Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72312
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 72.312, "Scalzo Trocino, Ariana Laura c/ Pcia. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad Ley 8.119", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Genoud, Kogan, Soria, Torres.
I. Ariana Laura Scalzo Trocino promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 34 inc. "c", 45, 48 inc. "d" y 63 de la ley 8.119 y modificatorias y la parte pertinente de la reglamentación de la Cobertura Médica Integral (Co.Me.I.), en virtud de cuya aplicación ha sido compelida por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires a adherirse a un sistema de cobertura médica y a abonar obligatoriamente una suma de dinero por tales servicios junto con los aportes previsionales.
Asimismo, solicita como tutela cautelar que se ordene a la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, que se abstenga de cobrarle los importes mensuales correspondientes a la cuota del Co.Me.I.
II. La demanda fue ingresada a través de la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata habiendo resultado sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 de ese departamento judicial, cuando debió haber sido presentada directamente ante esta Suprema Corte. Advertida tal situación y no existiendo en el caso un conflicto de competencia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008, se radicaron los autos en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. fs. 22, 23 y 25).
III. Por resolución del 26 de junio de 2013 (v. fs. 28/29), el Tribunal denegó la medida cautelar requerida, al advertir el defecto que padecía la acreditación de la verosimilitud en el derecho invocada, fundada en varias normas del texto original de la ley 8.119, de las cuales algunas se encontraban derogadas o habían sido reenumeradas tras las modificaciones operadas por las leyes 11.878 y 13.759.
A fs. 30/32, se presenta nuevamente la accionante y reitera su pedido cautelar, amplía sus fundamentos contra los arts. 34 inc. "c", 45, 48 inc. "c" y 67 de la ley 8.119, con las modificaciones introducidas por las leyes 11.878 y 13.759.
Con fecha 8 de octubre de 2014 se resuelve no hacer lugar a la medida cautelar reiterada (v. fs. 33/34).
Por tercera vez la parte actora insiste respecto a la misma solicitud precautoria (v. fs. 87), que fue rechazada por el Tribunal por resolución del 15 de abril de 2015 (v. fs. 89/90).
IV. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno plantea inicialmente la inadmisibilidad de la demanda por carecer de fundamentos sólidos que permitan sostener la violación de derechos y garantías que conlleven a la declaración de inconstitucionalidad pretendida. En cuanto al fondo sostiene la validez constitucional de los preceptos impugnados y solicita el rechazo de la pretensión.
V. La Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires contesta a fs. 113/121 la citación que se le confiriera a efectos de formular las alegaciones que estime pertinentes de acuerdo al estado del proceso (conf. art. 34 inc. 5 apdo. "b", CPCC).
VI. Agregado el cuaderno de prueba de la actora, vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, glosado el alegato de la accionante, no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada, oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora denuncia su calidad de odontóloga y manifiesta que, a la par de la exigencia de afiliarse a la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, se le requiere incorporarse coactivamente a un sistema de salud.
Explica que si bien la colegiación obligatoria es una forma razonable de organizar el poder de policía profesional y por razones de solidaridad resulta necesaria la contribución para el mantenimiento de la Caja; demandarle además que contribuya a una obra social, vulnera su derecho a trabajar y a ejercer industria lícita.
Aduce que tal imposición importa un quebrantamiento a su libertad de elección, por cuanto le impide optar por el sistema de salud que considere más conveniente y que además ya posee cobertura. Añade que aún no tiene trabajo y se encuentra compelida por la Caja a aportar por adelantado la cobertura médica.
A continuación, hace referencia a distintos sistemas que prevén que el trabajador pueda optar la obra social que considere más conveniente.
Puntualiza que la caja previsional subroga de modo arbitrario e inconstitucional una de las esferas decisorias más íntimas de la persona, como es la de decidir acerca de cuál sistema es el más conveniente para cubrir los gastos que demande la atención de su salud.
Expone que el pago al sistema de cobertura médica integral debe realizarse junto con el de los aportes previsionales, lo que le impide ejercer la profesión si no cumple tal recaudo.
Arguye que la imposición significa -a más de una exacción forzosa de sus exiguos ingresos- una violación a su libertad de elección, por cuanto le impide optar por la cobertura de salud que estime más adecuada.
Manifiesta que los profesionales de la matrícula opinan que los servicios prestados son deficientes y que la mayoría contrata además otro servicio.
Considera que la regulación controvertida restringe su derecho a ejercer libremente su profesión pues se le exige como condición para ello que abone un concepto que no atañe estrictamente a la matrícula ni a los aportes previsionales.
Entiende que la normativa lesiona la garantía de igualdad debido a que se la obliga a adherir al Co.Me.I. y se les concede el derecho de opción únicamente a los odontólogos pasivos y a los activos que desempeñan la profesión en relación de dependencia.
Cimienta sus agravios en lo normado por los arts. 10, 11, 12 inc. 1, 27, 31, 36 inc. 8, 39, 40 y 56 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional.
II. En su presentación de fs. 30/31, además de reiterar el pedido de tutela precautoria, la parte actora comunica que pretende se declare la inconstitucionalidad de los arts. 34 inc. "c", 45 y 48 inc. "c" del ordenamiento cuestionado.
III. El señor Asesor General de Gobierno, al contestar la demanda, sostiene que la pretensión es inadmisible e improcedente.
Señala que el planteo de la actora, que contiene meras citas de normas constitucionales, carece de fundamentos sólidos para denunciar seriamente la violación de derechos y garantías invocadas que conlleven la declaración de invalidez pretendida.
Aduce que la interesada debe demostrar de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a la garantía constitucional y que en el caso tal exigencia se encuentra incumplida.
Sin perjuicio de ello pone de resalto que el art. 48 inc. "d" de la ley 8.119 invocado por la accionante, no guarda relación alguna con el planteo efectuado en su escrito inicial.
En punto al cuestionamiento al art. 63 del ordenamiento citado, denuncia que tal disposición fue derogada por el art. 4 de la ley 11.878.
Indica que el derecho de asociación, al igual que todos los derechos, no reviste carácter absoluto y está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Enfatiza que la exigencia de aportes al Co.Me.I. se justifica en elementales razones de solidaridad que requieren la necesaria contribución para el mantenimiento de la estabilidad económico financiera de las instituciones sociales creadas por la ley 8.119 y sus modificatorias. Considera que la desafiliación de la actora tornaría ilusorios los derechos de los restantes integrantes de la comunidad que se pretende beneficiar.
Argumenta que la Caja de Odontólogos ha obrado de conformidad con lo establecido en los arts. 38 inc. 8 y 41 de la Constitución provincial, con el fin de promover la eliminación de obstáculos económicos, sociales y de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el acceso a la salud.
Finalmente, esgrime que la regulación resulta razonable toda vez que responde a los fines públicos instrumentados en la ley 8.119 y la finalidad perseguida por el legislador es evitar que se frustren los objetivos médicos asistenciales delineados en la norma.
IV. El apoderado de la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires contesta el traslado conferido y adhiere, en primer término, a las defensas y contenido de la contestación de demanda formulada por el señor Asesor General de Gobierno.
A continuación, afirma que la señora Scalzo Trocino es afiliada a la Caja que representa y que fue creada por el legislador al amparo del art. 40 de la Constitución provincial. Señala que funciona como persona de derecho público no estatal y tiene como objeto realizar un sistema de previsión y seguridad social, fundado en los principios de solidaridad y equidad profesional entre sus prestatarios, dentro de los cuales se encuentra la actora.
Consigna que por imperio de lo normado en el art. 48 inc. "c" y lo previsto en los arts. 45 y 67 de la ley 8.119 se instrumentó un sistema de cobertura médico asistencial, para todos los profesionales matriculados en la Caja de Odontólogos siguiendo las pautas del art. 14 bis de la Constitución nacional.
Explica que el sistema instaurado es obligatorio para todos los afiliados. Además, prevé una modalidad optativa para sus miembros que se desempeñen en relación de dependencia y que en función a ello posean otra obra social obligatoria.
Detalla que todo profesional colegiado que no tenga obra social impuesta, deberá en forma ineludible adherirse al sistema médico asistencial implementado por la ley 8.119.
Seguidamente particulariza las prestaciones instituidas por tal regulación bajo los principios de solidaridad y equidad.
Señala que, a los fines de solventar el sistema médico allí organizado, la Caja percibe un aporte de cada uno de los afiliados que se encuentra contemplado por el art. 34 inc. "c", a los fines de organizar o contratar el sistema de asistencia médico integral obligatorio.
Indica que la Caja de Odontólogos contrató para ello a la fundación Co.Me.I.
Acota que, en la Provincia de Buenos Aires, han desarrollado sistemas similares la Caja de Farmacéuticos, la Caja de Escribanos, los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y, en el orden nacional por intermedio del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Alega que no ha habido pronunciamiento judicial alguno que tilde de inconstitucional tales regímenes de naturaleza obligatoria.
Contrariamente a las afirmaciones contenidas en el escrito de inicio, asevera que los derechos de la Caja surgen de los arts. 40 de la Constitución provincial y 14 bis, 121 y 125 última parte de la Constitución nacional.
Explica que la actora parte de un error inicial y fundamental, como es comparar un régimen de seguridad social contributiva fundado en el principio de solidaridad profesional, de naturaleza obligatoria con otro de tipo contractualista propio del derecho privado y basado en la autonomía de la voluntad.
Argumenta que la obligatoria incorporación a un sistema médico asistencial dentro de la seguridad social, como lo establece el art. 67 de la ley 8.119 y sus modificatorias, con el aporte fijado en el art. 34 inc. "c", es el resultado de un ejercicio razonable de política social, en un marco en que la solidaridad y la subsidiariedad del Estado gravitan en forma especial y particular frente a pretensiones individualistas como la de la demandante.
Señala que tanto el aporte para la cobertura de los riesgos de ancianidad, como los vinculados a la salud de los afiliados tienen igual naturaleza y reposan sobre fines de idéntica jerarquía.
V. El señor Procurador General dictaminó en sentido contrario a la pretensión actora.
VI. Liminarmente he de tratar el planteo del señor Asesor General de Gobierno en cuanto sostiene la inadmisibilidad de la demanda.
Arguye que el escrito postulatorio, que contiene meras citas de las normas constitucionales, carece de fundamentos sólidos que conlleven la declaración de invalidez pretendida.
VI.1. Advierto que, si bien la actora invoca el desconocimiento de los derechos a la vida, al trabajo y a la igualdad garantizados en cláusulas de la Carta provincial, no argumenta y mucho menos demuestra de qué modo las normas cuestionadas vulneran los mentados derechos.
No es suficiente la alegación escueta que sobre estos derechos expone ya que, en miras a la acción intentada, tal exposición requiere un mayor desarrollo y justificación de lo sostenido al respecto.
Es doctrina de esta Corte que constituye un requisito indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría los derechos constitucionales cuya tutela se procura (conf. causas I. 1.252, "Ponce", sent. de 2-VII-2003 y sus citas; I. 2.255, "Abedini", sent. de 18-VI-2008; e.o.). También ha exigido que la parte actora acredite que el ejercicio de los derechos constitucionales que se denuncian vulnerados se halla afectado debido a la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se controvierte (cfr. causa I. 1.594, "Procuración Gral. de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993), o demuestre de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional (cfr. causas I. 1.246, "Ondarcuhu", sent. de 7-VI-1988, pub. en "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-403; I. 1.287, "Ilid", sent. de 28-III-1989, pub. en "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-511 e I. 1.252 cit.).
Siendo ello así, los mentados agravios referidos al derecho a la vida, trabajo e igualdad no pueden tener cabida mediante la acción originaria de inconstitucionalidad que intenta la demandante.
VI.2. En otro orden, pese a que en el escrito postulatorio (v. pto. I. Objeto, fs. 15 y vta.) la actora ha solicitado también la declaración de inconstitucionalidad de la reglamentación de la Cobertura Médica Integral (Co.Me.I.), no ha desarrollado agravio alguno en relación a esa norma.
En efecto, la parte no ha siquiera identificado o trascripto la regulación a la que hace referencia; tampoco la ha ofrecido como prueba ni ha explicado el modo en que tal reglamento afectaría las garantías que dice conculcadas. Tal imprevisión imposibilita cualquier pronunciamiento sobre el tópico.
VII. Sentado ello y expuestas las posiciones de las partes, el asunto a resolver reside en determinar si los arts. 34 inc. "c", 45, 48 inc. "c" y 67 de la ley 8.119, con las modificaciones introducidas por las leyes 11.878 y 13.759; en cuanto imponen un aporte adicional por odontólogo a fin de organizar un sistema de asistencia integral obligatorio, importa un quebrantamiento de los principios y normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que se denuncian conculcados.
En primer lugar, señalo que la accionante no controvierte las normas que instituyen la colegiación como modo razonable de organizar el poder de policía profesional ni el sostenimiento previsional mediante la imposición de aportes; sus argumentos se dirigen a objetar la exigencia -para todos los odontólogos matriculados- de contribuir con un aporte adicional y coactivo al sistema médico integral organizado por la ley de la Caja.
El aspecto central del cuestionamiento formulado se encamina a considerar que la regulación atacada vulnera su libertad de elección y su prerrogativa a la libre asociación. Alega asimismo que cercena su derecho a elegir sobre la atención de su salud y afecta el ejercicio de su profesión si no cumple tal recaudo.
Por su parte, el señor Asesor General de Gobierno justifica la constitucionalidad de los preceptos. Con cita de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia nacional, afirma que las provincias cuentan con facultades para dictar normas relativas a la creación o funcionamiento de entidades como la discutida. Arguye que no se trasgrede el derecho de asociación en el supuesto de incorporación obligatoria de determinados grupos a dichos organismos.
Adelanto, sobre la base de los argumentos que seguidamente desarrollaré, que -en mi opinión- la demanda no resulta fundada.
VII.1. Con el objeto de enmarcar el caso, corresponde señalar que el art. 45 de la ley 8.119 y modificatorias habilita a la Caja a "establecer un aporte adicional por odontólogo a los fines de organizar o contratar un sistema de asistencia integral..."; por su parte, el art. 34 inc. "c", en lo que aquí interesa, dispone que el capital de la Caja se formará con el aporte adicional previsto para tal sistema.
El art. 48 sistematiza las prestaciones que prevé tal ordenamiento, entre las que enumera al "seguro de asistencia médico integral" (inc. "c").
Finalmente, el art. 67 determina que la Caja organizará una prestación de asistencia médica integral obligatoria para los odontólogos afiliados.
En tal contexto resulta oportuno recordar que la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires es una persona jurídica de derecho público (art. 1, ley 8.119 y sus modif.) y como tal, el Estado le transfiere determinadas potestades públicas, como la referida a la organización del sistema de previsión y seguridad social.
He de señalar que, entre las funciones de la Caja, además de la aludida al sistema previsional compone su objeto la seguridad social de sus afiliados. En efecto, constituye una de las prestaciones que brinda la ley a estos últimos; además de los subsidios prevé la prestación del servicio de salud (arts. 48, 67 y 68, ley cit.).
Estas entidades no son meros entes de derecho privado o simples asociaciones, sino que son personas jurídicas de derecho público aunque no formen parte de la estructura orgánica de la Administración estatal, pues tienen conferida su competencia expresa y taxativamente por su ley de creación -en el caso ley 8.119 y modificatorias- (conf. doctr. causas B. 59.250 "Lorenzo", resol. de 30-VI-1998; B. 68.969, "Barandiarán", resol. de 7-III-2007).
Las facultades que por disposición estatal ejercen sobre los particulares implican limitaciones en la órbita de sus derechos subjetivos, prerrogativas que sólo encuentran su fundamento en dicha delegación, la que a su vez regula su actuación (v. Augusto M. Morello y Roberto O. Berizonce, "Abogacía y Colegiación", Ed. Hammurabi, Bs. As., pág. 211 y sigs.; conf. mi voto en la causa A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 22-XII-2008 y causa B. 57.199, "Secondi", sent. de 22-VIII-2012).
En tal contexto y conforme lo estipula el precepto discutido, la Caja es autónoma y tiene por objeto realizar un sistema de previsión y seguridad social "...fundado en los principios de solidaridad profesional..." (art. 2, ley 8.119 y leyes modif.). El ordenamiento determina que todos los odontólogos colegiados en la Provincia son afiliados de la Caja y contribuyen a su fondo de modo obligatorio, de acuerdo con sus normas y las que se dicten (conf. arts. 3/6, ley cit.).
Pues bien, ese es el marco que rige la actuación de esta entidad e instituye sus propósitos asentados en el principio de solidaridad. Ello hace que todos los afiliados deban contribuir a la satisfacción de las necesidades de cada uno, como así también determina que esa colaboración sea independiente de los requerimientos de los que contribuyen a satisfacerla (conf. causas B. 61.591, "Corbella", sent. de 29-XI-2014 y B. 63.936, "Del Gobbo", sent. de 28-VI-2
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