Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80659
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.80.659 "CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 15.563"
I. La Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, mediante sus apoderados, promueve acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de la ley 15.563, al considerar que su contenido infringe los arts. 14 bis, 16, 17, 28, 31, 75 inc. 22, 121, 122, 123 y 125 de la Constitución Nacional y 1, 11, 31, 36, 39, 40, 41 y 105 a 108 de la Constitución provincial.
Explica que la norma atacada estableció dos cambios sustanciales en el régimen legal de la institución, al modificar los arts. 5 y 12 inc "g" de la ley 6.716:
A través del primero, introdujo una limitación antes inexistente en el ingreso que perciben sus directores, al disponer que el pago de viáticos, gastos de representación o cualquier otra suma mensual que estos reciben "no podrán superar el monto equivalente a un haber jubilatorio mínimo, básico, normal otorgado por la presente ley".
II.1. Sostiene, en primer lugar, que la ley 15.563 se encuentra viciada de nulidad absoluta por haber sido sancionada en abierta violación al art. 103 de la Constitución provincial, al procedimiento de formación de las leyes que establecen los arts. 105 a 108 de ese cuerpo legal y a las disposiciones del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores.
Al respecto, relata que durante la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2025 se sometió a votación el tratamiento "sobre tablas" del proyecto de ley —que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados—, resultando dicha moción rechazada por no alcanzar la mayoría necesaria para habilitar su discusión bajo esa modalidad.
Afirma que, pese a este resultado negativo, la Presidencia del cuerpo permitió la reapertura del debate y una posterior votación de la iniciativa sin que mediara una moción de reconsideración válidamente propuesta y aprobada como lo impone el art. 72 del referido reglamento, lo cual, a su juicio, constituye una maniobra irregular que forzó la sanción de la norma prescindiendo de las formas esenciales y de las mayorías parlamentarias que garantizan la legalidad de la voluntad legislativa.
II.2. En relación a la modificación del art. 12 inciso "g" de la ley 6.716, explica que la sobretasa de justicia constituye una contribución de naturaleza "parafiscal" que el propio legislador previó como una de las fuentes históricas de ingresos destinadas a financiar el sistema de seguridad social para los abogados de la provincia.
En torno a ello, destaca que estos recursos tienen un destino específico vinculado al sostenimiento de los beneficios previstos en los arts. 29 y 30 de la citada norma, los cuales representan el cumplimiento de una función esencial que el Estado delegó expresamente en la Institución.
Puntualiza que, en virtud de la política prestacional adoptada por la Institución y del destino que esta ha asignado en la práctica a dichos fondos, su recaudación permitió financiar el 95,14% de los beneficios reglamentarios correspondientes a las asignaciones especiales y subsidios por fallecimiento, incapacidad y maternidad, según surge de la ejecución presupuestaria de los últimos tres ejercicios anuales.
Destaca que se trata de prestaciones de una naturaleza particularmente sensible, destinadas tanto a jubilados y pensionados como a abogados en actividad, cuya continuidad y pago regular dependen de manera directa de la disponibilidad de estos recursos afectados por la Caja a tal fin, por lo que la reducción de la alícuota dispuesta por la ley impugnada coloca en serio riesgo la sustentabilidad de todo el régimen.
En este sentido, argumenta que la detracción de fondos impuesta por la nueva norma lesiona el principio de progresividad y no regresividad consagrado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, en tanto dicha merma impacta de modo inmediato en el acceso a derechos sociales básicos de grupos sujetos a una tutela preferente, tales como las personas de la tercera edad, con discapacidad y las mujeres, cuya protección efectiva se ve comprometida ante el riesgo que se cierne sobre la viabilidad del sistema prestacional.
De igual modo, denuncia la vulneración de su derecho de propiedad sobre los recursos que ya integran su patrimonio afectado específicamente a fines previsionales (art. 31, Const. prov.), sosteniendo que la modificación atacada configura una privación ilegítima de sus bienes, al recortar drásticamente una de las fuentes genuinas de financiamiento del régimen profesional, alterando con ello la configuración económica necesaria para el cumplimiento de las funciones delegadas por el Estado.
Finalmente, califica como irrazonable y falaz el fundamento que informó la sanción de la ley 15.563, consistente en la pretendida búsqueda de un mayor “acceso a la justicia”, aduciendo al respecto que el impacto económico de la contribución cuestionada resulta insignificante en relación a otros costos del proceso —tales como la tasa de justicia, cuya cuantía es diez veces superior—, por lo cual el ahorro para el justiciable resulta prácticamente imperceptible; destacando asimismo que los obligados a su pago son usualmente entidades de reconocida solvencia y que, para los supuestos de verdadera vulnerabilidad, el ordenamiento vigente ya ofrece herramientas eficaces —como por ejemplo el beneficio de litigar sin gastos— que aseguran el acceso a la jurisdicción sin necesidad de comprometer el financiamiento de la seguridad social profesional.
II.3. En lo que respecta a la modificación del art. 5 de la ley 6.716, la actora impugna el tope impuesto a los viáticos y gastos de representación, argumentando que el desempeño en el Directorio de la institución constituye una carga pública que no genera derecho a percibir remuneración y que, por tanto, tales conceptos poseen una naturaleza estrictamente compensatoria, previstos para evitar que el cumplimiento del cometido se traduzca en una erogación personal del profesional.
Sobre ello, destaca que el cuerpo se integra con miembros de Departamentos Judiciales de toda la Provincia que deben desplazarse periódicamente hacia la ciudad de La Plata, lo cual exige una dedicación sostenida que obliga a desatender la actividad profesional y la fuente de ingresos propia —especialmente en el caso de quienes provienen del interior bonaerense—, sosteniendo que la reducción arbitraria de tales rubros no se vincula con la realidad operativa de la Caja y genera desigualdades entre los directores según su procedencia territorial.
En esa línea, afirma que el tope establecido transforma al sistema en regresivo y excluyente, alterando el equilibrio en la representación de los distintos Departamentos Judiciales y provocando un efecto discriminatorio que condiciona el acceso a la función a la solvencia económica de cada profesional.
Concluye, por fin, que el objetivo de austeridad invocado por el legislador carece de razonabilidad, toda vez que la entidad ya ha demostrado responsabilidad en la administración de sus recursos y su sostenimiento no compromete el erario.
II.4. En este esquema, requiere que esta Suprema Corte ordene una medida cautelar suspensiva de los efectos de la ley 15.563, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en autos, asegurando que mantener el flujo íntegro de los fondos provenientes de la sobretasa de justicia resulta imprescindible para asegurar el pago de los beneficios reglamentarios tales como las asignaciones y subsidios que otorga mensualmente.
III.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "U.P.C.N.", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "A.T.E.", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi S.A.", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga S.A.", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos exigidos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.2. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida solicitada no surgen, por ahora, suficientemente acreditados.
III.2.a. En primer lugar, porque el desarrollo elaborado en punto a demostrar la ilegitimidad con la que estaría afectada la norma impugnada, en virtud de lo que disponen los arts. 69 y 72 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, escapa del marco de impugnación reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, puesto que remite a agravios ligados a una norma infraconstitucional (cfr. art. 683, CPCC y doctr. causas I. 2.213, "El Popular S.A.I.C.", sent. de 24-XI-2010; I. 2.321, "Itoiz", resol. de 29-II-2012; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt S.A.", resol. de 10-IV-2013; B. 73.318, "Simón", resol. de 2-IX-2015; I 74.070, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel", resol. de 28-XII-2016; I. 74.585, "Necochea Etretenimientos S.A., resol. de 28-VI-2017 e I. 75.083, "Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Ltda.", resol. de 26-XII-2018, e.o.).
Al respecto, cabe señalar que los artículos de la Carta local invocados por la actora en su escrito inicial no dan sustento a su agravio, pues mientras el art. 107 regula los efectos del rechazo de un proyecto por una de las Cámaras —situación ajena al vicio procedimental denunciado—, el art. 103, del que se pretende extraer que "las leyes se sancionan conforme a las formas constitucionales y reglamentarias", se limita, en realidad, a enumerar las atribuciones de la Legislatura y no contiene prescripción alguna sobre el procedimiento de formación de las leyes ni remisión al reglamento interno del cuerpo.
Siendo así, resulta evidente que este planteo que trae la actora como hipótesis de conflicto constitucional —el tratamiento "sobre tablas" y la moción de reconsideración dentro del Senado— resulta ajeno al objeto propio de esta clase de contiendas, al tratarse de un argumento de cuño meramente reglamentario.
III.2.b. Pero además porque —sin entrar en el debate sobre si el legislador tiene, o no, la potestad de disminuir una contribución que él mismo puso en cabeza del justiciable tiempo atrás—, la determinación de cómo el contenido de la ley 15.563 podría infringir los derechos sociales de los afiliados a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (al desfinanciar su régimen prestacional con la modificación efectuada en el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716) o el derecho de los directores de la institución (al poner un tope en los viáticos que estos cobran por aplicación del art. 5 de la ley 6.716) es una tarea que no puede ser llevada a cabo con la provisionalidad inherente a esta etapa liminar del juicio (doctr. causas I. 68.323, "Exolgán S.A.", resol. 24-V-2006; I. 74.048, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-XII-2016 e I. 77.580, "Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, resol. de 13-IX-2022, e.o.).
En efecto, de los escasos elementos contables acompañados en la demanda poco puede saberse del efecto real que sobre sus arcas y sobre "la sustentabildiad de todo el régimen jubilatorio" generará la reducción de la alícuota dispuesta, al no indicarse —siquiera— qué porcentaje de todos los ingresos representa la quita ordenada.
La única información financiera desarrollada por la parte actora para dar pábulo a su pretensión es la referida a las asignaciones especiales y subsidios por fallecimiento, incapacidad y maternidad, al asegurar —sin soporte documental— que un 95,14% del pago de tales conceptos se cubre con los recursos provenientes del pago de la denominada sobretasa de justicia, pero sin brindar información alguna sobre la estructura de ingresos global de la institución que permita ponderar cuánto representa dicha contribución dentro del total de recursos con que la Caja afronta sus obligaciones previsionales, y sin explicación de cómo esa merma podría comprometer la viabilidad del sistema en su totalidad.
De la misma manera, resulta insuficiente la mera alegación de las desigualdades que podría generar —entre los directores de la institución— la fijación de un límite en el ingreso mensual que estos perciben en concepto de pago de viáticos y gastos de representación, sin la determinación precisa de lo que cada uno de ellos gasta en el ejercicio de sus funciones ni cuánto de ello puede, o no, cubrirse con el monto equivalente a un haber jubilatorio mínimo, básico, normal otorgado por la ley 6.716.
Argumentos de este tipo, que se limitan a exhibir un escenario de afectación potencial mediante alegaciones que prescinden de respaldo cuantitativo, prima facie analizados, no resultan suficientes para concluir que la pretensión tenga sustento en un derecho verosímil.
III.3. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio preventivo solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima —para el caso, inconstitucional—, como —y en relación con— aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En este punto, debe ponerse de relieve que la propia parte actora reconoce en su escrito de inicio que el déficit financiero que se genera en la institución ante la reducción de la alícuota de la sobretasa de justicia puede "cubrirse o compensarse con otros fondos de la Caja que ya tienen otro destino específico", quedando en evidencia que la asfixia económica inmediata denunciada no se presenta con la patencia alegada, ya que la institución cuenta con herramientas operativas y financieras para absorber —al menos transitoriamente— la merma de ingresos alegada, lo que desvirtúa la inminencia de un perjuicio irreparable que torne necesaria la tutela cautelar requerida.
IV. Así las cosas, en función de los limitados elementos arrimados por la demandante, no se aprecia momentáneamente la existencia de un riesgo constitucionalmente relevante que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; CSJN Fallos: 335:1213; doctr. causas I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 6-IV-2021, I. 78.041, "Radaelli", resol. de 29-VII-2023 e I. 79.829,"Cianci", resol. de 27-VIII-2025, e.o).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:28:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 11:53:50 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:53:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:38:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:43:31 hs. bajo el número RR-528-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia