Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75440
I.75.440 “MANCEBO ALICIA ESTER C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 6716”
La Plata, 26 de diciembre de 2018.
I. Alicia Ester Mancebo, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco Luis Ungolo, dedujo demanda de inconstitucionalidad en relación a los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. 4771/95), que rige -entre otras cosas- las prestaciones previsionales que otorga y administra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establecen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la obligatoriedad de la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que los profesionales estuvieren inscriptos.
Relata que, habiendo solicitado la prestación por edad avanzada, la Caja resolvió conceder tal beneficio requiriendo, a los fines de hacerlo efectivo, la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que estuviere inscripta de acuerdo al artículo 44 de la ley 6.716 (v. fs. 6).
Ante dicha decisión la actora cuestiona la exigencia a la que se condicionó la percepción del beneficio con citas de jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiterando la Caja su postura (v. fs. 5 y 7).
Señala que la Caja rechazó su reclamo alegando que en los casos judiciales en los cuales se decretó la inconstitucionalidad de los artículos 44 y 45 cuestionados se hacía referencia al beneficio de jubilación ordinaria y no al "… beneficio de origen reglamentario creado por el Directorio de esa institución", destacando que resulta inaceptable que con un mero reglamento se pretenda violar principios fundamentales del derecho como el que prescribe el artículo 57 de la Constitución provincial y el 28 de la Constitución nacional (v. fs. 9 vta.).
Por otra parte, manifiesta que los sucesivos reglamentos referidos a la prestación por edad avanzada guardaron idénticos textos acerca la cancelación de las matrículas profesionales en todas las jurisdicciones del país en las que estuviera inscripto el profesional solicitante. Incluso, señala que el concepto del artículo 44 de la ley 6.716 es copiado textualmente en el artículo 5 del reglamento vigente y que la Caja, no obstante alegar que los antecedentes judiciales no resultan aplicables al caso por tratarse de una prestación por edad avanzada ("reglamentaria"), funda la concesión de tal beneficio estableciendo la obligación de cancelación con cita del artículo 44 impugnado.
Cuestiona el artículo 45 de la ley, en cuanto prohíbe al abogado jubilado ejercer la profesión en cualquier jurisdicción, alegando que implica la aplicación extraterritorial de atribuciones provinciales, interfiriendo la regulación del ejercicio de la profesión, citando en sustento de su afirmación precedentes de este Tribunal (causas I. 73.162, "Bengolea", res. de 24-IX-2014 e I. 2.036, "Nieto Blanc", sent. de 27-X-1998).
Asimismo, agrega antecedentes administrativos en los que se aceptó el otorgamiento del beneficio sin la exigencia de la cancelación de la matrícula profesional en extrañas jurisdicciones.
Finalmente, solicita como tutela cautelar que se ordene a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de exigir la cancelación de la inscripción en las matrículas en que se encuentra registrada para el ejercicio de la profesión de abogado y abone la prestación por edad avanzada sin tal recaudo desde el momento de su solicitud y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa (fs. 11 y ss.).
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
II.2. En el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de las normas aquí impugnadas -arts. 44 y 45 de la ley 6719 (T.O. 1995)- al dictar sentencia en las causas R.423.XX "Rebagliatti" sent. de 8-X-1987 (Fallos 310:2039); I.170.XX "Iriarte" sent. de 27-X-1987; L.454.XXII "León" sent. de 18-XII-1990 -revocando decisorios de este Tribunal- postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sent. de 27-X-98, declarando inconstitucional la normativa cuestionada en autos.
Ello, fundamentalmente, sobre la base de que las provincias no pueden -por conducto de las normas regulatorias de los beneficios previsionales locales- incidir en el ejercicio de actividades profesionales cumplidas en ajena jurisdicción, razón por la cual las leyes provinciales que imponen la cancelación de la matrícula profesional en todo el país como condicionamiento para acceder al goce efectivo del beneficio jubilatorio, importan el ejercicio extraterritorial de sus atribuciones, interfiriendo en la regulación del ejercicio de la profesión en otros ámbitos territoriales sin hallarse facultadas a ese efecto.
En este sentido, la pretensión de la actora en esta instancia del proceso posee una seria y consistente apariencia de buen derecho, resultando la doctrina reseñada aplicable al caso; no logrando desvirtuar dicha decisión el hecho de se trate de una obligación requerida a los fines de efectivizar la prestación por edad avanzada y no la jubilación ordinaria básica normal. Ello, en tanto la cuestión constitucional determinante – analizada en los precedentes reseñados- es que las provincias no tienen facultades para incidir en el ejercicio de las actividades profesionales cumplidas en ajena jurisdicción y no así, cuestiones relativas al beneficio previsional solicitado.
Aún más, se señala que no obstante calificar la prestación como un beneficio de origen reglamentario, la demandada fundamenta la carga cuestionada por la actora "… de acuerdo lo establecido por el art. 44° de la ley 6.716 t.o. Dec. 4.771/95", norma a la que posteriormente –ante el cuestionamiento de la actora en sede administrativa- agrega el artículo 5 del reglamento que dispone sobre la prestación por edad avanzada en idénticos términos que el segundo párrafo del artículo 44 citado (v. fs. 6/7).
III. En virtud de las razones que anteceden, corresponde ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a título cautelar, que se abstenga de aplicar a la actora lo dispuesto por los arts. 44 y 45 de la ley 6716 (T.O. 1995), en cuanto imponen la cancelación de las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir la prestación por edad avanzada, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs. del C.P.C.C.).
Ello bajo responsabilidad de la accionante, quien deberá previamente dar caución juratoria, en Secretaría, por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
POR SU VOTO
El señor juez, doctor Negri, dijo:
I. En reiteradas oportunidades me he pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de normas como las cuestionadas en autos, opinión que, en la mayoría de las causas, resultó minoritaria (ver causas I. 1.344, "Rouzi", sent. del 28-VIII-90 e I. 1.421, "Seara", sent. del 9-X-90, entre muchas otras). Ese criterio minoritario fue compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando las aludidas causas llegaron a su conocimiento por vía del recurso extraordinario federal (R.423.XX "Rebagliatti" sent. del 8-X-1987 (Fallos 310:2039); I.170.XX "Iriarte" sent. del 27-X-1987; L.454.XXII "León" sent. del 18-XII-1990), declarándose siempre, en consecuencia la inconstitucionalidad pretendida por los accionantes (I. 2036 "Nieto Blanc" sentencia 27-X-98).
Expuesto ello y toda vez que la solución propiciada por mis colegas preopinantes ha sido adoptada conforme la doctrina expuesta en aquellos precedentes, doy mi voto en igual sentido.
HÉCTOR NEGRI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko-Ne
Reg. Nº 730
Fin de la sentencia