Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77047
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad promovida por Pilar Bicentenario S.A. contra la ley 15.239 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., CPCC).
II. Dejar sin efecto la suspensión a título precautelar dispuesta en la resolución de 19 de agosto de 2021.
III. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Alberto F. Garay, en la suma de … (…) Jus arancelarios y los del Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición que revistan los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
IV. Costas a la parte actora, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, CPCC).
I.77.047 “PILAR BICENTENARIO S.A. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 15.239”
I. Mediante resolución de 19 de agosto de 2021, este Tribunal dispuso suspender los efectos de la ley 15.239 a título precautelar, hasta tanto se incorporaran en la causa una serie de elementos requeridos como medida para mejor proveer, en el marco de la prohibición de innovar requerida por la parte actora.
Así, como consecuencia de una posible discrepancia entre el texto aprobado en la cámara de origen y el publicado en el Boletín Oficial, se ordenó librar un oficio a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para que remita copias del expediente D. 2854/19-20 mediante el cual tramitó la norma aquí impugnada y otro a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que acompañe la versión taquigráfica de la sesión en la que se votó la ley en cuestión.
Paralelamente, se le requirió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro que realice un reconocimiento judicial del inmueble expropiado por la norma cuestionada, ante ciertas discordancias entre las construcciones existentes en el predio y las que se habían mencionado en los fundamentos que acompañaron el proyecto de ley.
II. El 6 de octubre de 2021 se recibió el acta labrada por el magistrado encomendado con la diligencia, de la cual surge que en el terreno objeto de la ley expropiatoria se ha montado un centro de testeo y vacunación contra la COVID-19 y se halla parcialmente construida una estructura de cuatro pisos de hormigón de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en la que se han demarcado alrededor de 90 cocheras, acompañando 29 fotografías que dan cuenta de su informe.
Luego, a través de oficios presentados el 14 y 15 de octubre de ese mismo año, ambas cámaras de la Legislatura dieron cumplimiento con el requerimiento cursado y acompañaron la documentación solicitada, de la cual se desprende que el contenido del texto aprobado por la Cámara de Diputados es idéntico al que se votó sobre tablas en el Senado.
III. Por medio del escrito de 4 de noviembre de 2021, se presenta el Asesor General de Gobierno e interpone excepción de incompetencia.
Funda su pretensión en la inteligencia de que los propios términos de la demanda evidenciarían la naturaleza patrimonial del juicio, pues está dirigido a salvaguardar derechos e intereses puramente económicos de la parte actora afectados por el precepto considerado inconstitucional.
Además, sostiene que el plazo de 30 días que dispone el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial debe computarse desde el 29 de enero de 2021, momento en que la ley 15.239 entró en vigencia, ya que fue allí cuando se afectaron concretamente los derechos de la demandante.
Siendo así, diciendo que el proceso fue iniciado el 17 de marzo de ese mismo año [ rectius : 23 de abril], concluye que el término legal para reclamar la declaración de inconstitucionalidad de la ley expropiatoria mediante la vía originaria se encuentra vencido.
IV. El 11 de noviembre de 2021 la parte actora presenta un nuevo escrito, en el cual pone de manifiesto la necesidad de que este Tribunal dicte la medida cautelar anteriormente solicitada.
De este modo, aduciendo que de los elementos existentes en la causa se desprendería que el agregado se habría introducido en algún momento del trámite del expediente D. 2854/19-20 ante la Cámara de Diputados, dice que se torna evidente que las comisiones por las que pasó el proyecto (Organización Territorial, Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales) no abordaron debidamente el asunto que les fue puesto a consideración, quebrantando no solo los requisitos que la ley 5.708 exige para el dictado de una ley expropiatoria, sino también "la práctica reglamentaria en cualquier legislatura".
V. A través de escrito del 17 de noviembre de 2021, los apoderados de Pilar Bicentenario S.A. contestaron el traslado conferido y pidieron el rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por la Provincia de Buenos Aires.
Sostienen que la acción fue deducida de manera preventiva, toda vez que su derecho de propiedad todavía no se vio concretamente afectado y que ello sucederá solo si se sigue adelante con la expropiación.
Por ende, considerando que el Poder Ejecutivo no los ha notificado de alguna acción específica que ponga en marcha el procedimiento correspondiente a este tipo de leyes, alegan que el plazo de 30 días previsto en el código de rito no ha comenzado a correr y que la demanda ha sido interpuesta en término.
VI. Finalmente, mediante presentación del 9 de mayo del corriente, la sociedad actora denuncia que la Municipalidad de Pilar está incumpliendo la medida precautelar aquí dictada, al haberse opuesto a restituirle el inmueble objeto del juicio con el pretexto de que la ley 15.239 le otorga su legítima posesión como destinataria de la expropiación. Para el caso, da cuenta de haber solicitado el desalojo en la causa penal seguida contra uno de los socios de la empresa por trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, caratulada "Corvo Dolcet, Mateo y otros s/ Inf. art. 303 CP".
A la par, requiere de forma urgente la celebración de una audiencia de conciliación con el Gobernador de la Provincia y el Procurador General de esta Suprema Corte, para tratar de lograr un acuerdo que ponga fin a las diferencias suscitadas como consecuencia de la sanción de la ley aquí impugnada y evitar así la quiebra de Pilar Bicentenario S.A.
VII. Corresponde, entonces, resolver la objeción planteada por el Asesor General de Gobierno relativa a la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad y, en caso de no prosperar, el remedio cautelar y la audiencia peticionados por la parte actora.
VII.1. En primer lugar, debe señalarse que se trata de un caso de marcado contenido patrimonial, dada la naturaleza de los derechos que se denuncian conculcados y que pueden ser objeto de este tipo de juicio originario (arts. 683 a 685, CPCC).
Dicha cualidad ha quedado verificada con la documentación que acompañaron ambas cámaras del Poder Legislativo como respuesta a la medida para mejor proveer, ordenada en la resolución de 19 de agosto de 2021.
De allí se desprende que el texto que fue remitido al Senado para su aprobación sobre tablas es exactamente el mismo que se votó en la Cámara de Diputados (v. sesión de 17 de diciembre de 2020 de la HCD, folio 16 de la presentación en formato papel de 14-X-2021; v. sesión de 22 de diciembre de 2020 de la HCS, folios 6/7, 11, 24 y 29 de la presentación en formato papel de 15-X-2021).
Y si alguna duda podía permanecer respecto a la existencia de una incongruencia entre el texto votado por ambas cámaras y el efectivamente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, esta quedó disipada con la presentación espontánea del Director de dicho organismo del 15 de octubre de 2021 en la que acompaña el Boletín N°28.936, de 18 de enero de ese mismo año, con un idéntico contenido del art. 2 de la ley 15.239.
Por ende, la cuestión a debatir en autos posee un contenido eminentemente patrimonial. Mas no, en forma alguna, institucional.
VII.2.a. Siendo así, se impone indefectiblemente la aplicabilidad de la regla prevista en el art. 684 del código que rige en la especie, que establece que la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo SRL", resol. de 21-XI-20118; I. 72.214, "Quiet SA", sent. de 10-IV-2019 e I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 11-XI-2021, e.o.).
Es necesario, por ende, determinar la fecha en la que comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la pretensión articulada.
VII.2.b. De acuerdo con la norma referida, el plazo aludido debe computarse "…desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018 e I. 72.214, cit.; e.o.).
Sobre esa base, esta Suprema Corte ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, el plazo de caducidad debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También se ha dicho que el art. 684 del código de rito no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los sujetos comprendidos en las normas atacadas (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2.009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2.148, cit. e I. 72.214, cit.; e.o.).
Finalmente, para el caso concreto de leyes que declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación bienes inmuebles determinados, este Tribunal ha resuelto que resulta claro que la afectación del derecho de propiedad sobre ese bien se produce desde la entrada en vigencia de la disposición, con independencia del momento en que se hace efectivo el traspaso de la titularidad dominial en favor del expropiante y que no corresponde admitir una demanda de inconstitucionalidad contra una ley expropiatoria motivada en el carácter preventivo que tendría por no haberse aplicado aún al sujeto expropiado (doctr. causa B. 72.360, "Granillo Fernández", resol. de 20-V-2013).
VII.2.c. Desde esta óptica, es posible concluir que la afectación de los derechos de Pilar Bicentenario S.A. -y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjo con la publicación de la ley 15.239, pues fue a partir de ese momento que la demandante estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de la norma controvertida y, de ese modo, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación podía aparejar.
En este orden de ideas, no es ocioso remarcar que la propia parte actora, al fundar la urgencia que tenía en el dictado de una medida cautelar que suspendiera los efectos de la norma impugnada, reconoció que la expropiación ordenada por el Poder Legislativo tornó jurídica y materialmente imposible dar cumplimiento con ciertos procedimientos de subdivisión y venta en fracción proyectados en el predio y que eran necesarios para que se homologara el acuerdo presentado en el marco del concurso preventivo que se encuentra atravesando, por lo que mal podría luego sostener que su sanción todavía no ha causado efectos sobre la esfera de sus derechos (v. escrito electrónico del 30-IV-2021).
Bajo esos parámetros, considerando que la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 18 de enero de 2021 y el escrito de inicio fue presentado recién el 23 de abril de ese mismo año, cabe afirmar que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del código adjetivo se encuentra vencido, dejando en evidencia la intempestividad de la presente demanda originaria.
VIII. En virtud de lo expresado, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad promovida por Pilar Bicentenario S.A. contra la ley 15.239. Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuenta la actora de ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de sus derechos (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., CPCC; doctr. causas I. 73.388, "Asociación Argentina de Acabado de Metales SADAM", resol. de 29-XI-2017; I. 75.865, "Parcelas SRL", resol. de 23-IX-2020 e I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021, e.o.).
IX. Atento al modo en que ha sido resuelta la cuestión relativa a la admisibilidad de la pretensión constitucional, deviene inoficioso el tratamiento de la prohibición de innovar solicitada por la accionante y de la audiencia conciliatoria requerida en el escrito del 9 de mayo del corriente.
Asimismo, se deja sin efecto la suspensión a título precautelar dispuesta en la resolución de 19 de agosto de 2021.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad promovida por Pilar Bicentenario S.A. contra la ley 15.239 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., CPCC).
II. Dejar sin efecto la suspensión a título precautelar dispuesta en la resolución de 19 de agosto de 2021.
III. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Alberto F. Garay, en la suma de … (…) Jus arancelarios y los del Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición que revistan los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
IV. Costas a la parte actora, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2022 02:43:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 12:16:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 12:24:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 12:43:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/06/2022 13:40:13 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/06/2022 13:40:38 hs. bajo el número RR-647-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia