Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73947
Lo que resolvió el tribunal
I. Ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados que, sin más dilaciones y previa cancelación de la matrícula del abogado Carlos Alberto Greppi, otorgue y pague el beneficio requerido sin condicionarlo a la cancelación de la deuda de aportes renacida como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716.
II. Ordenar a la citada Caja a que, en el término de cinco (5) días hábiles, practique y presente una nueva liquidación correspondiente a los aportes adeudados por el actor de acuerdo a las pautas dadas en los considerandos anteriores y especificadas en el punto X de la presente (art. 24, ley 6.716 y doctr. cit.).
I.73.947 “GREPPI CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 6716. TERCERO: CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS.”
I. Este Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 y, en consecuencia, su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentra el señor Carlos Alberto Greppi, por vulnerar el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial (v. sent. de 23-XII-2020).
En esa línea, renacida la carga de abonar los años de aportes alcanzados por el desistimiento de la norma declarada inconstitucional y de acuerdo a reiterada doctrina de este Tribunal, se puntualizó el claro deber que pesa sobre la Caja demandada de obrar con prudencia en oportunidad de proponer la modalidad de pago de los importes adeudados, evitando aquellas soluciones rigoristas que pongan en riesgo la obtención del beneficio, otorgando para su cancelación condiciones de razonable cumplimiento.
II. En oportunidad de rechazar un pedido de aclaratoria formulado por el actor se señaló, tanto respecto de la pretensión del actor para que se fijaran los parámetros y las condiciones económicas bajo las que deberán ser recuperados los años pendientes de tributación, como aquella relativa a la aplicación retroactiva del beneficio al momento en que quedaron técnicamente cumplimentados los requisitos para su obtención, que el abordaje de ambas pretensiones extralimitarían la competencia que tiene atribuida esta Suprema Corte al modificar de modo sustancial el pronunciamiento oportunamente dictado (art. 166 inc. 2, CPCC).
No obstante, se insistió, que como consecuencia de la sentencia, debía el ente previsional extenderle al actor una razonable modalidad de cancelación de los importes adeudados, de modo tal que la deuda por aportes no fuera un obstáculo para el acceso al beneficio.
III. En lo que aquí respecta, al sustanciarse el recurso extraordinario federal interpuesto por el ente previsional, el actor informa que dada su edad avanzada y el carácter alimentario del derecho que le asiste, solicita se intime a la Caja para que sin más trámite ni dilaciones proceda a incorporarlo como beneficiario con efecto retroactivo al momento en que quedaron técnicamente cumplimentados los requisitos para arribar a la jubilación. Pretensión que reitera en oportunidad de denunciar su delicado estado de salud (v. presentaciones electrónicas de fechas 29-IV-2022, 3-IX-2022, 5-II-2023).
IV. Con posterioridad, la Caja de Previsión Social para Abogados practica la liquidación para las anualidades 1985 y 1989 a 1994 correspondientes. Informa que a los fines de determinar el monto a integrar en concepto de deuda de aportes la institución aplica los cálculos actuariales establecidos por la reglamentación aprobada por resolución de su Directorio dictada el 12 y 13 de febrero de 2009 en el expediente 303989/C/2006 "Reglamento Aportes Evadidos. Recupero años 1956/1984 y conforme las pautas que emergen de los arts. 58, 71 y concordantes de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95)". La citada reglamentación establece:
"'1) dispone mantener vigente el reglamento de aportes evadidos solo aplicable para profesionales que tengan regulaciones de honorarios con aportes pendientes de integración en dichos periodos y en su punto 2) permite a aquellos afiliados que no tengan dichas regulaciones de honorarios, recuperar los años 1956/1984 bajo los siguientes 2 parámetros:
El primero de ellos (punto 2.a), integrar la diferencia de aportes para alcanzar los mínimos exigidos, hasta un máximo de 5 años, comenzando por los más antiguas, acreditando el ejercicio profesional en el año en cuestión exclusivamente por los registros de su cuenta de aportes.
Y el segundo (punto 2.b), referido al método de cálculo a aplicar para determinar el monto a integrar, indica que deberán tenerse en consideración las pautas que emergen de los arts. 58,71 y ccs. de la ley 6716, es decir el cálculo actuarial'".
Aclara, que ante la inminente firmeza de pronunciamientos judiciales que declaran la inconstitucionalidad del art. 73 como el presente, en el año 2019 se analizó y validó técnicamente la utilización de la fórmula aprobada por el Directorio en el punto 2.a) en aquella oportunidad.
Apunta que en materia previsional las normas regulan teniendo en cuenta las prestaciones de los beneficiarios pero, primordialmente, "el fondo común con que se hace frente a esas erogaciones, una de las caras del principio de solidaridad y sustento de la responsabilidad social" y ello con el objetivo de garantizar el permanente equilibrio econónimico-financiero del sistema y, por contrapartida, evitar un "desequilibrio traumático e irreversible".
En este sentido, informa que el ente enfrenta múltiples procesos similares al presente y en consecuencia entiende que el análisis actuarial no puede circunscribirse solamente a este caso en particular sino que es necesario ser sumamente estricto, justo y exacto en la forma en que se determinarán los montos para alcanzar los mínimos anuales a recuperar.
Sostiene que, conforme los expertos, "la elección del cálculo actuarial como modo de repotenciar los aportes en mora tiene por finalidad buscar un justo equilibrio entre los ingresos y los egresos, por cuanto se requiere la aplicación de tasas que permitan el pago de beneficios y los continuos reajustes que la realidad económica demanda, cuidando que el ajuste no quede por debajo de las erogaciones". Asimismo, señala que al tener en cuenta la probabilidad se tienen en consideración diversas variables que un cálculo matemático no contempla, tales como las exigencias para acceder al beneficio y aquellas relacionadas con las condiciones demográficas y económicas.
Hace hincapié en que el art. 24 de la ley 6.716 fue previsto para cuotas anuales obligatorias posteriores a la reforma del año 1995 y que, en estos casos, se trata de deudas históricas de más de 25 años. Expone que de aplicarse el cálculo financiero se cobraría una cifra inferior en un 76% a la Cuota Anual Obligatoria.
Sentado ello, propone pautas de "razonable cumplimiento" que contemplan:
"'1. Otorgar el beneficio jubilatorio, a pedido del actor y siempre que se reúnan los requisitos exigidos por ley -con excepción del pago de la deuda cuestionada y reclamada en el presente proceso-.
2. Realizada la cancelación de matrícula[2], disponer la efectivización del beneficio, sin condicionarlo al pago de la deuda referida.
3. Imputar los haberes retroactivos del beneficio – en caso de existir- y de quedar remanente descontar el 20% del haber mensual bruto, hasta cancelar la deuda total determinada a la fecha de efectivización, con más las actualizaciones correspondientes.
4. Establecer que esta deducción continuará hasta tanto se cancele el total de la deuda y se trasladará a eventuales beneficios de pensión'".
Para más y en ese contexto, informa que "el actor registra su matrícula activa y por lo tanto, resulta improcedente el otorgamiento del beneficio, con los efectos retroactivos pretendidos", a lo que deben adicionarse deudas por cuotas anuales correspondientes a los períodos 2020-2021 y 2022, así como cuotas de préstamo (conf. Informe de Deuda actualizada al 22-II-2023, que adjunta).
Finalmente, ante el eventual desconocimiento de los medios probatorios acompañados, expresa reserva de peticionar prueba pericial.
V. Corrido el correspondiente traslado, el actor rechaza la propuesta de cumplimiento de la sentencia traída por la Caja.
Luego de calificar al escrito de extenso, confuso y regado de tecnicismos, cálculos y números, sostiene que "jamás podrá existir posibilidad de razonable cumplimiento si el acreedor insiste en establecer un sistema de actualización que por [extravagante], inadecuado, abusivo y malicioso convierte una simple deuda de siete períodos previsionales impagos en sumas astronómicamente altas y por tanto inalcanzables para el 90% de los ciudadanos de este país" (v. presentación electrónica de fecha 12-III-2023, 9:48:05 a.m).
Continúa su presentación agraviándose del cálculo actuarial propuesto por la entidad previsional sosteniendo que, en definitiva, se utiliza un sistema de actualización que habilita -por lo menos- a septuplicar el valor actualmente vigente, siendo que su deuda es de siete años cuyos montos son claros y concretos.
Sostiene que en anteriores presentaciones ha propuesto alternativas para el pago que resultarían claras y justas, al mismo tiempo que señala que la propia ley 6.716 establece condiciones para computar intereses a las deudas en mora, sin distinguir entre deudas históricas o actuales.
Así es que desconoce la documental acompañada y se opone a la prueba pericial ofrecida por resultar inadecuada, dilatoria e inconducente.
Finalmente, advirtiendo el transcurso del plazo sin que la Caja haya cumplido con lo ordenado, solicita que este Tribunal supla tal omisión y fije las pautas económicas con condiciones para hacer efectivos los pagos. Solicita, además, que sin más trámite se proceda a incorporarlo al régimen jubilatorio con retroactividad al momento en que quedaron reunidos los requisitos para la obtención del beneficio, ya que manifiesta que permanece hasta la fecha en calidad de abogado activo en la provincia sin perjuicio de que "no se corresponde con [su] deseo y tampoco con la realidad; obedece a causas exclusivamente imputables a la cerrada negativa de la Caja".
VI. En oportunidad de contestar, el ente previsional reitera que a fin de mantener la sustentabilidad y la suficiencia técnico-financiera del sistema, el único método posible es el cálculo actuarial. Refiere, en resumidas cuentas, que no resultaría razonable que a la deuda histórica de cada anualidad se le aplique la "tasa activa" de interés más alta fijada por el Banco Provincia, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la ley 6.716. Ello, en razón de sostener que resultaría confiscatoria para la Caja y violentaría el principio de igualdad, incurriendo en una diferenciación injusta y arbitraria en favor del actor (v. presentación electrónica de fecha 23-III-2023).
VII. Liminarmente, es de interés señalar que pese a los reiterados pedidos del actor respecto a la aplicación retroactiva de la sentencia dictada el 23-XII-2020, al momento en que -a su criterio- reunía los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio (i.e., el 22-IV-2016), este Tribunal ya se ha expedido sobre el asunto.
Así es que, a la hora de rechazar el pedido de aclaratoria formulado por el abogado Greppi, se dijo que una petición semejante extralimitaría la competencia que tiene atribuida esta Suprema Corte al modificar de modo sustancial el objeto de la pretensión inicial y, por tanto, el pronunciamiento oportunamente dictado (v. resol. de fecha 10-III-2021).
No obstante, del trámite de la causa surge con claridad que aún habiendo obtenido la protección liminar a sus derechos por medio de una medida cautelar y, sobre todo, el dictado de una sentencia de mérito a su favor, el demandante aún no ha accedido al beneficio jubilatorio correspondiente.
Tal circunstancia, sin perjuicio de reconocer el propio actor que no ha solicitado aún la cancelación de la matrícula por razones que -denuncia- lo exceden, resulta de por sí contraria a la finalidad tuitiva propia de las leyes previsionales, a la naturaleza alimentaria de los derechos involucrados y a la especial protección que le otorgan los textos constitucionales (cfr. arts. 15, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.; 14 bis, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; v. causas I. 75.223, "Tripicchio", resol. de 31-VIII-2021 y sus citas; B. 65.725, "Martínez", resol. de 10-VI-2022; e.o.).
En consecuencia, corresponde ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados que, sin más dilaciones y previa cancelación de la matrícula del doctor Greppi, otorgue y pague el beneficio, sin condicionarlo a la cancelación de la deuda de aportes renacida como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 decretada en autos.
VIII. Sentado ello, de las presentaciones bajo análisis, surge con claridad que hay discrepancia entre las partes respecto del monto que debería pagar el abogado Greppi, en concepto de cotizaciones adeudadas correspondientes a los años 1985 y 1989/1994 inclusive, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 (v. sent. de 23-XII-2020).
En concreto, la discusión se centra entre el monto que resulta de la aplicación del cálculo actuarial propuesto por el ente previsional, con fundamento legal en los arts. 58 y 71 de la ley 6.716 (sobre "modificación de coeficientes" y "Evaluación económico-financiera", respectivamente) y del que se obtiene de aplicar el art. 24 de la citada norma ("Cuota anual: plazo de pago, mora, suspensión en la afiliación, rehabilitación"), cuyo resultado sería considerablemente menor.
Así las cosas, la cuestión a decidir en esta oportunidad es la determinación del método que deberá regir dicho cálculo.
IX. La deuda que resurge a partir del dictado de la sentencia y que debe integrar el actor no es ni más ni menos que consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716, por encontrarse en oposición con lo establecido en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
A tal fin y en lo que aquí concierne, este Tribunal señaló la manifiesta irrazonabilidad que denotaba el medio empleado por la norma -el silencio- al punto tal que puso en riesgo la obtención del derecho jubilatorio, colocando al beneficiario ante la situación más desfavorable -pérdida del cómputo de años-. En consecuencia, declaró la invalidez constitucional de aquel precepto legal.
En ese sentido y si bien se aclaró que es facultad de la Caja de Previsión Social para Abogados establecer el monto de los aportes adeudados por el actor, se hizo expresa mención respecto de las condiciones de razonable cumplimiento que debía otorgar para la consecución de aquel fin. Ello, teniendo en cuenta el claro deber de obrar con prudencia que pesa sobre el ente previsional, en oportunidad de proponer la modalidad de pago de los importes adeudados, evitando aquellas soluciones rigoristas que pongan en riesgo la obtención del beneficio (doctr. causas B. 54.623, "Monod Núñez", sent. de 9-XI-1993; B. 53.832, "Prando de Quitegui", sent. de 1-IV-1997; B. 59.538, "Rapagnini", sent. de 9-V-2001; B. 60.484, "Giménez de Alvarez", sent. de 7-XI-2001; B. 61.284, "Alsina", sent. de 8-XI-2017; I. 2.175; A. 74.134, "Fregonese", sent. de 29-V-2019; e.o.; v. pto. VII.2 de la sent. de 23-XII-2020 y pto. IV de la resol. de 10-III-2021).
Condiciones que, se adelanta, no se verifican en la presentación realizada por la Caja el 23 de febrero de 2023.
IX.1. Conforme se señaló en párrafos precedentes, frente a la opción de aplicar el régimen establecido por el art. 24 de la ley 6.716 -única disposición del plexo normativo sobre la mora en el pago de la cuota anual obligatoria- la Caja construye una fundamentación legal basada en los arts. 58 y 71 que versan, el primero de ellos, sobre el cálculo actuarial para modificar coeficientes ("edad de aporte" y "edad de retiro") utilizados para liquidar el denominado "complemento de mayores cotizaciones" (art. 54) y el segundo, que contempla las facultades de su Directorio para realizar las evaluaciones económicas financieras del ente.
Es decir, frente a las dos alternativas que se presentan, el ente opta por una solución no prevista para las deudas de aportes, en lugar de inclinarse por aquella disposición que regula en concreto sobre la mora en el pago de cuotas, situación en la que quedó emplazado el actor luego del dictado de la sentencia de mérito. Es que si bien el art. 24 no alude a "deudas históricas", tampoco realiza distinciones con relación a las causas que originan la mora de las cotizaciones o su naturaleza.
De acuerdo a ello, ante la ausencia de norma específica que distinga el método de cálculo para la recuperación de los años desistidos por el art. 73 -declarado inconstitucional en autos- y existiendo una regulación general que dispone sobre el cálculo de intereses para los aportes impagos, prevista en el art. 24 de la ley 6.716, debe estarse a esta última.
Para más, los resultados obtenidos corroboran este razonamiento.
En efecto, entre las opciones que se presentan para determinar el monto que debe abonar el actor, el método utilizado en la liquidación presentada por la Caja de Previsión Social para Abogados vuelve a colocar al beneficiario ante la situación más desfavorable, con la gravosa consecuencia de impedir el goce de su derecho de raigambre constitucional.
Así las cosas, se desprende con claridad que la liquidación aportada por la Caja de Previsión Social para Abogados no cumple satisfactoriamente con la manda que este Tribunal hiciera mediante el dictado de la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2020. Por el contrario, el ente optó por una solución que pone en riesgo la obtención misma del beneficio que le corresponde al actor además de lucir contraria a la norma que debe regirla.
IX.2. Finalmente, no escapa al análisis del Tribunal el hecho de que por mucho que la Caja previsional asegure que el criterio adoptado en los párrafos precedentes -aplicando el art. 24 de la ley 6.716- podría llegar a comprometer el financiamiento del sistema previsional a su cargo, lo cierto es que no ha logrado acreditar una situación extrema como la denunciada.
X. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados que, en el término de cinco (5) días hábiles, practique y presente una nueva liquidación correspondiente a los aportes adeudados por el actor durante los años 1985 y 1989/1994 inclusive, conforme las pautas establecidas en el art. 24 de la ley 6.716.
Respecto de estas últimas, la Suprema Corte ha establecido en casos anteriores que los intereses moratorios por aportes adeudados se rigen por la misma tasa que el Tribunal fija para el cálculo de los honorarios adeudados . Con relación a estos accesorios, también ha establecido que deben calcularse de acuerdo a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días (cfr. causa A. 75.502, "Mascali", sent. de 29-XII-2020 y sus citas).
Siendo ello así, la suma que surja como resultado de la liquidación que se practique de acuerdo a los lineamientos dados en los párrafos precedentes, se podrá hacer efectiva mediante la afectación de hasta el 20% del haber mensual bruto del beneficio que se le otorgue al señor Carlos Alberto Greppi, hasta cancelar la deuda total .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados que, sin más dilaciones y previa cancelación de la matrícula del abogado Carlos Alberto Greppi, otorgue y pague el beneficio requerido sin condicionarlo a la cancelación de la deuda de aportes renacida como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716.
II. Ordenar a la citada Caja a que, en el término de cinco (5) días hábiles, practique y presente una nueva liquidación correspondiente a los aportes adeudados por el actor de acuerdo a las pautas dadas en los considerandos anteriores y especificadas en el punto X de la presente (art. 24, ley 6.716 y doctr. cit.).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 16:17:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:28:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:45:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:23:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 17:22:55 -
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