Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75915
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, doctora Elisa Guerrero, en el equivalente en pesos a … Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 13 primer párrafo, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.75.915 “GUERRIERI FLORENCIO BASILIO C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 11.761, 13.364 Y 15.008”
El señor juez doctor Soria, la señora jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y de Lázzari dijeron:
I. Florentino Basilio Guerrieri, por intermedio de su apoderada, promovió en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, una acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad parcial de las leyes 11.761 (B.O. de fecha 6-II-1996), 13.364 (B.O. de fecha 5-IX-2005) y 15.008 (B.O. 16-I-2018).
Expresa que las dos primeras de las normas cuestionadas provocaron un grave menoscabo a su derecho de propiedad, evidenciado en un perjuicio patrimonial que padeció durante más de diez años. Fundamenta su reclamo en la doctrina de este Tribunal emanada del precedente I. 1904, "Martín", sent. de 8-III-2006.
Con relación a la ley 15.008 sustenta su agravio en la alteración del régimen de movilidad por considerar que ello vulnera normas de rango constitucional (cfr. arts. 11, 31, 36, 39 inc. 3, 40 y 50, Const. prov.; 14, bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), provocándole un perjuicio económico en su condición de beneficiario.
Con carácter accesorio, solicita el pago de las diferencias de haberes entre lo efectivamente percibido por aplicación de las normas impugnadas y aquello que debió haberle sido abonado de acuerdo a la ley vigente en la oportunidad en que adquirió el beneficio.
II. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Carta provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En tal sentido y como se desprende del objeto de la demanda incoada en el presente caso y de la expresa calificación de la acción deducida por la parte actora (v. fs. 22/24), la materia de estas actuaciones versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria de esta Corte (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
III. Ahora bien, cabe recordar que el art. 684 del Código Procesal establece un plazo de treinta días para la promoción de dicha acción, cuando ésta posea un contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el actor, según resulta del párrafo segundo, obrante a fs. 22 vta.- esta Corte -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, resol. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2.110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, e.o.); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366 "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio; ello es, a partir del 25-X-2017.
Corresponde, entonces, analizar la tempestividad de la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamientos expuestos.
IV. El actor en su postulación, introduce una justificación que a su juicio desplazaría la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del código ritual, al destacar a fs. 24 vta. que "... el plazo establecido por el art. 684 del CPCC para promover la acción de inconstitucionalidad no rige en el caso de que se ataquen normas que regulen el derecho al goce de un beneficio jubilatorio, por la naturaleza de la cuestión que forma parte del derecho de la seguridad social e integra el plexo de los derechos de la personalidad, encontrándose tal situación incluida en la excepción prevista por el artículo 685 de la ley ritual".
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, no cabe duda alguna que el objeto de la demanda evidencia un claro contenido económico que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
En varios acápites del escrito bajo análisis se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo centrado, precisamente, en la merma económica que la aplicación de las leyes cuestionadas habría causado en el haber previsional del actor. A la vez, la alusión acerca del tiempo transcurrido desde la primera de las reformas legislativas al régimen de la Caja en el que el menoscabo se habría profundizado por medio de las siguientes normas -hecho que ha sido puesto de relieve por el demandante en su escrito de inicio-, no hace sino más que demostrar la falta de tempestividad de un planteo como el de la especie (cfr. causa I. 72.366 cit).
Es que teniendo en cuenta que las leyes 11.761 y 13.364 impugnadas en el proceso, iniciaron su vigencia en diciembre de 1995 y noviembre de 2008, respectivamente, mientras que la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el día 30 de mayo de 2019 (v. sello de cargo a fs. 41 vta.); esto es, a más de veinte años de dictada la primera y a más de diez de la fecha en que la segunda recobrara operatividad, es evidente la extemporaneidad de la pretensión constitucional a su respecto.
No corre mejor suerte el embate respecto de la ley 15.008. En el art. 59 de dicha norma se estableció que ésta entraría en vigencia a partir del día de su publicación; hecho que acaeció el 16-I-2018 (v. B.O.P. N° 28.196 -suplemento-). Y en particular, el sistema de movilidad previsional contemplado en el art. 41 de la ley 15.008, actualizó las prestaciones respectivas a partir del mes de marzo de 2018 (cfr. causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 17-IV-2019); con lo cual, aun considerando que los beneficiarios alcanzados por sus disposiciones experimentaron el perjuicio derivado de la aplicación de tal norma a partir de ese momento y no desde la fecha de vigencia de la ley, también es claro que el término previsto en el art. 684 del código adjetivo se hallaba vencido al momento de efectuado el planteo de inconstitucionalidad.
Las consideraciones precedentes determinan el rechazo in limine de la pretensión declarativa de inconstitucionalidad, tanto respecto de las leyes 11.761 y 13.364 como de la ley 15.008 (cfr. causas I. 72.366 cit. y B. 76.174 "Bigano", resol. de 13-XI-2019).
V. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta el actor para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in límine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, doctora Elisa Guerrero, en el equivalente en pesos a … Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 13 primer párrafo, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:15:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 11:17:09 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:31:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:59:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia