Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.947, "Greppi, Carlos A. c/ Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad ley 6716", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari, Borinsky.
Carlos Alberto Greppi, por derecho propio, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716, en virtud de cuya aplicación la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha considerado desistido el cómputo de siete años (1985 y 1989/1994, inclusive) de aportes jubilatorios. Funda su reclamo en lo normado por los arts. 10, 11, 36 incs. 1 y 6, 39 incs. 3 y 57 de la Constitución provincial.
Asimismo, solicita que la Caja acepte el pago de aportes adeudados y, en consecuencia, se fije una forma equitativa de integrarlos.
Requiere, además, el dictado de una medida cautelar a los fines de que la Caja demandada se abstenga de aplicar a su caso lo dispuesto por el artículo puesto en crisis, tutela que le fue otorgada por resolución de fecha 22-XII-2015 (v. fs. 20/21 vta.).
Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad por lo cual solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por su parte, la Caja de Previsión Social para Abogados, citada en calidad de tercero, sostiene la improcedencia sustancial de la pretensión articulada. Con dicho fundamento, pide el rechazo de la demanda con costas a la actora.
Se da vista al señor Procurador General, quien manifiesta que el allanamiento formulado por el Asesor General de Gobierno no puede tener como resultado la culminación del pleito, debiendo proseguirse con el trámite de la causa.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor, de profesión abogado, manifiesta que se matriculó en el Colegio de Abogados de San Martín el 25 de junio de 1985, luego de estar afiliado en calidad de procurador desde el 10 de marzo de 1983.
Relata que, al solicitar información a la Caja de Previsión Social para Abogados, se le hizo entrega de un documento emanado del sistema informático del que resultaba que se consideraba como no computable el período que abarca los años 1986 a 1991. Señala que de allí surgía que sus aportes correspondientes a los años 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994 habían sido considerados desistidos con fundamento en lo dispuesto por el art. 73 de la ley 6.716.
En este sentido, entiende que, ante el incumplimiento de integrar la totalidad de las cuotas obligatorias, se interpretó su silencio como un desinterés por conservar los años indicados, no obstante expresar que jamás ha recibido una intimación de pago o comunicación al respecto.
Precisa que, en consecuencia, efectuó un reclamo administrativo a efectos de recuperar el cómputo de aquellos años, siendo denegado por la Caja accionada.
Relata que los términos del art. 73 de la ley 6.716 vulneran su derecho a gozar del beneficio previsional, toda vez que lo privan de un número considerable de años de trabajo "...respecto de los cuales la obligación de efectuar los aportes se halla prescripta", al mismo tiempo que compromete las retenciones ya efectuadas al no percibir beneficio alguno.
Destaca, además, que la norma vulnera el principio de igualdad ante la ley en razón de reconocer a la Caja un privilegio distinto al que tendría cualquier acreedor en idénticas situaciones. Hace referencia a la doctrina de este Tribunal respecto a las consecuencias de la mora en el pago de aportes que no puede privar al afiliado de sus derechos (probado el ejercicio profesional) y la finalidad tuitiva propia de las leyes previsionales.
Alega que se encuentra próximo a alcanzar la edad jubilatoria y sin haber cesado su actividad profesional se ve imposibilitado a acceder al beneficio previsional por aplicación del art. 73 de la ley 6.716. Cita en apoyo de su posición el fallo de este Tribunal dictado en causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sentencia de 15-XII-2010.
II. El Asesor General de Gobierno, al contestar la demanda, se allana a la pretensión de la actora en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva, solicitando que se haga lugar al beneficio de exención de costas conforme lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Manifiesta que, en lo esencial, resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por esta Suprema Corte en la aludida causa "Torregrosa Lastra".
III. Al comparecer en su carácter de tercero citado, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda.
Informa que la actora inició actuaciones en sede administrativa (v. expediente n° 475210/G/2011/05; v. fs. 42/64) con el objeto de recuperar los años desistidos y expresando su conformidad respecto del temperamento que la Caja adopte a dichos fines.
En tal sentido, aduce que el Directorio de la entidad, al entender que el accionante no tenía derecho actual a recuperar los años pretendidos, en tanto aquellos no se perdieron por eventuales incumplimientos, sino por un mandato legal que los tuvo por desistidos (art. 73, ley 6.716); denegó su pedido tendiente al recupero de los años 1985 y 1989 a 1994. Manifiesta que tal decisión fue comunicada por carta documento el 12 de febrero de 2015 (v. fs. 66/69).
Considera que, más allá de sus circunstancias personales, la actora motiva su pretensión en lo resuelto en la causa "Torregrosa Lastra" (causa I. 2.175, cit.), fallo en el cual este Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716.
Argumenta que el mencionado precedente no tiene en cuenta la realidad integral de la Caja ni el tránsito histórico por el que se trató de consolidar su vigencia, el cual responde a un marco jurídico diferente que mutó de la voluntariedad del aporte a su obligatoriedad. En ese contexto califica de absurda la aplicación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial, al prescindir de la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para cumplir con las prestaciones previsionales (v. fs. 71 vta. y 72).
Señala que, en tanto la ley 11.625 fue obligatoria luego de su publicación en el Boletín Oficial, el requerimiento de una notificación personal del art. 73 es una demasía y una manifiesta arbitrariedad que no responde al contexto del cuerpo normativo que integra.
Cuestiona, a su vez, que en la causa "Allegri de Domínguez" (B. 57.979, sent. de 25-I-2000) este Tribunal aplicó el precepto cuestionado en autos sin hacer mención a la inconstitucionalidad e, incluso, se apartó expresamente de lo allí resuelto al intervenir en el precedente "Torregrosa Lastra", señalando que en aquella causa no se debatía la constitucionalidad del precepto ni se perseguía el mismo interés. Sostiene, además, que el Tribunal al fallar en la causa mencionada en último término, ejerció facultades legislativas exclusivas de otro poder del Estado, violando así el principio republicano de división de poderes y, por lo tanto, en contra de la cuidadosa labor del legislador que utilizó el silencio como una manifestación de voluntad negativa.
Respecto de los aportes del actor, indica que de su análisis surge que al momento de la presentación aquel registraba computables a los fines jubilatorios los años 1985 (parte proporcional), 1986/1988, 1995/1997, 1998/2003 (50%) y 2004/2015. De los años restantes, manifiesta que directamente no ingresó contribuciones o los aportes no se acercan al mínimo requerido y, por lo tanto, la Caja aplicó el cuestionado art. 73 de la ley 6.716. En ese orden, entiende que le son computables solamente veinticuatro años a los efectos jubilatorios. Pone de relieve que la Caja no puede hacerse cargo de una doble negligencia del actor, puntualizando, por un lado, el desconocimiento de la modificación introducida por la ley 11.625 y, por otro, la obligación de abonar las cuotas anuales.
En este sentido, alega que el demandante a pesar de cumplir con la edad jubilatoria exigida por la ley 6.716, no se encuentra en condiciones de obtener el beneficio respectivo ya que no cuenta con treinta y cinco años de aportes computables.
Niega que el precepto cuestionado vulnere el principio de retroactividad de las leyes, ya que no modifica derechos adquiridos, sino que se trata de meras expectativas y que la norma cuestionada no es arbitraria ni contraria a los preceptos constitucionales, por cuanto en una situación límite, en que muchas de las deudas se constituían en cargas económicas insostenibles para los afiliados, se articuló un mecanismo que llevó certeza jurídica en la relación Caja-afiliado.
Finalmente requiere que, para el caso de que se dé curso a la pretensión de la actora, se la condene al pago de las cuotas anuales obligatorias cuyo cómputo proceda en virtud de la inconstitucionalidad planteada. Ello, conforme lo establecen los arts. 58, 71 y concordantes de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95).
Ofrece como prueba el expediente administrativo n° 475210/G/2011/05, cuyas copias adjunta a fs. 42/64 vta. y hace reserva del caso federal (v. fs. 80).
IV. Ahora bien, debe señalarse que desde el momento en que fuera dictada la medida cautelar a favor del actor, se discutió respecto de la determinación del monto a integrar en razón de cuotas adeudadas por el doctor Greppi.
En este sentido, la Caja presentó un escrito solicitando se aclaren los términos de la medida cautelar adoptada, entendiendo que importa hacer renacer la posibilidad de computar a los fines previsionales los períodos pretendidos por el actor (1985, 1989/1994) y que ello "...solo es posible previo pago de dichas anualidades, ya para el cumplimiento de esta manda o si eventualmente, este proceso tuviera una acogida favorable a la pretensión..." y que a los efectos de determinar el monto a integrar "...deberá aplicarse las pautas que emergen de los artículos 58, 71 y concordantes de la ley 6716 t.o Dec. Ley 4771/1995 (cálculo actuarial), en la forma que determine el Directorio de la Caja" (fs. 26 vta.).
Tal postura fue sostenida -conforme se apuntara- en oportunidad de contestar la demanda (v. fs. 79 vta.) y en posteriores escritos rechazó el planteo del actor que califica de "obligación natural" a la deuda por aportes impagos precisando que se trata de una obligación que nace con una eventual sentencia que reconozca su cómputo. En relación con el cálculo de referencia señaló que "...deberá ser requerido al Actuario en forma individual y con una fecha de pago, ya que en virtud de no estar permitido tal recupero, no hay procedimiento regular, sino que deberá darse previa intervención al Directorio para su determinación con sustento en la ciencia actuarial", debiendo otorgarse un plazo no menor a veinte días hábiles para ello (v. fs. 99 y 117 vta.).
Por su parte el doctor Greppi, adujo la improcedencia de los planteos de la Caja con relación al incumplimiento denunciado de la medida cautelar. Al mismo tiempo precisó que, no obstante considerar que los períodos en análisis se encuentran prescriptos, para el caso en que deba integrar las anualidades adeudadas, se fije judicialmente una forma justa y equitativa para hacerlo, considerando a su juicio que cada período adeudado no puede exceder el monto actual del aporte anual y que cada pago mensual no puede vulnerar el tope del 20% del haber jubilatorio (v. fs. 32 vta., 33, 89, 101 y 109).
V. El señor Procurador General expresa que, atendiendo las características de la causa, el allanamiento formulado por el entonces Asesor General de Gobierno en modo alguno puede tener como resultado la culminación del pleito, debiendo proseguir con el trámite de la causa (v. fs. 121).
VI. Según los términos con que cada una de las partes ha expuesto su posición, el interrogante constitucional que se presenta consiste en determinar si el art. 73 de la ley 6.716 resulta contrario a las disposiciones contenidas en los arts. 10, 11, 36 incs. 1 y 6, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución provincial. Eventualmente, de prosperar la pretensión del actor, debe analizarse si corresponde el pago de los aportes adeudados y el modo en que éstos deben integrarse.
VI.1. Conforme se ha señalado precedentemente, la cuestión sometida a tratamiento es sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en las causas I. 2.175, "Torregrosa Lastra" (sent. de 15-XII-2010); A. 72.268, "Salonia" (sent. de 23-XII-2014); A. 72.622, "García, Ana María" (sent. de 29-VIII-2017) e I. 72.100, "Otero" (sent. de 19-XII-2018).
En tales pronunciamientos esta Suprema Corte descalificó el art. 73 de la ley 6.716 por su contradicción con la Constitución provincial. De acuerdo a ello, las consideraciones formuladas en tales precedentes guiarán, en lo medular, la solución de la presente controversia.
El art. 73 de la ley 6.716 (texto según ley 11.625) establece:
"Los afiliados que hasta la vigencia de la presente ley no hubieran cumplimentado el pago de las cuotas anuales obligatorias instituidas por el art. 12°, inc. b), de la ley 6716, modificada por el art. 2° de la ley 10268, podrán optar, por única vez, por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios o por la pérdida de dicho cómputo, en cuyo caso se extinguirán las obligaciones del afiliado frente a la Caja por los respectivos años.
La opción referida deberá efectuarse dentro del primer año de vigencia de la presente ley; el silencio del afiliado se reputará como opción por la pérdida del cómputo de los años total o parcialmente adeudados.
La opción por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios importará la obligación de ingresar los aportes...".
La resolución de los casos antes mencionados tiene como pilares la regla según la cual "la ausencia de aportes jubilatorios oportunos no invalida el desempeño de la actividad, ni la mora en el pago tiene por consecuencia privar al afiliado renuente de sus derechos. Probado el ejercicio profesional, nada obsta a que el pago de los aportes previsionales que correspondan se efectúen con posterioridad" (causa B. 54.623, "Monod Núñez", sent. de 9-XI-1993). La finalidad tuitiva propia de las leyes previsionales impone dar preferencia a las soluciones legales que brinden al afiliado facilidades para poder dar cumplimiento a la obligación solidarista de ingresar al régimen los aportes adeudados (causas B. 54.623, cit. y B. 53.832, "Prando de Quitegui", sent. de 1-IV-1997).
En oportunidad de fallar en la causa I. 2.175 (antes cit.), este Tribunal confrontó la norma cuestionada con los principios emanados de la Constitución provincial, especialmente con lo dispuesto en el art. 39 inc. 3 que contempla lo siguiente: "En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador...", a partir de lo cual concluyó que "...la solución brindada por la norma en cuanto otorga al silencio del afiliado la significación de una renuncia por los años de actividad profesional respecto de los cuales no se hubiera integrado el mínimo de aportes, contradice abiertamente la norma constitucional".
También se destacó que "[a] la luz del principio de irrenunciabilidad constitucionalmente consagrado, lo censurable del caso es que la norma infiera la renuncia de un derecho -cómputo de numerosos años de actividad profesional- que luego tendrá directa incidencia a la hora de perfeccionar el acceso al beneficio jubilatorio. Y ello, insisto, a causa de la falta de pago de los aportes cuando lo relevante a los fines de exhibir derecho a la jubilación, es que se demuestre el ejercicio efectivo de la actividad por el tiempo estipulado por la norma, extremo éste que la ley permite sea acreditado por diversos medios (doctr. causa B. 54.623, cit.)". Tal afirmación no empece a que se exija el pago -bajo condiciones de razonable cumplimiento (doctr. causa B. 61.280, "Blanco de Fernández", sent. de 22-VIII-2007)- de los aportes adeudados y sus adicionales, como modo de subordinar el goce del beneficio.
De lo expuesto surge claro que los hechos y circunstancias evaluados por este Tribunal en aquella oportunidad, son idénticos a los debatidos en el sub lite . En efecto, en el caso particular del aquí accionante, se tienen por desistidos los años de ejercicio profesional que abarcan el año 1985 y el período 1989/1994; con lo cual la merma de años computables que la disposición normativa permite, resulta aquí también determinante para acceder al beneficio -con independencia de si bastan por sí solos para completar los requeridos por el régimen-, situación que hace plenamente aplicable al presente la doctrina que emana de los precedentes citados.
VI.2. Ahora bien, respecto del cuestionamiento de la Caja Previsional relativo a que el precepto en crisis no vulnera el principio de retroactividad de las leyes ya que no modifica derechos adquiridos, sino que se trata de meras expectativas, cabe destacar que es doctrina reiterada de este Tribunal que la jubilación es un derecho social, garantizado en los textos constitucionales (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.; doctr. causa I. 1.213, "Malzof", sent. de 27-III-1990; e.o.) y, por lo tanto, la reglamentación no debe alterar su esencia (doctr. causa I. 2.110, cit.).
Y si bien no hay derechos absolutos, las garantías y los derechos consagrados constitucionalmente no pueden ser suprimidos. Su relatividad tampoco implica avalar que, lisa y llanamente, las normas reglamentarias determinen una extinción o privación de su contenido esencial; lo que no impide, por cierto, la razonable limitación. La razonabilidad, pues, debe estar acompañada con la proporción en la ejecución, que es lo que afirma la inalterabilidad de la norma consagrada por la Constitución (doctr. causa I. 2.175, cit.).
En la especie, la norma en crisis denota una manifiesta irrazonabilidad, en cuanto el medio empleado se presenta desproporcionado, en tanto pone en riesgo la obtención del derecho jubilatorio, frente al fin perseguido que, conforme señalara la Caja Previsional, era sincerar el sistema "...frente a los resultados de un largo período en que campeó la voluntariedad en la aportación (37 años) y un corto plazo de obligatoriedad compulsiva (10 años)" que, no obstante revertir la tendencia de una acentuada declinación en el número de afiliados que cubrían el aporte mínimo obligatorio, "Hubo que asumir los efectos de esa realidad ['morosidad de arrastre'] con el menor perjuicio para los dos términos de relación: Caja acreedora - Afiliado deudor, mediante una fórmula de razonable equilibrio" (fs. 78 vta. y 79).
Como ya se advirtiera, de todas las posibles variantes que el vínculo entre la Caja de Previsión y el afiliado otorgaba para el supuesto de falta de ejercicio de la opción, se ha seleccionado aquella que coloca al interesado ante la situación más desfavorable, de cara a su situación previsional (pérdida del cómputo de los años trabajados). Esta solución, revela un grado de desproporción que la torna incompatible con la doctrina que ha elaborado este Tribunal en torno al art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que predica la especia
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