Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Costas por su orden (arts. 68 —segundo párrafo-, 161 y args. 163 incs. 6 —segundo párrafo— y 8 y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Francisco Luis Ungolo y del apoderado de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, doctor Franco Beorlegui, en el equivalente en pesos a … -…— Jus para cada uno (arts. 1, 2 -segundo párrafo-, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. a y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
I.75.440 “MANCEBO ALICIA ESTER C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 6716”
I. Alicia Ester Mancebo, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco Luis Ungolo, dedujo demanda de inconstitucionalidad en relación a los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. 4771/95), que rige -entre otras cosas- las prestaciones previsionales que otorga y administra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establecen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la obligatoriedad de la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que los profesionales estuvieren inscriptos.
Mediante resolución del 26-XII-2018 se concedió la medida cautelar solicitada en autos, ordenando a la Caja previsional de referencia que se abstenga de aplicar a la actora lo dispuesto por los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. 1995), en cuanto imponen la cancelación de las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir la prestación por edad avanzada, hasta que recaiga el pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
II.1. Posteriormente a la presentación de los escritos postulatorios, se presenta nuevamente la entidad previsional denunciando que el planteo judicial ha caído en abstracto. Solicita que así sea declarado por el tribunal y que se impongan las costas en el orden causado, con invocación de lo normado por el artículo 51 de la ley 12.008, t.o. ley 13.101.
Manifiesta que en la sesión de fecha 14 y 15 de febrero 2019 el Directorio de la Caja resolvió modificar el artículo 5 del Reglamento de Prestación por Edad Avanzada, eliminando la exigencia de la cancelación de la matrícula de extraña jurisdicción. En consecuencia, sostiene que al modificarse la norma cuya inconstitucionalidad aquí se discute, se ha satisfecho la pretensión procesal por fuera del proceso, motivo por el cual la actora ya no conserva un real interés en la prosecución de la causa. Cita jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de sus afirmaciones.
II.2. La actora resiste la petición referida afirmando que el Directorio de la entidad previsional solamente ha modificado el artículo 5 del Reglamento de Prestación por Edad Avanzada, cuyo texto es idéntico al artículo 44 de la ley 6.716, pero afirma que nada dice respecto de la prohibición establecida en el artículo 45 de la norma. En consecuencia, entiende que la modificación reglamentaria no es suficiente a los fines de satisfacer su pretensión (v. fs. 70/71).
III.1. En una presentación posterior, la Caja de Previsión Social para Abogados denuncia como hecho nuevo la aplicación de la modificación del artículo 5 del Reglamento —reseñada en el apartado anterior— al caso particular de la actora.
Informa, entonces, que en las sesiones de fecha 21 y 22 de marzo del año 2019 el Directorio dispuso hacer lugar al pedido de hacer efectivo el beneficio de Prestación por Edad Avanzada en favor de la afiliada aquí actora "…solamente cancelando la Matrícula de Provincia tal como expresa el art. 5° del reglamento modificado", dando de alta el beneficio a partir de la fecha de cancelación de la matrícula en el ámbito provincial (31-III-2018; v. fs. 73).
Asimismo, acompaña copia de la liquidación practicada a aquellos fines y de la cual surge que con fecha 30-IV-2019 se le abonó a la señora Mancebo la suma correspondiente, incluido el retroactivo por los haberes devengados.
III.2. Frente al planteo reseñado, la actora solicita su rechazo con costas por entender que resulta extemporáneo (cita art. 363, CPCC) y que no se trata de un hecho nuevo lo informado por la Caja sino la acreditación de haber cumplido con la medida cautelar dictada en autos.
Manifiesta que la entidad previsional intenta nuevamente que la cuestión a resolver sea declarada abstracta y se resuelvan las costas por su orden aludiendo a la modificación unilateral del artículo 5 del Reglamento. Pone de relieve que de no haber iniciado el presente proceso "…tal aplicación de dicha modificación y el consiguiente pago no hubieran existido" (v. fs. 75 vta.).
Destaca que el objeto de su demanda fue que se decretara la inconstitucionalidad de los artículos 44 y 45 de la ley 6.716 "…en cuanto establecen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la obligatoriedad de la cancelación de la Matrícula en todas las jurisdicciones del País en las que los profesionales estuvieren inscriptos".
Así, insiste en que la modificación reglamentaria resulta insuficiente a los fines legales e incongruente porque pese a la eliminación de la exigencia de la cancelación de la matrícula en extrañas jurisdicciones, se mantiene a tenor del artículo 45 de la ley aquello que el reglamento pretende derogar (v. fs. 75 vta./76).
III.3. De las presentaciones de la Caja de fs. 54/55 y 73, así como de la documentación acompañada, se dio traslado a la Provincia demandada, respecto de lo cual el señor Asesor General de Gobierno guardó silencio (v. fs. 56, 56 vta., 74 t sigs.)
IV. Atento el relato de antecedentes que precede y la etapa procesal en la que se encuentra la causa (v. fs. 72 y 81), el presente pronunciamiento debe ceñirse al análisis de los planteos realizados por la Caja de Previsión Social para Abogados concernientes a la solicitud de que la controversia sea declarada abstracta con motivo del acaecimiento de un hecho nuevo, relativo al reconocimiento, liquidación y pago del beneficio a la actora desde la fecha de la cancelación de la matrícula provincial.
IV.1. Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta es factible que con posterioridad se torne abstracta (doct. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
IV.2. En el caso de la acción originaria regulada en los artículos 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial se ha precisado que si bien tiene como finalidad el dictado de una sentencia declarativa, tal declaración viene engarzada en un contexto fáctico determinado por el caso; con lo cual, tras la proclamación de inconstitucionalidad del precepto reputado lesivo de las normas superiores se ordena la inaplicabilidad del mismo a la situación de hecho en que se encuentra el actor. Ello, claro está, con independencia de la acumulación de otras condenas asociadas a las acciones que se hubieran deducido en forma condicionada a aquella declaración.
La necesidad, entonces, de la configuración de un caso como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general y, de esta acción originaria de inconstitucionalidad, en particular, pues es a partir del mismo que la pretensión constitucional cobra sentido.
Y, precisamente, existe caso en la materia bajo análisis si la petición excede el carácter simplemente consultivo y no comporta una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a una controversia que busca restablecer los efectos de las normas reputadas inconstitucionales (cfr. arts. 161 inc. 1 y 171, Const. prov., 34 inc. 4, 163 inc. 6, primera parte, 684, 685, 687 y 688, CPCC; doct. causa I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010).
Ello así, en tanto la cuestión constitucional a dirimir debe presentarse como un instrumento para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (cfr. causas I. 1.613 “Carpinetti”, sent. de 11-V-1995 e I. 1.985 “Gaspes”, sent. de 26-V-2005).
IV.3. De los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, surge evidente que el interés de la actora ha perdido virtualidad en razón de no persistir el agravio denunciado en su escrito inicial; esto es, cumplir con la exigencia de cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que los profesionales estuvieren inscriptos a los fines de hacer efectivo el beneficio jubilatorio (v. fs. 9).
Veamos: en primer término, la actora se opone a la solicitud de la Caja previsional de que se declare abstracta la cuestión en tanto aquélla ha modificado el artículo 5 del Reglamento sobre Prestación por Edad Avanzada y -afirma- su pretensión es la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 44 y 45 de la ley 6.716. No obstante, reconoce que el artículo modificado compartía idéntica redacción con el artículo 44 —que aún dispone sobre la exigencia en crisis— pero señala que nada dijo la entidad respecto del 45 que establece similar exigencia y, por lo tanto, entiende que no ocurrió una satisfacción total y efectiva de las pretensiones (v. fs. 70 y vta.).
Similar respuesta da la actora al contestar un siguiente escrito de la Caja en el que denuncia como hecho nuevo que el Directorio dispuso dar de alta el beneficio pretendido conforme el texto del nuevo artículo 5 del Reglamento. Ello, a partir del momento en que la actora canceló la matrícula en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires manifestando, además, que se liquidó y abonó a la señora Mancebo la suma correspondiente. Es decir, sin la obligación contenida en el artículo 44 controvertido (v. fs. 73 y vta. y 75/76).
Ahora bien, sin perjuicio de las objeciones procesales de la demandante, surge con claridad que el agravio que motivó la presente demanda ha perdido virtualidad en tanto en el devenir del proceso se ha modificado la situación fáctica del caso y ya no le es exigible la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que estuviera inscripta como requisito para percibir el beneficio jubilatorio; situación que no ha sido controvertida (v. fs. 45/46).
En tales condiciones, la declaración de inconstitucionalidad del mentado artículo 44 en nada modificaría la realidad de la doctora Mancebo, toda vez que ésta se encuentra gozando del beneficio jubilatorio sin que se le hubiere exigido el recaudo previsto por esa norma.
Con relación a las manifestaciones de la accionante relativas a que se mantiene vigente el artículo 45, debe advertirse que los fundamentos esgrimidos en la demanda para sostener la inconstitucionalidad de este último son idénticos a los formulados respecto del artículo 44. La actora se agravia de la exigencia de cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país al considerar que ello importa un ejercicio extraterritorial de las atribuciones propias de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 10).
El artículo 45 dispone -en lo que fue materia de agravio- respecto de los efectos del artículo 44. En consecuencia, conforme se observara en párrafos anteriores, si la exigencia prevista en el segundo ya no le es aplicable y de hecho no le ha sido exigida toda vez que a la actora se le ha reconocido y abonado el beneficio a partir de la fecha de cancelación de la matrícula solamente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, misma suerte corre el análisis que se hiciere del texto del artículo 45.
Es decir, de la manera en que fue expuesta la demanda y el hecho de que la situación de la actora se haya modificado, conlleva una interpretación integral de ambos artículos. En consecuencia, ninguna implicancia práctica tendría para la demandante la decisión acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 6.716.
V. De allí que, no conservando las partes intervinientes un agravio concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por las normas aludidas, cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic S.A.", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken I.P.E. S.A" e I. 1.526, "Copetro S.A.", resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causa I. 1.279, "García y Cía. S.A.", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX-1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso S.A.P.A.", resol. de 19-VIII-1997; B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002; B. 65.930, "Fernández", sent. de 2-VI-2004; I. 3.098 “Cabral”, resol. de 16-VI-2004; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses", cit.; I. 2.033, "Ferro", resol. de 29-XII-2014; A. 73.281, "Droguería Disval", resol. de 12-VIII-2015; B. 62.302, "Aguas de la Costa S.A", resol. de 13-IX-2017; e.o.).
VI. Por tales razones, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
En relación a las costas, no cabe considerar vencida a ninguna de las partes, ni las circunstancias del caso justifican la adopción de un temperamento distinto (doctr. I. 1.527, cit.; I. 1.525, cit.; I. 1.526, cit.; I. 1.682, "Pelco", sent. 16-IX-1997; e.o.). Por lo tanto, deben imponerse en el orden causado (arts. 68 —segundo párrafo—, 161 y args. 163 incs. 6 —segundo párrafo— y 8 y 73, CPCC; doct. causas I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia", sent. de 12-VIII-1997; B. 65.165 “Vuotto”, sent. de 3-III-2004; I. 3.483, "Llorens", sent. de 14-IX-2011; I. 70.183, "Amiero", sent. de 15-VI-2016; I. 73.782, cit.; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Costas por su orden (arts. 68 —segundo párrafo-, 161 y args. 163 incs. 6 —segundo párrafo— y 8 y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Francisco Luis Ungolo y del apoderado de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, doctor Franco Beorlegui, en el equivalente en pesos a … -…— Jus para cada uno (arts. 1, 2 -segundo párrafo-, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. a y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:14:21 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 12:29:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia