra mencionada.
II. Sin necesidad de examinar el fondo de la cuestión, esta Corte advierte defectos ostensibles en la postulación de la pretensión constitucional que impiden el curso del proceso hacia la sentencia de mérito.
Ello así, por las razones que seguidamente se desarrollan y que -cabe señalar- no han sido superadas en la readecuación de fecha 29-XII-2022 (1:16.08 p.m.) respecto de la presentación inicial: la ausencia de caso o controversia que justifique el interés procesal relevante por parte de los demandantes para dirigir su embate contra la ley 15.208.
II.1.a. La Constitución provincial establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso, causa o controversia (arts. 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.; doctr. causa B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007; v. tmb. arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; CSJN Fallos: 310:2342, 311:2580, 326:3007, e.o.), cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doctr. causas I. 2.274, "Fernandez", sent. de 27-VI-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-XII-2012). No obstante, resulta necesaria su verificación como extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.722, "Asociación Azul y Daniel Sarmiento", resol. de 12-V-2021; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
Desde luego, cuando se argumenta en defensa de derechos de incidencia colectiva en general, como los aprehendidos por la norma del art. 43 de la Constitución nacional y, en particular, hallándose en juego el derecho a gozar de un ambiente sano, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN Fallos: 326:3007; 331:1364; 333:1023; 339:1223; e.o.).
En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", resol. de 14-IX-1998; e.o.), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; e.o.).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; I. 75.876, "Sánchez", resol. de 9-IV-2021; I. 73.783, "Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)", resol. de 23-II-2022; e.o.). Así es que la lesión que se dice padecer debe guardar una adecuada conexión con la determinación jurídica reputada inconstitucional o ilegítima y ser susceptible de restablecerse o repararse mediante el remedio empleado (doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015 y sus citas).
II.1.b. En la especie, los actores se presentan en calidad de vecinos autoconvocados en defensa de la ciudad de Quilmes, en particular de su ribera. Denuncian el daño que califican de "ambiental, geográfico y urbanístico" que provocará la construcción de penitenciarías y/o alcaldías en los terrenos sujetos a expropiación por los arts. 1 y 2 de la ley 15.208 en crisis.
Es decir, no se alzan contra la potestad estatal ejercida por la Legislatura en cuanto identificó ciertos predios a los que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación, sino que su embate se dirige contra el destino normativamente previsto bajo argumentos que se vinculan con el modo en que -simplemente suponen- será aplicada o implementada esa determinación.
Es así que, pese a las connotaciones ambientales que los reclamantes ven en el proyecto de infraestructura carcelaria, en rigor la ley 15.208 impugnada en autos no es más que una ley de expropiación en sentido propio y, como tal, no avanza más allá de ese objeto.
De acuerdo con ello, tal como quedó dicho al resolverse la medida cautelar peticionada en autos, por el alcance de las prescripciones de la norma reputada inconstitucional, en principio los efectos adversos o perjudiciales que ésta produciría refieren exclusivamente a situaciones que padecerían los sujetos expropiados (v. resol. de 28-XII-2021).
En efecto, el círculo de intereses afectado con motivo del dictado de la ley 15.208 no evidencia -por sí- una alegación plausible de una infracción objetiva y directa como la denunciada en el escrito introductorio del proceso. Por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), en particular frente a la naturaleza del derecho que se dice en juego (conf. arts. 41 y 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y 28, Const. prov.; 36 y concs., ley 11.723), no hay duda de que la aptitud legitimante en el juicio constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, cuya afectación debe derivar de la adecuada relación con la norma cuestionada (doctr. causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; A. 72.642, "ASHPA", resol. de 17-VI-2015; Q. 71.837, "Kersich", sent. de 27-IX-2017; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
Es precisamente este recaudo el que en la especie no aparece cristalizado de manera suficiente. Y es que no basta la genérica alegación de un hipotético daño ambiental para abrir la jurisdicción y provocar un pronunciamiento judicial si de los términos de la pretensión no puede vincularse razonablemente la consecuencia reputada perjudicial por los demandantes con la determinación normativamente prevista (causas I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 75.876, "Sánchez", resol. de 9-IV-2021; CSJN Fallos: 329:3493; 337:627, 1447).
II.1.c. En suma, más allá de no resultar ser los destinatarios de la norma cuestionada (CSJN Fallos: 342:1549), los demandantes no logran establecer suficientemente un nexo causal entre la ley expropiatoria que controvierten y los potenciales daños al medio ambiente cuya conservación los interesaría al punto de fundar su legitimación en este proceso.
II.2.a. Aúna al análisis precedente el hecho de que la pretensión blandida por la parte actora en su escrito de readecuación, se limita a una crítica basada en una serie de acontecimientos futuros que, en cuanto tales, evidencian el carácter hipotético o conjetural de la lesión de la cual se agravian, inhábil como tal a los fines de la configuración efectiva del caso justiciable (CSJN Fallos: 337:1540).
Y esto es sin perjuicio del principio preventivo que informa las cuestiones ambientales y que los actores buscan —a su manera— extender a la presente controversia, el cual habrá de cobrar valor eventualmente más adelante, de cara a actos concretos de ejecución del proyecto de infraestructura carcelaria, sin que corresponda presumir a priori y en esta instancia su falta de adecuación a los criterios de sustentabilidad vigentes.
II.2.b. Por añadidura, es probable también que aun cuando se hiciera lugar a la demanda, invalidándose la ley expropiatoria, permanecería insatisfecho el amplio propósito de conservación expresado por los actores.
Esta Suprema Corte ha sido enfática al sostener que la cuestión constitucional a dirimir en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad debe presentarse como un instrumento para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (conf. causa I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-V-1995; I. 1.985 "Gaspes", sent. de 26-V-2005; I. 70.273 “Torres”, resol. de 28-V-2010; e.o.).
Tal limitación, como ha quedado dicho, encuentra su razón de ser en la necesidad de circunscribir la labor judicial a la resolución de contiendas, evitando desbordes que la sitúen más cerca de la función consultiva que dentro de la propiamente jurisdiccional (doctr. causa I. 2223, "Medipharma", sent. de 4-VI-2008).
III. De acuerdo con las consideraciones apuntadas, las falencias señaladas se presentan como un defecto de la pretensión de los demandantes y, por lo tanto, un obstáculo para su progreso que debe ser advertido por el propio Tribunal para evitar un pronunciamiento abstracto y carente de significación efectiva, de aquellos que una pacífica jurisprudencia veda realizar al Poder Judicial (doctr. causas I. 1417, "Rossi", sent. de 13-VIII-1991; I. 1.299, "Colegio de Todos los Santos S.R.L.", sent. de 23-VI-1992; I. 1.599 "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia", resol. de 22-VI-1993; I. 2184, "Grosso", sent. de 28-V-2003, e.o.).
IV. Por lo expuesto, se impone rechazar in limine la readecuación de la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para concurrir adecuadamente por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (doctr. causa B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la readecuación de la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Costas por su orden, dada la falta de contradicción (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Héctor Daniel Sánchez, en el equivalente a … -…- Jus (arts. 1, 2 seg. párr., 15, 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:47:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:56:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:31:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/07/2023 22:43:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 07:40:29 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/07/2023 08:00:58 hs. bajo el número RR-655-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia